dissabte, 17 de setembre del 2011

Diez años de prisión para Otegi.

La condena de la Audiencia Nacional ha sido muy mal recibida por la izquierda abertzale; mal por los nacionalistas vascos y gran parte de la izquierda española; con reticencias por los socialistas vascos; con alguna incomodidad por los demás nacionalistas; bien por los socialistas españoles con alguna reservilla sobre su oportunidad; y muy bien, con aplausos, por la derecha española. Por supuesto, se trata de reacciones políticas.

Desde el punto de vista jurídico la inmensa mayoría acata la sentencia. Siempre hay quien la considera una "aberración" y una injusticia. Pero eso es inevitable. Lo importante es que los acusados han tenido un juicio justo y que la sentencia lo es por unanimidad de unos magistrados que la han fundamentado en derecho. Si los condenados creen que no ha sido así, pueden recurrir al Tribunal Supremo. Después, dependiendo del resultado, pueden ir al Constitucional y, si llega el caso, a Estrasburgo. No será por falta de garantías. De momento, lo único civilizado que cabe hacer es dar la sentencia por justa en tanto no se demuestre lo contrario. Que puede demostrarse y también no demostrarse. La sentencia contiene una prolija explicación sobre el valor de las pruebas en el orden material altamente problemática. La Audiencia reconoce que son indiciarias y que, por tanto, no son reales, materiales, plenas. Igualmente en orden procesal da carácter de prueba pericial a los informes de la policía. Si los acusados recurren será el Tribunal Supremo el que decida si la interpretación de la Audiencia se ajustó a derecho o no, sobre todo teniendo en cuenta que se apoya en su jurisprudencia.

Cuando ese presumible segundo pronunciamiento de la justicia se produzca habrá pasado un tiempo, breve o prolongado, pero decisivo: el tiempo que viene de inmediato, ahora, en los próximos meses y de eso es de lo que hay que hablar, en el plano político. Pero, antes, hay que hacer una recapitulación de cómo hemos llegado aquí.

Desde las elecciones del 22 de mayo han pasado más o menos los famosos cien días de suspensión de juicio de las nuevas corporaciones locales, sobre todo las de Bildu y cabe ya decir algo. La experiencia muestra que los independentistas de Bildu se llenan la boca a hablar de la nueva etapa, del nuevo escenario que tanto le gusta a Otegi quien tiene una concepción teatral de la política, y a pedir a los demás que den pasos valientes -se supone que hacia delante- pero los que dan ellos son claramente hacia atrás, hacia la etapa pasada. Todavía no han entendido lo que entiende cualquiera con un mínimo de decencia, esto es, que todas las víctimas son iguales; que no las hay de primera y de segunda. Y ello sin mencionar los comportamientos provocadores de Garitano que Odón Elorza, un hombre más conciliador que Palinuro, llama inmorales. No, Bildu no ha estado a la altura de lo que proclama y eso de amenazar ahora con una movilización social contra la sentencia no va a ayudarla. Parece mentira que aún no se haya enterado de que la imagen de arde Euskadi ya no asusta a nadie.

Siempre en estos momentos finales de conflictos muy enquistados se producen meteduras de pata de unos y otros, errores, traiciones y hasta nuevos delitos y hay que andar con pies de plomo para evitar la vuelta del otro plomo. Bildu está jugando muy mal y preparando los ánimos para una nueva ilegalización. Pero en los otros campos hay que guardar las formas y no atizar los fuegos porque esa dinámica es la que propician ETA y quienes viven de la existencia de ETA. ¿Tenía que ir el príncipe Felipe a inaugurar en París ese congreso de las víctimas del terrorismo? ¿No podía haber ido un presidente de Colombia, o una víctima del terrorismo musulmán o del israelí? Ya sé que es un asunto de principios. Pero el hecho crudo es que estamos siempre a vueltas con las víctimas y, aunque esto es bueno porque quiere decir que nos acercamos al final, no deja de prestarse a su utilización política que es uno de los mayores obstáculos que ahora hay.

Pero, en definitiva, la verdad es que si la situación en el País Vasco y, por ende en España, no está normalizada es porque, contra toda lógica, toda moral y todo sentido común no se ha producido el único hecho que de verdad abriría una etapa nueva: la disolución de ETA. Algo incomprensible porque todo el mundo quiere o dice que quiere que se disuelva; hasta la izquierda abertzale que anda, como siempre, haciendo filigranas con las palabras; hasta los presos y, me malicio, muchos etarras en la intimidad.

Por tanto, políticamente hablando, ¿quién condena a Otegi a diez años de prisión? ETA y solo ETA que, como puede verse ahora, no sólo no ha hecho nada nunca por los objetivos que dice perseguir sino que ahora es el mayor obstáculo al proceso de normalización. Es ETA la que ha metido a Otegi en la cárcel; ETA la que mantiene presos a los presos; ETA la que no permite que la izquierda abertzale actúe con legitimidad en las instituciones.

Y ahora a lo que decíamos al principio, a ver qué hacemos. Mal va la izquierda abertzale si saca a la gente a la calle en lugar de decir a ETA que kanpora. Para algunos Otegi está muy bien en prisión porque así tienen un mártir para encender la lucha popular y una posibilidad de meter en cintura a los presos, que están revolviéndose. Hay gente para todo. Pero la realidad es que Otegi lleva ya dos años en la cárcel y en Euskadi no ha pasado nada; ni pasará. Ha sido condenado en un juicio justo y legítimo dentro de un proceso avalado en todo su recorrido en otras ocasiones por las instancias internacionales. Frente a eso no hay nada que decir. Los pistoleros de ETA no tienen margen social ni político (el ético no lo tuvieron nunca) para volver a matar. ¿Por qué no deponen las armas, se disuelven y nos dejan a todos en paz, empezando por los habitantes de esos territorios que quieren liberar cuando lo único que tienen que hacer es liberarlos, sí, pero de su presencia?