Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "las personas y el proyecto", trata de las desafortunadas afirmaciones públicas del juez Santiago Vidal y sus consecuencias, tanto para él como para la causa que representa. Personalmente, su comportamiento ha sido correcto: la dimisión como senador de ERC. Eso es lo que se espera de un político democrático en Europa. No lo es en España, claro, país en el que, hagan lo que hagan, los políticos (especialmente los de la derecha) no dimiten jamás. Un guasón diría que es una prueba más de que Cataluña no es España porque en Cataluña se dimite. Y poco importa si esa dimisión ha sido a propia iniciativa del interesado o por presión de su organización. Eso es indiferente. El hecho objetivo, claro, incuestionable es que, si alguien actúa inadecuadamente, debe asumir su responsabilidad.
Tiempo ha faltado a la oposición para exigir responsabilidades a todos los demás niveles: explicaciones, comparecencias, hasta una comisión parlamentaria de investigación. Produce cierta irritación ver que quienes no dimiten ni cuando los pillan con la mano en la caja sean ahora tan estrictos con los demás. Comportamiento típico de escribas y fariseos. Y, no obstante, el juez Vidal, ni ERC, ni el gobierno de la Generalitat pueden negarse o responder con un "y tú más". Esas explicaciones deben darse; esas comparecencias, producirse. Para que quede claro que el proyecto independentista no recurre a los mismos procedimientos de guerra sucia del Estado que quiere ahogarlo. Y si, de esas explicaciones se siguieran otras responsabilidades personales, también deben asumirse sin rodeos.
Las faltas, los errores, los cometen las personas, no los proyectos. Son las personas quienes deben arrostrar las consecuencias de sus actos y no los proyectos colectivos. Poco futuro cabe augurar a la hoja de ruta si recurre a los procedimientos del adversario. No solamente porque ello sería una inmoralidad sino también porque sería un error estratégico.
A continuación, la versión castellana del artículo:
Las personas y el proyecto
Se entiende por qué los políticos del PP no dimiten nunca, hagan lo que hagan, tanto si abusan de su poder como si impiden el ejercicio de derechos ciudadanos o cometen delitos. Saben que la dimisión no es nunca el fin de una aventura, sino su comienzo. A continuación vienen las exigencias de que se pida perdón, las peticiones de comparecencia o las comisiones de investigación. Es mucho mejor no dimitir y dejar que escampe.
Por eso no dimitió Trillo después de la catástrofe del Yak42 de la que es políticamente responsable. Por eso tampoco Rajoy pide perdón a los familiares de las víctimas 14 años después de aquel desastre acaecido cuando él era vicepresidente del gobierno y, por tanto, también responsable. Por eso igualmente tampoco dimitió Fernández Diaz aunque esté bajo vehemente sospecha de haber hecho todo tipo de juego sucio contra el independentismo catalán, incluida la presunta “hazaña” de intentar destruir la sanidad catalana. Dimitir es reconocer responsabilidad, quizá culpabilidad y eso no es práctica común de la derecha.
La dimisión de Santiago Vidal se aleja de la práctica hispana y se acerca a la europea. Se hacen declaraciones inoportunas o injustas o falsas y, en consecuencia, se dimite. Esta dimisión ha provocado la consabida avalancha de peticiones de la oposición, tratando de acorralar tanto al dimisionario como al gobierno catalán, principal afectado por las declaraciones del juez. Al margen de la torcida intención que tienen muchas de estas peticiones, es importante que el bloque independentista y especialmente ERC, organización a la que pertenece Vidal, continúen en el espíritu europeo iniciado por el juez, den todas las explicaciones que razonablemente quepa esperar y disipen la sombra de la duda en los procedimientos aplicados en la hoja de ruta.
Es irritante ver cómo quienes actúan de modo prepotente y a veces supuestamente ilegal, quienes recurren a las cloacas del Estado para conseguir fines ilegales e inmorales, quienes censuran y abusan, se erijan en paladines de la democracia y el Estado de derecho. Pero eso no justifica el recurso al “y tú más” por la muy sencilla y poderosa razón de que ambas partes no son iguales. Nunca serán iguales quienes luchan por la libertad y quienes lo hacen contra ella, quienes quieren emanciparse y quienes sojuzgar a los demás. Quienes aspiran al pleno uso de los derechos nacionales no pueden recurrir a los mismos procedimientos que quienes quieren suprimirlos
Las desafortunadas declaraciones de Vidal comprometen a ERC, a JxS y al conjunto del bloque independentista porque afectan al comportamiento de las instituciones. Los responsables no deben ser reticentes a la hora de disipar dudas, evidenciar la falsedad de las sospechas, mostrar la limpieza del gobierno y sus departamentos. La oposición, incluida la más reaccionaria y xenófoba, está en su derecho de exigir cumplidas explicaciones y el gobierno catalán está en el deber de proporcionarlas. Las comparecencias de las autoridades en sede parlamentaria no deben ser obligadas, sino voluntarias. Y si llegara a demostrarse, que incurrieron en ilegalidades o actitudes reprobables, deben asumir su responsabilidad ipso facto y actuar en consecuencia. Son las personas responsables quienes deben pagar por ello so pena de que lo haga el proyecto.
La Constitución de la República Catalana, de la que el juez Vidal es uno de los corredactores, como el proyecto de emancipación nacional a que aspira no puede fundamentarse en comportamientos dudosos y actividades que no puedan hacerse públicas sin suscitar la suspicacia y el temor de la ciudadanía.
Vidal-Quadras explica en twitter que, cuando se abandona la protección del Estado de derecho, cuando se va contra la ley, la única solución es la fuerza. Es una amenaza obvia. Aunque cabe discrepar de la idea de la ley y el Estado de derecho que profesa el exeurodiputado del PP, en un sentido realista solo cabe darle la razón. Ir contra ley, por inicua que esta sea, es arriesgarse a sufrir el uso de la fuerza, que a nadie agrada.
Por eso es muy importante que todas las actuaciones del gobierno catalán sean escrupulosamente legales, para ajustarse al enunciado de Puigdemont “de la ley a la ley”. Es esencial que, al llegar el momento crucial de la confrontación política del referéndum, el Estado no haya recurrido al uso de la fuerza, amparado en una supuesta ilegalidad previa. Que se atreva a declarar ilegal el referéndum, a su vez amparado en una legitimidad que tiene un amplio reconocimiento interior y exterior.
