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domingo, 25 de noviembre de 2012

El peaje y el imperio de la ley.

¿De dónde, voto al chápiro, han salido estas gentes? ¿Qué idea tienen del Estado de derecho, del principio de legalidad, de la igualdad ante la ley, de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos? ¿Qué se han creído? Pregunta retórica a fuer de sabida la respuesta: creen que ellos y quienes ellos digan, esto es, los ricos, están por encima de la ley. Si, para conseguirlo, hay que cambiar la ley, se cambia, como han hecho con la de RTVE; si hay que imponer una excepción, se impone, como la amnistía fiscal a los del dinero negro; si hay que legislar ex novo, se legisla, como sucede con la nueva ley de tasas judiciales.
Ahora vienen los peajes. En España el límite en autopista son 120 Km. Si te pasas y te pillan, te multan y mucho. Pero, si tienes dinero, te puedes pasar tranquilamente pagando el peaje que, al fin y al cabo, razonaría un cínico, es como un par de multas en cómodos plazos. En román paladino: la ley es igual para todos menos para los ricos, que están exentos. Como estará exento Adelson (Eurovegas) de pagar impuestos porque a estos gobernantes les da la gana. Es parte del cuadro general que también afecta a la sanidad, la educación; la justicia, ahora la circulación viaria y mañana la seguridad urbana. Y esa es la cuestión esencial del nuevo ataque del gobierno al Estado de derecho y a la democracia. La única que, al parecer no se discute. Y, sin embargo, es la importante porque esa medida es anticonstitucional.
Al presentarla, el PP ha hecho una escenificación entre sentimental y práctica que pretende obviar esa cuestión de fondo de que la propuesta sea anticonstitucional. Que la defensa haya sido a cargo de un diputado parapléjico a causa de un accidente de coche, en su silla de ruedas tiene, desde luego, mucho efecto mediático, pero no el que su partido pretende. El límite de velocidad está para impedir estas desgracias. Utilizar la imagen de esta desgracia para eliminar el límite de velocidad carece de sentido. Salvo si lo que se quiere decir es que la seguridad aumenta con la velocidad y, por tanto, lo mejor es abolir los límites. En peaje, claro. No sería de extrañar pues es su lenguaje habitual: prohiben el derecho de la mujer a decidir con la intención, dicen, de garantizar su libertad; imponen tasas al uso de la justicia para asegurar la gratuidad de la justicia, etc.
Los razonamientos (merece la pena leer el artículo vinculado más arriba) no pueden ser más pedestres y falsos: se pide la elevación del limite de velocidad para garantizar la sostenibilidad de las autopistas de peaje, ya que son deficitarias. Y eso lo hacen los que dicen que el Estado no debe intervenir en el mercado. Obviamente, salvo cuando los ricos están en peligro. Se añade que el tráfico que se vaya al peaje aliviará la densidad de circulación de las autopistas públicas. No se dice pero es muy de suponer, que estas se deteriorarán a gran velocidad y empezará a haber conductores migrantes al peaje en contra de su voluntad. Porque aquí se asiste a una privatización más y en forma de bandidaje de la alta sierra o highway robbery. Ciertamente, se trata de una suposición. Como también se trata de una suposición la malicia de que en las autopistas de peaje no se impondrán multas, ni habrá radares, ni cámaras fotográficas. ¿Nos apostamos algo? Las multas las pagarán los desgraciados de los 120 Km y tocarán a más porque el Estado no aceptará el lucro cesante.
El resto de los argumentos esgrimidos por quienes presentan la proposición no de ley hacen abrigar serias dudas sobre el grado de madurez intelectual de los autores. Sostienen estos, al parecer, que el circular más rápido acorta los tiempos de desplazamiento y ayuda a dinamizar la economía española. No me dirán que lo primero no es brillante: ir más rápido permite llegar antes. Es alucinante. Claro que, en el fondo, no es un enunciado o un aserto sino un reclamo simbólico en donde lo que se quiere decir es si pagas, llegas antes. Bueno, al fin y al cabo es en lo que se basan los servicios de urgencias, incluido el de Correos, un servicio público: si pagas (más), tus envíos llegan antes. El problema es que las autopistas son negocios privados a quienes se exime del cumplimiento de la ley por un pago en metálico para eso, para bolsillos privados.
La segunda afirmación, es que eximir a los ricos del cumplimiento de la ley ayuda a dinamizar la economía española. Es mentira como lo era su teoría madre del trickle down (la teoría del "goteo") reaganiana que, en el fondo, era la elaboración neoclásica de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro y tan fatástica como esta. Además de mentira es una invocación de rigor, como los gritos que daban sus antecesores ideológicos, aquellos del cuya vida guarde Dios muchos años.
Pero si los proponentes tienen este nivel, el de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo supera hacia abajo. Dice una responsable de la DGT que solo se admitirá la subida del límite si se dan tres condiciones: que mejore la economía, que haya un “récord histórico” en baja accidentalidad en los tramos afectados y, siempre, estaría condicionada a las circunstancias del tráfico y las condiciones meteorológicas. Lo de las circunstancias del tráfico y las condiciones meteorológicas es como lo de llegar antes. Pero eso de imponer como condiciones dos futuribles es ya puro esperpento.

jueves, 8 de noviembre de 2012

Las desmesuras del Poder.

La irresponsabilidad..- Las alcaldadas de la alcaldesa no son alcaldadas puesto que vienen de antes; son botelladas. Oponerse al matrimonio gay con el ejemplo de las peras y las manzanas; bailar "Macarena" el día del homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA; tomarla repetidamente con las prostitutas, los mendigos, los que buscan comida en la basura; interpretar La Cenicienta en clave de la Sección Femenina de Pilar Primo de Rivera. Botelladas. La dimensión auténtica del personaje la ha dado la desgracia del Madrid-Arena: un local de macrofiesta sin licencia ni autorización alguna en donde, al parecer, se amontonaban 23.000 personas según la policía, más del doble del aforo permitido y en el que han muerto cuatro muchachas aplastadas, una de ellas menor de edad.
Estamos acostumbrados a que estas catástrofes cojan a los gobernantes del PP entregados a alguna actividad lúdica que no interrumpen. Así, cuando el Prestige, Cascos estaba practicando el deporte preferido del caudillo, la caza. Cuando medio país ardía este verano, el ministro Arias Cañete estaba viendo los toros. El caso de Botella supera todo lo anterior: estaba disfrutando de unos días de descanso en un exclusivo y carísimo lugar de Portugal, frecuentado por los señores del dinero que son quienes en realidad gobiernan; interrumpió su solaz para volver a Madrid a prohibir las macrofiestas, igual que Jerjes mando azotar el Helesponto y, sobre los cadáveres de las tres jóvenes fallecidas en primer lugar, tomó de inmediato las de Villadiego, camino del esparcimiento y el relax, dejando detrás una situación explosiva. Si esto no es una causa más que suficiente para presentar una dimisión fulminante por insensibilidad e irresponsabilidad mayúsculas, no se sabe qué pueda serlo.
La arbitrariedad. Cospedal de la Mancha, lustrosa zagala que, como nueva Aldonza Lorenzo, igual ahecha la mies que apacienta unos gorrinos, lleva todos los meses a casa unos 20.000€. Justo salario a sus esfuerzos por economizar gastos en su predio a base cerrar urgencias sanitarias, suprimir cientos de empleos y dejar sin paga fija a los diputados de la oposición. No así a los mozos de su cuadrilla, a los que ha colocado, según parece, con sueldos de cine, de unos 70.000€ anuales, que ya los querría algún presidente (socialista) del gobierno. ¿Criterio de adopción de medidas? La pura discrecionalidad de la dama. Y los afectados pueden darse con un canto en los dientes de que no los obligue a rezar todos los días el Veni Creator.
El abuso. Estaban los estudiantes manifestándose con más o menos algarada cuando la policía cargó sin grandes contemplaciones. Además, se llevó detenido a un joven que estaba grabando en vídeo la escena. El director general correspondiente, Cosidó, había advertido de que iba a reformar la normativa pertinente para impedir que se grabe a la policía mientras hace su trabajo. La norma no se ha cambiado aún, pero ya se detiene a la gente por grabar. Es la llamada justicia de Peralvillo en donde primero se ejecutaba al reo y luego se le instruía el proceso. Prohibir la grabación de la policía en acción es presuponer que siempre actúa de acuerdo con la ley y jamás abusa, lo cual es falso, como todo el mundo sabe. La policía tiene una evidente tendencia a extralimitarse y hacerla opaca es decirle que puede extralimitarse más porque es impune. No sé si a Cosidó se le alcanza esto pero alguien debiera aconsejarle que considere la posibilidad de dimitir.
El fanatismo. A tono con la portada de La Gaceta que reza: será constitucional, pero no es matrimonio, el ministro del Interior declara:  "Sigo creyendo que el matrimonio es la unión de hombre y mujer". Es el alma autoritaria, totalitaria, al desnudo. Crea usted lo que plazca, buen hombre. Como si quiere usted creer que la tierra es plana o que los niños vienen de París. Una sentencia de un Tribunal, aunque sea especial, como este, no es un artículo de fe que diga lo que hay que creer o no creer; es un mandato que dice lo que hay que hacer o no hacer, que no es lo mismo. En concreto, lo que usted no puede hacer es obligar a los demás a creer lo que usted cree. Dado que los homosexuales tienen el mismo derecho que los heterosexuales a que usted respete sus decisiones, crea usted lo que crea, ¿por qué no nos ahorra su declaración de creencias? ¿O es que quiere usted ir en contra de la decisión del Tribunal Constitucional?
(La imagen es una foto de PP Madrid, bajo licencia Creative Commons).