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lunes, 5 de septiembre de 2016

El burkini y los valores

Esto del burkini ha sido el tema del verano y a su cuenta se han intercambiado fogosos argumentos en un sentido u otro. Resulta curioso que el debate no sea tanto sobre el hecho en sí (que unas mujeres vayan a bañarse vestidas) como sobre su significado latente; no sobre un comportamiento que pudiera ser vituperable (y que, de hecho, no lo es) como sobre su intencionalidad o presumible propósito. Dicho en plata: si no hubiera habido los atentados recientes en Francia, Bélgica y otros países europeos, a nadie hubiera llamado la atención que unas personas fueran a las playas ataviadas más o menos como nuestras abuelas en sus tiempos. 

Vivimos en sociedades libres en las que el avance de las concepción de los derechos de la persona he hecho retroceder hasta su casi desaparición comportamientos no hace mucho penados como delitos en función de criterios muy elásticos que se prestan a interpretaciones arbitrarias, como la moralidad, el decoro, la decencia públicas. En nuestros días cada cual viste y se comporta como le place. Esta concepción amplia de los derechos solo conoce como límites el interés público y los derechos de los demás. Por supuesto, vuelven a ser límites en el fondo imprecisos. Pero, para llegar a ellos es preciso referirse a casos extremos y por tanto excepcionales. Y la indumentaria de los/las bañistas no suele contarse entre ellos.

En una sociedad democrática-liberal ordinaria la indumentaria y apariencia exterior es libre, carece de sentido y fundamento y es ilegal obligar a la ciudadanía a llevar o dejar de llevar ciertas prendas. Por tanto, la reciente prohibición del burkini en la Costa Azul francesa es una evidente extralimitación que el Consejo Constitucional ha dejado felizmente sin efecto. Es ridículo que la autoridad se arrogue facultades para decidir cómo deben o no deben vestir las personas.

La justificación de la prohibición del burkini, sin embargo, invoca otros argumentos. El más frecuente es el que va más allá de lo puramente fáctico para entrar en el campo de lo semiótico. El burkini debe prohibirse no por lo que es de hecho sino por lo que significa, por el mundo de representaciones mentales, ideológicas, religiosas y, en último término políticas que conlleva. Está claro, dicen, que nadie quiere interferir  en el ejercicio personal de los derechos de las mujeres musulmanas. Aunque tampoco es extraño escuchar observaciones acerca de si estas mujeres son verdaderamente libres o están coaccionadas por usos, creencias, comunitarias y colectivas de las que en el fondo son víctimas. Es algo que merece la pena considerar, sin duda, pero sin olvidar que lo mismo puede decirse y sospecharse de otros comportamientos sociales que pasan incuestionados en la sociedad, singularmente, muchos de los usos y costumbres (y no solo en la indumentaria) de los católicos y sus curas y monjas. La autoridad debe velar porque nadie se vea obligado a actuar en contra de su voluntad por imposición exterior, pero no tiene nada que decir cuando el comportamiento -por muy servil y denigrante que pueda parecer- es libremente consentido por la persona.

Pero el argumento de los prohibicionistas tampoco acaba aquí. Señalan el mencionado hecho del aspecto simbólico de la indumentaria en cuestión, considerando que su importancia radica en su carácter premonitorio. El burkini es una provocación consciente a los valores occidentales y lleva en su seno una amenaza totalitaria de islamización de nuestras sociedades. Estas acogen a los musulmanes, pero no tienen por qué aceptar sus pautas culturales ni sus valores. Cierto. Pero no parece que el burkini en sí mismo encierre esa pontencialidad del mal. Más bien se trata de una sobrerreacción producto del nerviosismo por la sórdida presencia del terrorismo y que, paradójicamente, da la razón a la actitud que quiere combatir a base de cebarse en el sector más débill del conflicto: las mujeres.

La prohibición del burkini es una prueba de debilidad de nuestras sociedades y justifcarla con un razonamiento de carácter preventivo, un evidente abuso de autoridad. Que cada cual vista como quiera, siga los usos que quiera es una pequeña pero muy significativa parte de nuestra idea de la libertad. Admitir la injerencia de la autoridad pública en la vida privada de la gente por oscuros motivos de moralidad  o previsiones de seguridad pública basadas en meras suposiciones es lo que verdaderamente ataca los valores de la tradición liberal y tolerante de nuestros Estados.

sábado, 12 de octubre de 2013

¿Con qué autoridad hablan?


Al final del consejo de ministros, en rueda de prensa, la vicepresidenta del gobierno tuvo el arrojo de acusar de defraudadores a medio millón de desempleados, siendo así que quienes han defraudado son unos cinco mil. Un problema de comunicación política, dirán algunos. Más parece un problema grave de amnesia. El PP ha aprobado una amnistía a los grandes defraudadores; él mismo como partido está acusado de financiación ilegal; sus dirigentes, incluida la vicepresidenta, de haber cobrado sobresueldos de un dinero que cada vez parece más negro. El pueblo llano a eso lo llama morro. Los analistas políticos somos más correctos políticamente y lo llamamos tupé.

Dice Sáenz de Santamía que las leyes nos obligan a todos, lo cual, como siempre, tampoco es cierto. A ellos no los obligan porque, cuando los obligan, simplemente, cambian las leyes. Exactamente lo que hicieron, lo primero que hicieron, al llegar al gobierno: modificar la Ley de RTVE para poder designar director del invento con sus solos votos a un fiel propagandista de la causa. ¿Cuál es la validez moral, la autoridad, de la afirmación de que las leyes nos obligan a todos cuando uno cambia las leyes a su gusto? ¿Es superior a cero?

Y, como esto es España, lugar de tronío, la vicepresidenta podría haber dicho sin faltar un ápice a la verdad "las leyes nos obligan a todos, excepto en Eurovegas". De autoridad en España el gobernante anda muy falto. Hay que salir en su defensa movilizando en su provecho las instituciones del Estado. A petición del fiscal, el juez Ruz desecha la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo porque, razonan ambos, fiscal y juez, "busca un interés extraprocesal". Podría ser, pero es irrelevante. La comparecencia de Rajoy, presunto perceptor de sobresueldos de origen ilegal, es inexcusable. El proceso mismo lo reclamará y Rajoy tendrá que comparecer a rastras, como lo hizo ante el Congreso.

El juez imputa al gerente del PP de Castilla La Mancha en el más bien fétido asunto de los 200.000 euros evanescentes que, al parecer, se han pagado, se han cobrado y se han volatilizado. La siguiente figura en el pimpampum es Cospedal; una presunta cobradora de sobresueldos nata. Un personaje que aparece perpetuamente implicado en cuestiones de ingresos, pagos, declaraciones, olvidos y requiebros.

La pregunta es pertinente: ¿con qué autoridad hablan? Y la respuesta, evidente: con ninguna. Con ninguna autoridad y con menos sentido común. Esta claro, la mayoría absoluta los justifica a su juicio no solo para no dar explicaciones sino para darlas sin sentido alguno, al albur del capricho de un ministro. Si Rajoy afirma en el Japón que en España se han reducido los costes laborales (o sea, que se han bajado los sueldos) y Montoro asegura, por el contrario, que no se han bajado sino que se limitan a crecer moderadamente, uno de los dos no sabe lo que dice. Y eso es grave.

¿O tampoco?