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miércoles, 22 de marzo de 2017

Rajoy responde a la carta de Puigdemont y Junqueras

Esta vez, Palinuro se ha ahorrado su semanal artículo y se ha limitado a transcribir una carta respuesta a la de El País que le ha enviado Presidencia del gobierno para publicación en algún periódico catalán. Y así, ha cedido su lugar para que el presidente responda a la carta de los gobernantes catalanes. Entre bromas y veras y con su peculiar forma de ver las cosas, Rajoy sintetiza el grueso de los argumentos del nacionalismo español en contra del referéndum. Aquí va la versión castellana:

Respuesta de Rajoy a la carta catalana.

Estimados presidente y vicepresidente: muchas gracias por su carta publicada en El País, diario de mi máxima consideración, aunque no tanto como El Marca. Proponen ustedes en ella por enésima vez un referéndum pactado, siendo así que ya les hemos avisado la vicepresidenta y yo que de referéndum, nada. Ni pactado ni sin pactar. Aquí no habrá referéndum. Cuando les ofrecimos iniciar un diálogo, llegando, incluso a abrir un despacho dialogante de la vicepresidenta en Barcelona, quedaba ya claro que el diálogo tenía como tope la unidad de España contra la que atenta su referéndum.

Insisten ustedes en argumentar el caso de Escocia como la única baza de que disponen para su desmesurada pretensión. Parece mentira que no se hayan dado cuenta de lo que he visto hasta yo: que Cataluña no es Escocia. Ni España el Reino Unido. En España un referéndum es ilegal y, por ende, inconstitucional. Sospecho que en el Reino Unido, también. Pero allí, con eso de que no tienen Constitución escrita se permiten ciertos lujos que no voy a calificar. En España, la ley se cumple. De eso estoy encargado yo por voluntad de los españoles, entre ellos muchos catalanes. La mayoría silenciosa y no hace falta contarla. Se ve en la calle. Resumiendo y para entendernos: no hay referéndum porque no.

No soy un legalista estrecho. Estoy dispuesto a reconocer el carácter político de sus pretensiones y a sentarme a negociar sobre ellas en el marco de la Constitución. Incluso a abordar la reforma de esta. Es el camino para las discrepancias políticas en un Estado de derecho. Lo que no sea eso será un golpe de Estado propio de fascistas, de lo cual sabemos mucho en el PP,y no lo toleraremos. Para las de derecho común, los tribunales ordinarios. La causas contra cargos públicos independentistas no lo han sido por sus ideas, sino por sus actos presuntamente contrarios a la ley. Que estos casos coincidan con independentistas es una casualidad.

En el marco de la Constitución me encontrarán ustedes. Propongan una reforma del texto del alcance que les plazca y, si se aprueba por los cauces debidos , podrán ponerla en práctica. Me dirán que eso es imposible y casi una burla, dado el carácter minoritario de Cataluña en el conjunto del Estado, pero esa es una realidad ajena a nuestras voluntades. Consigan apoyo mayoritario en España a su propuesta de reforma constitucional y no harán falta cartas.

Parecen haber pedido permiso al presidente del Senado, Pío García-Escudero para pronunciar la conferencia que ya han dado ustedes en otro lugar. Pío es autónomo, por supuesto, y él decidirá pero, si fuera yo, no la autorizaría por una razón de respeto a la cámara. Al Senado se va con un discurso original, nuevo, inédito, no con un refrito, ensayado para otros auditorios.

Afronten ustedes su responsabilidad como gobernantes de una Comunidad Autónoma y resuelvan los problemas de sus administrados, que no son de banderas. Son ustedes parte de esta gran nación que es España. Sean leales al esfuerzo común y sigan contribuyendo al engrandecimiento de nuestra patria. Todos los españoles están agradecidos a la solidaridad catalana y orgullosos de ser sus compatriotas. Y, para demostrarlo, visitaré Cataluña próximamente con un plan de inversiones en infraestructuras que siempre proponemos y nunca cumplimos porque sabemos que ustedes los catalanes se avienen a razones cuando se trata de dinero, sobre todo si es el suyo.

Lamento que el resumen de mi respuesta haya de contabilizarse en la columna del “no”. No ha lugar a negociar referéndum catalán alguno porque, como explica con su habitual brillantez la vicepresidenta, el gobierno no puede negociar con lo que no está en su mano conceder, que es saltarse la ley. Ni más ni menos. No es un desaire. Es una necesidad.

No hay otra vía pues cualquier otra apunta directamente a la legislación de excepción. Obviamente no queremos recurrir a ella por una cuestión de imagen. Pero, si ha de hacerse, se hará, y no nos temblará el pulso, pues contaremos con el apoyo de los demás partidos, PSOE y C’s, tan españoles como nosotros, aunque estén en la oposición. Estamos seguros de que la UE entenderá la necesidad de hacerlo. Y, si no fuera así, habiendo quedado todo “atado y bien atado” desde los tiempos de aquel caudillo cuya memoria quieren ustedes mancillar, sabremos prescindir de una Europa que no nos quiere como somos.

Al fin y al cabo, más se perdió en Cuba.


martes, 21 de marzo de 2017

Parecidos de ida y vuelta

Que Cataluña y España evolucionan en sentidos muy distintos se echa de ver con cada nueva noticia del ámbito público. El sistema político catalán es más matizado y complejo que el español, lo cual obliga a interpretar lo que allí sucede teniendo en cuenta factores propios, diferenciales. Por ejemplo, al hablar de "izquierda", la catalana está dividida básicamente en dos bandos (a su vez con diferencias en sus respectivos interiores), uno independentista y otro no necesariamente independentista pero partidario del referéndum. Los dos son izquierda catalana, por supuesto. 

La parte no (oficialmente) independentista incluye Podem, la versión local de Podemos y prácticamente idéntica a él. Los mismos usos, discursos y resultados. Las asambleas toman las decisiones; como en Madrid. Las toman unos porcentajes de voto francamente ridículos, tan bajos que convierten casi en cómica la gravedad con que se invoca el principio rousseauniano de que cada ciudadano (o militante, o comunicante por internet) pueda expresar su opinión. El 7,5% del censo de Podem se ha dado a sí mismo con la puerta en las narices al tratarse del ingreso en el nuevo partido liderado por Colau (que no es de Podem) y Doménech (que sí lo es), En Comú. Los responsables, incrementan tan escuálido dígito elevándolo a un 11,3% a base de restringir el cuerpo electoral a los "militantes" activos, entendiendo por tales los que en el pasado hubieren interactuado con la organización por las redes.

Este resultado plantea la cuestión de cómo quedará Podem si no se integra en el otro partido. Una reserva que recuerda los reparos y amarguras de la integración de IU en un Podemos triunfante. Pero esto es Cataluña y Podem es resistente y poco más. Resta por saber si la dirección de Podemos, al final, impone la integración por intervención personal del líder, recientemente reconsagrado, como sucedió en Galicia. Cualquier cosa que se haga generará agravios comparativos en una organización que los conoce de todos los colores.

Podemos no es propiamente un partido. Ni siquiera una asociación, pues carece de toda razón objetiva que no sea puramente negativa, de cualquier concepción unitaria. La decisión catalana no se verá con buenos ojos, ya que se verá como una prueba más de ese carácter fragmentario que es lo más opuesto a la idea de partido-instrumento de raigambre leninista cara a la dirección.

lunes, 20 de marzo de 2017

Nada nuevo

Puigdemont y Junqueras se han asomado a la tribuna de El País para decir lo que llevan meses diciendo y reiterarlo con razones que llevan años esgrimiendo. Nada nuevo de su parte. La diferencia es que ahora lo dicen desde El País con lo que ya no queda más remedio en España que darse por enterados. Cosa hasta ahora evitada por cuanto los medios ocultaban o desfiguraban sistemáticamente la realidad catalana; entre ellos el propio El País. El diario parece estar reconsiderando su actitud, a la vista de la importancia de la cuestión. Pero le sale su resabio nacional-español con esa entradilla de El desafío soberanista.

Si el presidente del gobierno deja El Marca y lee El País encontrará un resumen preciso y claro de la situación a la que, quiera o no, deberá hacer frente. Aunque en su insólita soberbia, animado por el reciente desarme de ETA, es capaz de pensarse Gregorio VII haciendo esperar de rodillas a las puertas de Canossa al emperador arrepentido. Será magnánimo, solo exigirá tres días de rodillas en la nieve o viendo partidos de fútbol. Pero es preciso el arrepentimiento. Ahí está el problema. Los dos firmantes del artículo-manifiesto no están arrepentidos de nada. Al contrario: piensan seguir con la hoja de ruta. 

Por eso es muy de señalar la lamentable situación de Rajoy: no puede gobernar porque la oposición no le deja, pero tampoco puede convocar elecciones anticipadas porque Cataluña necesita un interlocutor. No otro duelista, como parece pensar El País, sino un interlocutor, alguien que se siente en la mesa de negociaciones en la que están sentados desde hace meses los dos firmantes del escrito. Alguien con autoridad. No con autoritarismo.

jueves, 16 de marzo de 2017

Los dos frentes

El analista político español, si quiere atender a su oficio, acaba esquizofrénico. Vive en un país que, en realidad, es dos y mal avenidos. En cada uno de ellos, la dinámica política es distinta, los objetivos, los intereses, los partidos, hasta las palabras tienen diferentes significados: nación, soberanía, pueblo, democracia, ley, etc, términos esenciales en la política. Así son las cosas: dos realidades, dos países y menos mal que explícita o implícitamente se reconoce pues, hasta hace poco, el gobierno de España consideraba que el movimiento independentista catalán era una algarabía. 

Dos realidades, dos países que, además, en buena medida, se ignoran entre sí, al menos por la parte española. No estoy nada seguro de haber visto esta noticia de elMón.cat en ningún periódico español. Y tiene su importancia. El presidente saliente del Tribunal Constitucional reconoce que el conflicto catalán no puede resolverse en el marco de la Constitución que él estaba hasta hace poco encargado de interpretar. Hay que acudir, añade, al diálogo político, vulgo, negociación, eso de lo que Rajoy no quiere oír hablar. 

Por cierto, esta lúcida doctrina podría haber orientado sus decisiones en el Tribunal, en lugar de prestarse a servir de brazo ejecutor de la política del gobierno sabiendo, además, que era contraproducente. Y tanto más lamentable cuanto que descarga su conciencia en su alocución de despedida.

miércoles, 15 de marzo de 2017

Proceso al proceso

El proceso penal contra Mas, Rigau y Ortega es un proceso político disfrazado de judicial. Lo niegan sus defensores, asegurando que se condena a los tres exmiembros del Govern por desobediencia a una prohibición del Tribunal Constitucional (TC). Pero dicha prohibición tenía un innegable carácter político en referencia a la realización de la consulta del 9N promovida por los independentistas ante la negativa del gobierno español a permitir la realización de un referéndum. Es un proceso al independentismo, como lo demuestra asimismo que no es, ni será, el único. Detrás vienen los del diputado Françesc Homs y el muy simbólico de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán. Y detrás, los que se incoarán indefectiblemente a sus sucesores en los cargos si estos son inhabilitados. De todo ello se trata en mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Contra la indepèndencia, sentència y cuya versión castellana transcribo aquí:

CONTRA LA INDEPENDENCIA, SENTENCIA.

El debate es si el proceso de Mas, Ortega y Rigau es o no un juicio político. De un lado se señala que los tres han sido condenados por posibilitar la votación del 9N. De otro, que la condena ha sido por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). Un asunto puramente retórico porque la supuesta desobediencia lo fue a una decisión del TC de prohibir el 9N. Luego, sí ha sido condena por permitir la votación y en un procedimiento penal al que se opuso la fiscalía catalana. Fue la Fiscalía General del Estado la que obligó a actuar a la fiscalía catalana por impulso directo del gobierno que es quien, en definitiva, ha determinado el fallo por razones políticas aunque, con la habitual estrategia de Rajoy de tirar la piedra y esconder la mano.

Una estrategia cuyo principio general, ya visible hace unos años, era utilizar a los tribunales en contra del independentismo catalán o, dicho de otro modo, sustituir a los militares –siempre ultima ratio del nacionalismo español- por los jueces. La apoyaba en sagrada “unión nacional” la otra ala del nacionalismo español, el PSOE de Rubalcaba, principal muñidor de la Ley de Seguridad Nacional, básicamente dirigida en contra de Cataluña. El problema de este criterio es que se abre a la obvia crítica de que el gobierno español está construyendo de nuevo una jurisdicción para perseguir sedicentes delitos de opinión. Juicios políticos, como siempre. En realidad no ha dejado de hacerlo. En muchos aspectos, la Audiencia Nacional es una jurisdicción especial que procede del espíritu del Tribunal de Orden Público de Franco.

El gobierno de Rajoy siguió en esa línea en su primer mandato. Con su mayoría absoluta impuso el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la que se legalizan competencias ultra vires para este, permitiéndole ejecutar sus sentencias, con lo cual ya no necesitará la intervención de otro órgano para encausar la desobediencia y podrá hacerlo él directamente. Una comisión asesora del Consejo de Europa emitió hace dos días una opinión que alertaba del peligro de la reforma porque, a su entender, otorga funciones ejecutivas al TC y desnaturaliza su función como órgano neutral. Un juicio que los españoles trataron de rebajar mediante sus habituales presiones entre bastidores y que ya era benévolo en exceso porque partía de la ingenua europea creencia de que en efecto, el TC español es algo parecido a un tribunal de justicia cuando no es más que un órgano político a disposición de los dos partidos dinásticos que se reparten los cargos entre sí y que está presidido por un militante acérrimo del partido del gobierno. Un órgano que es juez y parte descaradamente. Este es un dato que, en lo referente al nacionalismo catalán, afecta a toda la judicatura española pero que resulta escandaloso en el caso del TC.

Así las cosas no es solo que la sentencia del TSJC sea una sentencia política. Es que lo es toda la batería de medidas judiciales previstas por el gobierno en su confrontación con el independentismo catalán. Una justicia política que no puede ser justicia y no es sino una actividad de represión política disfrazada de actividad judicial, como se verá próximamente con las decisiones pendientes en los casos de Françesc Homs y Carme Forcadell, sin duda el proceso más peligroso debido al alto nivel simbólico del cargo de la presidenta de Parlamento catalán. Hay pocas dudas de que en esta inepta deriva autoritaria del PP por la vía judicial se darán las consecuencias que prevé la Comisión del Consejo de Europa: será necesario seguir inhabilitando cargos públicos en Cataluña, en una dinámica absurda cuyo único final previsible será el recurso a la legislación de excepción. El gobierno trata de evitarla, pero es evidente que a ella lo aboca su propia ceguera. Y las consecuencias son imprevisibles, sobre todo a la vista de la creciente preocupación europea por el modo en que evolucionan los acontecimientos en España.

Frente a ello, la supervivencia del proyecto independentista depende más que nunca de su unidad de acción. Hasta ahora se ha preservado. Carme Forcadell, próxima procesada, apoya a los condenados a quienes ella misma instó en el pasado a “poner las urnas”. El presidente Puigdemont ha dicho que la condena será invalidada por el voto en el referéndum que se realizará en la fecha prevista. ERC, guarda prudente silencio, pero mantiene la unidad de acción y lo mismo hace la CUP que, por cierto, podía reflexionar sobre la ironía contrafáctica de que, si no hubiese impedido el nombramiento de Mas, ahora el nacionalismo español se habría visto obligado a proceder penalmente contra un presidente.

La sentencia del TSJC es obviamente una sentencia política (lo cual explica su extrema “benevolencia” y el hecho de que se ignore el posible delito de prevaricación) como lo es el conjunto de la estrategia política represiva disfrazada de judicial del gobierno. Su finalidad es obvia: aprovechando la utilización mediática exasperada de la corrupción de los casos Palau y afines (por supuesto, juzgados con criterios muy distintos a los que se aplica a la corrupción de la derecha española) se trata de dividir el bloque independentista y enfrentar entre sí a sus integrantes. Su método también: calibrar la respuesta de la sociedad catalana.

Todo el proyecto independentista se encuentra en la encrucijada. Si la unidad se mantiene y el apoyo social también, la sentencia del TSJC puede ser la señal de salida al último tramo hacia la independencia de Cataluña.

martes, 14 de marzo de 2017

Si Mas fuera escocés

Al día siguiente de conocerse la recomendación de la comisión del Consejo de Europa de reconducir la reforma de la LO del Tribunal Constitucional a los términos de la apariencia, cuando menos, del Estado de derecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a Artur Mas a dos años de inhabilitación y una elevada multa, haciendo lo mismo en congruas partes con las señoras Rigau y Ortega, todos tres por desobediencia. Absueltos del delito de prevaricación.

Se trata de una condena por unanimidad, para dar idea de fuerza, pero de mínimos para darla de magnanimidad. Tan mínimos que el fiscal sopesa la posibilidad de recurrirla pidiendo condena por prevaricación. El carácter mínimo de la pena es una implícita confesión de inquietud ante la naturaleza del proceso mismo. Un proceso político contra el independentismo disfrazado de procedimiento judicial. Proceso político/proceso jurídico son los términos del conflicto, por lo demás irresoluble porque lo que es para unos no lo es para los otros.

Aparte de los argumentos técnicos, hay un dato fuerte a favor de la tesis del proceso político: es insólito que el gobierno de una CA arrostre un proceso penal por razones estrictamente políticas. Por razones de derecho común hay algún presidente autonómico en la cárcel. Pero eso es otra cosa. Y todavía más insólito que, siempre por razones políticas, se esté dispuesto a llevar el asunto hasta Estrasburgo, un paso más en la internacionalización del conflicto, que es un objetivo del independentismo. Pero la de mayor calado es la necesidad que se dará de seguir inhabilitando cargos públicos que, a su vez, como señala la comisión del Consejo de Europa, quizá no acepten la inhabilitación. Y es la de mayor calado porque la alternativa a inhabilitar series enteras de cargos públicos de la Generalitat es recurrir a la legislación de excepción, cosa que ya advierte el gobierno.

Al propio tiempo se da la noticia de que Escocia pedirá permiso de nuevo a Westminster para hacer un segundo referéndum en la patria de John Knox. Si Mas fuera escocés, tendría el asunto fácil: encabezaría el movimiento por la independencia de Escocia, habiendo antes vencido la muy previsible resistencia de la primera ministra, May que, sin embargo, tiene poca fuerza dado el precedente que sentó Cameron. Y obtendría la independencia o se repetiría el resultado negativo del referéndum anterior. En democracia nunca se sabe cómo van a salir los referéndums.

Pero Mas no es escocés ni España, el Reino Unido. Aquí se dijo desde el principio que no al derecho de autodeterminación de los catalanes porque no, por asunto de principios. Frente a esta negativa, de nada sirven los ejemplos escocés o quebequés, precisamente porque es un asunto de principios: no, porque no. Los dos argumentos esgrimidos hasta la saciedad por Rajoy no son serios: uno es el de la igualdad de todos los españoles que es, simplemente, mentira: el otro, que no se negocia con la soberanía del pueblo español que es, simplemente, falso pues nadie pide eso, sino que el soberano pueblo español -a través de sus representantes o a iniciativa propia- negocie la soberanía del catalán. Los castellanohablantes harían lo mismo si en la península fueran los catalanes quienes predominaran como ellos lo hacen ahora.

Esa sentencia pone el proceso independentista en un camino de no retorno, dado que lo más lógico es pensar que no habrá referéndum pactado. Pero lo irresponsable no es la sentencia sino el procedimiento en sí.

miércoles, 8 de marzo de 2017

López quiere "parar máquinas"

A buenas horas, mangas verdes. A cinco meses de la realización del referéndum en Cataluña, el candidato a la SG del PSOE, Patxi López, visita Cataluña. se asusta y empieza a decir que hay que parar máquinas ante del choque de trenes para darnos tiempo y encontrar una solución. Sobre eso, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Parlar per parlar. Cuando el independentismo lleva años pidiendo diálogo y negociación sin obtener otra cosa que burlas, desplantes, silencios y un cierre total, ahora que ya la cuestión nos aboca a una confrontación, se acuerda el vasco de la necesidad de "ganar tiempo" para encontrar una solución. Rápido no es el pavo. A lo mejor por eso se presenta candidato al PSOE. En la misma tónica, aunque con varios grados más de estupidez, la vicepresidenta del gobierno advierte de que la aprobación de la vía rápida de la desconexión en la mesa del parlamento es una huída hacia delante y que la Generalitat vive "una realidad paralela que nada tiene que ver con los deseos de los catalanes". De catalanes sabe este gobierno mucho. No en balde su partido gobierna en un municipio de los 900 que hay en Cataluña; un conocimiento que puede medirse en un 1/900 de la realidad catalana. Abrumador, como siempre con la derecha. No se preocupen López y Sáenz, Sáenz y López. La hoja de ruta irá adelante y los catalanes conseguirán ser lo que quieran ser gracias a su propio esfuerzo. Ojalá los españoles pudieran decir lo mismo.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Hablar por hablar

En su precampaña a las primarias del PSOE, Patxi López ha hecho escala en Cataluña y ha hablado de la “cuestión catalana”. Muy típico de los políticos españoles: hablar de Cataluña cuando están en ella, pero nada más. El resto del tiempo, cuando están en España, es como si Cataluña no existiera. Creen que pueden proponer un futuro para el conjunto del país sin contar con los catalanes. Grave error.

En Cataluña se hacen las propuestas y en Cataluña se quedan sin que nadie las recoja o actúe en consecuencia. López vino a Cataluña a decir que es preciso parar las máquinas para evitar el choque que muchos vaticinan y darse tiempo para buscar una solución. Parece una actitud equidistante, arbitral, prudente, respecto a dos partes en igualdad de condiciones. Solo que no están en igualdad de condiciones. La hoja de ruta, las máquinas son la única garantía con que cuenta el independentismo, su única posibilidad de imponerse. Si las para, desaparece.

En el gobierno central hay más opciones. Además de las máquinas que puede parar (los procesos judiciales, por ejemplo) puede poner en práctica medidas políticas y abrir vías de negociación, cosa que no ha hecho hasta ahora. Pero eso es asunto suyo.

El alcance de la petición de López de “parar máquinas” se observa en su propuesta de reconocer a Cataluña como nación “cultural”. Un verdadero anacronismo, poco atento al estado de las posiciones hoy día en un proceso de crisis constitucional. Reconocer una evidencia para no reconocer una necesidad: que Cataluña es una nación política y que la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010 es un disparate jurídico y un abuso político.

Parar las máquinas para negociar es algo que el nacionalismo español debió hacer mucho antes de la actual hoja de ruta, quizá a raíz de aquella sentencia o de las reacciones posteriores. Pero, para eso, se hubieran necesitado dirigentes capaces de comprender lo que estaba pasando.

Sin duda, el gobierno central tiene muchas máquinas para parar. Los procesos judiciales los primeros, sobre todo porque no son tales, sino puros juicios políticos disfrazados de actos jurídicos. Las presuntas actividades de guerra sucia del Estado contra el independentismo y contra personas en concreto. La política de recentralización del Estado y estrangulamiento de la autonomía catalana.
La cuestión es qué implica el “parar máquinas”. No puede ser aplazar el referéndum porque es el compromiso de la mayoría parlamentaria catalana. En el nacionalismo español se argumenta que no es posible negociar nada cuando una condición inexcusable es la realización del referéndum o referéndum “sí o sí”. Pero no se ve por qué esta posición ha de ser más inadmisible que la contraria, la que pone como condición inexcusable la no realización del referéndum o referéndum “no o no”. De no darse esta negativa cerrada, bien podrían pararse las máquinas siempre y cuando fuera para establecer la fórmula de un referéndum pactado.

De no ser así, la petición de “parar las máquinas” es completamente irrealizable. Una de las partes, la catalana, no puede y la otra no quiere. Al carecer de toda voluntad de entendimiento con Cataluña, se cierra en una actitud intransigente, avisando de que, según se desarrollen los acontecimientos, se aplicará la legislación vigente. No hay un problema político; hay un problema judicial y de orden público. La parsimonia del gobierno central en todo lo referente a Cataluña apunta a la voluntad deliberada de dejar que los acontecimientos lleguen a la confrontación institucional y ver a continuación, que vía represiva resulte la más adecuada según sea la reacción.

Ante la parálisis del nacionalismo español, la iniciativa cae de nuevo del lado del independentismo. La mesa del Parlament da vía libre a la tramitación de urgencia de la ley de desconexión. La vía está abierta, el referéndum espera. El Estado solo puede prohibirlo y la cuestión será qué reacción tendrá la sociedad catalana ante la enésima prohibición arbitraria y despótica.

jueves, 2 de marzo de 2017

La destrucción de España

Al final tendrá razón el procesado Homs en su vaticinio del fin del Estado español. A estas alturas, las mentes más lúcidas dan el referéndum por inevitable y, con ellas, mucha otra gente, aunque no lo diga. No está mal para un problema que hace dos o tres años no existía o era una mera algarabía, según el muy previsible Rajoy. Pero ya es poco. La cuestión es si, a fuerza de no transigir, no negociar, no dialogar, no proponer nada, el nacionalismo español, carente de toda iniciativa, ha hecho inevitable también la independencia de Cataluña.

Voluntad catalana no falta y la hoja de ruta de JxS con el apoyo de la CUP propone un escenario de confrontación total de aquí a breves meses. Se asume que el Estado intervendrá la autonomía catalana y que en Cataluña habrá una reacción. A partir de aquí, el territorio no está cartografiado.

El problema de fondo es la falta de proyecto del nacionalismo español, incapaz de proponer nada salvo la continuidad de una situación que disgusta a todos. Falta el proyecto porque falta el nacionalismo que ha de empujarlo. El franquismo, al apropiarse durante 40 años de dictadura los significados nacionales, deslegitimó de tal modo el nacionalismo español que este debe de ser el único en el mundo cuyos seguidores afirman siempre no ser nacionalistas de nada.

Franco murió, cierto. Pero el franquismo sigue, los franquistas siguen. Los gobernantes del PP, un partido fundado por seis ministros de Franco, nunca han repudiado de modo solemne y convincente la dictadura de la que provienen. Les van en ello intereses ideológicos y materiales considerables. Los últimos, sobre todo, unen mucho. Para formar esta clase gobernante que, como dice García Montero tiene como único negocio el Estado. Así ha sido siempre con la oligarquía española ya desde el Siglo de Oro, una clase de parásitos que vive a costa del Estado hasta que lo arruina. 

No solamente no condenan el franquismo sino que lo conservan, amparan y protegen. El Tribunal Supremo acaba de rechazar la petición del juez Garzón y otros de remover los huesos del tirano del Valle de los Caídos. Léase el atinado artículo de Carlos Hernández ¿Democracia franquista? El franquismo sigue vivo. Entre nosotros. A tiro de piedra del otro monumento imperial español, el Escorial, este innoble memorial fascista es una especie de símbolo del arco vital español, el alfa y el omega de España: del Escorial al Valle de los Caídos, construido con mano de obra esclava de presos políticos.

Es poca la legitimidad de que puede tirar el nacionalismo español a la hora de proponerse frente al catalán. Y queda reducida a la nada cuando coincide con las peripecias procesales de un verdadero laberinto judicial de casos de corrupción que muestran cómo los franquistas herederos de los franquistas siguen considerando que el Estado es suyo y sirve para enriquecerse por todas las vías, legales e ilegales. Y, con la corrupción, los privilegios de los corruptos que todavía hieren más a la opinión pública. La sentencia del caso Noos muestra una justicia sometida al poder político.

Los privilegios de la Casa Real escandalizan (seguimos sin saber nada del origen de la fortuna de Juan Carlos, de 2.000 millones de dólares) en verdad porque es la Casa Real. Pero privilegios hay continuamente a lo largo de esta aventura. El mismo presidente que está hablando siempre del cumplimiento de la ley tiene el privilegio de haber estado cobrando presuntamente jugosos sobresueldos de un caja B; el mismo que habla de la igualdad de todos los españoles tiene a su padre gran dependiente a cuenta de los dineros públicos, esos que dice el hijo que no dan para los demás dependientes.

Y de privilegios va la Iglesia católica, verdadero Estado dentro del Estado, infiltrada en todos los poderes públicos, especialmente el judicial, así como en una densa red de instituciones sociales de todo tipo. Además de franquista y, por ende, corrupto, el gobierno es también clerical con puntos de nacionalcatolicismo

Añádase a todo ello el aparente recurso del Estado a la guerra sucia, que se evidencia en la Operación Cataluña y ya se habrá llegado a la conclusión de por qué el marasmo actual de España propicia la independencia del Principado. En ese marasmo, nadie se atreve a poner coto a los desmanes de esta oligarquía corrupta, expoliadora, clerical y franquista excepto el independentismo catalán. Casi como si la oposición a la oligarquía se hubiera territorializado en Cataluña. Y como la reacción acabará siendo la fuerza bruta, terminarán votando por la independencia hasta los catalanes no independentistas.

miércoles, 1 de marzo de 2017

Juzgan ideas, como siempre

El artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado Què es jutja? sobre la interesante cuestión de qué se juzga en el Tribunal Supremo (Homs) y el Superior de Justicia de Cataluña (Mas, Rigau, Ortega), si la comisión de unos supuestos delitos de desobediencia y prevaricación o unas ideas políticas acerca de la independencia de Cataluña y su posible forma republicana de gobierno, esto es, si es un proceso judicial o político. Desde el punto de vista de Palinuro es un proceso político, incluso inquisitorial, para seguir con las gloriosas tradiciones de la patria. De eso se habla en el artículo, cuya versión castellana viene a continuación:


¿Qué se juzga?

El proceso al exconseller y actual diputado Homs es un proceso político del principio al final. Como lo es el que afecta a Mas, RIgau y Ortega ante el TSJC. El mero hecho de darse estos procedimientos indica que la calidad del Estado democrático de derecho es baja en España. El propio Homs así lo valora con algo de dramatismo pues supone que, si hay sentencias por el 9N, serán el fin del Estado español. Eso es dudoso. En el Estado español actual las cosas siguen “bien atadas”, como las dejó su auténtico fundador, el que descansa en el Valle de los Caídos. No es tan dudoso, en cambio, si se trata del Estado de derecho.

Para el gobierno central, sus aliados y los medios en general, estos procesos son actividades puramente judiciales que demuestran, según dicen en el PSOE, el buen funcionamiento de la justicia. No hay nada político. No se juzga a Francesc Homs por independentista; eso sería un atentado a la libertad de pensamiento y de expresión. Se le juzga por desobediencia al Tribunal Constitucional. En concreto por haber desobedecido una prohibición de ese Tribunal. ¿Cuál? La de hacer o dejar de hacer algo en beneficio del independentismo. Luego sí se procesa el independentismo; sí, son juicios políticos contra el independentismo disfrazados de otra cosa.
Se ha dicho hasta la saciedad: judicializar un problema político es agravarlo. La instrumentalización de la justicia no hace ningún favor a esta y encona el conflicto.

Pero, al mismo tiempo, aclara suficientemente el panorama. El Estado no tiene la menor intención de negociar nada en tanto la Generalitat no retire la previsión del referéndum. La reciente retórica del “diálogo” también exigía renuncia previa al referéndum. En consecuencia cabe suponer que su cálculo estratégico sea provocar una situación de choque, poner al adversario, el independentismo, en situación de oposición a la ley, de rebeldía. De esa forma podría justificarse una acción represiva.

El problema a continuación es determinar el alcance de esa acción represiva y, a ser posible, sus consecuencias. El Estado se resiste a emplear los medios coercitivos más fuertes (aunque diversos publicistas adviertan de que si las normas de excepción están previstas, lo están para usarlas), pero, al mismo tiempo, es incapaz de ofrecer soluciones alternativas.

En esas condiciones lo más probable es que los sectores radicales del independentismo pidan adelantar la convocatoria del referéndum, una idea con la que la Generalitat ha jugado. La justificación, bastante cómoda, es que carece de sentido agotar el plazo y dejar pasar unos meses en los que habrá todo tipo de juego sucio, amenazas y tensiones. Si no se hace así, si no se acortan los tiempos, según se dice, es para elaborar un buen corpus legislativo que sirva de transición de la autonomía a la independencia. Pero la situación viene a ser similar: la aprobación de esas leyes será el punto de ruptura del todo igual al que se daría con la convocatoria del referéndum.

En cualquiera de los dos casos se apunta a situaciones de inestabilidad permanente. No es razonable que las relaciones ordinarias entre el gobierno central y una autonomía pasen por los tribunales. Es una situación muy perjudicial en todas las esferas de la acción social y un despilfarro de recursos de todo tipo.

El independentismo catalán no es una decisión personal de los encausados, ni un capricho de una minoría, ni siquiera una acción de partido. Es un movimiento social con un tipo de solidaridad mecánica, que diría Durkheim, la de la gente que se conoce, con la que se simpatiza, que tiene también un objetivo ideal, dentro de otro conjunto más amplio, que abarca a las cuatro quintas partes de la sociedad catalana, que reclama su derecho a decidir, su derecho a tener derechos.

El procesamiento de Homs es político, como lo son los de Mas, Rigau y Ortega y no se hable ya de los de Forcadell. Se los juzga por independentistas, aunque se diga otra cosa y, a través de ellos, se pretende el absurdo de juzgar y condenar el independentismo, es decir, un movimiento social de amplia base.

martes, 28 de febrero de 2017

La concordia por whatsapp

Acontecimiento de primera magnitud, el Mobile World Congress, una feria internacional de tecnología móvil que reúne a más de 100.000 participantes. Un momento único para que los usuarios de lo digital, los blogueros, los internautas, los administradores de redes, los tuiteros en todas sus ya diversas manifestaciones, intercambien información e ideas, incorporen novedades, reprogramen. De no ser en Barcelona, no me la hubiera perdido. Otra razón para envidiar a los catalanes que siempre montan estos acontecimientos rompedores, mientras aquí, en la corte, tenemos ARCO.

El evento atrajo una representación de las fuerzas e instituciones del Estado en la parte más conflictiva de este, Cataluña. El Rey y la virreina o vicepresidenta del gobierno central. Del lado catalán, Puigdemont, un descorbatado Junqueras, Forcadell y Colau. Ignoro si en los séquitos había alguien que entendiera realmente de móviles. Pero eso es indiferente. No estaban allí como usuarios directos de estas tecnologías sino como representantes políticos. La presencia del jefe del Estado testimonia la gran importancia que la autoridad concede a las llamadas TICs. La de la vicepresidenta del gobierno personificaba el nuevo espíritu de diálogo, cuyos efluvios llegan a Cataluña en forma de interesantes entrevistas que Sáenz de Santamaría celebra de vez en cuando con cargos de diversos gobiernos locales y solo ahora medita incluir en tan laudable actividad al gobierno de la Generalitat.

El día anterior, en una cena -esta gente pasa la vida entre cenas, galas y festejos- el rey pidió colaboración leal entre las administraciones. Hasta ahí llega el compromiso del monarca con las aspiraciones de los catalanes que, mientras las cosas no cambien y mucho, son tan súbditos suyos como los extremeños. Tiene gracia, además, que estas invocaciones se hagan siempre dirigidas a unas administraciones más que a otras. Felipe VI no se acuerda de la colaboración entre administraciones cuando habla en Madrid.

Claro, a su lado vigilaba la temible vicepresidenta del gobierno, dispuesta a imponer su forma de diálogo, consistente en un enunciado seco y negativo: "referéndum, no". Escaso es, por tanto, lo que la parte española puede aportar a diálogo o negociación algunos. Y tampoco la otra parte, la catalana, parece propensa a la comunicación en los casi infinitos campos de la actividad humana que no estén relacionados con su rotunda posición de "referéndum, sí". Si son políticos que van a un acto de tecnologías que no controlan y no hablan de política, ¿de qué hablan? De nada, claro. Y de ahí esa foto que parece un funeral con gente cariacontecida excepto el payo de segundo plano que parece haber reconocido a un pariente del pueblo. El humor lo pusieron los del Mundo Today avisando de que el Mobile World Congress era un caos porque sólo había un enchufe para cargar el móvil.

La realidad era que ese encuentro de reyes, gobernantes, autoridades estaba a la sombra de un acontecimiento que se producía a 600 kilómetros de allí: la comparecencia de Francesc Homs ante el Tribunal Supremo, acusado de desobediencia y prevaricación por la convocatoria del 9N. Un hecho tan insólito que llevó a Homs a decir que, si hay sentencia por el 9N será "el fin del Estado español". Era el titular de El País. Al ver en la crónica, sin embargo, que Homs hablaba del "fin del Estado de derecho en España", Palinuro publicó un post, Por la tremenda, entendiendo que El País manipulaba la información. Y no era así, Homs habló del "fin del Estado español". Procede, pues, disculparse ante el periódico.

Los juicios por el 9N son un auténtico disparate. Para refutar el argumento de que se trata de juicios políticos se señala que la acusación es desobediencia, no por razones políticas o ideológicas, porque los acusados sean independentistas. Pero desobediencia ¿a quién? Al Tribunal Constitucional y a su prohibición de adoptar medidas independentistas. Lo que se prohíbe es el independentismo. Es un intento de disimulo ridículo: se judicializa un proceso político pero luego se utiliza políticamente a los jueces.

En esas condiciones de diálogo efectivamente bloqueado, procesos abiertos, otros por abrir, quizá docenas, cientos, si entran en danza las autoridades municipales, y con una hoja de ruta que fija un referéndum en menos de siete meses, no están los ánimos para muchas celebraciones, como puede verse en la foto del Congreso Mundial de Móviles.

lunes, 27 de febrero de 2017

Por la tremenda

Periodismo de trinchera el de El País. El diario está tan ofuscado con lo que suele llamar el desafío independentista y tiene tanta tirria a quienes lo protagonizan (a los que sigue culpando personalmente, como si fuera un capricho de media docena de personas), que se le va la pinza de colgar titulares. Hace decir a Homs, y lo entrecomilla, que, si hay sentencias por el 9N, eso será "el fin del Estado español".

El lector que haya deglutido con el café tamaño sórdido vaticinio y siga leyendo la crónica, verá que hay algo de exageración y lo que Homs dijo, y El País sigue entrecomillando, es que será "el fin del Estado de derecho en España".

No es lo mismo, ¿verdad? A El País se le ha ido la pinza por el tremendismo. Había que añadir algún elemento dramático a la comparecencia de hoy de Homs ante el Supremo. Nada menos que la supervivencia del Estado.

Profetizar el fin del español por una sentencia es un absurdo; profetizar el del Estado de derecho es redundante, innecesario. Probablemente Homs piensa que el mero hecho de verse encausado por el 9N es una muestra de que ya no hay Estado de derecho en España. 

Y algo de eso sucede en la medida en que el el poder responde a un conflicto político judicializándolo pero a su vez utiliza la justicia políticamente.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Operación diálogo

El nuevo talante abierto y negociador del gobierno central en relación a Cataluña está dando resultados óptimos. Basta con ver la foto. Siempre se acusa a los políticos de ser falsos y ocultar sus fracasos y traiciones tras exageradas sonrisas. Esta imagen prueba que aquí de falso no hay nada. Los gestos retratan el alma. La virreina a la izquierda no solo alza la cabeza por exigencia física de las respectivas estaturas, sino también como gesto de imperio que espera sumisión. Los gestos de los otros dos reflejan los momentos por los que pasan: la señora Forcadell, ya procesada, puede serlo por segunda vez y el señor Junqueras acaba de firmar una comunicación del TSJ, dándose por enterado de que la decisión del Parlament de convocar un referéndum es ilegal.

Como diálogo, todo un éxito.

La composición en sí misma es un poema. Ignoro si la centralidad de Junqueras se atiene al protocolo, incluso si ha lugar aquí a aplicar protocolo alguno. Desde el punto de vista gráfico, la imagen tiene un lejano eco de retablo medieval. La figura del centro, de dimensiones mayores en comparación con los paneles laterales parece considerar con la mirada puesta en el espectador, aunque perdida, de qué lado inclinarse, si el bien o el mal, el vicio o la virtud. Estas dos opciones, a su vez, cruzan sendas miradas entre sí que sin duda, hablan de cómo prospera el diálogo entre el gobierno central y la Generalitat. Un camino de rosas.

El referéndum

Aquí el artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado, 46/45. 46, las propuestas de Puigdemont de hace un año para debatir en La Moncloa; 45 las que La Moncloa está dispuesta a negociar un año después. No es rápida La Moncloa. Y la diferencia, la propuesta cuadragésima sexta, que el gobierno central excluye expresamente, es la del referéndum. Es decir, no hay, no puede haber diálogo.

Seguramente entre los cientos de asesores de que dispone Rajoy, todos cobrando una pasta de nuestros bolsillos, alguno le habrá dicho lo obvio: el referéndum es insoslayable. Aunque la comisión (supongo que se nombraría una comisión) negociadora alcanzara acuerdos en las 45 cuestiones de marras, el resultado habría de someterse a referéndum en Cataluña. No hemos llegado hasta aquí para que una reunión de sobremesa sustituya la voluntad democrática de los catalanes. Así que no se entiende el encabezonamiento de Rajoy salvo por un atavismo imperial muy típico de esta derecha reaccionaria: cualquier desacuerdo, discrepancia, se convierte en un asunto de principios enfrentados a muerte. Por eso lleva el Estado español cuatrocientos años de imparable decadencia.

Aquí la versión en castellano:

46/45

Hace algo menos de un año, en abril de 2016, Puigdemont se personó en La Moncloa con un repertorio de 46 cuestiones pendientes de tratar entre la Generalitat y el gobierno central, el doble de las que había ofrecido negociar a su vez Artur Mas el año anterior. Ambos presidentes recibieron el acostumbrado y arrogante “no” mesetario envuelto en la retórica flamígera del caduco imperio a cuenta de que una de las cuestiones era el referéndum: no se puede negociar con la soberanía del pueblo español.

¿Acaso no coinciden Rajoy y Felipe González en ese punto falaz de la soberanía innegociable del pueblo español? En ese y en muchos otros, pero ese es aquí decisivo porque explica por qué el nacionalismo español no se divide entre izquierdas y derechas. Es siempre de derechas. El de izquierdas, también.

Meses más tarde, en diciembre de 2016, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría admitía que el gobierno podía hablar de 45 de las 46 peticiones catalanas. Fuera quedaba la cuadragésimasexta, que no podía ni pronunciarse: el referéndum. De empeñarse en ello la parte catalana, no habría ningún diálogo. Y ese es el espíritu que destila la actitud actual del gobierno central: negociar sobre 45 de las 46 cuestiones, dejando aparte expresamente el referéndum que es precisamente la propuesta que da sentido a la posición de la Generalitat y constituye su fortaleza. Cosa, por cierto, que podría haber ofrecido ya hace un año de ser menos lento y algo más responsable.

Al final, por tanto, el gobierno se sienta a negociar a regañadientes, con un año de retraso y con imposiciones, como siempre. Pero lo hace. Los que no querían ni empezar a hablar han acabado comprendiendo que escenifican algo o la hoja de ruta catalana, en la que nunca han creído, va a barrerlos a ojos de la opinión pública internacional. La misma asustada sospecha de los socialistas que han pasado a hablar de “plurinacionalidad” de España pero tampoco quieren oír hablar de referéndum catalán.

Para disimular su insostenible posición, el gobierno ha conseguido ya que su Tribunal Constitucional, el órgano que actúa a sus dictados, haya anulado la decisión del Parlament de convocar el referéndum. De este modo, se sitúa fuera de la ley cualquier medida de las instituciones catalanas en prosecución de la hoja de ruta y se posibilitan más actividades represivas. De hecho, el TC ya ha instado a la Fiscalia a que afine una segunda causa penal contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

En estas condiciones la oferta de diálogo y entendimiento del gobierno español es una farsa dentro de su acostumbrada política de amenazas. A los efectos ha soltado también a sus voceros, pregoneros e intelectuales orgánicos de todo el espectro político para que exijan perentoriamente medidas contundentes. Si hace una fechas, Vidal Quadras recordaba que, cuando no se respeta el Estado de derecho (el Estado de derecho de la derecha española que ni tiene derecho ni, en el fondo, es un Estado) las cosas se resuelven por la violencia, su correligionario, Albiol, escenificaba gráficamente la amenaza pintando un futuro –que él decía querer evitar- con el ejército de desfile por la Diagonal. Menos belicosa la izquierda prefiere asustar por la vía administrativa y penal, y Guerra habla de suspender la autonomía con el artículo 155. El mismo artículo que invoca ese aparatoso prohombre, intelectual orgánico de la transición, Juan Luis Cebrián. El último cachorro del franquismo mediático, le añade un toque paramilitar hablando de la Guardia Civil, para cerrar el círculo con los escandalizados prohombres de la derecha.

En el fondo, quien mejor representa este espíritu de nacionalismo español por encima de sus tenues banderías es José María Aznar, que considera pusilánime toda intención dialogante del gobierno central con la Generalitat. El mismo Aznar que entregó el 15% del IRPF a la Generalitat a cambio del voto de Pujol a su investidura. Una concesión que evidencia el fondo real de la intención del nacionalismo español, especialmente el de derechas: está dispuesto a trocear España a cambio del mantenimiento de su privilegio sempiterno de gobernar lo que quede de ella. Lo que diferencia el independentismo catalán del nacionalismo español, sobre todo el de derechas, es que este último no cree en lo que dice defender.

lunes, 20 de febrero de 2017

Sin referéndum, nada

El País sigue exultante con complejo de consejero áulico de éxito. Rajoy gobierna a golpe de editorial de este periódico independiente que ve ya entreabrirse la solución al "problema catalán". El mastodonte se mueve y decide dar forma a la alternativa que pedía Mas. Ditirámbico, el periódico titula la oferta de Rajoy para Cataluña.

Bien, ¿qué Rajoy? El de los cuatro millones de firmas "contra los catalanes"; el del recurso del Estatut ante el Tribunal Constitucional que dio lugar a la famosa sentencia de 28 de junio de 2010 que negaba la condición de nación a Cataluña; el que llamaba "algarabía" a las multitudinarias manifestaciones de las Diadas, que comenzaron a partir de la manifestación de julio de 2010 ("Som una nació. Nosaltres decidim"); el que consideraba la consulta del 9N una especie feria verbenera; el que ha judicializado el conflicto, al que niega su carácter político considerándolo un problema de orden público; el que dijo "no" a Mas cuando se presentó en La Moncloa a pactar un sistema de cupo catalán; el que dijo "no" a las 46 peticiones que llevó su sucesor Puigdemont al mismo huerto.

Efectivamente, este Rajoy que considera una "amputación" la separación de Cataluña, parece haber visto de repente el camino a seguir a la luz de los editoriales de El País. Y de ahí eso de "la oferta de Rajoy para Cataluña". La materialización de la "alternativa" de Mas. Ahí es nada. Una alternativa para Cataluña. De golpe. Lo de menos aquí es si esa oferta existe y ya está en consideración por ambas partes o una de ellas anda dando cuartos al pregonero mientras la otra afirma no saber nada al respecto. Al extremo de compararla con el espíritu santo del que, según Puigdemont, habla todo el mundo pero nadie ha visto.

Lo importante es el contenido de la oferta. Es llamativo que se arme sobre los 46 puntos que llevó Puigdemont a la corte el 19 de abril de 2016, el doble de los que llevara Mas un año antes y cosechando el mismo rotundo "no". A fines de año, Sáenz de Santamaría mostraba disposición a negociar sobre 45 de aquellas propuestas. La que faltaba, y sigue faltando en la respuesta de Rajoy, es el referéndum. Siga como siga la negociación, la primera cuestión es por qué tarda el Estado, el gobierno central, casi un año en dar una respuesta a una iniciativa de la Generalitat. Me atrevo a decir que es el tiempo que le ha llevado comprender la importancia del independentismo catalán. Hace todavía un año en la meseta no se consideraba la independencia de Cataluña como algo verosímil. Se creía que el movimiento se resquebrajaría con la corrupción de los Pujol, que se desharía con las rencillas y enfrentamientos entre partidos. No ha sido así y hoy se ve la independencia catalana como una grave amenaza. Cataluña ha pasado de no existir a imponerse como la motivación número uno de la actividad del gobierno, quien ha destacado en el Principado a la virreina Sáenz de Santamaría. Misión imposible para quien no entiende el catalanismo desde su misma raíz.

La condición o requisito de abandonar el referéndum para empezar a negociar  está condenada al fracaso porque la otra parte no puede aceptarla. Cualquier mediano conocedor de teoría de juegos sabe que si una parte que lleva ventaja gracias a una amenaza, renuncia a la amenaza, pierde la ventaja. No creo que la Generalitat renuncie al referéndum. Y, por otro lado, no veo por qué no puede pactarse uno vinculante. Es lo más sensato para que todos sepamos a qué atenernos.

Hay una alternativa a la independencia: la no independencia, desde luego, pero tiene que salir en un referéndum.

A lo que no hay alternativa es al referéndum, diga Rajoy y diga El País lo que quieran.

sábado, 18 de febrero de 2017

¿Salida?

Ayer lo decía modestamente Palinuro, que los de El País estaban levitando con la oferta de Mas de escuchar alguna alternativa a la situación en Cataluña. Y tanto. Hoy, la gallina de la alternativa en Cataluña ha puesto un huevo en forma de editorial: una salida para Cataluña. Y dice y urge que hay que "aprovecharla". 

Salvando la gracia de usar el substantivo "salida" cuando se quiere decir "entrada", la alternativa con la que sueña El País no es a la independencia, sino al referéndum y eso parece un error difícil de subsanar. Al menos mientras el nacionalismo español siga sin entender que el apoyo popular en Cataluña a la independencia es la mitad del del referéndum y lo que esto significa. Cosa muy difícil de transmitir a alguien que solo razona en términos de principios, siempre que no se le apliquen a él. 

Absurdo parece que El País bata palmas por la aparición de una posibilidad, la alternativa, que el independentismo ha venido admitiendo desde siempre. Porque quien lucha por cambiar su futuro considera siempre todas las alternativas. El problema no está ahí. El problema está en que quien debe presentarlas, esto es, el gobierno central, no está dispuesto a hacerlo. Una vez más se certifica que la mayor fuente de independentistas es la política del gobierno central.

viernes, 17 de febrero de 2017

El procesado habla

El País no cabe en sí de alborozo. Le rebosa en el titular: una alternativa para Cataluña, un punto medio, el equilibrio, lo que todo el mundo valora tanto. ¡Y creencia del independentista Mas! Ese titular es una invitación abierta al gobierno a que indague en dónde se encontraría el áureo punto medio. Una ocasión que debe aprovecharse  por mor de la Patria. 

Dice Mas que la formulación de la alternativa corresponde al gobierno. Obvio. Hay dos polos, según Mas: polo 1: las cosas como están; polo 2: la independencia. Una de las partes está por el polo 2 y la otra no está por el polo 1 (porque acepta que son necesarias reformas de todo tipo) pero sí está contra el polo 2. Ahora bien, en una sociedad democrática no es posible justificar política alguna en función de su negatividad. Hay que proponer algo... una alternativa.

Muchos independentistas verán estas declaraciones como un amago de retirada, como la aceptación de que no haya independencia, como una concesión. Sin embargo, no es otra cosa que doctrina oficial del bloque independentista en el gobierno: hasta el último momento antes del referéndum, está abierto a la negociación con el Estado. Quizá la base del equívoco radique en la fijación del término ad quem, según que sea el referéndum o la independencia, que no son coincidentes. Mas no ha dicho que sea el referéndum, sino la independencia. Pero, el decirlo es de sentido común: el referéndum va de suyo pero uno de sus resultados puede ser un "no" a la independencia.  

La pelota, la patata caliente, la cuenta atrás las tiene el Estado y en su representación, el gobierno. Basar su política en un "no" absoluto al referéndum, sin ofrecer alternativa alguna lleva a la confrontación que, al decir de muchos, es justamente lo que se pretende. Aunque luego diga el señor Albiol que el ejército no entrará por la Diagonal, en un lapsus freudiano. El gobierno se niega a negociar con la Generalitat e incluso la excluye de esa política fantasmagórica a la que llama diálogo y de la que ni él mismo sabe en qué consiste. La idea de la vicepresidenta de que sea posible negociar con los niveles de gobiernos locales, sin duda hablando de cuestiones económicas, es decir, comprándolas, demuestra una ignorancia supina de la naturaleza del movimiento independentista catalán, cosa nada de extrañar si se tiene en cuenta que el PP gobierna en uno solo de los 947 municipios de Cataluña.

A estas alturas, no hay alternativa al margen del referéndum. Porque, aunque el Estado y la Generalitat dieran con una fórmula alternativa entre los dos polos satisfactoria para ambas partes, esa fórmula habrá de someterse a referéndum, a su vez. Será, además, irrelevante que ese referéndum sea a escala española o catalana porque, en definitiva, los únicos resultados que contarán para resolver el conflicto serán los catalanes.

miércoles, 15 de febrero de 2017

Zafarrancho de combate

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat titulado así, Zafarrancho de combate, aunque en catalán, Xafarranxo de combat y versa sobre lo que ya es evidente. En el congreso a la búlgara del PP este, que no se da por enterado de las recientes condenas a docenas de años de cárcel de algunos dirigentes suyos y otros delincuentes en la Gürtel de Valencia, marca las líneas a seguir en la política española. Lo de líneas es un decir poque se limita a un solo y grueso trazo: aquí no se mueve nada; todo marcha satisfactoriamente; las reformas del PP dan resultado y no se cambiarán, diga lo que diga la gestora del PSOE compuesta por auténticos peperos disfrazados de socialistas y encabezados por esa vergüenza hispana de una caudilla rociera. 

En lo referente a Cataluña que hace apenas dos o tres años no existía en los cálculos políticos del nacionalismo español (del PP y del PSOE) y hoy resulta ser el único problema grave en España, el congreso también ha sido explicito: nada de acuerdo, de negociación, de pacto con el independentismo catalán. Hasta el simulacro de diálogo que invocó hace unas fechas la ratita hacendosa, vicepresidenta del gobierno, ha quedado reducido a unos contactos esporádicos y sin contenido con las autoridades municipales.

El resto: cerrazón oficial y persecución de independentistas por medio de los tribunales, como si la cuestión de la autodeterminación de Cataluña fuera un problema de orden público.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Zafarrancho de combate
                                                                                                              
El Congreso de fin de semana del PP, a diferencia del de Podemos, venía marcado por el signo de la unidad. Por si esta fuera poca, se reforzó señalando un enemigo exterior, cosa que aun une más: el independentismo catalán. Desde el comienzo se entonó el himno de la igualdad de todos los españoles, un principio que no se invoca nunca frente a vascos y navarros pero sí frente a catalanes, lo que da una idea de su equidad.

Para la encendida arenga final de Rajoy quedó recordar la obligación universal de acatar y obedecer la ley (la que estableció su partido legislando arbitrariamente merced a su mayoría absoluta). Se añade magnánimamente que cabe reformar la Constitución pero eso es algo que también deben decidir todos los españoles. Los españoles siempre van de todos. Ni mención al hecho de que ese todos contiene un agravio estructural a los catalanes que siempre serán una minoría en él, sometida a la tiranía de la mayoría. Otra vez un asunto de equidad que es justamente lo que trata de resolver la convocatoria de un referéndum.

Nada nuevo, ciertamente. Un discurso para levantar ánimos entre los suyos y cerrar filas. Pero con un lenguaje duro, casi provocativo, como diciendo: “independentistas, aquí no se mueve nada”. Lo resumía con inefable silogismo la vicepresidenta hace unos días: “no habrá referéndum porque España es una democracia.” Carece totalmente de sentido, pero también carece que hablen de democracia y Constitución los miembros de un partido fundado por un ministro de Franco y en el que militaban también algunos que votaron contra esa misma Constitución.

Dureza e intransigencia que denotan espíritu de confrontación. Tras dejar claro que no hay negociación posible (porque con la soberanía del pueblo español no se mercadea), se cavan trincheras y se toman posiciones en zafarrancho de combate. Por si acaso, los intelectuales y juristas orgánicos del régimen como aves rapaces, incitan al empleo de la legislación de excepción sin más dilaciones.

Hasta la oferta de “diálogo” que encabezó la vicepresidenta y no pasó de ser una apuesta retórica ha sufrido una nueva rebaja. Sáenz de Santamaría parece entender el diálogo en asuntos meramente administrativos con las autoridades locales, dado que de asuntos de soberanía no cabe hablar. Es obvio: un cierre de posiciones a la espera de la reacción del bloque independentista.

Para avivar más el conflicto, el Estado mantiene la política de judicialización y no está dispuesto a paralizar la política represiva. Tampoco se molesta gran cosa en disfrazar de acción jurídica un proceso que es eminentemente político, como quedó suficientemente demostrado en las sesiones de la comparecencia de Mas, Rigau y Ortega, caracterizadas por una evidente animadversión del tribunal y la fiscalía. Como político será el proceso que se prepara contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Político y con un alto contenido simbólico.Y tal parece ser la nueva orientación en esta línea del frente. Basta con ver a quién han propuesto como presidente del Tribunal Constitucional, un ultraconservador, miembro del Opus y con diecisiete años de diputado del PP en el Congreso. Nadie puede pensar en serio que esta cacicada contribuya a restablecer los inexistentes prestigio y autoridad del Tribunal Constitucional, cada vez más claramente concebido como un órgano político dirigido contra el independentismo catalán.

Es de prever que, dentro de la lógica de la confrontación, la cerrada negativa del gobierno, alentará las posiciones de los sectores más radicales del independentismo, que pedirán adelantar la convocatoria del referéndum.  Responder al zafarrancho con otro zafarrancho, una posibilidad que puede acabar convertida en una necesidad. En ese espíritu habrá que entender la afirmación de Puigdemont con motivo del día de la radio, de que bien pronto se escuchará por este medio la proclamación de la independencia de Cataluña.

La legitimidad de la hoja de ruta es tan incuestionable como su inevitabilidad. El bloqueo de la situación aconseja acortar los plazos por cuanto mantenerlos significa entrar en el juego de desgaste de acción/reacción de un Estado sin proyecto que solo trata de ganar tiempo mediante el uso torticero de una legalidad de parte. 

miércoles, 8 de febrero de 2017

La solución no son los tribunales

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La justicia del enemigo sobre este desafortunado proceso político a Mas, Rigau y Ortega. Argumentaba Mas en su comparecencia que el Tribunal Constitucional (TC) nunca le advirtió de las consececuencias de no obedecerlo. Y aquí está precisamente el punto neurálgico de este procedimiento. El TC no podía advertirle de las consecuencias de no obedecerlo porque no las tenía. Hasta la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por Ley Orgánica 15/215, de 16 de octubre, no existía el delito específico de desobediencia al Tribunal Constitucional. La dicha reforma de la Ley Orgánica del TC facultaba a este para velar el cumplimiento de sus decisiones pero no podría aplicarse al Govern de la Generalitat porque eso sería retroactividad de una norma penal. Por eso, la querella interpuesta por la Fiscalía catalana por exigencia especial del Fiscal General del Estado tira del Código Penal y trata de encajar el comportamiento de la Generalitat en el delito de "desobediencia grave" a cualquier autoridad. Y eso es lo que habrá que probar. 

Al margen de estas cuestiones de detalle, aunque sean básicas, el procedimiento contra Mas, Rigau y Ortega tiene una función eminentemente intimidatoria y es el arranque de una vía anti-independentista basada en la represión judicial que no conducirá a ningún sitio, salvo a iniciar un nuevo símbolo emancipador, concentrando en la persona de Mas el significado de la lucha de un pueblo.

Aquí la versión castellana del artículo:

La justicia del enemigo
                                                                                                             
El juicio a Mas es clara y fundamentalmente político. También tiene una base jurídica que, aunque discutida, es la única que podría darle cierta legitimidad. Las tres personas encausadas (Mas, Rigau, Ortega) lo son por cuatro supuestos delitos: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. La desobediencia al Tribunal Constitucional es aquí lo más importante. Pero no es este el que puede substanciarla porque, cuando se cometió el presunto delito, todavía no se había aprobado la reforma de la Ley Orgánica de dicho tribunal (2015) que lo convierte en tal, permite obligar al cumplimiento de sus decisiones y castigar la desobediencia.  

El procedimiento se abre pues en la jurisdicción ordinaria con la querella que ordena presentar el Fiscal General del Estado el 21 de noviembre de 2014 por la celebración de la consulta del 9N de 2014 y en contra de la opinión unánime de la Junta de fiscales de Cataluña, con su Fiscal Jefe a la cabeza. Una clara imposición política –concretamente, gubernativa- a cuenta de la dependencia jerárquica de la Fiscalía. Y una injerencia más del ejecutivo del PP en los procedimientos judiciales. Su prueba evidente es esa reforma de la Ley Orgánica del TC, que el PP hizo aprobar por el procedimiento de urgencia, sin consulta al Consejo de Estado y con la presencia del señor Albiol, que no era ni diputado, amparado en  la mayoría absoluta de que disfrutaba su partido en la legislatura anterior. 

Quede para otro momento la consideración de la oportunidad o inoportunidad de la reforma. Ciertamente, se trata de un punto más en el largo sendero de desprestigio y descrédito del TC que hace años funciona en la práctica como un instrumento del PP, sobre todo a cuenta de Cataluña. Y es esta obsesión del Estado español por disfrazar de legalidad sus decisiones frente al independentismo catalán la que va a caracterizar el desarrollo de este proceso en el Tribunal Superior de Justicia catalán, como se han encargado de evidenciar las distintas partes concernidas y que en su primera sesión ya ha acumulado suficientes indicios de su índole política.

Efectivamente, el independentismo, ha hecho bandera de la vertiente reivindicativa de este proceso, lo ha convertido en un clamor de protesta al interpretarlo como un ataque a los derechos de los catalanes y las competencias de sus órganos representativos. La marcha multitudinaria de los acusados hasta el tribunal tiene el valor de un acto simbólico en el proceso para la fabricación de una leyenda y un martirologio. Nada alimenta más las reivindicaciones nacionalistas ni la unidad de sus partidarios que la experiencia de sentirse atacados por un enemigo común. 

Porque si la politización del acto por los acusados fue evidente y hasta desafiante, no menos lo fue la de los acusadores. La animadversión del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos hacia el expresidente de la Generalitat fue patente cuando interrumpió la declaración de este para recriminarle desabridamente que formulara preguntas cuando solo es un acusado. Sin embargo, Mas no había hecho tal cosa sino que había recurrido a una figura retórica, llamada erotema, esto es, una pregunta que no espera respuesta, pero que sirve para afianzar su razonamiento, lo cual es totalmente lícito.

Este proceso está rodeado de todo tipo de recursos políticos mejor o peor intencionados. Durante el fin de semana se produjo un nuevo operativo del Guardia Civil en contra de la presunta trama del 3 por ciento que se saldó con la puesta en libertad de los detenidos, quienes ya anuncian posibles querellas por detención ilegal. La coincidencia de fechas podría tratar de proyectar la sombra de la corrupción sobre el proceso político que se abrió el lunes. De hecho, es frecuente que los medios españoles deslicen la sospecha de que el juicio a Mas no es por su independentismo y su presunta desobediencia sino por la trama de corrupción del tres por ciento. Una insinuación tan cargada de mala idea como las interpretaciones de que los más de 40.000 asistentes a la marcha de Mas al Tribunal (según la Guardia Urbana) no eran espontáneos, sino que estaba movilizados por las autoridades catalanas.


La politización de la causa se hace más evidente cuando se observa que en lugar privilegiado, inmediatamente detrás de Mas y “chupando cámara”, como dice la prensa, estaba sentada una persona que es cargo público de la FAES, destacada activista unionista con una ideología de extrema derecha y a la que, por razones todavía sin explicar, se permitió hacer lo que los mossos d’Escuadra impedían hacer a los demás asistentes, por ejemplo, fotos de dentro a fuera del edificio.

Sustituir el diálogo y la negociación políticos por la acción de los tribunales para resolver problemas eminentemente políticos es un dislate al que es muy aficionado el autoritarismo español. Su inevitable resultado será legitimar la causa independentista y ganarle más apoyos sociales al tiempo que las instancias judiciales españolas hacen el ridículo. Sobre todo en la esfera internacional.


martes, 7 de febrero de 2017

¿Quién prevalecerá?

"Fracaso de la Política" titula hoy El País su editorial, muy preocupado porque las cosas hayan llegado a este extremo de que los cargos políticos representativos y democráticos afronten un proceso penal no por delitos comunes sino por causas políticas. Es una de sus habituales manipulaciones. La Política no ha fracasado. La Política no puede fracasar ni no fracasar, como no puede la química o la contabilidad. Quienes han fracasado han sido los políticos. Y muy especialmente los unionistas españoles, que son lo que tienen mayor margen de maniobra y, por ende, más responsabilidad. Empezando por el presidente del gobierno, Rajoy el de los sobresueldos, cuya incompetencia en esto, como en todo, es pavorosa y seguido de su vicepresidenta, la Ratita Hacendosa que, fuera de enchufar a sus amigas, no sabe hacer la o con un canuto y, por supuesto, los don pelayos de El País.

Corre una apuesta entre los unionistas, especialmente los más fachas, según la cual, todo es cuestión de aplicar la ley sin mayores miramientos y se verá cómo las amenazas de que si se enjuicia y condena a los independentistas catalanes habrá sublevación, se quedan en agua de borrajas. Cuando se ilegalizó Batasuna y se encarceló a Otegi también se dijo que ardería el País Vasco... y no pasó nada. Pues lo mismo ahora: se aplica la ley, los tribunales hacen su trabajo, los cargos que hayan transgredido la legalidad sufren la condigna pena y aquí paz y después, gloria, y en Cataluña no pasa nada.

Vale. Es una apuesta a partir de hoy. El gobierno no tiene intención alguna de dialogar o negociar nada con los independentistas, sino que aplicará le ley vigente. Más concretamente, tratándose de un gobierno tan corrupto, su ley, la que sienta en el banquillo a un presidente autonómico, pero no a un ministro responsable político de 62 muertes, no a otro que se vanagloria de haber realizado actividades ilegales y destrozado el sistema sanitario catalán.

Después de la delirante recogida de cuatro millones de firmas "contra los catalanes", es lo más estúpido que ha hecho el presidente de los sobresueldos. 

miércoles, 1 de febrero de 2017

La dimisión de Vidal y las consecuencias

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "las personas y el proyecto", trata de las desafortunadas afirmaciones públicas del juez Santiago Vidal y sus consecuencias, tanto para él como para la causa que representa. Personalmente, su comportamiento ha sido correcto: la dimisión como senador de ERC. Eso es lo que se espera de un político democrático en Europa. No lo es en España, claro, país en el que, hagan lo que hagan, los políticos (especialmente los de la derecha) no dimiten jamás. Un guasón diría que es una prueba más de que Cataluña no es España porque en Cataluña se dimite. Y poco importa si esa dimisión ha sido a propia iniciativa del interesado o por presión de su organización. Eso es indiferente. El hecho objetivo, claro, incuestionable es que, si alguien actúa inadecuadamente, debe asumir su responsabilidad.

Tiempo ha faltado a la oposición para exigir responsabilidades a todos los demás niveles: explicaciones, comparecencias, hasta una comisión parlamentaria de investigación. Produce cierta irritación ver que quienes no dimiten ni cuando los pillan con la mano en la caja sean ahora tan estrictos con los demás. Comportamiento típico de escribas y fariseos. Y, no obstante, el juez Vidal, ni ERC, ni el gobierno de la Generalitat pueden negarse o responder con un "y tú más". Esas explicaciones deben darse; esas comparecencias, producirse. Para que quede claro que el proyecto independentista no recurre a los mismos procedimientos de guerra sucia del Estado que quiere ahogarlo. Y si, de esas explicaciones se siguieran otras responsabilidades personales, también deben asumirse sin rodeos.

Las faltas, los errores, los cometen las personas, no los proyectos. Son las personas quienes deben arrostrar las consecuencias de sus actos y no los proyectos colectivos. Poco futuro cabe augurar a la hoja de ruta si recurre a los procedimientos del adversario. No solamente porque ello sería una inmoralidad sino también porque sería un error estratégico.

A continuación, la versión castellana del artículo:

Las personas y el proyecto

Se entiende por qué los políticos del PP no dimiten nunca, hagan lo que hagan, tanto si abusan de su poder como si impiden el ejercicio de derechos ciudadanos o cometen delitos. Saben que la dimisión no es nunca el fin de una aventura, sino su comienzo. A continuación vienen las exigencias de que se pida perdón, las peticiones de comparecencia o las comisiones de investigación. Es mucho mejor no dimitir y dejar que escampe.

Por eso no dimitió Trillo después de la catástrofe del Yak42 de la que es políticamente responsable. Por eso tampoco Rajoy pide perdón a los familiares de las víctimas 14 años después de aquel desastre acaecido cuando él era vicepresidente del gobierno y, por tanto, también responsable. Por eso igualmente tampoco dimitió Fernández Diaz aunque esté bajo vehemente sospecha de haber hecho todo tipo de juego sucio contra el independentismo catalán, incluida la presunta “hazaña” de intentar destruir la sanidad catalana. Dimitir es reconocer responsabilidad, quizá culpabilidad y eso no es práctica común de la derecha.

La dimisión de Santiago Vidal se aleja de la práctica hispana y se acerca a la europea. Se hacen declaraciones inoportunas o injustas o falsas y, en consecuencia, se dimite. Esta dimisión ha provocado la consabida avalancha de peticiones de la oposición, tratando de acorralar tanto al dimisionario como al gobierno catalán, principal afectado por las declaraciones del juez. Al margen de la torcida intención que tienen muchas de estas peticiones, es importante que el bloque independentista y especialmente ERC, organización a la que pertenece Vidal, continúen en el espíritu europeo iniciado por el juez, den todas las explicaciones que razonablemente quepa esperar y disipen la sombra de la duda en los procedimientos aplicados en la hoja de ruta.

Es irritante ver cómo quienes actúan de modo prepotente y a veces supuestamente ilegal, quienes recurren a las cloacas del Estado para conseguir fines ilegales e inmorales, quienes censuran y abusan, se erijan en paladines de la democracia y el Estado de derecho. Pero eso no justifica el recurso al “y tú más” por la muy sencilla y poderosa razón de que ambas partes no son iguales. Nunca serán iguales quienes luchan por la libertad y quienes lo hacen contra ella, quienes quieren emanciparse y quienes sojuzgar a los demás. Quienes aspiran al pleno uso de los derechos nacionales no pueden recurrir a los mismos procedimientos que quienes quieren suprimirlos
Las desafortunadas declaraciones de Vidal comprometen a ERC, a JxS y al conjunto del bloque independentista porque afectan al comportamiento de las instituciones. Los responsables no deben ser reticentes a la hora de disipar dudas, evidenciar la falsedad de las sospechas, mostrar la limpieza del gobierno y sus departamentos. La oposición, incluida la más reaccionaria y xenófoba, está en su derecho de exigir cumplidas explicaciones y el gobierno catalán está en el deber de proporcionarlas. Las comparecencias de las autoridades en sede parlamentaria no deben ser obligadas, sino voluntarias. Y si llegara a demostrarse, que incurrieron en ilegalidades o actitudes reprobables, deben asumir su responsabilidad ipso facto y actuar en consecuencia. Son las personas responsables quienes deben pagar por ello so pena de que lo haga el proyecto.

La Constitución de la República Catalana, de la que el juez Vidal es uno de los corredactores, como el proyecto de emancipación nacional a que aspira no puede fundamentarse en comportamientos dudosos y actividades que no puedan hacerse públicas sin suscitar la suspicacia y el temor de la ciudadanía.

Vidal-Quadras explica en twitter que, cuando se abandona la protección del Estado de derecho, cuando se va contra la ley, la única solución es la fuerza. Es una amenaza obvia. Aunque cabe discrepar de la idea de la ley y el Estado de derecho que profesa el exeurodiputado del PP, en un sentido realista solo cabe darle la razón. Ir contra ley, por inicua que esta sea, es arriesgarse a sufrir el uso de la fuerza, que a nadie agrada.

Por eso es muy importante que todas las actuaciones del gobierno catalán sean escrupulosamente legales, para ajustarse al enunciado de Puigdemont “de la ley a la ley”. Es esencial que, al llegar el momento crucial de la confrontación política del referéndum, el Estado no haya recurrido al uso de la fuerza, amparado en una supuesta ilegalidad previa. Que se atreva a declarar ilegal el referéndum, a su vez amparado en una legitimidad que tiene un amplio reconocimiento interior y exterior.