Buen fin de año que viene

Traigo lo que se llama una "comparativa" de dos lenguajes que señalan dos mundos distintos; dos lenguajes excluyentes. Si Rajoy cumple su voluntad de gobernar él los cuatro años, Puigdemont no podrá hacer el referéndum. Si Puigdemont consigue hacer el referéndum es poco probable que Rajoy gobierne más allá de septiembre. Poco probable, no imposible, porque Rajoy está probando que para él no hay imposibles. Que su vida es un firme acto de voluntad, ya que no de razón.

¿Con qué medios cuenta Rajoy para frustrar el referéndum catalán? Aparte, naturalmente de su reiterada negativa a darle vía libre con el escueto argumento de que no puede hacerse porque la Constitución no lo permite. Tiene muchos, desde luego, algunos ya está usándolos como la supuesta "guerra sucia" desde el ministerio del interior o la persecución judicial de los independentistas y su hostigamiento. El juez Ismael Moreno, un expolicía del franquismo tardío, magistrado de la Audiencia Nacional, el que instruyó la causa contra los titiriteros, ha mandado traer a Madrid esposado al independentista Joan Coma a declarar acerca de una metáfora sobre que para hacer una trucha, hay que partir los huevos. A lo mejor lo que se le reprocha a fuer de contumaz independentista catalán es que diga "trucha" en vez de "tortilla", que es para lo que se parten los huevos en el imperio. (Me advierten amables lectores que en catalán "truita" es tanto "trucha" como "tortilla". Pues más divertido aun si cabe. Ya decía yo que no encajaba bien lo de los huevos con la trucha). 

No se crea que los medios a disposición de Rajoy tengan todos este nivel. Los hay serios. El procesamiento de las autoridades de la Generalitat, empezando por Carme Forcadell, por presuntos delitos de desobediencia o prevaricación, apunta a empeños de más graves consecuenciass. Detrás de estas medidas judiciales puede llegar la aplicación del art. 155 según el cual el gobierno puede ordenar a las autoridades autonómicas el cumplimiento de la ley. Y, por descontado, también cuenta con la posible declaración de algún estado excepcional, en el caso de encontrarse con una actitud de desobediencia civil de las autoridades quizá apoyada por una mayoría de la población. Llegados a este punto se certificaría el absoluto fracaso del gobierno español que, por su absoluta cerrazón a toda forma de negociación, habrá llevado el conflicto a una situación sin salida. Una intervención excepcional de la autonomía catalana, manu militari o no, sería más de lo que la UE estaría dispuesta a tolerar. Asustadas las instituciones europeas por el bloqueo político de España, acabarán imponiendo una mediación que se basará en un referéndum, digan Rajoy y el nacionalismo español (PP, PSOE, C's) lo que digan. 

Muy pocos en Europa admitirán que se niegue a una minoría nacional de más de siete millones de personas el derecho a decidir por su cuenta. 

La Generalitat está articulando un buen argumentario político y jurídico para posibilitar una transición, como dice Puigdemont, de la postautonomía a la preindependencia. La independencia se dará después del referéndum.

En el supuesto de que gane el sí. En la actualidad, el sí y el no están muy igualados. Por ello, ese referéndum es el momento político más importante en el Estado. Prohibirlo y tener sojuzgada una comunidad en la que el 85 por ciento de la población lo reclama, no es de recibo. Admitirlo y atenerse a las consecuencias, sean estas las que sean, abriría el camino a la democracia en España.

Mariano, sé fuerte

La oposición tiene preparado un via crucis al presidente del gobierno. Acaba de arrancar la legislatura y ya está obligado a comparecer en el Parlamento, cosa que, en su anterior omnímodo mandato, solo hizo una vez, un primero de agosto y para mentir descaradamente. Los tiempos han cambiado y la mayoría parlamentaria también. Eso es decisivo. Tanto que el gobierno puede verse obligado a hacer lo que lleva más de cinco años sin hacer: rendir cuentas.

Esa comparecencia que se pedirá en la inevitable comisión de investigación sobre la financiación del PP  promete ser muy movida y provocar todo tipo de turbulencias. Siempre se ha dicho que un problema de las comisiones parlamentarias de investigación es que interfieran en procedimientos judiciales en marcha. Y aquí, justamente, se pedirá la comparecencia del presidente del gobierno para responder en una investigación sobre la financiación de su partido que los tribunales están juzgando por otro lado dentro del macroproceso de la corrupción Gürtel. En breves días se espera la declaración del mismísimo Bárcenas, de la que también podría salir una petición de que Rajoy declare en sede judicial. De hecho, quienes piden la comparecencia solicitan también a la presidenta de la cámara que recabe información de los juzgados y tribunales en los que se esté viendo este asunto.

Al mismo tiempo, es de notar que la petición de comparecencia se hace para declarar algo que no solamente está sub-iudice, sino que está siendo objeto de renovada práctica ahora mismo, como se prueba por el nuevo pufo del AVE a Murcia, 18 millones del ala que tendrán o no que ver con la financiación del partido cuyo presidente es llamado a comparecer.

Esta comparecencia amenaza con intensificar los conflictos. El PP o su presidente pueden intentar boicotearla amenazando con disolución y elecciones anticipadas y eso es lo último que quiere la oposición, en especial la de izquierda. Sus dos formaciones principales están inmersas en sendas luchas intestinas que sin duda tienen fondo político e ideológico más o menos fácil de entender pero que, en la sociedad mediática, aparecen como peleas personales: susanistas, sanchistas, pablistas y errejonistas son los trasuntos actuales de los fulanistas y menganistas de que hablaba Unamuno. Ir a unas elecciones en esas circunstancias sería suicida. Y en el PP lo saben, de modo que la comisión de investigación acabará pactándose.

No se olvide que en el horizonte de la política española está la nube permanente del independentismo catalán. Unas elecciones convocadas a lo largo de este año dejarían al país con el gobierno del PP de nuevo en funciones, esto es, según su propia doctrina, sin control parlamentario. Quizá lo que esté planeando ese mismo gobierno para enfrentarse a la llamada "cuestión catalana" con las manos libres

No saben qué hacer

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Para el título ("el problema lo tienen ellos") me he servido de una declaración realizada por el concejal de la CUP, Joan Com, detenido ayer en Vic y trasladado en un furgón policial a Madrid, a declarar ante la Audiencia Nacional en un oscuro proceso que se le sigue por algunas manifestaciones de carácter independentista.

Con ello se ponen ya todos los medios para escenificar una historia de persecuciones y ridículos judiciales. Una historia que recuerda aquellas escenas de independentistas vascos trasladados en furgones también a la Audiencia Ncional, con la muy substancial diferencia de que los independentistas catalanes son pacíficos y articulan su reivindicación democráticamente, a través del ejemplo y la desobediencia no violenta. 

Efectivamente, como dice Joan Coma, el problema lo tienen ellos, lo tiene el Estado a causa de un gobierno tan autoritario como incompetente.

A continuación, la versión castellana del artículo.

El problema lo tienen ellos

                                                                                                                             

El núcleo del discurso de Felipe VI en Nochebuena, el menos visto de la historia de estos mensajes, fue que la democracia descansa sobre el cumplimiento de la ley. En su cortedad mental, el monarca no alcanza a ver que está repitiendo como un loro las palabras de Rajoy, el representante de la derecha neofranquista más cerril. O quizá sí y le parezca muy bien poner la corona al servicio de la perpetuación de una teoría y una práctica autoritarias y antidemocráticas.

Porque, como sabe todo el mundo, excepto el puñado franquistas gobernantes, la democracia no surge de la ley sino de la voluntad del pueblo de la que, a su vez surge la ley. Si lo contrario fuera verdad, en España seguiría gobernando Franco, aunque fuese desde el más allá. En cierto modo, es lo que está pasando.

El discurso real apenas velaba su contenido amenazador para quienes no acaten esos postulados autoritarios. Muy especialmente, los independentistas catalanes a cuyas pretensiones contesta siempre el nacionalismo español con la obligación de acatar la ley. Una ley inicua e injusta en el caso de Cataluña, sometida a la tiranía de una mayoría española fundada en una Constitución, utilizada como arma de parte y que, en el fondo, nadie respeta.

Cuarenta y ocho horas después de las amenazas televisadas del Borbón, comienza la actividad represiva del Estado. La policía detiene al concejal independentista Joan Coma y lo traslada en un furgón a la Audiencia Nacional. Este hecho tiene un enorme valor simbólico. Cuando ETA mataba, el Estado aseguraba que, de haber paz, podría hablarse de todo. Entre tanto, la imagen de los telediarios era el traslado de independentistas vascos en furgón a la Audiencia Nacional de Madrid. En Cataluña nadie ha disparado un tiro, pero tampoco se puede hablar de nada. Ya se ha puesto en marcha la lanzadera de furgones de independentistas camino de la Audiencia Nacional de Madrid sin que haya habido más atisbo de diálogo que la campaña de propaganda del gobierno de estar dispuesto a él siempre que los demás claudiquen.

Detrás de Joan Coma vendrán otros, a no dudarlo y, dado el arraigo del independentismo en Cataluña los represores van a tener que sustituir los furgones por trenes. Esperemos que no de mercancías.

Coma afirma en un vídeo que son ellos, los represores, el Estado, el nacionalismo español, quienes tienen un problema. Es cierto, y con el agravante de que lo ignoran y, además, no pueden hacer nada distinto porque por su talante franquista y su falta de legitimidad (tanto del gobierno como de la oposición) carecen de margen de maniobra. Es verdad que el contencioso catalán podría resolverse mediante una simple negociación y un referéndum pactado, pero el nacionalismo español no negocia porque no sabe, no quiere y no puede. No sabe porque no lo ha hecho nunca; no quiere porque está movido por una catalanofobia profunda; y no puede porque la oligarquía teme quedarse sin Estado al que seguir expoliando.

Por eso son ellos quienes tienen un problema ya que están condenados a poner en marcha las medidas que acaban con la escasa autoridad de régimen de la tercera restauración que quieren defender. La Corona –bien claro lo ha dejado la intervención real- descansa en un bloque de poder dinástico formado por dos partidos de turnismo, uno de derechas y otro más de derechas, como siempre en España. La Constitución –que nunca ha sido un texto en vigor salvo para prohibir, reprimir y oprimir- carece de autoridad, reducida a la función de una hoja de parra para disimular las actividades antidemocráticas del poder central. El Tribunal Constitucional, intérprete de aquella, no es otra cosa que la correa de trasmisión de las arbitrariedades del gobierno a cuyo servicio se encuentra. El Parlamento, con una abrumadora mayoría del nacionalismo español es otro bloque al servicio de la perpetuación de la España de Franco, cuya ley quiere el monarca que acate todo el mundo.

El problema lo tienen ellos, sin duda, por encerrarse en un círculo vicioso de acción/represión. No va a haber furgones policiales ni trenes bastantes para trasladar a miles de independentistas a la Audiencia Nacional de Madrid, remedo del Tribunal de Orden Público de Franco. 

Entrevista a Palinuro en "La Mañana", de Lleida

Fue hace unos días, con motivo de la presentación de La República Catalana, en Barcelona. Por eso no se habla del discurso de Felipe VI. La entrevista es un género periodístico especialísimo, pues abarca todos los demás: es crónica y opinión y reportaje; es instantánea y también memoria. En fin, muchas cosas. Y cuenta bastante el/la entrevistador(a). El grado de implicación e interés personal en el tema. Muchas cosas. De esta sé decir, al releerla, que debe de ser de las más completas a las que he respondido. Se iba a hablar de libro y se hizo tan cumplidamente que quien la lea, habrá leído un resumen en el que no falta nada esencial. Y, además, se desbordó y acometió dos o tres asuntos más que sirven de contexto para dar perspectiva a lo que en ella se trata.

Incluyo aquí la versión castellana:

PP.¿ Cómo fue la presentación?

RR. Muy bien. Fue un acontecimiento. El teatro estaba lleno, capté mucho interés. Puigdemont estuvo muy bien ... había preparado el terreno antes haciendo unas declaraciones diciendo que no haría declaraciones. Con lo cual, toda la prensa y todas las televisiones estaban allí. Además -y conste que no habíamos preparado nada juntos por la presentación- fue muy curio- so, porque tanto lo que dijo él como lo que yo dije se complementó, como una especie de discurso unitario espontáneo.

PP. El libro está a punto de ver la tercera edición.

RR. Sí, señora.

PP. ¿Se esperaba este éxito? Porque mayoritariamente se debe vender en Cataluña...

RR. Por supuesto. Pero por el Estado ya empieza a difundirse. Para mal, claro. El otro día García-Trevijano me llamó de todo a raíz del libro, porque como él sostiene el "monopolio de la teoría republicana mundial", ni el título ni el contenido del libro le gustaron. Lo cual me complace: que del libro hablen bien en Cataluña y mal en España es justo lo que esperaba.

PP. La primera parte del libro es un repaso histórico donde usted pone en entredicho el concepto de nación española.

RR. Es que hablamos impropiamente de este concepto. La nación no es un concepto: es un sentimiento. Los conceptos son racionales, sobre los sentimientos, sin embargo, no se puede legislar. Se es nación o no. Y como se es? Sólo por el hecho de que haya un colectivo de gente que se siente nación: datos objetivos no hay. Ni la lengua es determinante. Los suizos hablan cuatro y se sienten nación. Y a la inversa: América Latina está llena de naciones todas con la misma lengua. La nación es una construcción post facto de un sentimiento. Si no hay sentimiento, no hay nación. Si hay sentimiento, hay nación. Y lo más divertido del caso: no se puede extirpar. ¿Cuántos siglos lleva Castilla tratando de asimilar Cataluña a un marco castellanohablante? ¿Cuántos siglos hace que intenta impedir que los catalanes hablen catalán? Desde siempre. ¿Lo han conseguido? Pues mire, no.

PP. Habla del proceso catalán como un logro de "la multitud inteligente".

RR. No es un concepto mío, sino de un teórico de las redes, Howard Rheingold, que con las smart mobs pone el dedo en la llaga. Explica que la comunicación universal ha hecho que la acción colectiva, que siempre ha existido, se haya desbordado. El acceso a la información es prácticamente gratuito y en tiempo real. Esto permite grandes movilizaciones colectivas, con una diferencia con las que había antes de internet. Entonces había un gran desprecio a la acción colectiva, porque se entendía que las multitudes eran irracionales y que la historia la movían egregias personalidades: la teoría de las élites. Mientras que las masas eran estúpidas, manipulables, se podían engañar con facilidad. Rheingold muestra que las acciones colectivas de ahora están informadas y son inteligentes, con objetivos concretos y bien articuladas. En Cataluña, si miras el desarrollo de la acción colectiva, a partir sobre todo de la sentencia del TC de 2010, la nación reacciona, sea en el número que sea. De momento, son millones. Con el cepillado en el Estatuto, los catalanes ven que doce individuos, a los que nadie ha elegido, deciden que no sois una nación. Y la consecuencia ha sido una rebelión de carácter cívico, colectivo e ... inteligente. No se trata de masas irracionales movidas por el fanatismo, en absoluto; se mezclan acciones políticas con civiles. Me atrevería a decir que en buena medida se nota el peso de la sociedad civil en que se refrenan las habituales tonterías de las fuerzas políticas. Si no hubiera existido Òmnium Cultural, ANC y la AMI, entre muchos otros colectivos, las habituales riñas hubieran derrochado el proceso. La cordura de la sociedad lo ha ido dirigiendo.

PP. ¿Se refiere al "paso al lado" de Mas?

RR. Es un ejemplo. En este asunto hay que hacerle un reconocimiento al ex. No es muy frecuente que un político tome una decisión que implique una renuncia a una ambición política absolutamente legítima, en función de un interés colectivo. No hay que olvidarlo. La decisión de Mas fue de extraordinaria altura política y moral y revela una personalidad fuera de lo común.

PP. Usted recuerda que Mas no viene de una tradición independentista.

RR. Exacto. Hay que subrayarlo, por meritorio. Como ha salido de la primera plana política, corremos el riesgo de olvidarlo. Si Mas se hubiera empeñado -como hace Rajoy- en continuar siendo presidente, no habría habido acuerdo en la formación de gobierno.

PP. En el libro explica que Europa exigirá un referéndum.

RR. Hay tres posibilidades, de las que una es la más verosímil, avalada por la experiencia. La primera es que Europa nos diga lo que tenemos que hacer, porque no nos ponemos de acuerdo. Esto no lo hará, porque no hay autoridad en Europa que pueda atribuirse esta función. Otra es dejar que lo arreglemos solos. Tampoco, porque no es operativo. La tercera, la más razonable: tomar cartas en el asunto para que las dos partes interesadas lleguen a un acuerdo, ya que por sí solas no podrán; habrá un árbitro. En la práctica de la mediación internacional, normalmente, se piden datos objetivos: ¿cuántos sois los que deseáis independizaros? Y eso sólo se puede hacer mediante un referéndum. En lugar de utilizar términos que no significan nada como "la mayoría silenciosa", es necesario que nos dejen contarnos.

PP. El TC ha vetado de nuevo el referéndum, sin embargo.

RR. Sí. Y horas antes -y después- se llenan la boca con los términos "negociación" o "diálogo". El TC está absolutamente desprestigiado, es una correa de transmisión del gobierno.

PP. Dice que la expresión "derecho a decidir" es un eufemismo.

RR. Es que es el derecho a la autodeterminación. Pero se utiliza más suavizado, visto lo que se tiene delante y, sobre todo, para evitar la pedantería de mis colegas, que enseguida se ponen estupendos hablando de "la no legitimidad de la autodeterminación". Es un eufemismo para tranquilizar a la fiera.

PP. Habla de la cultura política catalana, muy diferente de la española.

RR. Porque está mucho más presente el sentido de la negociación, el pacto, el acuerdo. Y una tradición multipartidista que en el Estado no existe. ¿Cuáles son los partidos políticos más antiguos que actúan en el Estado actualmente? El PSOE, PNV, PC y ERC. Todos anteriores a la Guerra Civil: dos de las nacionalidades históricas y dos de izquierda. Los de derechs son nacidos después de Franco. En Andalucía, Castilla, Extremadura, bipartidismo. En Cataluña y en el País Vasco, multipartidismo, a veces extremo.

PP. De los más recientes, Podemos, nació del 15M y algunos de sus dirigentes fueron alumnos suyos.

RR. Han sido alumnos míos y, además, amigos. Ahora están un poco enfadados, pero ya se les pasará. El partido ha sido engullido por su mala cabeza. Querían -y mí me ha parecido muy bien y los he apoyado en ello- articular una tercera vía de izquierda entre los comunistas y los socialdemócratas. Aquí existe un espacio político que, bien articulado, puede dar sorpresas. El PSOE es un partido muy aburguesado, como el PSC. Por no hablar de González y de Guerra que ya están prácticamente a sueldo del PP. El PCE, por otro lado, está anquilosado en unas fórmulas tan antiguas y tan poco atractivas que incluso él mismo se ha cambiado el nombre por Izquierda Unida. Se presenta como disfrazado. ¿Cuánto hace que no se presenta como PCE? Más de 30 años, porque ellos mismos se dan cuenta de que decirse comunista les quita votos, por las reminiscencias de la URSS, Cuba, China. Podemos era un intento de trazar una línea de izquierda radical no absolutamente revolucionaria pero tampoco reformista ni aburguesada. ¿Qué les ha pasado? Que en el primer tropiezo que sufrieron, en las elecciones de diciembre, buscaron el apoyo de los comunistas, de donde parten. Y esto ha sido un grave error, porque el votante ve que son una IU camuflada.

PP. ¿Los egos le están jugando una mala pasada?

RR. No sé si es buena o mala. Que no salga un proyecto viciado apenas empieza es una ventaja para todos. Pero sí hay un egocentrismo en todos ellos, lo que, por otra parte, es lógico. Chicos jóvenes que hacen un grupo y de pronto se encuentran cinco millones de votos no pasa todos los días. Esto los ha emborrachado.

PP. En Comú Podem, en Cataluña, mantiene una posición ambigua frente al independentismo.

RR. Creo que es una postura táctica, inteligente desde su punto de vista. El Podemos español eso de Cataluña no lo entiende: recordemos las declaraciones de Iglesias en Cataluña diciendo a la gente que recordasen de dónde venían sus abuelos. Demostró mucha ignorancia sobre el lugar que pisaba. Tienen la actitud tradicional de los comunistas de ganar por la izquierda a los socialistas diciendo que son partidarios del derecho a decidir. Pero cuando los pones en la tesitura de qué pasaría si ganara el sí, te dicen que esto no sucederá: apoyan el derecho a la autodeterminación siempre que no se haga y si se hace, que salga lo que les conviene. Pero esta posición es muy difícil de vender en Cataluña -proponer el derecho a la autodeterminación para no ejercerlo y, si lo ejercemos, para perderlo- se traduce en este discurso ambiguo de Colau o Domènech. ¿Cómo puede decir este último que es soberanista pero no independentista? Esto no lo entiende nadie. Es demagogia, pero puede hacer mucho daño. Hay una bolsa de votos de izquierda que no está totalmente de acuerdo con la independencia y que se sentiría atraída a una opción soberanista (entendiéndose por soberanista lo que se quiera). El voto independentista muy justito. Si se le arañan cuatro o cinco puntos porcentuales, lo destroza. La importancia del enemigo se mide en función del daño que pueda hacer.

PP. Colau ha ido a la cumbre.

RR. Se ha apuntado con la excusa de que la voluntad de los españoles es cero porque el TC lo ha tumbado. Los independentistas no pueden decir que no. Pero, en mi opinión, proponen un referéndum negociado, pactado ... inviable.

PP. En el libro habla de los intelectuales -de partido y orgánico- y los medios de comunicación. ¿Por qué hay tan pocos intelectuales españoles que ven con buenos ojos el referéndum? Suso de Toro, Javier Pérez-Royo, usted ...

RR. No, no. Sólo yo. Saca a Suso, que dijo que ya no quiere hacer más declaraciones al respecto y es muy respetable. Javi entiende el problema, pero no quiere hacer predicciones. Los intelectuales somos un grupo muy sensible a las relaciones con el poder de todo tipo: político, mediático, económico. Dependemos muy a menudo de las subvenciones y los premios. Vivir en España y ser partidario de los derechos de los catalanes a decidir lo que quieran ser está muy mal visto.

PP. Ha recibido presiones o se siente aislado?

RR. No, estoy encantado de la vida. Ten en cuenta que a mí me ha pasado siempre y no sólo en el tema de Cataluña, con todo. Siempre he sido la oveja negra, hasta el punto de que hay gente que dice: si todo el mundo comparte una opinión ¡vendrá Cotarelo y dirá justo lo contrario! Pues es posible. En los años noventa me preguntaron porque siempre estaba nadando contra corriente. Caramba ¡Porque se hace músculo! A favor de la corriente va incluso un trozo de madera.

PP. ¿Qué opina de lo que dijo Rajoy a su militancia durante la cena de Navidad: "nos vemos pronto en las elecciones"?

RR. Sí. Catalá hace poco dijo: "seguir trabajando para perfeccionar nuestro sistema de corrupción". O Cospedal hace unos meses: "nosotros somos los que mejor robamos". No son lapsus. ¿No ves que son franquistas? Están acostumbrados a gobernar por "ordeno y mando", por decreto ley. Esto de que todos los proyectos deban pactarlos con la oposición, aunque sea la socialista, los saca de quicio. Cuando puedan, convocarán elecciones, mucho me temo...

La Patria en peligro

Me recordaba ayer mi amigo Javier Paniagua en plan de guasa, que él se mueve siempre por el espíritu 4, "de unión y socorro" de la Legión, A la voz de ¡A mí La Legión!, sea donde sea, acudirán todos y, con razón o sin ella, defenderán al legionario que pida auxilio. Lo que en Javier eran bromas, en Aznar son veras. Aznar siempra va de veras. Hasta gastando una broma es una broma seria, trascendental. Está movido por un espíritu de caballero legionario. Y un sentido del deber que se agudiza cuando ve a la Patria en necesidad o peligro. Estados que aprecia él libérrimamente.

Ya le han salido seguidores, los de Hazte Oír, la web del ciudadano activo que pide al prócer alce facción con un nuevo partido. La extrema derecha al moderno estilo Trump quiere imponerse, arrebatar la iniciativa a una derecha corrupta y acomodaticia que ha sacrificado los principios a las conveniencias hasta el punto de ofrecer diálogo a los separatistas y permitir el aborto libre. Si se le pide, Aznar vuelve. En el fondo, está pidiendo que se lo pidan. El héroe de las Azores, el comunicador del 11M, el ideólogo de la derecha sin complejos, quiere ser el salvador de España, el garante de su integridad; una España única, nacional-católica, neo-liberal y firme defensora de los valores atlánticos. Y él, el líder de la Nueva España.

Una extrema derecha de ese jaez absorbería seguramente formaciones como Vox, mientras el PP lo haría con C's, y dividiría el bloque general de la derecha. El panorama sería de cuatro fuerzas relativamente equilibradas: una extrema derecha integrista, una derecha posibilista, una izquierda reformista y otra radical. Eso en la medida en que todas ellas (especialmente las dos izquierdas) consigan clarificar sus posiciones ideológicas.

Y cuando lo hayan hecho, si lo hacen, aparecerá el fantasma del independentismo catalán, la llamada "cuestión catalana", para la cual ninguna de las cuatro fuerzas parlamentarias españolas tiene una solución satisfactoria, satisfactoria para ellas, naturalmente. La que más se aproxima, a juicio de Palinuro, es Podemos, que admite un referéndum, si necesariamente pactado con el Estado o no, no lo tengo claro. 

La imposibilidad de encontrar una solución pactada a esta situación (lo que llevará a los independentistas a los actos unilaterales) se echa de ver en la famosa sentencia de Aznar, "antes se romperá la unidad de Cataluña que la de España" de la que se deduce la absoluta incomprensión del problema por parte del nacionalismo español. ¿O no está claro que, si uno cree que Cataluña es España, al romperse Cataluña se rompe España?

No hay solución porque ninguna de las tres fuerzas reconoce a los catalanes la condición de nación. Esa se la reservan para quienes ellas consideran que forman la nación española. Una actitud que trae su fuerza de sus firmes convicciones y del art. 2 de la CE. Si se reconoce condición nacional a alguna minoría que no se conforma con ser tildada de "nacionalidad", se hace insistiendo en que es afectos culturales y folklóricos, pero no políticos o jurídicos. 

La cuestión es cuánto tiempo podrá sostenerse esta ficción, sobre todo si la minoría nacional se obstina en ejercer el derecho a decidir mediante un referéndum con consecuencias políticas y jurídicas.  

Mal camino

Según van las cosas en las relaciones entre el gobierno del Estado y la Generalitat es extraño que nadie haya sacado ya a relucir el famoso juego "del gallina", en el que pierde el primero que se aparta para evitar el choque entre dos vehículos en la misma dirección y sentido contrario. Es un ejercicio de acción/reacción en el que está ausente cualquier intento de entendimiento del Estado, por más que el gobierno lance llamadas al diálogo.

Ayer, dos secretarias judiciales del TSJC se personaron en el Parlament a notificar un apercibiemiento del órgano judicial a los miembros de la mesa que votaron en el sentido que lo hizo la previamente encausada Carme Forcadell, y hasta a uno que se abstuvo. 

Hay algo simbólico en esto. Un tribunal irrumpiendo en un parlamento a instancias de la abogacía del Estado a las órdenes del gobierno deja tambaleándose la doctrina de la división de poderes. Además de probar que la oferta de diálogo no significa que el gobierno vaya a cejar en su tendencia a tratar por lo judicial y penal un problema político. El argumento es que solo pude haber diálogo dentro de la legalidad y el dialogante gobierno es, al mismo tiempo, el responsable de que aquella se cumpla.

En esas condiciones de incremento de la presión represiva del Estado, es fácil vaticinar que en respuesta del juego del gallina, aumenten en influencia dentro del bloque independentista los partidarios de acortar los plazos e ir a la unilateralidad antes de lo previsto. El argumento es que más vale hacerlo ahora que esperar a unas condiciones más crispadas y precarias. 

No hay otra salida que el referéndum pactado. La imagen de un país de la EU en el que se encarcela a los representantes populares por dar cumplimiento al mandato de sus electores, simplemente, no es concebible.

La extrema derecha se separa de la derecha extrema

El desplante final de Aznar presagia tormenta. Primero desvinculó la FAES del PP y la convirtió en baluarte privado de la ideología neoliberal, confiado en las aportaciones voluntarias de sus clientes naturales, los del dinero. Luego se desvincula él mismo de los deberes patrios de partido. El paso siguiente es alzar bandera con un programa de restauración de los recios valores de la ultraderecha, sobre todo en cuanto a Cataluña, pero también en cuanto a otras blandenguerías de Rajoy y demás gentes de la derecha vergonzante. Una nueva reacción de la "derecha sin complejos" a la que seguramente se adherirá Aguirre. O sea, un programa de un partido nuevo, de extrema derecha. Se acabó aquello de decir que en España la extrema derecha estaba en el PP. Ahora está en contra del PP.

Los ex-presidentes de gobierno tienen destinos muy distintos. Dejando aparte los dos primeros, ya fallecidos, González se ha convertido en una especie de Kurtz, de Conrad; Aznar, en un guerrero integrista atlántico que anda, como siempre, batallando; Zapatero, aún indeciso, parece decantarse por conjuras del casino. 

Esa pulsión batalladora de Aznar en defensa de los valores occidentales impregna la trayectoria entera del personaje. Su presencia constante, sobre todo en momentos de crisis, con discursos intransigentes, recriminatorios y hasta amenazadores, le han fabricado una mala imagen y fama de agresividad. Eso pueden ser handicaps o ventajas, según se configure el proceso político en el próximo futuro. 

En España está articulándose un discurso autoritario en consonancia con el recrudecimiento de la extrema derecha estilo Trump o Le Pen. Pero en disonancia en un aspecto esencial, el de la xenofobia. Para la derecha española el peligro no viene de fuera sino de dentro. El enemigo no es exterior sino interior. Y lo que se exige es mano dura, represión de toda desobediencia, inhabilitacion, suspensión, estado de excepción si es necesario. 

Es obvio, sin embargo y da un poco repelús decirlo, que nadie en sus cabales cimenta el orden normal en la situación de excepción. Hoy, como en tiempos de Locke, el único gobierno legítimo es el gobierno por consentimiento. Si hay que imponer el consentimiento, la legitimidad se esfuma.

La división de la derecha reproduce en cierto modo la de la izquierda: dos extremas y dos más "moderadas" pero, en definitiva, muestra la incapacidad de los partidos para afrontar la situación real del país. Esta solo puede afrontarse ya en un encuentro multilateral con presencia de todos los intereses territoriales en igualdad de condiciones. Una situación que la derecha ni la izquierda españolas podrán jamás aceptar. Razón por la cual el conflicto no tiene solución, salvo que haya algún tipo de mediación internacional.

La agresión dialogante

Mi artículo de hoy en elMón.cat. La idea es que la alternancia en la acción del gobierno frente a la Generalitat del palo y la zanahoria no funciona porque hay palo, pero no zanahoria. La zanahoria del diálogo no es tal porque el gobierno excluye expresamente diálogo alguno sobre el referéndum que es, justo, el punto clave del diálogo para los independentistas. El diálogo es imposible. La zanahoria no existe. No hay más que el palo. La cuestión es hasta dónde llevará el palo el gobierno y hasta dónde la Generalitat la resistencia. 

A continuación, la versión castellana.

El diálogo agresivo

El gobierno de la derecha continúa considerando la llamada “cuestión catalana” como un asunto de orden público. La abogacía del Estado pretende procesar a la mesa del Parlamento catalán, concretamente a los miembros que secundaron la decisión de la presidenta Forcadell por la que esta ya ha comparecido ante el TSJC. Las decisiones políticas se entienden en clave penal y a las iniciativas de las instituciones catalanas se responde enviando a los guardias. Ánimo de entendimiento: cero.

A todo esto, el gobierno anuncia estreno de nuevo talante dialogante con Cataluña, sin que haya dato alguno que explique por qué quiere ahora lo que lleva cuatro años negándose a hacer: dialogar, negociar. Se trata de una medida táctica, propagandística, sin ningún crédito y, si lo tuviera, ya está ahí Aznar afirmando desde la FAES que todo diálogo con el independentismo es una traición al ser mismo de España. La derecha neofranquista sigue fiel al legado de su caudillo.

Los nacionalistas españoles de todos los matices hacen ver que las dos vías de actuación del Estado en Cataluña no son contradictorias, sino un ejemplo actualizado del palo y la zanahoria. El palo: el gobierno no está autorizado a dialogar ni negociar nada con quienes quieren partir España. Al contrario, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, porque la ley es igual para todos, cosa de Estado y no de mero gobierno. La zanahoria: siempre que se cumpla la ley, el gobierno será benevolente y dialogará si bien debe quedar claro desde el principio que no lo hará sobre el referéndum. Es decir, la zanahoria no tiene raíz ni hojas; no existe. Si no se puede dialogar sobre el punto de discrepancia sobre el que se ha de dialogar, ¿en dónde está el diálogo?

El mantenimiento e intensificación de la acción represiva del gobierno con o sin gestos de búsqueda de un terreno común demuestran que el independentismo debe mantener los compromisos de su hoja de ruta si quiere vislumbrar su meta. A medida que la ruta avance se multiplicarán los obstáculos de todo tipo (políticos, jurídicos, mediáticos, de guerra sucia, de conflictividad institucional, amenaza y extorsión) que dificultarán el trayecto. Para superar las turbulencias, la experiencia muestra que es básico mantener la unidad del bloque independentista. En ese sentido, las relaciones entre la CUP y JxS son esenciales para el mantenimiento de la trayectoria. En principio, lo habitual será que se diga que, cualesquiera diferencias que pueda haber entre sus sectores, deben pasar a segundo plano en pro de la unidad de acción.

Pero en política nada es permanente, rígido, sempiterno. Obviamente la unidad es un bien en sí mismo, pero no a cualquier precio. Si la conservación de la unidad se hace a expensas de que las fuerzas que las componen tengan que abandonar sus objetivos e incurrir en crisis internas, quizá no sea muy inteligente perseverar en ella. Y esto vale para todos los sectores implicados. Poner los intereses generales por encima de los de partido, grupo o fracción es propósito general, pero no siempre puede conseguirse. A veces, los conflictos de valores no dejan lugar a entendimiento alguno.

Frente a la intensificación de la acción represiva del Estado y las dificultades que puedan plantearse en el seno del independentismo, el gobierno de la Generalitat tiene un recurso que, por supuesto, abrirá una serie de imponderables: las elecciones anticipadas. Todo depende de hasta dónde esté el Estado dispuesto a llevar su acción represiva y el elemento coactivo. Si, al final, no es posible celebrar el referéndum por causa de fuerza mayor, la opción de elecciones anticipadas parece la substitución lógica. Pero habrá que ver antes en qué términos quedan las cosas, después de esa intervención coactiva del Estado y qué notas tenga. Y, sobre todo, cómo quedará el panorama político catalán, el más variable de todo el Estado y en el que se anuncia la acción de un nuevo partido, un país en común, que puede variar el equilibrio de fuera.

Pero, al mismo tiempo, también cobra sentido otra posibilidad que, desde luego, incrementaría notablemente la incertidumbre pero mantendría la iniciativa en el campo independentista. De no poder realizar el referéndum, en lugar de convocar elecciones anticipadas que solo servirían para prolongar la situación actual, la Generalitat podría proponer al Parlamento la votación de una DUI, siempre y cuando las relaciones entre ambas partes del bloque independentista lo permitieran. La situación política se clarificaría, la “cuestión catalana” se internacionalizaría y el Estado vería muy reducidas sus posibilidades de actuación, viéndose obligado por fin a tomar una decisión para la que no tiene margen en el orden internacional y que, en el nacional, probablemente le obligara a su vez a convocar nuevas elecciones.

Toma diálogo

Hace una semana la ratita hacendosa fue a la parte de los infieles con la buena nueva de que el gobierno ha descubierto las ventajas del diálogo. Dos o tres días después la presidenta del Parlamento de Cataluña comparecía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a declarar en un procedimiento que se le sigue por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional. Algunas buenas conciencias dicen que no hay contradicción entre los dos hechos, la declaración en el procedimiento y la conversión del gobierno al diálogo porque esta es posterior al encausamiento. Aunque sea promovido por él mismo, el gobierno no puede interferir en un procedimiento. La Justicia, ya se sabe, es independiente. Pero, dentro del respeto la independencia de la Justicia nadie puede negar la firme voluntad de dialogar del gobierno siempre que no sea sobre el referéndum porque, si se habla del referéndum, enmudece.

No hace falta medir la veracidad o mendacidad del gobierno en materia de diálogo. En el día de ayer -o sea, más de una semana después de que Sáenz de Santamaría se hiciera cargo de la operación diálogo con un discurso que puso a Aznar a dar bufidos patrióticos- la abogacía del Estado ha recurrido de nuevo al Tribunal Constitucional para ampliar la causa por desobediencia de Forcadell a cuatro miembros más de la mesa de la presidencia del Parlament por el mismo presunto delito. Hasta aquí llega la voluntad de diálogo del gobierno del PP; hasta nada. Porque si el procesamiento de Forcadell se decidió con anterioridad a la conversión al diálogo del gobierno, la nueva iniciativa de la abogacía del Estado es posterior. El Estado ofrece dialogar a aquellos a los que aspira a procesar, inhabilitar y, si es posible, encarcelar. O sea, de dialogar, nada. Seguir imponiendo. De hecho la vicepresidenta fue a Barcelona a poner sus reales -o virreales- y a entrevistarse con los suyos, C's, y los semisuyos, PSC, ignorando a la feroz tribu independentista. Poco crédito inspira esa oferta de diálogo. Vamos, que puede ignorarse sin más porque es una mentira.

Desde el punto de vista jurídico, probablemente, la petición de apertura de procedimiento por desobdiencia a otros tres miembros de la mesa del Parlamento esté muy puesta en razón porque viene a enmendar un yerro anterior, cometido por el mismo tribunal. La mesa del Parlamento catalán es un órgano colegiado, por tanto colectivamente responsable de sus actos. En todo caso, podrían salvarse quienes hubieran votado en contra, lo cual dibuja los cuatro responsables de la decisión impugnada. Lo que no tendría sentido sería procesar a la presidenta por un presunto delito del que serían cuatro los responsables. Adentro los otros tres; adentro el Parlament entero si es preciso; adentro todos los independentistas. Hágase la justicia, procésese a los millones que hagan falta en Cataluña. Hay que dialogar..

Jurídicamente así puede ser, pero políticamente la decisión de echar a los abogados del Estado encima de la mesa del Parlament es profundamente estúpida. Cuanto más se persiga a los representantes populares y más víctimas de la persecución judicial haya, más fácil será articular la defensa en contra y más fuerte y visible la adhesión de la gente. Las interferencias judiciales/penales no conseguirán devolver a Cataluña a una condición de Comunidad Autónoma. En cambio mantendrán vivo un espíritu independentista con cada vez mayor causa por la que luchar mientras que el Estado no tiene nada que ofrecer como no sea el inmovilismo.

Sigan ustedes dialogando.

Vuelve la trampa saducea

Prefiero esta expresión antes que la manida referencia al lampedusismo de esta propuesta de reforma. Sí, la expresión que revitalizó Torcuato Fernández Miranda al inicio de la Transición. Porque esta iniciativa de poner en marcha una reforma de la Constitución vigente es como una máquina del tiempo. Nos lleva hacia atrás. Y a cometer los mismos errores que en la Transición.

En efecto, el primero de todos fue aceptar que unas Cortes elegidas como ordinarias, se autodesignaran constituyentes, sin un mandato popular expreso en ese sentido. La Constitución fue obra de un cuerpo legislativo no constituyente sino constituido y de acuerdo, parcialmente, con una legislación que él mismo derogaría. El poder constituyente de aquellas Cortes era el franquismo y así puede verse en la edición príncipe de la Constitución, que luce el escudo franquista. La situación es muy parecida. Unas cortes elegidas el pasado 26 de junio en unas elecciones generales ordinarias se autodeclaran constituyentes por cuanto encaran la reforma de una Constitución que, según ella misma admite y regula, puede ser total sin que ninguno de los partidos llevara este propósito en su programa. Es decir, como las Cortes de la transición, abordan una acción para la que están legitimadas, desde luego, pero para la que no tienen un mandato expreso del pueblo. Ese en el que, según se dice, reside la soberanía.

El debate puede iniciarse, máxime si, como según parece, ya han acordado sus límites los dos partidos dinásticos. No servirá para gran cosa, salvo para tener entretenidos a los medios y los auditorios con cuestiones bizantinas y soslayar los problemas reales e inmediatos, el primero de los cuales es la llamada cuestión catalana. Desde el momento en que el referéndum y la autodeterminación quedarán excluidos, los independentistas perderán interés en la quisicosa y proseguirán con su hoja de ruta, cuya realización hará saltar por los aires la reforma por irrelevante. También fuera, según parece, queda la conservación de la Monarquía frente a la reivindicación republicana. Otra exclusión que también afecta a Cataluña porque el independentismo es republicano. Y de tocar el estado de privilegio de la Iglesia católica, de Estado dentro del Estado, ni se mencionará.

La reforma de la Constitución es hoy necesidad sentida por todos los partidos, incluido el PP, cuya respuesta a la iniciativa reformista fue siempre negativa, a pesar de tratarse de un texto que un buen puñado de sus fundadores rechazó en la votación originaria. Se quiere una reforma cosmética, que no afecte a los cimientos de la Constitución, que se limite a tocar aspectos parciales como el Senado, el régimen autonómico, quizá el sistema electoral, el título relativo a derechos y algunas cosas más.

Sin embargo, la actual crisis institucional parece exigir una reforma de mayor calado porque lo que está en cuestión, precisamente, son los fundamentos de la Constitución. Sería mucho más práctico y honrado con los ciudadanos disolver estas Cortes y convocar elecciones constituyentes, a las cuales los partidos presentaran sus programas específicos de reforma constitucional. De modo que ningún partido ni propuesta se vea sometida a la trampa saducea de rechazar una reforma por la que sin embargo aboga.

Esa convocatoria cogería al PSOE en el marasmo. Pero podría recomponerse rápidamente si la izquierda fuera capaz de ponerse de acuerdo en un programa electoral que incluyera la plurinacionalidad del Estado y la forma de ponerla en práctica, empezando por la realización de un referéndum contra la cual no hay razones válidas. Si, además, vamos al referéndum sobre República/Monarquía y la situación de la Iglesia, miel sobre hojuelas.

La flecha ya está en el aire

Dos mujeres fueron ayer las protagonistas de la jornada pública, política; una en el Noreste, Carme Forcadell, y la otra en el Sur, Susana Díaz; una por un motivo, la otra por otro. Pero las dos se encuentran en el centro de sendos muy apasionados debates, con detractores y enemigos acérrimos y seguidores y partidarios incondicionales.

Carme Forcadell convirtió su comparecencia ante el TSJC en un acto político de afirmación de los derechos del Parlamento. Acompañada por la plana mayor del independentismo gobernante, solo respondió a las preguntas de su abogado e hizo afirmaciones de calado que pretenden romper el estrecho marco de unas diligencias judiciales para plantear un conflicto de legitimidades, soberanía parlamentaria, libertad de expresión, inmunidades de los representantes populares, etc. Quizá no esté muy bien ordenado conceptualmente pero sirve para articular un mensaje de carácter simbólico: la nación catalana agredida por el Estado a través de un Tribunal Constitucional cuya legitimidad  no reconocen las autoridades de la Generalitat.

Es una situación de crisis institucional con elementos de desobediencia que remite a un orden de ideas con muy buena prensa en la conciencia occidental: la lucha por la emancipación nacional. Le hacía falta una imagen, un símbolo icónico. Ya la tiene. Así como Mas llegó a tomar visos mosaicos cuando condujo a su pueblo al 9N, primera parada en el camino a la tierra prometida, Forcadell es una especie de Marianne actualizada y, como la francesa, una alegoría de la República, en este caso, la República Catalana.

Cualquiera sabe que llevar los conflictos al terreno de lo simbólico y sentimental y fomentar la creación de mártires, héroes, heroínas, en el bando contrario no es muy avisado. La potencia mediática de las imágenes de símbolos agredidos, representantes procesados, supera las más refinadas técnicas de comunicación política a la que pueda recurrir la otra parte. La historia de David y Goliat mantiene toda su fuerza; aunque quizá aquí fuera más de aplicación la de Judith y Holofernes, en sentido simbólico, por supuesto.

La bravura en el comportamiento de Forcadell, el apoyo social e institucional que tuvo, permiten augurar una etapa de creciente conflicto por vía de acción reacción que no se ve cómo podrá sortear el gobierno con su huera oferta de diálogo.

En todo caso, lo dicho, "la flecha ya está en el aire". No en el sentido del libro de Ismael Grasa (La flecha en el aire), que viene de Zenón, sino en el de Atahualpa Yupanqui: "La flecha ya está en el aire/para llenarse de sol".

Presentación teatre Romea (1ª) parte

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Aquí está por fin, el vídeo completo de la presentación de "La República Catalana" en el teatro Romea, Se divide en dos partes. La segunda, más abajo.

Una proeza técnica de mi amigo Bernat.

Presentación del teatre Romea (II parte)

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Lo dicho, segunda parte. Y bastante más larga.

Moltes gràcies, Bernat.

Abriendo camino al diálogo

Mañana comparece ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell,  a declarar por una supuesta desobediencia a una providencia del Tribunal Constitucional. Ayer, sin embargo, este mismo Tribunal comunicaba a la misma presidenta que se suspende cautelarmente otra medida de su Parlamento y la apercibía de las desagradables consecuencias, incluso penales, que tendría una nueva desobediencia. ¿Quién dijo que los tribunales son lentos? El Constitucional, como se ve, es raudo como una centella cuando le interesa y también parsimonioso como el olivo cuando le interesa al gobierno. 

Desde que este tomó posesión, viene anunciando una consistente voluntad negociadora. Parece, incluso que hasta se hubiera enterado de que la situación ha llegado a este punto por su obstinación en cerrar toda puerta de diálogo. Quiere evitarla.  Ahora la hay, asegura. Y, para mostrarla se aceleran los procesos judiciales contra todo tipo de independentistas.  Suele decirse que esos procedimientos judiciales no dependen del gobierno y siguen su curso con independencia de este. Es una fábula. Es el gobierno el que insta la acción de los tribunales, bien recurriendo al constitucional todo suspiro del Parlamento de Cataluña, bien instando la acción de la Fiscalía para que "afine" lo que al gobierno le interese.

Por eso no es creíble la oferta de diálogo del gobierno, porque afirma su voluntad de seguir con la acción represiva, a la que llama "cumplimiento de la legalidad" pero no es otra cosa que la legalidad de la "ley del embudo". Es más, el propio gobierno, por boca del presidente, ha enumerado todos los asuntos en las que está dispuesto a dialogar y que coinciden con todos los de su programa electoral y obviamnte, le importan tanto como ese mismo programa. Solo le ha quedado uno en el fondo de la caja, uno sobre el que no está dispuesto a negociar: el referéndum. 

Pues ya está. Se acabó: si no hay referéndum, no hay diálogo. Todos podían haberse ahorrado las consideraciones en público. Pero que no haya diálogo no quiere decir que las partes no sigan actuando. Continúan haciéndolo pero sin hablar. En estas condiciones de intenso diálogo, los independentistas dicen que el referéndum se hará diga el Tribunal Constitucional lo que diga. La verdad es que dada la inexistente autoridad de este órgano, convertido en correa de transmisión del gobierno, no es de extrañar el propósito del independentismo. Y entonces aparece la vicepresidenta del gobierno y virreina de Cataluña, Sáenz de Santamaría a decir, amenazadoramente, que el gobierno dispone de medios para que el referéndum no se realice.

¿Queda claro? No hay diálogo. 

Por eso resulta absurdo el enfado bíblico de los pensadores del Think Tank de la FAES, encabezada por el siempre malencarado Aznar. Acusan al gobierno de haberse entregado ideológicamente a los que quieren romper España. Lo acusan de aceptar un complejo de inferioridad por someterse al mundo conceptual del adversario. O quizá no sea tan absurdo. El "NO es NO" de la FAES  a negociar nada con separatistas o quienes le hacen el caldo gordo es la habitual intemperancia del personaje con su ridícula prosopopeya. Pero sigue siendo lo mismo: no hay diálogo. 

El camino está cegado. Como siempre.

"La República Catalana" en el Romea

El acto de presentación de La República Catalana en el teatro Romea de Barcelona estuvo muy bien, aunque no me corresponda decirlo por razones obvias. Lo he leído por ahí, directamente en elMón.cat, que trae información cumplida. Como Salvador Cot, el director, estuvo moderando, la dirección del medio se disparó. Trae incluso una serie de fotos magníficas del gran Jordi Borràs, que lleva camino de convertirse en el mejor fotoperiodista del Estado. Dentro de unos días tendremos un vídeo gracias a la competencia de mi amigo B*** y colgaremos aquí para que el personal pueda hacerse idea de lo mucho que allí se habló. Lo pasé muy bien y creo que los demás también y los intervinientes, Carles Canut, actor y director de la Fundación Romea, Joan Carles Girbés, director de la editorial y los tres que compartimos el escenario, en especial Cot y Puigdemont, como puede verse en la foto. Aunque esa sensación de contento, me parece, es la habitual en el presidente de la Generalitat, dotado de un notorio sentido del humor tras el que se revela una clara y firme voluntad política.

Por mi parte hice una breve exposición del origen del libro, de cómo empezó todo hace más de cuatro años, cuando una mano anónima subió un vídeo a Youtube hecho con mis intervenciones en La tuerka sobre la cuestión catalana y terminó en el libro de marras. Una peripecia que estoy pensando escribir con algo más de detalle porque me sirvió para aprender mucho sobre el terreno. Me pateé literalmente la Cataluña profunda, la del litoral y el interior y sus provincias hasta entender la realidad de un pueblo y una cultura que tienen vida propia, que se expresan en su lengua y que se han mantenido así durante los siglos, a pesar de los intentos sistemáticos de asimilación del poder político y cultural castellano-hablantes. Que tienen conciencia de ser una nación.

En un momento de esta experiencia de aprendizaje, Carles Canut me preguntó hace tres años si quería protagonizar junto a él un diálogo sobre el derecho a decidir en el teatro Romea. Le dije que sí, claro. Como a muchísima gente, me fascina el teatro, y no iba a perderme la ocasión de subirme a un escenario.  Hablamos del título. Él quería que se llamara El dret a decidir porque, por aquellas fechas, todavía se discutía algo tan obvio, particularmente en España, en donde oficialmente se reservaba al llamado pueblo español y se negaba a todos los demás. Para mí, entonces, como ahora, el derecho a decidir era un eufemismo de derecho de autodeterminación, que se quería evitar porque suena muy de batalla. Le propuse La nación como espejo y, al final juntamos los dos, el mío como título y el suyo como subtítulo. Así vivimos una jornada inolvidable. Tres años después, parece, la nación es un espejo; el espejo en el que la nación se mira; su imagen, que es su realidad, pues la nación no es otra cosa que la conciencia que de ella tienen quienes la viven en sus etapas a lo largo de su evolución histórica. Y aquella nación de hace tres años es la que reclama hoy su correspondiente derecho a dotarse de un Estado que proteja su supervivencia.

¿Pudo haber sido ese Estado el Estado español? Pudo, desde luego. Tiempo tuvo todo el que quiso y el catalán es un pueblo muy fier de lui même pero, al mismo tiempo, pacífico y con espíritu de colaboración. Pudo. Pero no lo hizo. Muchos piensan que porque no quiso. Otros, porque no supo. Fuere como fuere, no lo hizo y ahora el independentismo pide que ese Estado sea independiente. Recuérdese que era segunda pregunta de la consulta del 9N, la primera reacción contundente frente a la desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional de 2010.

Se trataron muchas otras cosas, pero entiendo que lo más sensato es esperar a que tengamos los vídeos para subirlos y que cada cual se haga su idea. Porque, por supuesto, las intervenciones de Puigdemont son decisivas y merece la pena escucharlas y el ejercicio de profesión periodística de Salvador Cot, también.

El diálogo y los radicales

El gobierno está en actitud dialogante. Lo dice su portavoz, que algo sabrá de eso. A todos los efectos prácticos esa actitud dialogante se observa tan solo en que lo dice. Pero hace lo contrario. Los procesos judiciales de una buena cantidad de independentistas siguen adelante. La presidenta del Parlament está citada a declarar ante los jueces el próximo día 16. Puede que haya diálogo, pero será entre imputados, investigados o acusados y jueces. No debe de ser este el diálogo al que se refiere el ministro. Pero el que él dice, no se ve.

Considera el ministro que la convocatoria del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir (PNDD), un organismo creado hace unos años a instancias de Artur Mas con la idea de tejer un movimiento cívico-político, es un acto unilateral. Da gusto ser gobernados por gentes tan esclarecidas. Unilateral es todo lo que viene haciendo el movimiento independentista y la Generalitat luego desde hace años. El ministro no puede ignorarlo. El mayor acto unilateral hasta la fecha tuvo lugar el 9N de 2014, cuando él era ministro también, aunque de otra cosa. Unilateral es el proceso independentista y no parece que hasta la fecha el gobierno haya hecho algo para que deje de serlo, es decir para dialogar. Porque, con decirlo, obviamente, no basta.

Y es difícil dialogar con alguien que razona tan malamente. Esa acusación de que la convocatoria del PNDD se debe a la fuerza de la CUP, cuyos diez votos necesita Puigdemont para aprobar los presupuestos mueve a risa. El uso del término "radical" es muy significativo. Tiene gracia escuchárselo a un gobierno que ha dado pruebas de un radicalismo atroz durante cinco años, aunque en un sentido opuesto al que pueda suponerse anima a la CUP. Los radicales acusan de radicales a los demás en cuanto se descuidan un milímetro. De esa forma creen sentar plaza de "moderados", algo que la legislación, la crónica de tribunales y la práctica diaria contradicen. La "Ley Mordaza", por ejemplo, es una ley radical de derechas. Por eso, como todo el mundo sabe, en España no hay un partido de extrema derecha. Está en el PP. Y legisla.

La observación del ministro lleva incorporado el veneno de insinuar que el gobierno de JxS es rehén de la minoría de la CUP, a la que obedece, no por convicción propia sino por conveniencia. Esto equivale a decir que si JxS no necesitara los votos de la CUP, desistiría de su hoja de ruta, se olvidaría del referéndum y, lógicamente, no tendría que convocar el PNDD.

Y eso no sé de dónde se lo ha sacado el ministro.

El mismo gobierno que presupuesta una partida para el referéndum es el que se apresta a organizarlo con tiempo suficiente para que le salga bien.

Cataluña ya tiene su virreina

¿De qué se quejarán estos catalanes? Lo suyo es el puro victimismo. Todo el día lloriqueando por los rincones que los oprimen, los explotan, les roban. Y, sin embargo, poco a poco, van consiguiendo el restablecimiento de sus antiguas y queridas instituciones. Rajoy, cuya buena voluntad hacía Cataluña es proverbial, ha decidido restaurar la institución del virreinato, que estuvo vigente hasta la Guerra de Sucesión, cuando Felipe V arrebató sus leyes y libertades a los catalanes y, además, su querido virrey, sustituyéndolo después por un humillante Capitán General. Ahora, la marcha hacia la plena recuperación de la personalidad catalana ya no la para nadie.

Sáenz de Santamaría, que piensa pasar más tiempo en el AVE que en su casa, será la cabeza de puente de la Gran Nación en Cataluña, encargada de reconstituir esa fraternal unidad que tanta gloria nos ha traído siempre, como puede ver cualquiera que no tenga negros prejuicios antiespañoles. Obsérvese: apenas puesto pie en tierra, la ratita hacendosa se ha entrevistado con la representante de C's, Arrimadas y el PSC, Iceta, además de yantar con unos empresarios, como gesto significativo de qué intereses defenderá la señora en el Principado. 

Los eternos resabiados critican que la virreina haya dado audiencia antes a la oposición que al gobierno. Ganas de malmeter. Si fuera ese su propósito, habría empezado por entrevistarse con el dirigente de su partido en Cataluña. Lo más probable es que los dos recibidos, Arrimadas e Iceta, hayan sido los más madrugadores para ir a rendir pleitesía a la virreina, representante del poder español.

La Constitución

Hoy se celebra el aniversario de la Constitución de 1978 que hace la número ocho del país, según el autorizado criterio del Congreso de los Diputados. Faltan en la enumeración, la non nata liberal de 1856 y la republicana de 1873. La explicación es que el Congreso solo reseña las constituciones que han estado en vigor y aquellas dos, la una por el golpe de Estado del general O'Donnell y la otra por el general Manuel Pavía y su famoso caballo, no llegaron a estarlo. No pasaron de proyectos. No obstante, algunas historias del constitucionalismo las consideran. Pero dejar en ocho las constituciones que han estado en vigor en España plantea otro problema: en vigor también estuvieron la Constitución de 1808 o Estatuto de Bayona y las Leyes Fundamentales de Franco, ninguna de las cuales aparece en la relación del Congreso.

La "ideología" constitucional española ignora la Constitución de 1808, sin duda por considerarla un texto extranjero impuesto por la fuerza del ocupante, y las Leyes Fundamentales de Franco por no ser democráticas. Ambos argumentos, sin embargo, son más que dudosos. El Estatuto de Bayona fue una carta otorgada por quien tenía autoridad para hacerlo, José I, nombrado Rey de las Españas y las Américas por su hermano Napoleon, en cuyas manos habían puesto la corona los dos reyezuelos felones, Carlos IV y su hijo Fernando VII voluntariamente. Que la conciencia generalizada ignore el texto de Bayona, no quiere decir que no estuviera en vigor. Lo estuvo desde 1808 a 1813, fecha de la abdicación de José I, tanto en España como en América. Las Leyes Fundamentales franquistas lo estuvieron entre 1937 y 1978 y generaron unos efectos que llegan al día de hoy, razón por la cual se sigue discutiendo sobre la memoria histórica.

Total, según el punto de vista que se adopte España ha tenido ocho, diez o doce Constituciones, siendo la de 1978 la octava, décima o duodécima, según nos dé.

No es la única paradoja del constitucionalismo español. Hay otras también curiosas. Y lo mismo pasa con la vigente, que llega a su 38º aniversario en mitad de un clamor casi general pidiendo su reforma, cuando no su derogación sin más. Prácticamente todos los partidos piden revisar su texto. Hasta el PP, adalid férreo de la intangibilidad constitucional, se muestra abierto a sugerencias reformistas siempre que no vayan muy allá. Lo curioso es que el PP es el heredero de Alianza Popular, el partido de la derecha franquista de entonces bajo la dirección de Fraga Iribarne cuyos diputados se dividieron en tres grupos a la hora de la votación parlamentaria de la Constitución: unos votaron sí, otros votaron no y otros se abstuvieron. Los sucesores de estos "noes" son los partidarios de la intangibilidad de la Constitución. No deja de ser gracioso y significativo.

El alcance de las reformas que los demás piden es muy variado y oscila entre asuntos de mayor y de menor calado. Pero, a su vez, el procedimiento de reforma constitucional previsto en la misma Constitución es tan complicado y difícil, impone tales requisitos y diferentes mayorías (según sea la entidad de lo que se quiera reformar) que en el fondo, dada la orientación política del electorado español y la composición de las cámaras, toda reforma suena a quimera.

La reforma que debiera considerarse más urgente es la de la organización territorial del Estado, porque es donde se concentra la iniciativa política independentista catalana. Pero esta es probablemente la revisión que menos posibilidades tiene de salir en el Parlamento español. A no ser que se negocie un referéndum de común acuerdo, cosa harto improbable, el independentismo no tiene más remedio que actuar a través de la unilateralidad. Y ello porque, lejos de reconocer su actitud intransigente, el Estado se limita a responder a las peticiones catalanas que hay que cumplir la ley. La ley que él mismo no cumple.

Siguiendo inveteradas prácticas, el PP está tratando de resolver el problema a su manera, esto es, pactando al margen de la Constitución con el PNV, cuyo apoyo necesita para los presupuestos. A cambio de conseguir nuevos favores y dádivas del gobierno de central, los nacionalistas vascos acabarán apuntalando el gobierno de Rajoy.

Eso deja el independentismo catalán como estaba porque ya el domingo Urkullu venía negando posibilidad de materializarse a la independencia. No es nuevo y confirma un entendimiento tácito del juego de la transición constitucionalmente consagrado. El País Vasco y Navarra tienen su soberanía fiscal reconocida en la Constitución. Cataluña, no. A estos efectos prácticos, Cataluña se halla fuera de la Constitución y así lo vienen entendiendo las instituciones catalanas que consideran a Cataluña fuera de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Nada de extraño, por tanto, que en Cataluña muchos, por no decir casi todos, piensen que el seis de diciembre no hay nada que celebrar.

Visión de la independencia de Cataluña

Albert Carreras (2015) Volem l'independència? Reflexions per al futur immediat. Barcelona: Base, 142 págs.

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La polémica sobre la independencia de Cataluña es la cuestión política de mayor envergadura que se debate hoy -y desde hace bastantes años- en el Estado español. No querer verlo es uno de los más claros síntomas de la incompetencia de la clase política estatal.  En efecto, es tema que se elude, no se menciona, se evade. El contencioso apenas cuenta con bibliografía en España, pero sí la tiene y abundantísima en Cataluña. Los políticos españoles no quieren encarar el problema. Sus intelectuales, que se piensan clase "universal", prefieren enmudecer antes que decidir entre su "universalismo" y su "nacionalismo".  La ciudadanía, abundantemente desinformada por unos medios sesgados a extremos inverosímiles, tiene un grado de desconocimiento asombroso. 

En Cataluña, en cambio, es al revés. La independencia es el "tema de su tiempo", la que orienta la actividad de sus instituciones, alimenta el debate público y es motivo de atención preferente en sus medios de comunicación Y muchos de sus intelectuales, directamente implicados, producen abundancia de libros desde todas las perspectivas y analizando todas las circunstancias, explicaciones, cálculos, previsiones y consecuencias.  Albert Carreras, catedrático de Historia de las Instituciones Económicas de la Universidad Pompeu Fabra y convencido independentista, aporta el suyo.  Es un libro breve, sucinto, que va al grano y expone en términos claros las razones del independentismo y los medios políticos de que ha de valerse para conseguir su objetivo. Es casi un libro programático.

Carreras sintetiza en tres bloques las razones de la independencia: 1) la identidad nacional; 2) los  agravios económicos; 3) la hostilidad del Estado español. La identidad nacional (la lengua, los usos, las costumbres, la cultura, etc) solo puede salvagardarse disponiendo de un Estado propio. Como historiador echa mano del conflicto de 1640 y concluye que a Portugal le salió bien lo que a Cataluña no y de ahí se siguen los acontecimientos posteriores hasta el día de hoy.

En cuanto al desequilibrio económico territorial, Carreras entra en un terreno que normalmente no se menciona por razones políticas tácticas. En efecto, además de señalar la desigualdad de trato en materia de déficit fiscal contemporáneo, como hace la mayoría de los análisis de este tipo, plantea a las claras la situación de privilegio del Concierto vasco y el Convenio navarro (p. 34), asunto en el que incide varias veces para llevar al lector a la convicción de que, en el fondo, la cuestión es de mala articulación del Estado español en su conjunto puesto que si el Concierto y el Convenio se extendieran a todas las Comunidades, el país sería inviable. El coste de hacerlo viable, viene a decir Carreras, es someter a Cataluña a un régimen de práctico expolio no reconociéndole derecho a concierto alguno.

Así, mientras el PV y Navarra son fiscalmente independientes, la financión de la Generalitat es siempre insuficiente (p. 51) porque los cálculos (las famosas cuentas territorializadas) son siempre perjudiciales para Cataluña y muy favorables para Madrid que se beneficia del efecto capitalidad. Y sobre todo por la permanente hostilidad del Estado hacia Cataluña, cosa que se observa en las prioridades de gasto, inversiones, obra pública, etc. Ejemplos recientes apabullantes, las decisiones de AENA respecto a los aeropuertos del Prat y de Barajas y el AVE (p. 64). 

La ruptura del "consenso de la transición" con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que niega la condición nacional a Cataluña y ya había comenzado con el hostigamiento desde el PP a partir de 2010 (p. 71), es el acicate que impulsa la nueva reivindicación independentista hasta acercarse al 50% del electorado. Parece un buen momento para conseguir el Estado propio. Y, justo ahora (el libro está escrito en 2015) las fuerzas independentistas se dividen. En la disyuntiva de primar el eje nacional frente al social, los independentistas, lamenta Carreras, prefieren el segundo al primero. Y sin unidad de esas fuerzas independentistas, tanto en las instituciones y partidos como en la sociedad civil, no habrá independencia ni, por tanto, Estado propio, ni cuestión social que atender.

A ese objetivo se dedica la segunda parte de su libro titulada "Estrategias de la independencia" y que, en realidad, se reduce a una sola recomendación: mantener la unidad, formar una sola candidatura en todos los procesos electorales: elecciones locales, autonómicas, generales o europeas. Hay que estar en las instituciones españolas pero hablando con una sola voz, la de la petición de un referéndum.

Después de una especie de digresión sobre la robusta historia del nacionalismo catalán, con expresa remisión a la obra clásica de Pierre Vilar Cataluña en la España moderna y una mención a las enseñanzas de la experiencia escocesa, el autor considera todos los procesos electorales mencionados uno a uno para argumentar que la unidad es indispensable en todos ellos. ¿Qué harán los catalanes en Madrid? Luchar por el referéndum. La voluntad independentista ha de mostrarse en todas las elecciones. Ganándolas todas. Hasta conseguir ese objetivo del referéndum (p. 132). El independentismo se presenta pacífico y democrático. Y viable.

En algún momento considera Carreras la posibilidad de que, por las razones que sean, el Estado se avenga a negociar y, al final, en efecto, se negocie algo, tipo Concierto, por ejemplo. Es una hipótesis que se maneja mucho, aunque con escasa base porque el Estado no ha mostrado hasta la fecha voluntad negociadora alguna. En todo caso, Carreras que, como economista, es hombre práctico, recomienda aceptar lo que se negocie. Como hombre realista, al mismo tiempo, también recomienda insistir en la reclamación del referéndum porque recuerda que los pactos con el Estado español deben blindarse ya que depender de su voluntad es, en realidad, estar vendido.

El Desconcierto

Las relaciones entre el nacionalismo vasco y el catalán han sido siempre complicadas. Y, como se ve, seguirán siéndolo. Su sistema de alianzas es muy variable, según de qué asuntos se trate. Pero en el fondo de la cuestión se encuentra siempre la de la independencia. A pesar de los "años de plomo", el País Vasco no tiene una vocación tan independentista como Cataluña. En realidad es legítimo pensar que precisamente esos "años de plomo" fueron rémoras en las alas independentistas.

Ahora Urkullu sostiene que la independencia es imposible. En un mundo globalizado. Dicho así, en términos filosóficos, solo cabe asentir. En la globalización somos todos interdependientes y nadie puede ser independiente. Sí, es una verdad general; tan general que no significa nada. El significado está en el contexto: Urkullu avisa a los independentistas catalanes de que la independencia es una quimera y se ofrece como mediador entre las dos partes, el Estado -de quien espera una reconsideración drástica de su negatisvismo- y Cataluña -de la que espera acepte una solución no independentista.

La cuestión aquí es la de la propia autoridad de Urkullu para postularse como mediador. En realidad, a todos los efectos prácticos, el País Vasco y Navarra son independientes pues se autofinancian mediante el concierto y el convenio económicos respectivos. Regímenes de privilegio que todo el mundo evita mencionar como tal. Pero lo son y la prueba es que, si el concierto/convenio se generalizara a todas las CCAA, el país no podría financiarse.

Así que bienvenida sea la invitación al diálogo de Urkullu y ojalá convenza al gobierno de Rajoy de adoptar una actitud dialogante, pero no es realista que pida a los independentistas que renuncien a su objetivo en función de un criterio filosófico. Sobre todo porque él está instalado en una cómoda independencia de facto a la que otros han aspirado sin que se les haya permitido.