Petición al Congreso.

Ayer presenté en el registro del Congreso de los Diputados la petición para que éste inste al Gobierno a retirar el diccionario franquista de biografías y a pedir la dimisión del director de la Real Academia de la Historia, don Gonzalo Anes. El contenido textual de la petición se encuentra en Palinuro, Petición al Congreso de los Diputados. Lo hice a título personal y como administrador de la página de Facebook Retirad el libelo franquista de la Academia, que ya cuenta con 1676 adhesiones. Quien quiera sumarse puede hacerlo en la página. También se agradecen adhesiones de gente que ayude a difundir la petición para que tenga mayor respaldo. La intención es escribir otra petición al Rey puesto que, según la Constitución, ejerce el "alto patronazgo" de las Reales Academias. Quiero oír al Rey diciendo si cree o no que Franco era "católico, inteligente y moderado", como lo define su biógrafo, Luis Suárez, en un alarde de objetividad y neutralidad o de libertad de expresión, según sentencia el director de la Academia, Gonzalo Anes en otro de lo que me parece cinismo. Porque significa que lo que dice la Academia es cosa de opinión (terreno en el que debe respetarse la libertad de expresión) y carece de toda base científica (terreno en donde la libertad de expresión está limitada por los hechos) con lo que es de preguntarse qué clase de Academia es una de opinión y en qué se diferencia de una tertulia de la radio.

A algunos, esto de ejercer el derecho de petición les parece una filfa porque presuponen que la democracia española no funciona. Y es posible que sea así; pero no se podrá saber si no se utilizan los medios que los ciudadanos tenemos a nuestro alcance para hacerla funcionar. Las quejas sobre la falta de democracia en España, que Palinuro comparte en buena medida, tendrán más peso cuando se compruebe que la ciudadanía ha agotado las posibilidades de hacerse oír sin conseguirlo. ¿Cuántas veces se ha utilizado el mermadísimo derecho de iniciativa popular? ¿Cuántas peticiones de alcance nacional se han dirigido al Congreso? Y hay motivos sobrados.

Por ejemplo, hay por lo menos un partido legal que se llama Falange. La Falange era el partido único y oficial del franquismo, del que Franco era el Jefe Nacional en ausencia del Ausente, el equivalente del Partido Nazi en Alemania o el Fascista en Italia. En ninguno de estos países es legal un partido nazi o fascista. En España, sí. Y, siendo legal, se querella por lo criminal contra un juez de la Audiencia Nacional por razones políticas, y la querella prospera. ¿No deberían los ciudadanos demócratas pedir al Parlamento que inste al Gobierno a que solicite la ilegalización de la Falange, con independencia de que sea o no aquella a la que pertenecía Aznar? Y como éste hay cientos de ejemplos. Palinuro no puede presentar docenas de peticiones pero brinda la idea de que los ciudadanos demócratas creen una central de peticiones, por así decirlo. Si no lo hacen, que no se quejen luego de que los políticos van a lo suyo, que sólo cortejan la voluntad del pueblo cada cuatro años y que el resto del tiempo se dedican a desmovilizar la ciudadanía.

Nos guste o no sólo la ciudadanía moviliza la ciudadanía y eso significa compromiso, trabajo, molestias y cierto riesgo. Quien no esté dispuesto a afrontarlos, que no se queje de falta de oportunidades para participar en las decisiones que le conciernen. Y sobre todo que no incordie enturbiando las cosas y entorpeciendo la movilización ajena. Por ejemplo, desanimando con el cuento de que, como "todos los políticos son iguales", no merece la pena hacer nada. Ese es un discurso falso que cala bien en el movimiento del 15-M y que lo hace irrelevante porque le permite formular sus agravios y sus propuestas de soluciones pero no proponer los medios prácticos de ponerlas en práctica.

Bastantes de las muy razonables reivindicaciones del movimiento 15-M pueden ser objeto de petición y no solamente al Congreso. Otras requerirán proposiciones o proyectos de ley que el Parlamento tendría ya que estar negociando con el movimiento. Pero este no tiene órgano negociador alguno que lo represente ni las autoridades han constituido comisión o comité que pueda recibir las propuestas y debatirlas con los proponentes. Pongo un ejemplo suficientemente claro: ¿no debería el movimiento 15-M estar presente de algún modo en las negociaciones tripartitas entre los sindicatos, la patronal y el gobierno? ¿Es razonable que quienes más han padecido la crisis y los que padecerán las reformas que los negociadores acuerden, los jóvenes, no puedan decir nada al respecto?

Palinuro sostiene que la consigna de Democracia real ¡ya! es muy deseable y así lo ha dicho. Pero no es un conjuro, a su enunciado no cae la democracia real del cielo como el maná sobre el pueblo elegido, sino que hay que conseguirla, ganarla, conquistarla y para eso no basta con deliberar en las asambleas con todo y ser las deliberaciones imprescindibles porque están constituyendo un ejemplo práctico de la teoría habermasiana de la democracia discursiva o dialógica.

Suele invocarse el ejemplo de Islandia. Pero las diferencias son abismales. Al margen de muchas otras hay una decisiva: los islandeses eligieron un nuevo Parlamento con mandato constituyente. Para hacer eso en España falta un trecho.

El Tribunal Constitucional.

Algunos amigos me han reprochado que en mi artículo de Público, Lo más sagrado, a mi vez sacralizo el Tribunal Constitucional como requisito esencial e intangible del Estado de derecho y de la democracia. Nada menos cierto. Sé de sobra que hay Estados de derecho y democracias antiguas y sólidas que carecen de Tribunal Constitucional bien porque es el mismo Tribunal Supremo, como en los Estados Unidos (lo cual, dicho sea de paso, ahorra muchos disgustos), bien porque simple y llanamente, no existe, como es el caso de los Países Bajos o de Dinamarca, entre otros. Los tribunales constitucionales se abren paso en algunos países europeos por influencia germánica y, allí en donde existen, su función es crucial para el imperio de la ley y la democracia. En donde no existen, obviamente, no.

Lo que sucede es que si hago estos matices se me acaba el artículo que iba sobre si se puede o debe cuestionar las motivaciones de los magistrados del Constitucional. No criticar sino sugerir que los magistrados actúan por razones políticas antes que jurídicas. Eso equivale a deslegitimar el Tribunal Constitucional que tenemos, el máximo intérprete de la Constitución que es una fórmula política bajo la forma de una ley.

(La imagen es una foto de Invisgoth (Own work), en el dominio público vía de Wikimedia Commons).

Sindeología.

¡Qué batacazo, Ministra! Primero te cargas la ley estrella de la segunda legislatura de Zapatero, la Ley de la Economía Sostenible (LES), metiéndole una disposición final segunda medio de tapadillo que obligó a retrasar año y medio su aprobación, y luego te cargas esa misma disposición por no saber negociarla. O, lo que es peor, negociándola con los gringos para que estos presionaran a los partidos españoles que finalmente te han dado la espalda.

Probablemente el espíritu de la Ley Sinde sea correcto y lo menos que se puede pedir: proteger la propiedad intelectual y cerrar páginas de descargas, previa decisión judicial. Pero la forma de defenderlo y plasmarlo en ley ha sido tal chapuza que cabe preguntar si Sinde no es un submarino del Partido Pirata. Aunque hay decisión judicial y ésta es previa (cosa que los internautas piratas niegan con notable descaro), es posible que la provisión de que la decisión judicial se tome a instancias de un expediente administrativo no dé buena espina aunque, en definitiva, no es grave: la decisión es del juez y si hay ciudadanos que crean estar por encima de las decisiones judiciales, que lo digan claramente.

Pero lo más chapucero de todo ha sido ir de tapadillo, como el ladrón en la noche, en una disposición final de otra ley, aprovechando la conocida querencia del Pisuerga. Lo que se hace a hurtadillas canta a la luz pública y la única forma de camuflarse es con la mayoría. En fin, notable fracaso, victoria para el bando pirata que ha conseguido presentar su causa no como un expolio de la propiedad intelectual, sino como la defensa de la libertad (de expresión, de navegación, de información). Alejandro Sanz twitea que los políticos españoles son unos cobardes porque no van a votar (y no han votado) la Ley Sinde porque es impopular. No sé si son cobardes o no; pero sí me parece que no saben bien lo que hacen.

Legislar sobre internet tiene muchos inconvenientes y uno de ellos es que el legislador no sabe lo que dice. Para convencerse basta con examinar las habilidades de los diputados como internautas. No todos tienen blog y muchos de los que lo tienen más valdría que no lo tuvieran. Los hay que no leen el correo electrónico y de las redes sociales no se hable. Cabe dudar de que calibren de lo que hablan quienes desconocen el funcionamiento mismo y el alcance de aquello sobre lo que hablan.

Porque hablar, hay que hablar, a ser posible sabiendo lo que se dice. Tomar en cuenta la opinión pública, consensuar con los otros partidos. Dada la importancia y consecuencia de aquello sobre lo que se quiere legislar (la propiedad intelectual y derechos directa o indirectamente afectados como el de autor, el de expresión, el de información, el de circulación, etc) habría que iniciar un proceso de reforma legislativa específico. Esto no se arregla con una disposición final segunda en otra ley.

(La imagen es una foto de Casa de América, bajo licencia de Creative Commons).

Crítica y diálogo.

Ya está en la calle el número 212 de Sistema, correspondiente a septiembre de este año (Sistema, número 212, Madrid, septiembre de 2009, 142 págs.) y trae una variedad de trabajos, algunos de gra interés. El que más tiene, a mi entender, el primero, de Antonio Enrique Pérez Luño, titulado El Estado totalitario contra el derecho subjetivo. La teoría jurídica de Karl Larenz es en realidad una reseña bibliográfica sobre un libro de Massimo La Torre, La lucha contra el derecho subjetivo. Karl Larenz y la teoría nacionalsocialista del Derecho pero escrita con tal rigor, conocimiento de causa y profundidad doctrinal que el director de la publicación lo ha colocado el primero con sobrada razón. Pérez Luño explica de forma sintética que sobre Karl Larenz cayó la nada grata tarea de justificar la filosofía jurídica nazi. No en Carl Schmitt, que era un ideólogo, sino en Karl Larenz. El elemento esencial del nazismo jurídico fue la destrucción de concepto de derecho subjetivo, derivado de la filosofía kantiana. No es el individuo abstracto kantiano el titular de derechos sino el individuo considerado como miembro, producto, de un todo orgánico, de una comunidad, de la Volksgemeinschaft. No hace falta decir que toda negación de subjetividad jurídica de este tipo presupone la prevalencia de un ente colectivo superior al individuo, lo que afecta al nazismo y a toda forma de nacionalismo. El resto de los juristas alemanes que aceptaron trabajar profesionalmente en un ordenamiento pervertido, injusto, lo hicieron en virtud del positivismo que se extendió como una mecanismo de justificación del III Reich: Gesetz ist Gesetz: la ley es la ley y hay que cumplirla. Es el momento en que Pérez Luño expone las diferencias entre el positivismo de Larenz que alimenta el nazismo y el de Hans Kelsen, de raíz netamente democrática y fundamentado en la idea moral kantiana de que hay que tratar a los individuos como fines y no como medios que deriva de la idea del filósofo de Konisberg de la dignidad del hombre, un discuso esencial que, antes de Kant se articula en el Renacimiento con Pico della Mirandola entre otros. No es menor el mérito del autor al identificar los vínculos de estos problemas con algunas de las cuestiones candentes dela filosofía política de nuestro tiempo : el comunitarismo, la posmodernidad, el "derecho penal del enemigo", etc.

El trabajo siguiente (Guillermo García, La gobernanza: el "buen gobierno" neoliberal) es un estudio crítico sobre el uso neoliberal del concepto de gobernanza que no es otra cosa que el nombre aparentemente técnico-científico para imposición de los programas neoliberales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de acuerdo con un modelo económico, político y social basado en el mercado t en el sistema productivo capitalista "que persigue la privatización y la mercantilización de todo lo humano y su entorno medioambiental" (p. 27).

El siguiente trabajo de Teodoro Hernández de Frutos (Crecimiento y crisis del sistema indutsrial español. De los planes de estabilización a los distritos marshalianos) es un repaso sintético al modelo de desarrollo industrial español a partir del fin del empeño autárquico de la dictadura durante los años de 1960 y financiado con los ingresos de las inversiones exteriores, las remesas de los emigrantes y los ingresos del turismo, identificando las principales etapas: la modernización y desarrollo del comienzo con los planes de estabilización, el período de la crisis de las materias primas y la respuesta a través del modelo de reindustrialización de los años de 1980, las privatizaciones de los años de 1990 y las reformas a raíz de la agenda de Lisboa, todas las cuales han acabado situando a la economía española en el mundo globalizado aunque, según vemos hoy por el impacto de la crisis, con unos específicos factores de debilidad.

En Partidos, elecciones, minorías. Finlandia: cien años de elecciones libres, 1907/2007, Alfredo Hidalgo Lavié, un especialista en este país nórdico, autor de un reciente libro sobre él (Finlandia: cien años de libertad) que está pendiente de reseña en Palinuro, analiza con detalle las variaciones en el sistema político y de partidos de Finlandia luego de las últimas elecciones de 2007 y concluye validando las conclusiones a que llegaba en su análisis de 1997 en cuanto a la consolidación y la estabilidad parlamentaria de los años ochenta, los componentes esenciales del sistema de partidos en Finlandia (el socialdemócrata, perdedor en 2007, el conservador, ganador en este año y el partido centrista con una concentración de casi el setenta por ciento del voto. Si se añade el partido de los hablantes en sueco y el comunista, se da un sistema de pentapartido con el ochenta por ciento de concentración del voto.

El trabajo de Enrique Herreras ("Antígona" y la democracia deliberativa) es un estupendo estudio filosófico-literario sobre las distintas interpretaciones del mito de Antígona, un tema que me es especialmente caro, y su influencia sobre la moderna teoría de la democracia deliberativa en las elaboraciones más recientes, de Habermas a Amy Gutman y Denis Thompson que enlazan con la tragedia griega a través de las cuatro fuentes de desacuerdo moral que identifican en las democracias contemporáneas: la escasez, la dificultad de anteponer los intereses públicos a los personales, la incompatibilidad de nuestros valores (un tema caro a Sir Isaiah Berlin) y los límites de nuestro entendimiento. Repasa luego la conocida interpretación del mito en la Fenomenología del espíritu de Hegel y se detiene en la de Marta Nussbaum que acaba admitiendo que en el conflicto moral entre Antígona y Creonte, la de Antígona es la posición de superioridad moral. Se remite luego al análisis de Pedro Talavera en una obra reciente (Derecho y literatura) que señala la virtud de Antígona en cuanto representación del principio de desobediencia civil y concluye que la tragedia contiene un principio dialógico que permite mantener la dualidad moral aunque siempre habrá que elegir la posición de una de las partes en función de las circunstancias. Una afirmación que suena un poco a manual imparcial de uso del conflicto por cuanto el autor acepta la idea de la superioridad moral de Antígona en una tragedia que, dice, "nos ayuda a redescubrir los pormenores de la complejidad de las deliberaciones en una sociedad pluralista". (p. 101).

El partido de la porra y la ley de Lynch.

La experiencia histórica y el sentido común advierten de que en épocas de crisis y turbulencias, cuando la gente lo pasa mal, hay paro, inseguridad, miseria, incertidumbre sobre el futuro, aumento de la delincuencia, etc., es cuando asoman las tendencias autoritarias, la intransigencia, el nacionalismo excluyente, el racismo, la xenofobia, en fin, los peores vicios de la convivencia. Las opciones políticas, sobre todo las radicales de la derecha y la izquierda, extreman sus posiciones y proponen medidas simples, unilaterales, basadas en la fuerza y el ordeno y mando. Y la gente, aparte de inclinarse algo más por las opciones políticas radicales, tiene tendencia a reclamar también soluciones drásticas, mano dura, cuando no a tomarse la justicia por su cuenta. En esta época de crisis económica generalizada, tales derivas resultan más y más visibles.

Hace un par de días, el Gobierno del señor Berlusconi -vanguardia del proceso de fascistización europeo- aprobó por decreto-ley la creación de grupos de ciudadanos de vigilancia nocturna en la vía pública, las llamadas "rondas" o patrullas que, criticadas en un principio por el Vaticano, recibieron ayer sin embargo pleno respaldo de la Santa Sede, faltaría más. De momento estas "rondas" (Berlusconi dice que no son tales, sino asociaciones de excarabinieri y expolicías al servicio del prefecto, o sea una especie de nuevo somatén) están desarmadas, pero eso no quiere decir en modo alguno que no tengan efecto intimidatorio. En un par de meses, probablemente, veremos si esta especie de somatén sigue desarmado o es ya un "somatén armado", como el de Franco.

En este clima de creciente autoritarismo y radicalización es donde adquiere todo su significado la actitud bronca, agresiva y amenazadora del PP (que actúa ya como el Partido de la Porra) contra jueces, magistrados, fiscales y policías. Es obvio que lo que se pretende con ello es desviar la atención de los procedimientos judiciales sobre las tramas de corrupción y espionaje que están minando al partido conservador. En consecuencia es tanto más de celebrar que el presidente del Gobierno haya salido al paso de esa actitud afirmando que su Gobierno no tolerará que se intimide a jueces, fiscales y policías. Es muy bueno porque estos funcionarios tienen que tener el respaldo oficial para hacer su trabajo con eficacia. También tendrían que tener el de la oposición, pero está visto que eso es imposible en el caso del PP, más interesado en ocultar sus escándalos atacando a los jueces y fiscales que en coadyuvar a que se haga justicia.

En cuanto a la gente normal, algo parecido. Ayer hubo una manifestación en Madrid en apoyo de la familia de Marta del Castillo y de su petición de que se endurezcan las penas para los delitos de asesinato en ciertas circunstancias y que se imponga la prisión de por vida. Está claro que la familia de Marta del Castillo merece todo el apoyo, el cariño y la comprensión de sus conciudadanos y estoy seguro de que los tienen. Pero de ahí a convertir en ley su comprensiblemente irritada reacción por el presunto asesinato de su hija media un abismo. Las víctimas deben tener el reconocimiento de la comunidad pero su condición no les otorga la de legisladores; no más que a cualquier otro ciudadano. Cualquiera comprende que las víctimas tiendan a ver el mundo en términos de venganza, pero lo venganza ni la ley del Talión son fundamento del derecho penal de los países civilizados. Tengo entendido que hoy o mañana el señor Rodríguez Zapatero recibe a los padres de Marta del Castillo. Es de esperar que les trasmita su solidaridad y comprensión y les prometa (y cumpla su promesa) de poner el máximo empeño en el esclarecimiento de los hechos y en que sobre los culpables caiga todo el peso de la ley. Pero nada más.

La petición de prisión perpetua no es compatible con la Constitución española que en su artículo 25, 2 dice que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados". Esta petición tampoco es susceptible de informar una posible iniciativa legislativa popular ya que afecta a leyes órganicas que están expresamente excluidas de dicha iniciativa (art. 87, 3). Pero aunque no existieran estas salvaguardias legales, la razón aconseja no dictar normas penales en el calor de la indignación del momento... porque ese es el camino más seguro de acabar estableciendo la ley de Lynch.

(La imagen es una foto de 20 Minutos, con licencia de Creative Commons)

Huelga de jueces.

"Los jueces no tienen derecho de huelga" dice el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Por que no? ¿Porque lo dice el CGPJ? Y ¿quién es el CGPJ para decidir sobre los derechos de los ciudadanos, sean jueces o tragasables? Nadie, no es nadie.

Mientras una ley orgánica no diga taxativamente lo contrario los jueces tienen derecho a la huelga porque éste está reconocido en la Constitución que no excluye de él a sus señorías. Ayer escuché también a un prominente opinador diciendo que (y cito textualmente) "no todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido". Pues va a ser que sí, que así es, guste o no a este aprendiz de Torquemada: está permitido todo lo que no esté expresamente prohibido. En la entrada anterior se veía con qué facilidad sale el bicho censor que todos llevamos dentro. En ésta, con qué facilidad sale el autoritario guardia de la porra. ¡Cuánto daño ha hecho el franquismo!

Claro que los jueces tienen derecho a la huelga mientras no se les prohíba por ley orgánica. Otra cosa es que moral o políticamente deban ejercerlo. Yo no lo hubiera hecho, pero ellos están muy en su derecho.

(La imagen es una foto de Público, con licencia de Creative Commons).

El fundamento moral de la comunidad (II).

Vamos con la segunda entrega de la reseña del interesante libro de Sandel (Filosofía pública. Ensayos sobre moral y política, Barcelona, Marbot ediciones, 2008, 366 págs), la que se refiere al modo en que la jurisprudencia constitucional del Tribunal Supremo (TS) estadounidense ha tratado dos cuestiones morales que son decisivas en el debate con el liberalismo "basado en los derechos", el aborto y la homosexualidad. Me parece asimismo la parte más brillante de la obra en la que el autor toma la decisión que autoriza el aborto en la famosa sentencia de Roe v. Wade (1972) como punto de referencia para la jurisprudencia sobre la homosexualidad. De ahí que, aunque afirme que tratará ambas cuestiones, la reflexión versa casi exclusivamente sobre la homosexualidad.

Afirma Sandel de entrada que hay dos modos de condenar tanto el aborto como la homosexualidad, el que él llama "ingenuo", consistente en afirmar sin más que ambas prácticas son moralmente malas y el "sofisticado", según el cual la decisión sobre si autorizarlas o no debe reservarse a la de la mayoría sin pronunciamiento alguno previo sobre su bondad o maldad (p. 171).

El arranque del tratamiento aparece en el caso Griswold v. Connecticut (1965) en el que el TS anulaba una ley de Connecticut que prohibía el uso de preservativos argumentando que violaba el derecho a la intimidad del demandante y negando el del Estado a inmiscuirse en ella. Es decir empleaba la vía "sofisticada" en lugar de la ingenua y no se pronunciaba sobre la cuestión de fondo. Posteriormente en un caso parecido (Eisenstadt v. Daird, 1972), el TS anulaba otra ley estatal que no prohibía el uso de preservativos pero sí su distribución y daba un paso muy significativo en el entendimiento de la intimidad puesto que afirmaba el derecho de los particulares a tomar las decisiones que quisieran en el ámbito de su privacidad; es decir había un comienzo de una valoración moral positiva de la intimidad lo que, a juicio de Sandel abría ya el camino a Roe v. Wade (1972) (p. 180). En el mismo sentido había ido otra sentencia en el caso Stanley v. Georgia (1969) que afirmaba el derecho de los ciudadanos a tener materiales obscenos en la privacidad de sus hogares. Se deducía de todo ello que para el TS la intimidad está protegida por el principio de autonomía (p. 187)

Sin embargo cuando se volvió a plantear en este contexto el problema de la homosexualidad o sodomía el TS adoptó una actitud más estricta y en Bowers v. Hardwick (1986) afirmó que aquel principio de autonomía que cubría la intimidad afectaba a la pornografía, el uso y/o distribución de preservativos o el aborto, pero que nada se había dicho de la sodomía, que continuaba siendo un comportamiento vituperable y delictivo. Bowers v. Hardwick contó con un interesante voto particular discrepante del juez Blackmun que argumentaba que pues el derecho de intimidad en las relaciones sexuales protegía la libertad del individuo para elegir la forma que quisiera darles, ese derecho tenía que amparar también las relaciones homosexuales. (p. 184)

Hasta aquí llegaba la construcción jurisprudencial del TS del derecho a la intimidad, argumentada en función del principio de autonomía enarbolado por el liberalismo "basado en derechos" que a nuestro autor le parece criticable por dos razones: 1ª) porque no está claro que se vaya a alcanzar siempre un acuerdo suficiente para la autonomía y siempre ha de haber algún tipo de acuerdo y, sobre todo, 2ª) porque la calidad del respeto que garantiza a ese derecho que dice proteger es muy baja. Asegura Sandel, con mucha razón: "el intento de dejar al margen las cuestiones morales topa con sus propias dificultades, unas dificultades que dan la razón a la visión "ingenua", según la cual la justicia o la injusticia de las leyes contra el aborto y la conducta homosexual tiene algo que ver finalmente con la moralidad o la inmoralidad de las prácticas en cuestión (p. 195)

Por si lo anterior parece algo abstracto, Sandel da cuenta de cómo Bowers v. Hardwick fue revocada por la decisión Lawrence v. Texas (2003) que anulaba una ley del Estado de Texas que penalizaba lo que llamaba "relaciones sexuales desviadas" (p. 196) afirmando a las claras, no ya el derecho de cada cual a hacer de su capa un sayo en el seno de su intimidad, sino la legitimidad moral de la homosexualidad (p. 197), esto es, el hecho de que los bienes morales que se procuran (y hay que proteger) con las relaciones heterosexuales son los mismos que los que se procuran con las homosexuales. Por eso concluye triunfantemente Sandel que: "...ni la tolerancia liberal ni la sumisión al principio de la mayoría pueden evitar la necesidad de la argumentación moral sustantiva" (p. 198) que, además de coronar el debate sintetiza admirablemente el punto principal de contradicción que el autor tiene con los liberales estilo Rawls.

Queda para mañana ver sí en el terreno más estrictamente filosófico-político Sandel se impone tan bien como en el filosófico-jurídico.

Las cartas.

El género epistolar es muy peligroso. Por una carta andan las autoridades tratando de volver a meter en el trullo a De Juana Chaos. La dichosa misiva que envió a sus incondicionales reunidos en San Sebastián para recibirlo como si fuera un héroe y no el antiguo fascista reciclado en abertzale (en lo que no parece haber hecho mucha mudanza) y vulgar asesino que es. Una carta que puede servir para hacer lo que anunció un ministro de Justicia de primer Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, "construir imputaciones" contra el etarra para mantenerlo en la cárcel.

Ya dije en un post anterior que había leído la carta de marras y no me parecía que fuera constitutiva del delito de "apología del terrorismo" ni de ningún otro. Era una pieza de retórica inflada y bastante vulgar con los topicazos habituales de "no podrán con nosotros", venceremos, etc. Pero no un enaltecimiento de terrorismo. No me corresponde a mí decidir este delicado asunto sino a los jueces y serán ellos quienes digan si el texto es o no delictivo. Sí quisiera llamar la atención sobre dos asuntos que no deben de perderse de vista si no queremos cometer injusticias y prostituir el Estado de derecho. En primer lugar, este tipo de delitos de opinión, siempre en la frontera de la libertad de expresión, tienen un elevado contenido subjetivo susceptible de muy diversas interpretaciones. Lo que para uno es una clara glorificación del terrorismo para otro no es más que un acto de desagravio y para un tercero (por ejemplo, para mí) una cursilería. Siendo esto así, dependiendo la calificación de una interpretación subjetiva es preciso estar muy seguros de que haya delito objetivamente hablando y no se cometa una arbitrariedad.

En segundo lugar dado el ambiente que se ha creado con la excarcelación del delincuente, con mucho sentimiento y mucha indignación, habrá una presión social muy fuerte para que se procese, se condene de nuevo a De Juana y vuelva a la cárcel en donde muchos quieren verlo hasta su último suspiro. Me da la impresión de que no es el momento más adecuado para instruir un sumario contra este asesino.

Asesino que no solamente no se arrepiente sino que no parece aprender de la experiencia. Después de los tres años que le cayeron por escribir dos articulitos en uno de esos periódicos abertzales por el delito de amenazas, sabiendo el clima de generalizada indignación que hay con su libertad y las ganas que le tienen las autoridades para que no se las acuse de ineficacia, hace falta ser bastante necio y muy creído para reincidir en la práctica de andar dejando papeles con manifestaciones que lo pueden llevar de nuevo ante los tribunales.

La otra carta parece ser una circular a los presos de ETA escrita por un antiguo fundador de Herri Batasuna, un hombre que tiene un nombre en el seno del abertzalismo pero que prefiere mantenerlo oculto supongo que por miedo a las represalias.

Es de esperar que esta segunda carta sea genuina y no un montaje de la policía española para debilitar la moral de los presos etarras, pandilla de criminales con las manos tintas en sangre a quienes su aparato de propaganda llama "presos políticos vascos". Si lo es, si es verdaderamente una carta de un "arrepentido", tiene el mismo peligro en sentido inverso del que tiene la cartita de De Juana, que le caigan represalias si bien de distinta naturaleza. Los presos forman parte de la estrategia de ETA y una parte no pequeña porque son el elemento fundamental para mantener cohesionado el apoyo social que aún le queda. Todo lo que contribuya a debilitar la moral de esos presos será un golpe a la estrategia de la lucha armada; por eso es previsible que ETA actúe con contundencia contra el autor de la carta, un escarmiento mafioso a su debido tiempo al estilo del de "Yoyes" podría ser el procedimiento por el que la banda se asegure la fidelidad perruna de sus presos.

(La imagen es una foto de Manel, bajo licencia de Creative Commons).

La viga en el ojo propio y en el ajeno.

Anda el juez Pedraz, de la Audiencia Nacional, instruyendo investigación sobre ciertas autoridades chinas, varios militares y algún ministro, por el supuesto delito de genocidio y/o lesa humanidad, formas concretas de la figura delictiva general de crímenes contra la humanidad. El mismo juez también ha abierto sumario a unas autoridades guatemaltecas por los mismos o similares delitos cometidos hace unos años.

He leído comentarios de gentes preguntándose retóricamente que a dónde va el juex Pedraz con tamaño desvarío. Digo retóricamente porque se presupone que a ningún sitio. Eso no se dijo cuando el juez puso en su punto de mira a Guatemala por razones obvias, lo que demuestra la idea que tienen muchos de la justicia. El señor juez va muy requetebién a cumplir con su deber. La sola crítica que cabría hacerle sería por qué no ha empezado por su propio país y marcha su señoría tan lueñe a blandir la espada de la ley.

La doctrina jurispenal más avanzada en el mundo sostiene y parece haber consenso en la materia que los delitos de genocidio o crímenes contra la Humanidad no prescriben, no pueden ampararse en el principio de irretroactividad ni en el de territorialidad del derecho. Es decir, se pueden perseguir siempre, se cometieran cuando se cometieran y en cualquier lugar del planeta. Aplicando estos principios el juez Garzón abrió sumario de instrucción al general Pinochet, pilló al mundo desprevenido y estuvo a punto de salirse con la suya de poner al dictador asesino del presidente legítimo de Chile, señor Allende, ante un tribunal de justicia, y no en un procedimiento de extradición sino mediante una orden directa de captura dictada al amparo de la jurisdicción universal en este tipo de delitos. Lo mismo podía haber hecho un juez de las islas Seychelles.

Como se sabe el dictador Pinochet se salvó de comparecer en un proceso penal en su contra en España gracias a la intervención de la señora Thatchter quien invocó la razón de Estado (la colaboración de Chile contra la Argentina en la guerra de Las Malvina), lo cual demuestra la idea que tienen de la justicia los que van por ahí predicándola. Porque si abominable es que el dictador Pinochet haya cometido tales y tales crímenes (viga), no menos abominable será ampararlo en contra de la acción de la ley (otra viga). En el ínterin el juez Garzón ha procesado ya a algunos responsables de las atrocidades de la Junta Militar argentina con aquellos increíbles generales, Ongania, Videla... Cosa que está bien, es de aplaudir y una gran avance en la calidad moral de la humanidad. Los dictadores deben saber que tarde o temprano pagarán por sus fechorías ante un tribunal de justicia.

El de aquí se fue sin pagar nada, gratis total y deja a su familia en disfrute ostentoso de bienes cuya posesión habría que negarles, como es el caso del casorio hoy de la bisnieta del general Franco en el Pazo de Meirás, que el pueblo reivindica como suyo pero sin llegar a asaltarlo como La Bastilla. También la crítica que cabe hacer al señor Garzón no es por qué se va en busca de los Videla sino por qué no llama a declarar por ejemplo al señor Fraga, por citar el nombre de quien, como ministro del general Franco, dio el visto bueno al asesinato en 1963 de Julián Grimau, militante comunista quien, tras ser torturado durante días en la Dirección General de Seguridad y ser arrojado por una ventana (la versión de la policía es que se tiró él mismo, sin reparar en el hecho evidente de que, siendo tal cosa cierta, no es menos incriminatorio para ella) fue sometido a una farsa de proceso ante un tribunal militar sin garantía alguna, siendo condenado a pena de muerte sin apelación posible y conculcando todos los derechos imaginables en el proceso justo. Un delito imprescriptible que está esperando el castigo de los responsables y de los autores intelectuales. Con esto no está diciéndose a sus señorías que dejen aquella noble causa para dedicarse a ésta, de ningún modo; que sigan con aquella pero que abran ésta también. También aquí hay (no hubo; hay) fosas comunes, decenas de miles de personas esperando justicia, centenares de miles; medio país. Sigan sus señorías con la China che è vicina, pero abran la causa también aquí, en Badajoz, en las Canarias, en Madrid, Vitoria, en todas partes. ¿Por qué no?

La China, sí señor, una forma clarísima de despotismo asiático, categoría que acuñó Marx. Ha resultado enternecedor ver con qué claridad ha hablado el señor Bush; casi parece que estoy oyéndolo (no lo he hecho, por supuesto): "We Americans cherish soooo much Freedom!", arrastrando las sílabas como los de Tejas, "fri-i-dom", lo que debe entenderse como: "Vds., asiáticos, no saben de qué va esto". ¡Con qué energía descargada desde una altura jupiterina (no necesariamente moral) ha conminado a las autoridades a liberar a los presos políticos! (viga). Y lo hace el que acaba de ejecutar a dos presos desoyendo procedimientos de revisión en curso y acaba de condenar a cinco años y medio a un chofer de un dictador en un procedimiento que tiene tanto parecido con un debido proceso como un pelotón de fusilamiento con una mariposa. (viga) Pero da una idea de la que tiene de la justicia quien va por ahí imponiéndola a cañonazos.

Conste que no me gusta nada la gente que se harta a hablar de Guantánamo para que no se hable del Tibet. Del Tibet, de Guantánamo, de todas partes, del Irak, de Afganistán, de Cuba, de Palestina, de Europa, de España, del País Vasco. Y no solamente hablar. También hacer; sin violencia pero hacer.

(La imagen es una foto de Squeaky Marmot, bajo licencia de Creative Commons).

De Juana.

Ya están otra vez los buitres carroñeros tratando de que el asesino De Juana vuelva al trullo contra toda ley y justicia. Igual que hicieron cuando perpetraron aquel abuso de los dos articulitos supuestamente amenazadores, ahora quieren empurarlo por el texto de una carta que sus amigos leyeron en alto en un homenaje callejero hecho por unos gamberros que decidieron apropiarse la vía pública para festejar al criminal recién excarcelado.

Leí lo que publicó Gara en su día e incluso posteé sobre ello (Blogorismo de De Juana) y no me pareció que contuviera apología alguna del terrorismo, aunque sí una ofensa a las víctimas si era verdad que él decía ser víctima a su vez mas no en un sentido jurídico sino metafórico. Como siempre en los escritos de este sujeto, era un texto torpe, apelmazado, bombástico y lleno de topicazos, pero no constitutivo de delito. De todas formas los jueces sabrán decidir. Pero permítaseme recordar que el momento es poco propicio a un juicio ecuánime, que hay un clima de linchamiento mediático e inmediático del precito De Juana que invade prácticamente a todo el mundo en nuestro país, donde es de mal tono empezar cualquier discurso sobre el poliasesino sin hablar de náuseas y vómitos.

Va a ser muy difícil que los jueces aguanten la presión que cae sobre ellos; pero tienen que hacerlo. No puede repetirse la vergüenza de los articulitos de Gara. Por el bien de todos. El asesino De Juana cumplió su condena. La ley obliga a ponerlo en la calle y nada dice sobre que tenga que arrepentirse, vivir aquí o allá o no escribir cartas llenas de memeces. Cumplamos la ley y, si el señor De Juana vuelve a delinquir, procédase contra él. Pero no se "creen imputaciones", no se retuerzan las pruebas, no se haga una chapuza para volver a enchironarlo porque eso no puede hacerse en un Estado de derecho.

(La imagen es una foto de Vicki's Nature, bajo licencia de Creative Commons).

Por la boca muere el pez

La juez del Juzgado de lo penal nº 6 de los de Madrid ha condenado al locutor Jiménez Losantos por el delito de injurias graves. Es decir, mientras no medie un recurso contra la sentencia el condenado será un mentiroso, un injuriador, en definitiva, un delincuente. Si media recurso será todo eso... presuntamente, pero con una probabilidad elevada de que la sentencia pase a firme y el señor Jiménez Losantos pueda ser llamado delincuente con todo motivo.

La reacción del locutor de la COPE, cual era de esperar, ha sido intemperante, agresiva, irritada y como de bravucón. Después de agradecer las pruebas de solidaridad que ha recibido, mostrando que su carácter temperamental acabará gastándole una mala pasada algún día, se ha despachado a gusto contra todo quisque, asegurando que la sentencia es una chapuza y que la juez no sabe redactar. Asimismo sostiene que se trata de un fallo que convierte el derecho a la libertad de expresión en un delito, lo que es peregrino porque no se le ha condenado por ejercer la libertad de expresión, sino por cometer el delito de injurias graves. Son argumentos falaces, malhumorados que tratan en vano de silenciar el hecho clamoroso de que un periodista sea condenado por un tribunal de justicia por faltar a la verdad e injuriar a un tercero. ¿Quién podrá ahora dar crédito a lo que diga un delincuente? Cegado por el despecho y la impotencia, así como por una grave ignorancia, ha asegurado que, pues el honor del señor Gallardón vale sólo 36.000 € (que le parecen pocos) piensa seguir "criticándolo", o sea, en román paladino, insultándolo. Ignora el hombre que, si vuelve a hacerlo, será reincidente y la pena por su delito aumentará. Lex videt iratum, iratus legem non videt decía el proverbio latino.

Con todo, lo más sorprendente de este caso es que el condenado argumente que la sentencia confunde en todo momento opinión con información. Cree el delincuente que todos son de su pendiente, porque ese, precisamente ese, fue el eje de su defensa en la causa, esto es que en la radio es difícil distinguir la información de la opinión. Es un razonamiento tan patafísico como el personaje: si esa dificultad se arguye para exonerar al acusado, ¿cómo puede después argüirse para condenar a la juez? Es igual que la afirmación de que la sentencia constituye un intento de amedrentar a los periodistas cuando es evidente que el intento de amedrentamiento y a los políticos (y más que un intento, una práctica cotidiana de abuso) provenía de la diaria letanía de insultos del locutor Jiménez Losantos.

Todo eso es agua que ya no muele molino excepto el de la vergüenza que le quede al delincuente señor Jimenez Losantos. La pregunta que debe plantearse ahora es ¿qué piensa hacer la jerarquía eclesiástica? ¿Va a tener a un delincuente al frente del espacio más frecuentado de sus ondas? La cuestión no es retórica ni hipócritamente moralizadora, al modo de esos comentaristas que se escandalizan de que la Iglesia sostenga en su radio a alguien que contradice y ataca a los envangelios de palabra y obra. La pregunta simula creer que haya alguna relación discernible entre la jerarquía eclesiástica y el Nuevo Testamento cuando la única relación existente es entre la citada jerarquía y el dinero y como éste es el que ahora puede empezar a asustarse, es posible que los obispos tomen alguna decisión frente a esa máquina de insultar e injuriar que se llama FJL, la única posible: despedirlo. Porque, como decía servidor en un post anterior, titulado Más que un alcalde,"políticamente hablando, el señor Jiménez Losantos es un cadáver".

Una última observación con respecto al alcalde de Madrid. Que yo sepa es el único político en la historia de nuestra democracia que ha conseguido una condena judicial a un injuriador. Con ello ha prestado un gran servicio a su (nuestro) país y se lo ha prestado a sí mismo con toda justicia. Ha demostrado tener temple y valor (pues no es fácil enfrentarse a este conocido grupo de periodistas mendaces que agrede e insulta desde sus radios y periódicos) y sabe medir muy bien sus tiempos. Su talla sobresale por encima de las de sus compañeros de partido, en especial la de su rival, señora Aguirre, que se abaja y humilla a los periodistas faltones y sólo se las tiene tiesas con los trabajadores que protestan y cuando va rodeada de guardaespaldas. Lo reitero: el señor Ruiz Gallardón es más que un alcalde. Y por merecimientos propios.

(La imagen es el famoso cuadro de Arcimboldo, El fuego (1566) que se encuentra en el Kunsthistorisches Museum, Viena).

Guantánamo: terrorismo y tortura.

En los tiempos de mi ya lejana juventud durante la guerra del Vietnam corría un dicho según el cual "la prueba de que en los Estados Unidos cualquiera puede llegar a Presidente la tenemos en su Presidente". Se quedó corto. Sería más apropiado decir, al menos hoy por hoy: "la prueba de que en los Estados Unidos cualquier imbécil puede llegar a Presidente la tenemos en su Presidente". Un imbécil malintencionado, si es que la expresión no es una redundancia. Porque hace falta ser un rato imbécil y muy malintencionado para obstinarse en ignorar las decisiones del Tribunal Supremo (TS) de los Estados Unidos (que actúa asimismo como Tribunal Constitucional) valiéndose para ello del Congreso y provocando así una confrontación entre el poder legislativo y el judicial, con una irresponsabilidad y un desprecio por la arquitectura democrática del Estado de derecho que sólo puede caracterizar a un neoconservador, la figura humana más próxima a un nazi que yo conozca.

Porque efectivamente, la sentencia del TS del martes en el caso Boumedienne vs. Bush, reconociendo a las personas secuestradas por Bush y sus sicarios en la base de Guantánamo bajo la denominación de "enemigos combatientes" el derecho a las garantías judiciales que la Constitución estadounidense otorga a toda persona bajo la autoridad de los EEUU, empezando por el habeas corpus, es el tercer fallo en este sentido. Los otros dos, de 2004 y 2006, fueron burlados por el Presidente mediante sendas leyes aprobadas en el Congreso (entonces con mayoría republicana) que despojaban de tales derechos a los secuestrados en la base cubana, en donde están sometidos a un régimen de tortura, vigilados por soldados que son verdaderos terroristas. La decisión de 2006 reafirmaba estos derechos frente a la Detainee Treatment Act de 2005, que reconocía a los detenidos sólo el derecho de apelación ante el tribunal del distrito de Columbia en condiciones muy restringidas y esta tercera sentencia anula la Military Commisions Act de 2006 que no solamente legalizaba la tortura sino que despojaba a los "enemigos combatientes" de la garantía de habeas corpus y de todo derecho a proceso judicial legal, asignándolos a unos tribunales militares especiales que se parecían mucho a los consejos de guerra de Franco en los primeros años de la dictadura: los inculpados no tienen derecho a abogado, no reciben información sobre las pruebas contra ellos y se les puede juzgar según sus declaraciones obtenidas bajo tortura.

Esa canallada legal que el señor Bush, el que dice que habla con Dios, firmó muy contento el 16 de octubre de 2006 es la que el TS ha anulado con su veredicto del martes. Un veredicto, por cierto, obtenido por cinco votos contra cuatro, los cuatro conservadores, tres nombrados por Mr. Bush y el cuarto, Scalia, por el señor Reagan, otra lumbrera. Estos disidentes, encabezados por el presidente del TS, John Roberts Jr., aducen que el fallo del alto tribunal debilita la seguridad de los EEUU, pone en peligro la vida de los estadounidenses, va contra una norma "generosa" (la ley que autoriza la tortura) y el TS vivirá lo suficiente para arrepentirse de ella; esto es, ha suscrito la base argumental de la presidencia sin invocar razonamiento jurídico alguno, excepto la muy problemática y manoseada sospecha de que, al anular aquella vergonzosa ley de la tortura y dar un buen bofetón al Presidente, el TS está practicando un peligroso "activismo judicial".

Frente a ellos, la mayoría razona de modo impecable por boca del juez Kennedy al sostener que la Constitución y la ley están en vigor especialmente en tiempos excepcionales, que en dichos tiempos nadie bajo custodia de las autoridades de los EEUU está desprotegido por la ley y nadie está por encima de ella, que los detenidos tienen derecho al habeas corpus ante cualquier tribunal de los Estados Unidos y, por último, que "sostener que los poderes políticos pueden activar o desactivar la Constitución según quieran, lleva a un régimen en el que serán ellos y no este Tribunal quienes decidan qué es legal y qué no"; o sea, a la dictadura. Está claro, ¿verdad?

Sin duda. Excepto para el señor Bush que vuelve a decir que acatará la sentencia pero que no la comparte y que tratará de conseguir legislación (¡por tercera vez!) para burlarla. Otra vez a intentar valerse de la Ley para justificar la arbitrariedad del poder político que, al secuestrar a la gente en limbos jurídicos, sustrayéndola al conocimiento de los tribunales, en circunstancias de secreto, está actuando como un delincuente, como un terrorista y un torturador. Por fortuna, el Congreso es hoy de mayoría del Partido Demócrata y aunque no convenga fiarse de este partido más que del Republicano, el hecho de encontrarnos en año electoral y ser la guerra del Irak impopular en los EEUU permite augurar que el señor Matorral, interlocutor de Dios, no se saldrá con la suya.

Le queda además un telediario y su índice de popularidad, el más bajo en la historia de los presidentes de los EEUU, es del 33% en lo referente a la guerra del Irak. A su vez ese 33% es muy alto. En cuanto a su capacidad de gestionar la economía la puntuación que logra es 22% y la valoración general de su mandato está en 28% a favor.

Sin duda, el peor presidente de la historia de los EEUU, un verdadero terrorista y un torturador; un amigo del señor Aznar y un enemigo del señor Rodríguez Zapatero, cosa que ha dado a éste más de un voto en las últimas elecciones.

(La primera imagen es una foto de Toots Fontaine, y la segunda de Smeerch, ambas bajo licencia de Creative Commons).

Convocatoria.

El hostigamiento político-judicial a que se está sometiendo a las clínicas en las que se practican interrupciones voluntarias del embarazo y a las mujeres que han abortado no es de recibo. Los jueces no pueden atropellar los derechos de las justiciables, arrojarlas a la vindicta pública, quién sabe si a la insania de algún pariente. Esa maniobra huele a la legua a una colusión entre los sectores más carcundas de la sociedad civil, el poder político sectario de la Comunidad de Madrid, que tan pronto tira por tierra el trabajo de los profesionales hospitalarios como persigue con saña a unas personas que ejercen su derechos y una judicatura parcial, ideologizada, que trata de cercenar la ley aterrorizando a las ciudadanas que se amparan en ella.

Tan poco de recibo me parece que suscribo de la cruz a la fecha el manifiesto firmado por cuarenta y tantas organizaciones feministas y de diverso tipo que me han remitido los de No nos resignamos y que se titula Despenalización del aborto voluntario. En él se convoca a una manifa el próximo miércoles día 23 de enero, a las 19,00 horas en la Puerta del Sol de Madrid con el lema: ¡Fuera el aborto del Código Penal! Me parece estupendo: hay que parar el pie a los curas, a los meapilas, los carcundas, los sectarios de la ultraderecha, todos esos fariseos que tiran la piedra y esconden la mano y, en general, a esa panda de sectarios que no luchan por ampliar o consolidar sus derechos, sino por restringir y eliminar los de los demás.

Asimismo propongo que no sean solamente las mujeres quienes se autoinculpen de haber abortado, sino que lo hagamos también los hombres y, si nos parece que es un poco fuerte autoacusarnos de haber cometido un "delito" que fisiológicamente no podemos cometer, autoacusémosnos de complicidad y encubrimiento en la comisión del "delito" que ambas figuras están también penadas.

(La imagen es una foto de Gaby de Cicco, bajo licencia de Creative Commons).

Querido maestro.

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) ha editado un interesantísimo libro homenaje a Elías Díaz con motivo de su jubilación en la cátedra de Filosofía del Derecho. Un acierto más de esta ya venerable institución. El CEPC es el viejo Instituto de Estudios Políticos, fundado en los años más duros del régimen de Franco, allá por 1939, con la finalidad de expandir la doctrina nacionalsindicalista y la teoría del "Estado Nuevo". El mismo Instituto que, en 1962, bajo la dirección de Manuel Fraga, editaba un curioso folleto al cuidado de González Seara, titulado El asalto al Parlamento y que era el informe que Jean Kozak, miembro del Buró Político del Partido Comunista Checo, presentaba sobre la conquista del poder en Checoslovaquia, como recuerda InSurGente, que trae unas consideraciones de Malime sobre el folleto. En aquellos años sesenta, el Instituto se convertiría en un foco de intelectuales contrarios al régimen de Franco, entre los cuales, si no ando equivocado, estaba el propio Elías. Intelectuales encriptados en el centro de fabricación ideológica del régimen pero prestos a fabricar la contraria, un maquiavelismo al que el propio Instituto había dado pábulo al publicar el informe de Kozak aduciendo que era preciso saber qué y cómo pensaba el enemigo. Andando el tiempo, ya con la democracia, Elías asumiría brevemente la dirección del Instituto, por entonces rebautizado como Centro de Estudios Constitucionales. Es la única excursión que yo conozca que haya hecho Elías al ámbito de la gestión, al que otros intelectuales son tan aficionados.

El libro en cuestión ha estado a cargo de tres de los más conocidos discípulos de Elías. Liborio Hierro, Paco Laporta y Alfonso Ruiz Miguel escriben una interesante introducción al pensamiento del maestro, dedicando su atención a los tres campos que consideran constitutivos de su obra: el del pensamiento español, el de teoría política y el de filosofía del derecho. Igualmente cuentan que, al decidir hacer un homenaje a Elías, tropezaron con la cerrada negativa de éste, opuesto a que se le tributase su "centón" y, como le caracteriza una considerable tozudez, de la que con gracia habla Raúl Morodo en el primer apartado del libro, acabó saliéndose con la suya, sustituyendo la obra homenaje clásica por un libro en el que se repasaran los trece que él ha publicado, encargando cada uno de ellos a un amigo o colega al que, por el tema o alguna otra circunstancia, más le encajara y con el añadido de tres o cuatro reseñas, recensiones o críticas que en su día se hubieran publicado sobre el libro en cuestión, también firmadas por alguien cercano a nuestro autor.

Pues nada, chapeau, Elías: has conseguido transformar un aburrido libro homenaje en una interesante monografía colectiva sobre tu obra, que reúne puntos de vista muy distintos, aportados por personas de mucha cualificación y que te conocen y aprecian. Una obra que se lee con verdadero placer.

Me gustaría hablar de todos los capítulos, pero sería petulante e imposible, porque, además, tambien yo quiero decir algo sobre Elías, al que considero maestro, aunque durante todos estos años fingiera por pudor aceptar la relación de amistad de igual a igual con que él siempre me ha distinguido.

En cuanto a los trabajos, los que más me han gustado (sin demérito de los otros, por cierto) han sido el de Raúl Morodo, sobre Sociedad democrática y estado de derecho, esa obra que leyó con entusiasmo mi generación porque abrió nuestros revolucionarios ojos a la necesidad de preservar las formas, pues por verdaderas formas y no platónicas, sino por formalismos, podíamos tener la democracia y el imperio de la ley. La de Virgilio Zapatero, que señala el empeño de Elías por conciliar el marxismo con la democracia en Legalidad-Legitimidad en el socialismo democrático, empeño nada fructífero pero de muy conveniente formulación. El de Nicolás López Calera, en defensa del Estado, de cierto tipo de Estado, al hablar de La maldad estatal y la soberanía popular. El de Luis García San Miguel, por desgracia ya desaparecido que, al comentar La transición a la democracia reivindica su actitud siempre "reformista" y se felicita de que Elías también lo sea haciendo causa de lo que éste llama la "falacia" de la identificación entre capitalismo y democracia. Por supuesto. Menudo socialista democrático sería aquel que pensará que la democracia sólo es compatible con el capitalismo. Y, por último, el de Ernesto Garzón Valdés sobre Un itinerario intelectual. De filosofía jurídica y política porque aborda el fascinante tema del deber de obediencia al derecho en Elías, cuya doble naturaleza de jurista y de filósofo se desdobla aquí, predominando la del filósofo en el momento en que habla del deber ético de desobediencia al derecho, desobediencia que en el franquismo era casi un imperativo categórico.

Tengo leídos, creo, todos o casi todos los libros de Elías y comentados varios de ellos. Incluso en cierta ocasión le hice una entrevista para Diario 16 en la que dijo cosas muy interesantes, cómodamente sentado en un salón de su casa en la zona de Ciudad Lineal. (Espero digitalizarla un día de estos y te la mando, que seguro que no la guardas).

Profeso admiración por Elías. Creo que es un gran intelectual que ha procurado siempre unir la rigurosa reflexión teórica con la praxis (de ahí esa su atención a la Sociología del Derecho que Manuel Atienza subraya en este libro), dentro de una línea de exigencia ética de fortísima raíz kantiana. A ello se añade su obra de reflexión sistemática sobre el pensamiento de su época (del que el suyo forma parte esencial) y su capacidad para vincular la tradición krausista con las cuestiones del socialismo democrático en la época del así llamado "capitalismo tardío".

Confieso que cuando en alguna de las obras de Elías me encontré la idea (que cito de memoria) de que el Estado del bienestar es la juridificación de la transición al socialismo, se me aclararon muchas cosas en la cabeza.

Me uno al homenaje que tantos discípulos y amigos tributan a Elías y agradezco a los organizadores que se acordaran de mí e incluyeran un breve comentario a una de las obras del maestro.