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sábado, 3 de diciembre de 2016

Un día grande

Grande, grande. De esos que los políticos llaman "históricos", pero de verdad. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha rechazado el último recurso del gobierno del Reino Unido en contra de un decisión suya anterior que, por tanto, pasa a tener pleno efecto. Esa decisión fue requerir al gobierno del Reino Unido que ponga ipso facto en libertad a don Julian Assange, a quien mantiene ilegalmente detenido en la embajada del Ecuador desde hace seis años. Igualmente le ordena, así como al de Suecia que depongan su actitud de persecución del fundador de WikiLeaks y lo restablezcan en el pleno uso de todos sus derechos.

Histórico, verdaderamente histórico. Va a resultar que la ONU tiene una fuerza moral mayor de la que los llamados "realistas" le conceden. A ver cómo se zafa el RU de esta. Es miembro del Consejo de Seguridad y, obviamente, no puede desobedecer un requerimiento de un órgano de la Asamblea General. La excusa de poner en cuestión la fuerza de obligar de una decisión de un órgano de este tipo, queda desactivada dsde el momento en que RU aceptó el procedimiento e hizo uso de su derecho de recurso, aceptando con ello el resultado.

No hay sino poner en libertad a Assange. Mucha gente aduce que este asunto no es jurídico, sino político. Cierto, el asunto es puramente político disfrazado de judicial. Véase: Assange está practicamente secuestrado por el gobierno de su graciosa majestad en cumplimiento de un requerimiento de un órgano judicial sueco que quiere a Assange a declarar en un asunto de abusos sexuales. Pero: a) no formula cargos concretos, sino que lo requiere para indagaciones, y b) no se compromete a no extraditarlo a los EEUU si los norteamricanos lo solicitan. Y ¿para qué lo quieren los yanquies? Para averiguar algunas cuestiones secretas de WikiLeaks. Secretas porque no se especifican.

Es un caso político, obvio. Pero los políticos son los que se disfrazan de jueces. El otro es un perseguido. Un perseguido al que hasta ahora se ha respetado el derecho medieval de Santuario. Lo interesante es si pasamos de la Edad Media a la Moderna y reconocemos a los seres humanos como titulares de derechos. Todos los seres humanos. Siempre. Assange también. El hombre había aceptado ser interrogado por una comisión judicial sueca en la embajada del Ecuador y Suecia tardó cinco años en enviarla.

Esto es algo atroz. Piénsese en seis años en el espacio que pueda ser la parte que le hayan asignado de la embajada del Ecuador, que no es la Arabia Saudí. Cierto, peor hubieran sido las mazmorras del Conde de Montecristo o los ergástulos de la antigua Roma. Pero aun así, es inaudito que se pueda estar seis años encerrado, sin acusación concreta, como sucedía con los presos que iban a la Bastilla.

Está por ver qué hace el RU. Los tiempos no parecen acompañar a la idea de un cumplimiento de las normas del derecho internacional. La reciente elección de Donald Trump induce a pensar que se pondrá a soltar exabruptos si se le informa de que Assange es puesto en libertad.

Por eso es un día grande. Cuando se va a ver si todo cuanto enseñamos en las universidades, declamamos en el Parlamento, debatimos en los foros públicos, escribimos en los periódicos, alabamos y predicamos por el mundo es cierto o no. Cuando se va a ver si el respeto a los derechos del individuo se impone frente a la arbitrariedad del Estado.

martes, 22 de octubre de 2013

El veneno de la "doctrina Parot"


El escándalo montado con motivo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dando la razón a la etarra Inés del Río en su recurso contra la aplicación en su caso de la "doctrina Parot" es un fiel indicador del estado moral de nuestra sociedad. Apenas conocido el hecho, un miembro de Nuevas Generaciones tuiteó su furia insultando al diputado Alberto Garzón, quien había celebrado el fallo del TEDH por entenderlo ajustado a derecho y respetuoso de los derechos humanos que, por lo demás, es para lo que está el Tribunal de Estrasburgo. El cachorro de NNGG llamaba de todo al diputado de IU (payaso, gilipollas, hijo de puta) y, finalmente, lo amenazaba de muerte. NNGG salía al paso rápidamente, censurando a su miembro y abriéndole un procedimiento de expulsión. El propio insultón, habiéndose enfriado un tanto, presentaba acto seguido su dimisión.

Es solo una muestra del estallido de indignación que la sentencia produjo en mucha gente, especialmente las víctimas del terrorismo, quienes hablan en su nombre, la opinión pública derechista y conservadora y una buena parte de la de izquierda, incluida IU. Era muy de ver cómo algunos izquierdistas se ponían estupendos, argumentando unas insospechadas complejidades técnicas de la cuestión con el objetivo implícito pero muy habitual, de desautorizar a quienes como Garzón y, desde luego, Palinuro, consideran que la sentencia es justa, arguyendo falta de competencia específica en el asunto. Es un viejo truco de leguleyos: tratar de llevarse la razón aduciendo profundidades misteriosas que, no estando al alcance del común de los mortales, deben ser suficientes para que estos se callen.

Y no ha lugar porque, afortunadamente, el TEDH no está en manos de rábulas sino de jueces capaces de hacer justicia en un lenguaje llano comprensible para todo el mundo. Según su sentencia, el Estado español ha vulnerado los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que él mismo firmó y se comprometió a acatar en todos sus términos. El artículo 5 habla del derecho de toda persona a un proceso justo y el 7, prohíbe algo que también prohíbe el ordenamiento jurídico español, esto es, la retroactividad de las normas sancionadoras y penales. Pero hay más, la segunda parte del art. 7,1 del citado convenio dice: Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida, que es exactamente lo que hace la llamada "doctrina Parot" que el Tribunal Supremo se sacó de la manga en el caso Parot en 2006: prolongar injustamente una pena de prisión más allá de la aplicable en el momento del delito. Así que el TEDH ha hecho justicia y eso es para alegrarse.

Las gentes de mala ralea -muchas-, siempre retorciendo las cosas, inquieren escandalizadas: ¿se alegran ustedes de que los asesinos etarras salgan en libertad? En modo alguno. Nos alegramos de que se haga justicia porque vivimos en un Estado de derecho bajo el imperio de la ley y odiamos que sea ese mismo Estado quien la infrinja porque eso es una especie de terrorismo. Si por cumplir la ley se beneficia a personas que, según las convicciones morales imperantes en el momento, no debieran beneficiarse, será la ley quien deba resolver la situación y no una decisión de un tribunal adoptada, según se ve, contra el mismo derecho que, como tribunal, está obligado a defender.

No hay mucha diferencia entre los GAL y la doctrina Parot. Ambos son veneno para el Estado de derecho. La única es que mientras los primeros fueron una chapuza de terroristas y criminales más bien toscos, la segunda tiene el refinamiento de saberse amparada por tan altos tribunales como el Supremo y el Constitucional que, evidentemente, cuando establecieron esa "doctrina", no estaban en su mejor día o quizá lo hicieron dejándose arrastrar por las pasiones del momento. Algo que un juez no debe hacer jamás. 

Nadie se alegra de que los asesinos salgan en libertad antes de tiempo. Pero es que no salen antes de tiempo sino, según establece la sentencia del TEDH, después de tiempo a tal extremo que hemos llevado nuestra ignominia a tener que pagar una indemnización de 30.000 € más intereses, impuestos, costas, etc a la terrorista Inés del Río. En verdad, una vergüenza.

Es comprensible la indignación de las víctimas del terrorismo y sus allegados, pero no es necesariamente justificable. Las víctimas (en el fondo, todos, pues todos somos, directa o indirectamente, víctimas de los crímenes terroristas) están en su derecho de protestar, mostrar su disgusto, hasta su rabia. Pero no pueden obligar al Estado a desacatar una sentencia firme de un tribunal cuya jurisdicción ha aceptado voluntariamente; no pueden obligar a las instituciones a ir contra la ley del Estado de derecho. No pueden dictar su voluntad al resto de la sociedad porque, en el momento en que intenten hacerlo, su indignación se troca en odio y venganza y ninguna sociedad puede sobrevivir sobre el odio y la venganza.

Si las víctimas del terrorismo creen que los terroristas convictos deben padecer mayores castigos que los previstos en la ley, si quieren imponer la cadena perpetua o la pena de muerte, por ejemplo, que lo propongan abiertamente y será la colectividad la que decida. Pero, a falta de eso, carecen de todo derecho a exigir de esta y de sus autoridades comportamientos ilegales. 

Porque lo que ha hecho el TEDH ha sido algo muy sencillo: obligar al Estado español (o sea, a todos nosotros) a cumplir la ley que nos hemos dado y que excluye taxativamente la retroactividad, como hace el art. 25, 1 de la Constitución española: "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento". Alguien podría decir que esta prohibición no afecta a los cálculos o cómputos sobre aplicación de beneficios penitenciarios hechos por los tribunales, que es de lo que va la doctrina Parot . Es absurdo y además no merece la pena detenerse en esto. Lo que el TEDH sentencia es que España ha infringido no su Constitución sino el vigente Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 5, 1, más arriba citado, y que repito aquí como colofón:Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. A nadie, incluida la terrorista más sanguinaria.

jueves, 27 de septiembre de 2012

Una propuesta práctica para la izquierda.

Los últimos acontecimientos en Madrid y otros lugares de España son muestra de un deterioro alarmante de la democracia. La desmesurada violencia policial en la represión de un 25S pacífico; el hecho de que los agentes fueran sin identificar, en contra de la ley y que sus mandos se jacten de ello; la brutalidad indiscriminada desatada por las provocaciones de los propios agentes disfrazados de manifestantes, contra toda norma moral; las identificaciones aleatorias e intimidatorias; las detenciones discrecionales; el hostigamiento y amedrentamiento sistemático de la población, todo ello prueba una neta involución política hacia formas políticas autoritarias, casi dictatoriales.
Y la consecuencia más evidente es la generalizada conciencia de indefensión de la ciudadanía frente a las arbitrariedades del poder, lo cual produce un estado de creciente irritación popular ante la que la autoridad solo responde intensificando la violencia.
El gobierno salido de las elecciones arrastra un déficit de legitimidad sobrevenida al haber incumplido clamorosamente todo el programa en virtud del cual se lo eligió. Por este motivo tiene tanta autoridad para gobernar como el mancebo de la botica. Sabedor de esta carencia de legitimidad, el poder no se molesta en guardar las apariencias, prescinde de todos los frenos y contrapesos propios del Estado de derecho y actúa a golpe de decreto, sin someterse a control alguno. El Parlamento, vaciado de contenido por la mayoría absolutísima del PP, no pinta literalmente nada. Las demás instituciones de fiscalización, como la Defensora del Pueblo, por ejemplo, están al servicio incondicional del gobierno. Solo los tribunales conservan un remedo de independencia, pero es de efectos tardíos, inseguros y quizá poco eficaces. Cuando el ministro Wert mantiene la subvención a los centros educativos segregados por sexo en contra de una sentencia del Tribunal Supremo hay poca duda sobre lo que aquí se dice.
El círculo se cierra con el control del gobierno sobre los medios de comunicación, total en el caso de los públicos -que actúan como unidades de agitprop del PP- y casi total en el de los privados. Un control que, con los esfuerzos de una batería de plumillas e ideólogos, fabrica una realidad diaria tipo Potemkin, esto es, simulada, ficticia. Una realidad en la que el pueblo que protesta contra el golpe de Estado de la banca es presentado por la autoridad como golpista, en que los escasos diputados que denuncian la violencia institucional son acusados de violentos y en la que son los manifestantes pacíficos como los de las fotos los que atacan a la policía.
Y no hay mecanismos de defensa. 
Gracias a las redes sociales todo el mundo puede ver lo que ha pasado, lo que está pasando, cómo la policía va sin identificar, se extralimita de continuo, carga brutalmente y maltrata a la ciudadanía que está ejerciendo un derecho. Luego, la delegada del gobierno ocupa los medios y miente con todo descaro, reduce los manifestantes a la décima parte, los insulta tratándolos de golpistas, asegura que atacan a la policía y que esta actúa correctamente. El gobierno ampara y sostiene estas patrañas y los medios de comunicación al servicio de la autoridad, esto es, casi todos, propalan los embustes, los infundios, las calumnias y son cómplices del poder en la tarea de criminalizar la oposición extraparlamenteria y parte de la parlamentaria, en concreto el puñado de diputados que ha tenido el coraje y la honradez de sumarse a los manifestantes.
La iglesia, como siempre que la derecha actúa en defensa de sus intereses, calla, y la gente tiene que informarse en las redes sociales y los medios extranjeros, hoy al alcance de la mano gracias a internet. Pero lo hace y eso se traduce luego en una acción política práctica extraparlamentaria que, aunque la delegada Cifuentes y quienes están tan ciegos como ella la vean como un problema de orden público, tiene un alcance inmenso, cada vez más de manifiesto. El sábado vuelve el pueblo soberano a rodear el parlamento para protestar por una forma de hacer política que reputa antidemocrática, injusta e inmoral. Lo hace de modo espontáneo, sin organización jerarquizada porque los partidos no pueden ya canalizar las aspiraciones de los ciudadanos, unos porque, siendo los partidos dinásticos, están comprometidos con la situación que se impugna y los otros porque tienen perfiles ideológicos restrictivos, casi sectarios, que no invitan a seguirlos. El poder reacciona con desmesurada violencia frente a este movimiento pacífico de desobediencia civil y, en su necia locura no se da cuenta de que está alimentándolo. Las instituciones que habían de servir de contrapeso son cómplices del atropello y, aunque ya sea claro que el movimiento es imparable, lo es por el sacrificio de la gente, dispuesta a padecer la violencia del poder, indefensa.
Pero no debiera ser así. Debiéramos encontrar mecanismos de defensa de la protesta tanto colectiva como individualizadamente, que pudieran enfrentarse al poder desde una posición de altura moral y con la legalidad en la mano, para  pararlo, reducirlo y proteger el movimiento.
Por ello propongo celebrar una conferencia de organizaciones de la izquierda, de toda la izquierda, incluido el PSOE, para consensuar la constitución de un Tribunal Cívico, compuesto por media docena de personas de indudable integridad moral y altura intelectual que conozca los casos de conculcación de los derechos de los ciudadanos a manos de las autoridades. La cuestión sería ponerse de acuerdo en los nombres, cosa que no debiera ser difícil por consenso y serviría como un primer paso claro y práctico en pro de la unidad de la izquierda. Pienso en nombres como los de José Luis Sampedro o Federico Mayor Zaragoza, gente que dé la talla y goce de merecido reconocimiento.
La función del Tribunal Cívico será dictaminar sobre los casos que investigue, los abusos, las arbitrariedades, poniéndolos en conocimiento de los medios y también de los tribunales de justicia nacionales e internacionales. El Tribunal Cívico debe disponer  de un cuerpo o gabinete de letrados que recurra permanente y sistemáticamente a los órganos judiciales en defensa de los derechos de los ciudadanos para oponerse individual y colectivamente a las decisiones de un poder que no quiere límites. 
Dado que la Defensora del Pueblo defiende al gobierno que ataca al pueblo, que el Parlamento se limita a convalidar las políticas antipopulares del gobierno y que los tribunales de justicia no son operativos en el control de las desmesuras gubernativas, poner en pie un organismo de este tipo es un gran paso en la actividad de proteger un movimiento popular, espontáneo, de crítica y regeneración del sistema político y en defensa de un orden más humano y justo aquí y ahora, no en un hipotético futuro.
(Las imágenes son dos fotos encontradas en Twitter que recogen momentos de la represión policial del 25S. No he visto que tuvieran derechos reservados y he asumido que están en creative commons. De no ser así, un simple aviso en el contacto de Palinuro bastará para retirarlas).

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Una digna respuesta.

La educación, la sanidad, la vivienda, el seguro de desempleo y las pensiones son los pilares del Estado del bienestar, la conquista democrática del siglo XX en Europa basada en la idea de que esos servicios constituyen derechos de los ciudadanos. Como tales deben tener igual reconocimiento y garantía que los derechos clásicos civiles y políticos y los derechos fundamentales. Porque son derechos fundamentales, no mercedes graciables del poder ni actos de beneficencia de organizaciones privadas. Mucho menos negocios.

Esa conquista democrática es la que la derecha neoliberal quiere desmantelar y lleva camino de hacerlo si las sociedades bajo ataque no se defienden. Las pensiones están congeladas; el seguro de desempleo, reducido y acortado; el acceso a la vivienda es una quimera. Ahora el ataque es contra la educación y la sanidad que, privatizadas, son suculentos negocios. La novedad de la situación es que el neoliberalismo no niega ya (como sí lo hacía antes) que la educación y la sanidad sean derechos. Lo que dice ahora es que, por desgracia, no hay dinero para financiarlas y que, en época de crisis, hay que recortar. Pero esto es una excusa.

En primer lugar, no hay dinero porque hace años que está descapitalizándose el Estado a base de reducir los impuestos y renunciar a ingresos bajo la engañosa consigna de que "en donde mejor está el dinero es el bolsillo de los contribuyentes", sin especificar de qué bolsillos se habla. En segundo lugar si, con todo, hay que reducir partidas, habrá que pensárselo mucho, ser muy transparentes y justificar que no hay otro lugar del que reducir que no sean la educación o la sanidad. Si las exenciones fiscales y privilegios que la Comunidad Autónoma de Madrid concede a la enseñanza privada concertada alcanzan los ochenta millones de euros y esa es la cantidad que se ahorra con los recortes de la enseñanza pública, será preciso demostrar por qué es más justo privilegiar a la privada en detrimento de la pública. No blandir el hacha y asestar el tajo sin más explicaciones.

Esa es la política de la Comunidad de Madrid, la de los hechos consumados y las confrontaciones. Porque a Esperanza Aguirre no le interesa conservar la enseñanza pública sino desmantelarla en beneficio de la privada. Por eso no razona, sino que insulta. La historia de su mandato es de hostilidad a los servicios públicos. No da razones sino que va por la vía de hecho y, en lugar de, cuando menos, explicar las medidas tomadas, pues no las ha consensuado con nadie, trata de desprestigiar a los docentes (como intentó hacer en la legislatura anterior con la sanidad pública y las calumnias al doctor Montes) mintiendo sobre su jornada laboral, descalificando su labor y agrediendo a los sindicatos. Eso no es política democrática, de diálogo, sino política autocrática, de imposición. Y no es casual ni repentino sino algo calculado, planeado y ejecutado fríamente, es el desmantelamiento del Estado del bienestar.

La colectividad de enseñantes, padres y alumnos respondió ayer ejemplarmente por segundo día en la calle con una manifa multitudinaria que es en realidad una enmienda a la totalidad de la política educativa de Aguirre y de su consejera, Lucía Figar, esa pía dama que según ella misma dice, piensa entregar suelo público gratuito para que las sectas ultracatólicas que son de su agrado pueden adoctrinar a los niños de la región. Visto lo visto imagino que estas sectas edificarán en los terrenos públicos unos colegios de excelencia para los hijos de los ricos y, al lado, unas chabolas para enseñar el catecismo a los hijos de los pobres que, bien pensado, es lo único que necesitan aprender.

Y no acaba ahí el alcance político de la combatividad de Aguirre. No solamente desprestigia a los docentes y miente sobre su jornada sino que ataca la legitimidad de la huelga atribuyéndosela a los sindicatos, el PSOE, los indignados y "los de la ceja" y, en definitiva, al gobierno central. Es decir, todo el conflicto está provocado y planeado por la Comunidad de Madrid con el fin de plantear un problema más al gobierno central y como eso es absurdo porque éste carece de competencias en la enseñanza en Madrid, se lleva por el lado de la demagogia, asegurando que está alentando a los huelguistas y poco menos que sosteniendo que la huelga está organizada por Rubalcaba y que el ministro de Educación dimita por ello. Una actitud de tan disparatada frivolidad en un asunto de tal importancia muestra que a Esperanza Aguirre la enseñanza pública y los docentes le importan un comino. Y los alumnos, menos.

jueves, 20 de enero de 2011

China, EEUU, derechos humanos.

Barack Obama, leyó ayer la cartilla en materia de derechos humanos a Hu Jintao, secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de la República Popular China. Éste encajó el golpe de un modo que todo el mundo ha considerado abierto y ejemplar y, en tono algo lastimero, dijo que se había hecho mucho, pero quedaba mucho más por hacer y que lo harían, pero sin injerencias. Añadió Hu Jintao que China está comprometida con la universalidad de los derechos humanos, pero que el personal debe tener en cuenta las especifidades de cada país; lo que, junto a la no injerencia, equivale a una declaración de superioridad de la razón de Estado sobre los derechos humanos. No obstante, los medios de comunicación en todo el Occidente han aplaudido a rabiar el "nuevo espíritu" de la dirección china y la valentía de Obama de plantear el asunto al visitante de modo sincero, candid, dice el Presidente.

¡Ah, la superioridad moral de Occidente! Ahora ya podemos sentarnos a hablar de cosas serias: el contrato con Boeing por 14.100 millones de euros y asuntos de esa enjundia. Con razón nadie pareció acordarse de Liu Xiaobo, el sucesor este año del flamante premio Nobel de la Paz el pasado, Mr. Obama. Al margen de otras consideraciones, la verdad es que Hu Jintao ha estado muy prudente, muy moderado, quizá en exceso. Otro en su lugar podría pedir a Obama, a los EEUU, sus títulos para exigir a los demás respeto a los derechos humanos cuando, como todo el mundo sabe, los EEUU:

1) Conservan la pena de muerte y la aplican.

2) Tienen un centro de secuestro de personas en Guantánamo en donde practican la tortura y violan todos y cada uno de los derechos humanos a ciudadanos de otros países.

3) Recurren a la tortura cuando juzgan en juego sus "intereses nacionales"; es decir, siempre.

4) Sus servicios secretos secuestran personas a lo largo y ancho del mundo y las mantienen en centros secretos, sin ninguna consideración para sus derechos humanos.

5) Invaden otros países u organizan golpes de Estado en ellos, asesinan a sus gobernantes y masacran a sus poblaciones.

Algún espíritu exigente añadiría a esta siniestra lista la derogación de la ley de salud pública de Obama, con lo que se atenta contra el derecho fundamental a la salud de millones de gentes de su propia población. La niña de los ojos de Obama quien, por cierto, como presidente negro sabe de sobra que en su país los negros son, en muchos aspectos, ciudadanos de segunda. Basta con mirar la población penal y el porcentaje de african-americans en las fuerzas armadas. Y no andan lejos los latinos.

Así que por muy lamentable que sea la situación de los derechos humanos en China, por estos pagos debiéramos barrer nuestra casa antes de decirle al vecino cómo tiene que limpiar la suya. Y hablo en primera persona del plural porque en Europa no andamos tampoco sobrados. ¿O no era un derecho fundamental la igualdad ante la ley? Para responder échese una ojeada a Italia en donde Berlusconi no solo no piensa comparecer ante los tribunales sino que pretende empapelar a los fiscales porque dice que son de izquierda. Y lo hace a su manera, en un vídeo grabado en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros y difundido por sus cadenas.

O, para mayor diversión, mírese el caso de Suiza, en donde la policía ha detenido a Rudolf Elmer, el exbanquero que entregó datos de cuentas secretas a WikiLeaks porque, según se dice, al revelar secretos de millonarios que pueden haber defraudado al fisco en sus países esta violando la ley suiza, con lo cual quieren procesarlo; es decir, no pretenden derogar una ley que ampara presuntos delincuentes y convierte a Suiza en un paraíso fiscal de hecho, sino que van por el que quiere acabar con eso. Y son los defensores de la universalidad de los derechos humanos.

No quiero alargar indebidamente la entrada pero ¿cómo están los derechos humanos de las poblaciones inmigrantes hoy en casi todos los países europeos, los gitanos, los rumanos, los norteafricanos, los subsaharianos, etc?

Ya sé que todo lo que sea hablar de derechos humanos será poco y que hay que denunciar cualquier atentado contra ellos. Por eso mismo.

(La imagen es una foto de US Department of State y está en el dominio público.

viernes, 8 de octubre de 2010

El Nobel, la ideología y el poder.

Ayer disfruté mucho viendo cómo había coincidido en mi entrada sobre Vargas Llosa con el parecer de algunos de los escritores y columnistas que más me gustan: la razón de que este Nobel haya despertado tanto entusiasmo es que el premiado es extraordinariamente popular en todas partes, muy conocido y apreciado. No es infrecuente que la Academia sueca otorgue el galardón a escritores sin duda de mucho mérito pero muy desconocidos fuera de su propio país y de algunos reducidos círculos literarios. A Vargas Llosa lo han leído multitudes de todos los países en todos los continentes.

Es un escritor best seller de altísima calidad literaria y ensayística, lo que lo hace doblemente merecedor del galardón. Los estatutos de la Fundación Nobel explican que por "literatura" no sólo entienden las "bellas letras", sino otro tipo de escritos que por su forma o estilo tengan valor literario. Esto es lo que explica que el premio de 1953 recayera sobre Winston Churchill, fundamentalmente por sus obras de historiografía, en especial, la Historia de los pueblos anglohablantes.

Bastantes de los ensayos son políticos, aunque los hay de todos los tipos, de crítica literaria, autobiográficos, de reportaje. Y por ese lado de la política viene una polémica que me parece lamentable. En algún sitio he leído, a modo de denuncia que debe de creer que se justifica en su mero enunciado, que Vargas Llosa es un anticomunista. Es sorprendente, cual si ser anticomunista fuera algo afrentoso, delictivo, pecaminoso, algo como ser pederasta o asesino, cuando se trata de una opción ideológica tan legítima como ser antifascista, anticlerical, anticapitalista o antisionista. Otra cosa es que sean pertinentes a la hora de valorar una obra literaria que es de lo que aquí se trata.

Jamás me ha parecido de recibo que la opción política de un autor sea determinante para enjuiciar el valor de su obra artística, trátese de literatura, pintura, música... Hay escritores de opciones radicales antagónicas muy buenos y muy malos. Y, por supuesto, tampoco me convence que la obra de un autor sufra un cambio de juicio de calidad en el momento en que él muda de ideología política, como pudo pasar con Dos Passos o con Koestler, Fischer, Spender, Gide o Silone, entre otros (los que escribieron El dios que fracasó), o Malraux, todos los cuales cambiaron de chaqueta pero no de pluma. Es más, llevo mi convicción a su lógica consecuencia de considerar irrelevante para la calidad literaria de una obra el hecho de que el autor haya sido o sea de extrema derecha o fascista o nazi: No veo cómo se puede negar la calidad de Céline, Jünger, Pound, Benn, etc por el hecho de que hubieran defendido alguna de esas ideologías. Como tampoco pone nadie en duda la de Brecht o Aragon por el de que fueran comunistas. ¿Qué diablos tiene que ver la calidad de La casa verde con el hecho de que su autor sea anticomunista? Con todos mis respetos, esa objeción es de una pobreza mental que da pavor. O ¿se quiere decir que si se es anticomunista no se puede escribir, que era lo que sucedía en la Unión Soviética? ¿Hay algún escritor ruso contemporáneo del comunismo y contemporizador con él superior a Solzhenitsin? ¿Sholojov? Venga ya...

Pero héteme aquí que no sólo la supuesta izquierda ataca el Nobel de Vargas Llosa por razones políticas sino que la derecha, muy parecida a la izquierda en tantas cosas, sale vociferante a defender los méritos del autor de La ciudad y los perros, como si le hiciera falta y también por razones políticas. En un blog estupendo que acabo de descubrir de José María Izquierdo en El País leo una interesante entrada titulada Nobel, y no es comunista, a través de la cual me entero de que a José María Aznar y a Esperanza Aguirre les ha faltado tiempo para arrimarse a la gloria ajena por razones bastardamente políticas. Aznar con un articulito en La Razón titulado así a lo chulapo Enhorabuena Mario y Aguirre Gil de Biedma con otro más largo en el mismo diario titulado El mejor en nuestra lengua. En ninguno de los dos se hace mención a la obra literaria de Vargas Llosa pero sí se resalta hasta la saciedad la amistad que los une, así como el vigoroso ideario liberal del premiado. Aznar silencia que su amigo rechazara en su día una oferta de cargo que él le hizo y Aguirre dice que ha hablado mucho con él pero no se le nota porque el liberalismo de ambos no es coincidente.

Eso de negar el valor del Nobel porque el autor sea anticomunista me recuerda mucho aquel episodio en que los colegas encargados de dictaminar negaron la cátedra universitaria a Georg Simmel porque era judío. Es vergonzoso. Pero no lo es menos instrumentalizar un reconocimiento literario universal a los intereses mezquinos de una bandería política. Claro que Vargas Llosa es liberal pero entre su liberalismo y el de Aznar median mundos. Aznar viene del falangismo; Vargas Llosa del comunismo. Y eso se nota. Vargas Llosa sabe de lo que habla. En cuanto a la lideresa de Madrid, que fue ministra de Cultura, su artículo es un divertido cotorreo de postín. Ninguno de los dos aventura el más mínimo juicio sobre la obra del autor, pero los dos exclaman al unísono: ¡es de los nuestros! En fin...


Y después de la ideología viene el poder que añade al dislate una porción de brutalidad e imposición. El comité delegado del Storting ha concedido el Nobel de la paz a Liu Xiaobo, disidente chino condenado por "subversión" a once años de cárcel por el régimen formalmente comunista de la República Popular China (RPCh). Este Comité (cuya composición varía) tiene a sus espaldas decisiones indiscutidas como el Nobel de la Paz a Martin Luther King o a Nelson Mandela y decisiones aberrantes como la concesión a políticos belicistas y cómplices con golpes de Estado y crímenes, como Henry Kissinger o terroristas o ex terroristas como Yasser Arafat o Menahem Begin. Alguna de estas aberraciones las ha criticado hasta el agraciado, como es el caso de Barack Obama que dice con toda razón que no se lo merece y que hay otros a los que corresponde con más razón que a él. Cierto.

Pero en este caso de Liu Xiaobo me parece que el Comité ha dado en la diana. Prueba en contrario es la furia de la reacción de las autoridades chinas que amenazan a Noruega con el empeoramiento de relaciones y hasta han llamado al embajador a exigir explicaciones. Estos exabruptos apuntan a dos tipos de asuntos muy curiosos: en primer lugar pone de manifiesto el carácter despótico del régimen chino a la par que su ignorancia. El Gobierno noruego no tiene nada que ver con la concesión del Nobel de la Paz; es el Parlamento, el Storting, y tampoco él, ya que se limita a nombrar el comité independiente que es el que toma la decisión. No sé cómo va a explicar el embajador noruego a los camaradas chinos que el gobierno de su país no controla la prensa ni los tribunales ni los comités que elige el Parlamento ni nada al extremo en que el Gobierno de la RPCh controla los mil doscientos y pico millones de chinos.

En segundo lugar, y más al fondo de la cuestión, la ira de los mandatarios chinos refleja su idea de que el modo en que las autoridades traten a sus ciudadanos no es asunto de incumbencia de nadie fuera del país, que es una cuestión interna en el marco de su soberanía y su rechazo a lo que considera injerencia en sus asuntos domésticos. En el mundo, sin embargo, en los últimos años viene ganando terreno la convicción de que, siendo los derechos fundamentales ilegislables y anteriores al Estado, no está éste legitimado para violar los de sus ciudadanos y compete a la comunidad internacional o a cualquiera de sus miembros realizar las acciones que estimen oportunas para defender esos derechos. Por eso es Garzón, pese a quien pese, un avanzado de está concepción progresista de la justicia universal.

La ira viene de que la China no puede oponerse racionalmente a este criterio y por eso insiste en que Liu Xiaobo no es un preso político o de conciencia, sino un preso común, condenado por un delito por la justicia penal. Pero todo el mundo sabe que eso es un cuento chino. Todas las dictaduras encarcelan por razones de opinión (a veces también las democracias) pero nadie lo reconoce, nadie admite tener presos políticos, sino que son todos comunes.

Precisamente esa es una de las grandezas de los presos de conciencia (aquellos encarcelados por sus opiniones, no por ejercer la violencia) que han de mantenerse en la integridad de su actitud incluso contra maniobras moralmente viles, como la de negarles la condición de preso político. Porque para que la grandeza pueda exponerse al mundo es necesario que exista. Un ser humano capaz de arrostrar la persecución, el encarcelamiento y hasta cosas peores por sus ideas frente a un aparato de poder, maquinaria burocrática, policial y militar que todo lo aplasta será siempre el símbolo de la Humanidad en su lucha por la libertad. El Nobel a Liu Xiaobo hace visible su causa a los ojos del mundo entero, ilumina de golpe las mazmorras del régimen chino, pone en evidencia su naturaleza represiva y totalitaria. Tanto que muchos comunistas occidentales aclaran que, para ellos, la China no es un Estado verdaderamente comunista. Este Nobel ha obligado asimismo a los Gobiernos occidentales a superar la vergonzosa actitud de "razón de Estado" que han adoptado hasta la fecha, esgrimiendo la golosina económica que son las posibilidades de inversión en la China, y los ha forzado a reaccionar de acuerdo con los fines que dicen profesar. Después de las amenazas chinas, Obama ha pedido la liberación del disidente y, con muchas dudas y miedos, la Unión Europea ha seguido el ejemplo, pidiendo lo mismo.

Los mandatarios chinos quieren seguir encerrados en el hermetismo y por eso todo intento de obligarlos a rendir cuentas ante los demás países les enfurece. Basta recordar la agresiva reacción que provocó la campaña internacional en favor del Tibet cuando los juegos olímpicos pequineses. Y ahora el asunto es más complicado porque no se trata de un pueblo o un territorio sino de un solo individuo y un individuo que está en la cárcel por subversión, es decir, por pedir que en China rijan los principios de los Estados occidentales en materia de Estado de derecho y respeto a los derechos fundamentales.

En resumen que el Nobel a Xiaobo es un pendant perfecto del Nobel a Vargas Llosa. Ambos defienden lo mismo; ambos a través de la palabra; pero la diferencia radical está en que el último vive en libertad y el primero está en la cárcel.

(La primera imagen es una foto de Daniele Devoti, bajo licencia de Creative Commons).

(La segunda imagen es una foto de K-ideas, bajo licencia de Creative Commons).

martes, 17 de noviembre de 2009

Aminatu Haidar.

Da la impresión de que el caso de la activista no violenta saharaui Aminatu Haidar, en huelga de hambre en España porque, según dice, los españoles no le permiten regresar a El Aiun, acabará convirtiéndose en uno de esos líos de cuestiones exteriores (como el Alakrana, aunque en proporciones distintas) en que el Gobierno español tiene la rara habilidad de meterse sin saber luego cómo salir.

Nadie parece explicarse cómo pudo la señora Haidar entrar en España y nadie parece entender cuál es ahora su condición legal puesto que oficialmente tiene la nacionalidad de Marruecos, país que la expulsó a España, ella misma dice que su nacionalidad es la saharaui que no tiene efectos legales pero sí debiera tener alguno moral a oídos de los españoles y posee una tarjeta de residente que la faculta para estar en nuestro país pero no para entrar o salir de él. Por último y para complicar las cosas, habrá quien diga que, pues nació en 1967, cuando el Sahara pertenecía aún a España, país que lo abandonó vergonzosamente en 1975 sin atender a sus obligaciones con la población, sigue siendo española.

Sea marroquí, saharaui o española, desde el momento en que no está ilegalmente en España, según reconocen las autoridades, tendrá libertad de movimientos y uno de estos, el preferido por ella, parece ser retornar a El Aaiun. Pues no se hable más: las autoridades deben permitirle embarcar en un vuelo directo a la antigua capital de la colonia y vigilar porque desembarque con seguridad.

Otrosí, el ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno deben explicar por qué han recibido sin más a una ciudadana teóricamente marroquí a quien las autoridades marroquíes, en violación de derechos humanos fundamentales, han privado de su nacionalidad y expulsado -y eso sí que es ilegal- de su propio país.

(La imagen es una foto de Saharauiak, bajo licencia de Creative Commons).

martes, 7 de julio de 2009

Chinos no tan chinos.

La historia es siempre más o menos la misma: en los Estados en los que hay una nación dominante y una o más nación(es) dominada(s) surgen conflictos de convivencia que, con el paso del tiempo, van radicalizándose. Lo normal es que la nación (o etnia, o religión) dominante pretenda la asimilación sin más de la dominada, su integración en la dominante con (o sin) pérdida de su(s) elemento(s) diferenciadores, sean estos la raza, la lengua o la religión. Si la minoría dominada se niega a la asimilación y se obstina en mantener su peculiaridad, la nación dominante puede acceder a un proceso de descentralización administrativa y política que quizá llegue hasta la concesión de la autonomía pero no (salvo algunos casos excepcionales que se han dado en Europa) la autodeterminación o la independencia que es a lo que normalmente aspiran las fuerzas políticas nacionalistas, contrarias a la integración en la nación dominante.

Hace años que se debate si la concesión de la autonomía sirve para menguar los impulsos nacionalistas hacia la independencia e, incluso, agostarlos o si, por el contrario, es un acicate en la lucha del nacionalismo sublevado en pro de aquella. Por supuesto, doy por descontado que el contenido mínimo de un programa nacionalista ha de ser la autodeterminación y el máximo, la independencia, en el entendimiento de que ésta también puede derivarse de la autodeterminación. A veces se oye, incluso a dirigentes nacionalistas, que el nacionalismo no tiene por qué ser independentista. Es la idea de que el nacionalismo cultural no tiene por qué convertirse en nacionalismo político ni que exigir necesariamente la formación de un Estado propio. La idea que confunde nacionalismo con regionalismo.

La autonomía política (capacidad legislativa propia en materias de exclusiva competencia) es un paso intermedio entre el centralismo y la independencia. Hay quien dice que no, que entre la autonomía y la independencia todavía está el federalismo. Pero esa es cuestión puramente semántica. Hay autonomías, como la vasca, con mayor autogobierno que la inmensa mayoría de los estados federados. Las CCAA vasca y navarra son los entes subestatales más independientes que hay ya que tienen algo cercano a la soberanía fiscal. Quzá por eso sea la nación europea en que más enquistado se encuentra un conflicto de carácter armado.

Todo esto es saber adquirido. Y con arreglo a él se explica que tan autonomía sea la vasca como la de Trentino-Alto Adigio como la que Mohammed VI quiere "otorgar" a los saharauis. Las diferencias son cuantitativas, no cualitativas. También se explica lo que ha pasado en Europa en los últimos veinte años en que unos Estados (Alemania) se han fusionado; otros (Checoslovaquia) se han dividido; otros (Países Bálticos, Moldavia, Ucrania, Belarús) se han independizado y otros (Yugoslavia) han explotado en varias unidades, algunas de las cuales (Serbia) siguen fraccionándose. Básicamente se ha apelado y ejercido el derecho de autodeterminación que en unos lugares se reconoce y en otros, no. Es un típico derecho que se administra políticamente.

Todo lo anterior pasa también en China en donde la abrumadora proporción de la etnia han ( 92 por ciento de los 1.300 millones de chinos), casi hace desaparecer la idea de que en esa marea de chinos han hay chinos que no son han y otros que ni chinos son. Los han son, desde luego, casi 1.200 millones. Pero eso quiere decir que hay más de cien millones de minorías étnicas. Y alguna minoría es respetable. Por ejemplo, la de los uigures que las autoridades chinas quieren no diré eliminar pero sí reducir y subyugar políticamente. Hay unos 8.300.000 uigures, o sea, más que daneses, que fineses, que noruegos y un millón menos que suecos. Y son una minoría nacional por razón de todo: la etnia (son caucásicos), la religión (islámica) y la lengua (una forma del turco) . Esta minoría, casi la mitad de la población de Sinkián, disfruta de autonomía; pero muchos nacionalistas exigen la independencia porque, dicen, hay una política deliberada del Gobierno chino de acabar con la etnia uigur trasladando al parecer uigures fuera de Sinkian (o Turkestán oriental) y poblando la zona con chinos han que si eran el nueve por ciento en 1949, cuando el Ejército Popular entró en Sinkian, ahora son el cuarenta por ciento. Incidentalmente, una entrada/reentrada que debió de saber a gloria a Mao Tse-tung dado que el territorio había estado bajo mandato de un señor de la guerra o algo parecido que asesinó a su hermano, Mao Zemin, en 1943.

Así que nada nuevo bajo el sol. Lo insólito, me parece, del caso chino es la fría brutalidad de sus autoridades y su no menos frío cálculo. Ayer, mientras Hu Jintao, primer ministro, coreaba solemnemente a don Giorgio Napolitano, presidente de la República iataliana y antiguo comunista, diciendo que el desarrollo chino debía ir en paralelo con su respeto a los derechos humanos, la policía masacraba uigures en las calles de la capital, Urumqi (unos 160 muertos y más de 800 heridos; qué bárbaros) y el gobierno cerraba el acceso a internet y bloqueaba la telefonía móvil. Con todo, los móviles han conseguido trasmitir imágenes que hablan por sí solas sobre la brutalidad de la represión. Mutatis mutandi, como en Tegucigalpa.

(La primera imagen es una foto de 20 Minutos y la segunda una foto de mike.benedetti, ambas bajo licencia de Creative Commons).

viernes, 26 de junio de 2009

Eso de la jurisdicción universal.

El Congreso acaba de aprobar una enmienda a la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial que limita drásticamente la jurisdicción de la justicia española en el extranjero a los casos en que estén implicados ciudadanos españoles. Se acabó perseguir presuntos delitos de genocidio a lo larcho y ancho del planeta, proteger los derechos humanos en otras latitudes y hacer la vida imposible a los torturadores y asesinos allí en donde se encuentren. Frente a esta decisión parlamentaria lo sencillo es poner el grito en el cielo, protestar de que los derechos humanos queden abadonados en muchos puntos del mundo al capricho de cualquier sátrapa o tirano y lamentarse de que la reforma sea un paso atrás en el progreso de la conciencia jurídica de nuestro tiempo. Una vez más, para nuestra vergüenza, se ha impuesto la sórdida razón de Estado frente al bello proyecto de una justicia universal.

Lo sencillo y lo tópico. Porque el asunto es más complicado de lo que parece. Desde luego, el ideal de una jurisdicción universal es irrenunciable. Pero es un ideal, no una realidad. La realidad es que el derecho sigue atado al principio de territorialidad, lo que quiere decir, crudamente, que las normas jurídicas valen lo que vale la fuerza que lleven detrás capaz de imponerlas. Si no hay tal fuerza coactiva, no hay normas jurídicas, ni jurisdicción, ni nada. Habrá moral, si se quiere, pero no derecho porque el derecho se apoya en la fuerza. Por supuesto que España ha firmado tratados, acuerdos y convenciones internacionales comprometiéndose al principio de jurisdicción universal y que está obligada a tratarlos como derecho positivo. Pero que los trate como tal no quiere decir que lo sean. Porque el derecho positivo se llama así porque se aplica en la realidad a la fuerza.

Sólo existe una posibilidad de que se dé una jurisdicción universal: que haya un Gobierno universal. A su vez, esta idea del Gobierno universal se puede entender de dos modos al menos desde el Proyecto de paz perpetua de Kant: el primero como un Gobierno mundial único; el segundo como una confederación de gobiernos nacionales que acordaran un régimen común. El primer caso, obviamente, excluye el hecho de que un único gobierno nacional, por razón de su poderío, se erija en Gobierno mundial de hecho, en una especie de sheriff del condado. El Gobierno mundial único habría de ser una estructura cosmopolita, no nacional, esto es, de momento al menos, una quimera. Hasta Kant lo vio así y por eso se apuntó a su "programa mínimo": la confederación de repúblicas nacionales. Éstas tendrían que establecer el gobierno mundial por una especie de acuerdo o pacto entre ellas. Lo cual significa, a los efectos de nuestra jurisdicción universal, que ésta podría darse si todos los gobiernos confederados aceptaran someterse a ella voluntariamente. Pero no es el caso. Bien se ve en el proyecto de una Corte Internacional de Justicia Penal que no todo el mundo admite. Por ejemplo, no la aceptan los Estados Unidos y la República Popular China, entre otros Estados. Al no darse esta aceptación, la hipotética jurisdicción universal de los tribunales de un tercer país (España en este caso) es inexistente porque sólo podría realizarse si pudieran obligar a la China o los Estados Unidos al cumplimiento de sus decisiones incluso en contra de ciudadanos suyos, seguramente juzgados en España "en rebeldía". Y no es probable que, en el futuro previsible los tribunales españoles puedan imponer sus sentencias en los Estados Unidos o llevar a la cárcel a los dirigentes chinos responsables de la represión en el Tibet.

Se dirá que esto no obsta y que la objeción realista no es un argumento en contra de la jurisdicción universal sino en contra de quienes no permiten que se aplique. Y es cierto. Pero no hay nada que hacer. Sin fuerza de obligar, las decisiones de los tribunales no son actos jurídicos sino morales. Todo lo resplandecientes que se quiera, pero ineficaces salvo, claro es, en el terreno de los principios y los respetos humanos. Lo que sucede es que ese capítulo de las condenas mundiales a responsables concretos de delitos especialmente odiosos, ya lo teníamos cubierto hace muchos años con ejemplos como el Tribunal Russell, que condenó repetidamente a los Estados Unidos por su política de agresión y guerra en el Vietnam pero sin que ninguna sentencia llegara a ejecutarse. Ni siquiera la hubo. Lo que se pretende aquí es evitar esta vía porque, al ser dichos "tribunales" órganos políticos son fácilmente atacables por vía política. Por eso se prefieren los tribunales ordinarios ya que aportan el marchamo de la imparcialidad. Pero eso se paga al precio de la coactividad garantizada de sus decisiones y, si ésta no se da, es mejor volver a la fórmula anterior.

Sin embargo, la insistencia en que la jurisdicción universal la ejerciten los tribunales ordinarios de justicia también trata de mantener la ilusión de que existe un ordenamiento jurídico mundial en el que las sentencias de esos tribunales, en ciertos casos, tienen fuerza de obligar allende las fronteras de los Estados en los que se formulan. Pero eso es justamente lo que no se da ni lleva visos de darse en un futuro inmediato. Dichas decisiones tienen un indudable valor moral, como se puso de manifiesto cuando el juez Garzón reclamó al ex-dictador Augusto Pinochet, por entonces de viaje en Gran Bretaña, pero no cabe imponerlas coactivamente y, además, pueden ser objeto de conflictos sin cuento. Imagínese qué pasaría si un ciudadano estadounidense o chino, condenado en rebeldía por genocida por un tribunal español, pasa unas vacaciones en un tercer país que sí reconoce la tal jurisdicción universal y decide extraditarlo para que cumpla su sentencia en España. En el límite, esta situación podría dar lugar a un casus belli que dejaría pocas dudas en el supuesto de un enfrentamiento entre los Estados Unidos o la China y España respecto al resultado que quepa esperar. Por lo demás, nada daña más a la justicia que el hecho de que sus sentencias no se cumplan.

El Congreso no ha hecho, pues, otra cosa, que evitar situaciones embarazosas en el futuro o insostenibles o, incluso, conflictos de desastrosas consecuencias. Hasta el portillo que ha dejado abierto de autorizar la actuación en el caso de que estén implicados ciudadanos españoles me parece problemático. Cuando el mando militar estadounidense tuvo conocimiento de que un tribunal español pedía la comparecencia de los soldados gringos presuntamenre responsables de la muerte del cámara José Couso, una alta jerarquía comentó cínicamente que "nevará en el infierno antes de que un soldado estadounidense comparezca ante un tribunal penal español". Esto es lamentable y condenable. Pero ¿merece la pena insistir en la jurisdicción universal a instancia de parte -en este caso española- para obtener un fin de resarcimiento moral?

Todo lo cual plantea asimismo el problema de qué sucede cuando un Estado dispone de la fuerza para imponer las decisiones de sus tribunales saltándose el principio de territorialidad, como hicieron, por ejemplo -y no es un caso único- los Estados Unidos en Panamá cuando invadieron el país, detuvieron a su presidente, se lo llevaron a Gringolandia, lo juzgaron, lo condenaron y en la cárcel sigue. Pero esto sería objeto de una segunda -y melancólica- meditación.

Por último menciono otro asunto que podría poner el problema de que aquí se trata en unas dimensiones francamente ridículas sino afrentosas: ¿qué crédito merece el principio de jurisdicción universal invocado por los españoles que, después de setenta años, no han conseguido hacer justicia en un crimen de genocidio continuado que se cometió en España durante cerca de cuarenta años y en el que hay numerosas víctimas (no todas) identificadas así como numerosos victimarios, empezando por el responsable de todos ellos, el general felón, traidor y genocida Francisco Franco? Y ¿qué crédito recordando además, que la imposibilidad de investigar dicho genocidio y hacer justicia en consecuencia, la amparan y sostienen precisamente los tribunales de justicia en España?

(La imagen es una foto de woodleywonderworks, bajo licencia de Creative Commons).

viernes, 24 de abril de 2009

We are America! We do not torture!

Me temo que sí, my friend, me temo que torturáis, que lleváis años torturando. America ha caido very very low, muy muy bajo my friend en los años turbios de Mr. Matorral y el cuasifascismo de los neocons. Very low. Todo vuestro crédito moral como campeones de los derechos humanos se fue al diablo cuando se publicaron las fotos de presos inermes torturados en Abu Ghraib, en Guantánamo, cuando se supo que la CIA tiene prisiones secretas en todo el mundo en donde tortura a gente a la que previamente ha secuestrado contra todo derecho. Habéis caido muy bajo my friend. Estáis al nivel del asesino Sadam Husein a quien, por cierto, hicisteis ahorcar por mano de vuestros esbirros iraquíes después de un proceso que fue una farsa y para evitar que hablase sobre vuestra previa alianza con él. Very low, my friend. Bajísimo. Más bajo, imposible. Ocho años gobernados por un puñado de criminales, ladrones, saqueadores y torturadores, siempre en nombre de dios tenían que traer consecuencias.

Las consecuencias está ahora aquí. Veremos si los EEUU pueden recuperarse, condenar las torturas que han practicado y llevar a juicio a los responsables, con lo que recuperará algo de ese renombre que los neocons bushianos han ensuciado o el Estado queda en derecho por lo que es de hecho: un país en el que se tortura. Hay un debate feroz sobre el asunto en la calle, en los medios, en todas partes. ¿Hizo bien Mr. Obama dando publicidad a los informes legalizando las torturas? ¿Debe procesarse a los responsables? Exactamente, ¿quienes son los responsables?

El ministro de Defensa, Robert E. Gates, antiguo director de la CIA, dice que propuso publicar los informes porque, de todas formas, no podrían mantenerse secretos. Y su preocupación ahora es que no se procese a los funcionarios de la CIA que actuaron de buena fe. Lo mismo que decía hace unos días Mr. Obama. Pero, friends, en asuntos de tortura no hay "buena fe". La tortura es un crimen contra la humanidad; no prescribe y es dudoso que tenga eximentes. Es preciso depurar responsabilidades hasta donde se llegue. El señor Cheney, vicepresidente de los EEUU, ya está en el ajo por las palomitas y hace dos días el Senado publicó un grueso informe que demuestra que el señor Rumsfeld, ex-ministro de Defensa del señor Bush, aprobó personalmente quince formas de tortura en un memorandum que, en su momento, llegó a Abu Ghraib y sirvió para orientar las acciones en ese centro de ignominia. El señor Rumsfeld es directamente responsable de las torturas en Abu Ghraib, vergüenza de la humanidad, gringos, vergüenza de la humanidad. Y el responsable político de los torturadores señores Cheney y Rumsfeld era el señor Bush. Vergüenza de la humanidad, gringos.

Mr. Cheney trató de justificar la tortura argumentando que había servido para evitar atentados y salvar vidas en los EEUU. Todos los investigadores coinciden en afirmar que no hay la menor prueba de eso, que las torturas no han servido para nada...y eso sin contar con el hecho, para Palinuro evidente, de que, aunque hubieran servido, ello no condona la tortura porque el fin no justifica los medios: ningún fin justifica los medios, gringo; ninguno. Ahora los torturófilos salen diciendo que, al denunciar las torturas y pretender procesar a los rebeldes, están dándose armas a Al Qaeda y que pronto habrá más atentados. Pero eso está por ver. Y de momento es falso.

Otros sostienen que, si la administración de Obama procesa a la administración anterior, los EEUU se habrán convertido en una República bananera, al estilo de la Argentina (sic) y el Perú (sic) en donde es costumbre que los gobiernos entrantes procesen jurídicamente a los gobiernos salientes por razones en definitiva políticas. Si los demócratas residencian a los republicanos, el día de mañana los republicanos residenciarán a los demócratas. Si todo lo que se os ocurre para justificar la tortura es ese seudoargumento del carpetazo mutuo, el procesamiento de todos los torturadores debe comenzar mañana mismo.

Igualmente algunos republicanos sostienen que si hay que procesar, habrá que procesar también a todos los congresistas demócratas que participaron en las comisiones en las que se informó sobre las torturas. Pues es posible. Si hay congresistas demócratas cómplices con las torturas, procéseselos ipso facto.

Estaba pensando en redondear un bonito argumento en contra de la tortura como práctica a la que vuestro país, vuestras fuerzas armadas y vuestros políticos se dedicaron con delectación cuando me topé con el siguiente razonamiento de un bloguero gringo en la red que demuestra que, a pesar de todo, los EEUU son un gran país y que lo mejor de ellos es su gente, sobre todo, los blogueros, como era de esperar. Corto, copio, traduzco y suscribo:

"Personalmente no me importa si los métodos de tortura o de tortura suavizada son los únicos eficaces (que no lo son); nosotros no torturamos no porque la tortura sea ineficaz (que lo es) sino que nos negamos a torturar porque nosotros no hacemos esas cosas.

Dick Cheney tiene derecho a opinar como opina pero, a mi juicio, habría que meterlo en la cárcel y someterlo a la tortura de la simulación del ahogamiento; sólo entonces podría emitir una opinión informada.

George Washington, nuestro primer general en jefe, se negó a tratar a los prisioneros británicos como entonces se trataba a los prisioneros porque, como decía, nosotros no hacemos esas cosas.

Nuestro comportamiento actual no debe ser distinto."Andy Rumph. Right on, Andy!

Cómo estarán las cosas que hasta la cadena Fox, del ultrarreaccionario Murdoch, el que tiene a sueldo al señor aznar, salió recordando lo que dice el título: We are America! We do not torture!". Entérese mejor, my friend: you do torture!

La imagen es una foto de kelsey, bajo licencia de Creative Commons).

viernes, 17 de abril de 2009

Guantánamo.

No es muy alentadora la decisión del señor Obama de no perseguir los presuntos delitos cometidos por las autoridades de su país durante los años siniestros del anterior presidente, Mr. Matorral, un hombre cercano al fascismo y por ello muy amigo del señor Aznar. De acuerdo con la decisión presidencial, dichos crímenes quedarán impunes. Ahora bien, los EEUU son una sociedad democrática y una decisión del ejecutivo rara vez es la última palabra en ninguna democracia. A veces, ni siquiera una decisión del legislativo en forma de ley. Recuérdese cómo la vergonzosa Ley de Punto Final argentina tuvo que ser derogada. Ya veremos si la sociedad estadounidense admite la impunidad de los delincuentes por decisión presidencial o empiezan a presentarse querellas y demandas por la vía privada en los tribunales de justicia. Porque si esto se produce, las decisiones del señor Obama tendrán una importancia relativa. Significan que la administración renuncia a actuar de oficio. Pero la administración no puede prejuzgar lo que harán los particulares y en los EEUU hay suficientes organizaciones de defensa de los derechos humanos para plantear una serie de acciones judiciales en petición de amparo para unas personas a las que se detuvo ilegalmente, es decir a las que se secuestró y probablemente se torturó durante años. Y ya veremos también cómo reaccionan los tribunales ante peticiones de ese tipo. Porque se está hablando aquí de los delitos de secuestro y torturas, perfectamente tipificados en el ordenamiento penal estadounidense.

Previendo la posibilidad de que la acción se inicie desde el exterior, los EEUU no firmaron el estatuto de la Corte Internacional de Justicia y en lo que se refiere a ellos no reconocen la jurisdicción penal universal. Que en lo de esta jurisdicción rige la razón de Estado al más estricto estilo de Westfalia si el Estado se lo puede permitir, si no rige el todavía más tradicional Vae victis!. Pero nada impide que puedan incoarse procedimientos penales en la jurisdicción interna y ya veremos qué pasa en ese momento.

Al respecto la posición de España es, como suele suceder, algo peregrina. El juez Garzón quiere investigar las condiciones de aquella cárcel ilegal de los EEUU. Pero es poco probable que esa investigación surta algún efecto por lo que se ha dicho más arriba. Supongo que eso lo sabe el juez que, de todas formas, confía en el escándalo mediático que puede montarse y en el conflicto simbólico y moral que se plantea a los posibles acusados entre sus convicciones democráticas y su condición de posibles reos de torturas. No obstante y con independencia de esto, el señor Conde Pumpido, Fiscal general del Estado ya ha dicho que se opone a que el juez Garzón investigue nada en Guantánamo argumentando probablemente que no es de su competencia. El señor Conde Pumpido será buen fiscal pero carece de todo tacto porque, como el señor Garzón no llegará lejos en sus pretesiones, podía haberse ahorrado quedar tan mal como está quedando.

Suele acudirse al ejemplo de Pinochet, que también fue una "garzonada" por la que nadie daba un duro jurídico en aquel momento. Pero aquello tenía otra pinta porque la decisón del juez pilló al viejo exdictador fuera de su país, en Londres y, con lo que le gusta a la gente dárselas de estricta y legal a costa de los demás no fue fácil para Pinochet salir del paso. Estuvo a punto de ser extraditado a España. El señor Conde Pumpido cumple la función que cumplió el formidable fiscal señor Fungairiño que se opuso a que alguien investigara al señorPinochet. Y se recordará que el primero en aplaudir al señor Fungairiño fue el señor González, pues si la política hace extraños compañeros de cama, los procesos judiciales pueden ser incestuosos. Por último, hasta el señor Garzón entenderá que el señor Garzón no se salga con la suya, visto el exitazo que ha alcanzado con su intento de acelerar en los tribunales la ley de la Memoria Histórica en España para remediar una injusticia cometida hace setenta años.

(La imagen es una foto de burge5000, bajo licencia de Creative Commons).

jueves, 22 de enero de 2009

Guantánamo, año cero.

Mr. Obama ha empezado bien, como debía: cerrando la vergüenza del campo de tortura para secuestrados de los Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.

Suspende el señor Obama los juicios militares por ciento veinte días y pone plazo de un año para el cierre definitivo. Parece bien y razonable pero no suficiente. Al fin y al cabo si una administración toma una medida así es porque trata de poner fin a algo que está mal, que quizá sea un delito. Así que, además de cerrar Guantánamo, el Gobierno gringo debiera establecer una comisión de expertos que estudie la cuestión en sus aspectos político y jurídico y recomiende qué otras medidas deben adoptarse. Por ejemplo, se me ocurre que si se establece que en Guantánamo se violaron sistemáticamente los derechos humanos, dado que era un centro que dependía exclusivamente del Gobierno de los Estados Unidos, sea el presidente de éste entonces, el señor Bush, quien responda penalmente por este atropello.

Afirmo que no entiendo bien por qué varios países europeos se niegan a recoger presos de Guantánamo cuando me parece que estas personas tienen un derecho de asilo por partida doble: porque huyen de sus países, en los que no se respetan los derechos humanos, y de los Estados Unidos, donde tampoco.

(La imagen es una foto de Roberto Rizatto, con licencia de Creative Commons).

lunes, 3 de noviembre de 2008

La barbarie.

Si quieren Vds. leer una historia espeluznante, vayan al artículo de Lali Cambra en El País del 1º de noviembre, titulado Asha: adolescente, violada y lapidada. Lo que en él se narra es tan indignante e inhumano que uno no sabe qué decir. De hacer ya no hablemos. En el fondo de nuestras conciencias, supongo, todos sabemos que todos somos responsables de lo que nos pase a todos en todas partes, incluyendo a una niña desconocida en un remoto lugar de Somalia. Pero ¿cómo hacer real esa opción moral?


viernes, 8 de agosto de 2008

La viga en el ojo propio y en el ajeno.

Anda el juez Pedraz, de la Audiencia Nacional, instruyendo investigación sobre ciertas autoridades chinas, varios militares y algún ministro, por el supuesto delito de genocidio y/o lesa humanidad, formas concretas de la figura delictiva general de crímenes contra la humanidad. El mismo juez también ha abierto sumario a unas autoridades guatemaltecas por los mismos o similares delitos cometidos hace unos años.

He leído comentarios de gentes preguntándose retóricamente que a dónde va el juex Pedraz con tamaño desvarío. Digo retóricamente porque se presupone que a ningún sitio. Eso no se dijo cuando el juez puso en su punto de mira a Guatemala por razones obvias, lo que demuestra la idea que tienen muchos de la justicia. El señor juez va muy requetebién a cumplir con su deber. La sola crítica que cabría hacerle sería por qué no ha empezado por su propio país y marcha su señoría tan lueñe a blandir la espada de la ley.

La doctrina jurispenal más avanzada en el mundo sostiene y parece haber consenso en la materia que los delitos de genocidio o crímenes contra la Humanidad no prescriben, no pueden ampararse en el principio de irretroactividad ni en el de territorialidad del derecho. Es decir, se pueden perseguir siempre, se cometieran cuando se cometieran y en cualquier lugar del planeta. Aplicando estos principios el juez Garzón abrió sumario de instrucción al general Pinochet, pilló al mundo desprevenido y estuvo a punto de salirse con la suya de poner al dictador asesino del presidente legítimo de Chile, señor Allende, ante un tribunal de justicia, y no en un procedimiento de extradición sino mediante una orden directa de captura dictada al amparo de la jurisdicción universal en este tipo de delitos. Lo mismo podía haber hecho un juez de las islas Seychelles.

Como se sabe el dictador Pinochet se salvó de comparecer en un proceso penal en su contra en España gracias a la intervención de la señora Thatchter quien invocó la razón de Estado (la colaboración de Chile contra la Argentina en la guerra de Las Malvina), lo cual demuestra la idea que tienen de la justicia los que van por ahí predicándola. Porque si abominable es que el dictador Pinochet haya cometido tales y tales crímenes (viga), no menos abominable será ampararlo en contra de la acción de la ley (otra viga). En el ínterin el juez Garzón ha procesado ya a algunos responsables de las atrocidades de la Junta Militar argentina con aquellos increíbles generales, Ongania, Videla... Cosa que está bien, es de aplaudir y una gran avance en la calidad moral de la humanidad. Los dictadores deben saber que tarde o temprano pagarán por sus fechorías ante un tribunal de justicia.

El de aquí se fue sin pagar nada, gratis total y deja a su familia en disfrute ostentoso de bienes cuya posesión habría que negarles, como es el caso del casorio hoy de la bisnieta del general Franco en el Pazo de Meirás, que el pueblo reivindica como suyo pero sin llegar a asaltarlo como La Bastilla. También la crítica que cabe hacer al señor Garzón no es por qué se va en busca de los Videla sino por qué no llama a declarar por ejemplo al señor Fraga, por citar el nombre de quien, como ministro del general Franco, dio el visto bueno al asesinato en 1963 de Julián Grimau, militante comunista quien, tras ser torturado durante días en la Dirección General de Seguridad y ser arrojado por una ventana (la versión de la policía es que se tiró él mismo, sin reparar en el hecho evidente de que, siendo tal cosa cierta, no es menos incriminatorio para ella) fue sometido a una farsa de proceso ante un tribunal militar sin garantía alguna, siendo condenado a pena de muerte sin apelación posible y conculcando todos los derechos imaginables en el proceso justo. Un delito imprescriptible que está esperando el castigo de los responsables y de los autores intelectuales. Con esto no está diciéndose a sus señorías que dejen aquella noble causa para dedicarse a ésta, de ningún modo; que sigan con aquella pero que abran ésta también. También aquí hay (no hubo; hay) fosas comunes, decenas de miles de personas esperando justicia, centenares de miles; medio país. Sigan sus señorías con la China che è vicina, pero abran la causa también aquí, en Badajoz, en las Canarias, en Madrid, Vitoria, en todas partes. ¿Por qué no?

La China, sí señor, una forma clarísima de despotismo asiático, categoría que acuñó Marx. Ha resultado enternecedor ver con qué claridad ha hablado el señor Bush; casi parece que estoy oyéndolo (no lo he hecho, por supuesto): "We Americans cherish soooo much Freedom!", arrastrando las sílabas como los de Tejas, "fri-i-dom", lo que debe entenderse como: "Vds., asiáticos, no saben de qué va esto". ¡Con qué energía descargada desde una altura jupiterina (no necesariamente moral) ha conminado a las autoridades a liberar a los presos políticos! (viga). Y lo hace el que acaba de ejecutar a dos presos desoyendo procedimientos de revisión en curso y acaba de condenar a cinco años y medio a un chofer de un dictador en un procedimiento que tiene tanto parecido con un debido proceso como un pelotón de fusilamiento con una mariposa. (viga) Pero da una idea de la que tiene de la justicia quien va por ahí imponiéndola a cañonazos.

Conste que no me gusta nada la gente que se harta a hablar de Guantánamo para que no se hable del Tibet. Del Tibet, de Guantánamo, de todas partes, del Irak, de Afganistán, de Cuba, de Palestina, de Europa, de España, del País Vasco. Y no solamente hablar. También hacer; sin violencia pero hacer.

(La imagen es una foto de Squeaky Marmot, bajo licencia de Creative Commons).

sábado, 12 de julio de 2008

Llegar aunque sea muertos.

Si naces en el África, especialmente en la llamada África subsahariana, tienes una esperanza de vida de unos cincuenta años...y ¡qué vida! Según en qué parte de esa llamada África subsahariana te hayan dejado caer los dioses tienes una probabilidad más o menos elevada de contraer SIDA a lo largo de tu existencia, siempre que no lo traigas ya del seno materno; de que te violen o te asesinen o ambas cosas y no necesariamente en ese orden; de que te recluten de niño para ser soldado; de que te mutilen genitalmente; de que te ejecuten por algún tipo de comportamiento sexual; de que mueras de hambre; de que mueras de un sinfín de enfermedades que ya se han erradicado en otros lugares del planeta, desde el sarampión al paludismo; de que te asesinen porque sí los policías de éste o los sicarios de aquel; de que caigas en las redes de alguna mafia que te prometa sacarte de ese infierno y llevarte hasta El Dorado en una patera por trescientos euros.

Trescientos euros es lo que vale la diferencia entre la muerte y la vida y, para un porcentaje, entre la muerte y la muerte. Trescientos euros. El año pasado iba el viaje a mil. El precio del negro a secas (no del oro negro) es lo único que baja.

¿Y nos extrañamos de que estén dispuestos a morir con tal de llegar? No es tan difícil. También nosotros emigramos a cientos de miles hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX y dejábamos atrás, por invivibles, condiciones que a los subsaharianos de hoy parecerían de lujo. Así que podemos comprenderlo perfectamente. Otra cosa es que queramos.

En principio la libertad de circulación es un derecho de ciudadanía reservado en España a los españoles y, ahora, a los ciudadanos de la UE. Pero, en el fondo, es un derecho humano fundamental y no debiera estar limitado por ley alguna. Según se asegura esto no es posible porque se produciría un "efecto llamada" que España no podría gestionar. La cantidad de pateras y cayucos se multiplicaría; y la de muertos. Todavía no es así y en algunas costas españolas la situación es dramática, por ejemplo, en las islas Canarias en cuyas playas a veces se da la aguda contradicción moral del mundo, la contraposición entre el lujo, la abundancia, el ocio de los ricos veraneantes y la miseria y el hambre de los ilegales. Los del negocio turístico están que trinan. Los clientes no vienen a las islas afortunadas a ver desgracias tan sórdidas. ¿O quizá sí? No seré yo quien niegue la posibilidad de que algún empresario "listo" se le ocurra ofrecer paquetes de vacaciones con percance de patera de ilegales vivos/muertos incluido. De momento, en todo caso, algo hay que hacer para apartar esas imágenes de los televisores a la hora del almuerzo habitualmente en sobredieta. Y ese algo no consiste en abrir de par en par las puertas porque eso no se atreve a proponerlo nadie en Europa.

Dicen nuestros gobernantes que lo que corresponde hacer es contribuir al desarrollo de la región a fin de dar a los nativos alguna razón para quedarse. Bendita intención. ¿Cuánto hay que "contribuir" para conseguir ese milagro? Porque los ilegales que abandonan sus países, con riesgo de que los revienten por el camino, los estafen al llegar a la costa y los engañen al embarcarlos hacia una muerte casi segura, esos ilegales, digo, saben perfectamente a dónde vienen, lo han visto cientos de veces en televisión. Porque en esos países no hay hospitales ni escuelas ni nada, pero sí hay televisión en la que lo que se muestra es todo producido en Europa o los Estados Unidos. Y viendo lo que hay aquí, los autóctonos allí saben que la distancia entre ellos y nosotros no solamente no se achica sino que se agranda a marchas forzadas. Así que la pregunta es pertinente: ¿cuánto hay que "contribuir" para conseguir el dicho milagro? ¿Podemos permitírnoslo? ¿Queremos?

NB: tengo idea de haber visto alguna carta o artículo del señor Carlos Carnero, eurodiputado socialista y de algún otro/a de sus colegas protestando airadamente de que se cuestione su ejecutoria de gente progresista y de izquierda por haber votado la directiva "de la vergüenza". Incluso creo haber leído que alguno de esos mendas sigue sosteniendo que la tal directiva es un avance porque justamente convierte a los inmigrantes ilegales en sujetos de derechos en países en que no los tenían. Pero eso simplemente no es cierto: los convierten en sujetos de no derechos, que no es lo mismo. Se los puede recluir sin procedimiento judicial y deportar con una simple decisión administrativa. Es cierto que se admite que los afectados puedan recabar asistencia letrada y judicial pero sólo se conceden en el marco de las disponibilidades de cada cual o sea, puede que nunca. ¿De qué derechos hablarán sus señorías?

Entre tanto, los muertos siguen arribando a nuestras costas para amargarnos el verano y mezclados con unos vivos medio muertos a los que ahora podremos garantizar el derecho que han proclamado sus señorías de volver allí de donde llegaron para que la próxima vez vengan bien muertos.

(La imagen es una acuarela de José Aja titulada “sin papeles”, foto de Fotos CNT (en precario), bajo licencia de Creative Commons).

jueves, 19 de junio de 2008

Dieciocho meses.

Ese es el tiempo máximo que las autoridades pueden tenerte chapado por mera decisión administrativa si eres un "ilegal", un "sin papeles" extracomunitario. Es verdad que tienes derecho a recurrir en demanda de una revisión judicial de tu caso, pero ésta sólo se hará "lo antes posible" y no en el plazo máximo de 72 horas que proponía una enmienda de las muchas rechazadas ayer en el Parlamento Europeo. O sea, que la policía puede darte una patada y echarte del país y, para cuando llegue un auto judicial, puedes llevar año y medio retornado a tu adorable tierra natal

Con la llamada directiva de la vergüenza las autoridades comunitarias dicen que pretenden "garantizar los derechos de los inmigrantes", como reza la foto de más arriba, que he sacado de la página web del Parlamento europeo. ¿Qué derechos? ¿El de libertad de circulación, el de habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio, el acceso a la justicia, etc? Esta doblehabla orwelliana está afianzándose en la Unión Europea. ¿No señalaba hace poco la señora Marjeta Cootman, ministra eslovena de Trabajo e impulsora de la directiva de las sesenta y cinco horas que ésta: "ofrece protección para los trabajadores y trabajadoras y flexibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo"? Igual que la directiva sobre el retorno de los inmigrantes ilegales: una garantía para ellos. Creo que la Comisión anda buscando alguien que la ilustre sobre esa magnífica idea de hacernos pagar también por las llamadas de móvil que recibimos. Se acabó la peste de los mòviles en las cabinas de los trenes y el asiento contiguo en el autobús. Porque, con semejante ideaza, la gente utilizará mucho menos el móvil y mucho más la red, cosa que ahora no sucede. Lo dicho, una ideaza que habría que extender a todos los demás clientes: si, al pasar, el frutero te ofrece un kilo de pimientos, aunque digas que no ya le debes un porcentaje del precio; si una gitana te ofrece la buenaventura, al oírla, ya estás en deuda con ella. Y (¿por qué no?) el sello de las cartas que lo pague el que las reciba; sí señor. De acuerdo con la doblehabla, la medida podría justificarse diciendo que, de este modo, se facilita el trabajo al sector publicitario que es uno de los que tienen más "tirón" del PIB.

Los dieciséis eurodiputados socialistas españoles que votaron a favor de la directiva de la vergüenza tienen el honor de compartir voto con el Partido Popular europeo y el grupo Unión por la Europa de las Naciones aun más de derechas. Se salvan algunos, escasos, dirigentes, como José Borrell o Raimon Obiols, pero los otros síes socialistas son un baldón al que ya se ha ido acercando el PSOE al abstenerse nuestro representante en la votación de la directiva canalla de las sesenta y cinco horas.


ACTUALIZACIÓN A LAS 13:00 DEL 19 DE JUNIO.

Leo en Público que el señor Rodríguez Zapatero califica de "inaceptable" la ampliación de la semana laboral hasta 65 horas¿Cómo es posible que el representante de España en el Consejo de Ministros de Trabajo se abstenga en una medida que el Secretario General de su partido y presidente del Gobierno de España considera "inaceptable"? Si algo que es inaceptable sólo mueve a la abstención, ¿para cuándo se reserva el claro y rotundo "no"? ¿O es que los socialistas se aprestan a hacer con la directiva de las sesenta y cinco horas lo mismo que con la de la inmigración: renegar de ella en casa pero votar que sí en Bruselas o Estrasburgo?


Lo anterior, como derecho al pataleo. Viene ahora pensar en qué se dice, si es que se va a decir algo. Corre por la red una convocatoria a una huelga general creo que para el próximo quince de julio. No estaría mal: la primera huelga general montada en la red y una huelga verdaderamente internacional. ¿No somos los europeos los destinatarios finales de esa norma en protección de las garantías de los trabajadores? Bien podemos ser los europeos quienes demos una respuesta unitaria a la agresión del capital. Y, de paso, metemos lo de los inmigrantes.

miércoles, 23 de enero de 2008

Derecho al aborto.

Hoy toca manifa bajo el lema

POR EL DERECHO A DECIDIR DE LAS MUJERES. DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO VOLUNTARIO


Tendrá lugar a las 19:00 horas en la Puerta del Sol (Madrid) y a la misma hora en la Plaza Sant Jaume (Barcelona).

Hay que parar los pies a la carcundia nacional (los curas, la derecha, los jueces hostigadores, las bandas de matones que defienden el derecho a la vida a bombazos, los que se forran con el dolor ajeno, etc) para defender el derecho a decidir de las mujeres. A ver si los carcas entienden de una vez que el aborto es un derecho de las mujeres; no un deber.

Hay que empujar a este gobierno timorato con la Iglesia a que recupere su promesa electoral de 2004 de una ley de plazos, que es lo único acorde con el derecho a la seguridad y a decidir de quienes deciden ejercer su derecho.

Quien quiera autoinculparse de haber abortado, en solidaridad con las mujeres que lo han hecho y están siendo hostigadas por las autoridades en un claro intento de amedrentar a la gente para que renuncie al ejercicio de sus derechos, puede hacerlo aquí, si es mujer y aquí si es hombre. Las cartas firmadas se enviarán a Barquillo 44, 2ºizq, 28004, Madrid antes del próximo veintinueve de enero, fecha en que se entregarán en el juzgado.

viernes, 14 de diciembre de 2007

Batasuna en Estrasburgo.

Aprovechando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite una demanda de Batasuna contra su ilegalización por violación de los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un lector hace un par de días escribía un comentario insultándome (desde el anonimato, claro) y diciendo que hay muchas posibilidades de

"... que la siniestra Ley de Partidos sea declarada contraria al Tratado de Roma de Derecho Humanos . Supongo que en dicho caso , tendrá usted el valor de rectificar sus muchas sandeces , y pedir disculpas a quienes de forma continuada ha calumniado . Aunque no creo que este acto le aporte ningún beneficio en el partido , sería un acto que le devolvería el respeto de quienes , a pesar de todo, creemos que usted puede aportar mas, mucho más, a este debate. Saludos."
Supongo que a estas alturas es inútil manifestar el hastío que produce esta gente que no sabe hablar sin agredir ni insultar, ya sean de derechas o de izquierdas, locutores de la COPE o miembros de Batasuna o de cualquier organización de ese tipo. Si por calumnias entendemos lo que hay que entender (atribuir a alguien falsamente la comisión de algún delito), jamás he calumniado a alguien; respecto a si digo o no sandeces, la opinión es libre; y lo del partido, tratándose de mi modesta persona, que no pertenezco a ninguno ni por asomo, sólo delata que este insultador debe de creer que todos somos como él. Me dejan perplejo quienes entran aquí a cabrearse con lo que escribo y, en consecuencia, a insultar. Es algo absurdo. No sé si los señores Luis Del Pino (¿es Luis?) o Pernando Barrena tendrán blogs; pero sí sé que, si los tienen, no los leeré nunca y mucho menos perderé el tiempo en redactar comentarios insultándolos

Todas las entradas de este blog son abiertas, por lo que desafío al anónimo lector a que busque y cite en cuál de ellas se ha calumniado a alguien. Si no lo hace, quedará a su vez como calumniador porque la calumnia es un delito. Claro que, yendo de bravo anónimo supongo que no le importará porque al fin y al cabo nadie salvo su conciencia lo sabrá, y ésta última tiene pinta de ser muy holgada.

En cuanto al fondo del asunto, que es aquí lo importante, me gustaría matizar, no por el comentarista (al que no juzgo capaz de apreciar matices ni interesado en hacerlo) que siempre me opuse a la Ley de Partidos y jamás la aplaudí. Yo no la hubiera aprobado y entendí entonces que el PSOE no debió apoyarla en su día, cosa tanto más innecesaria cuanto que el PP tenía en aquellas fechas mayoría suficiente para sacarla adelante sin los votos socialistas. Lo que también he dicho siempre es que, una vez que está en vigor, a mi modo de ver, el procedimiento habría de ser acatarla y, luego, promover su derogación. Admito otra fórmula: incumplirla y aceptar la pena que el incumplimiento de toda ley conlleva, que es en lo que consiste la desobediencia civil, práctica por la que tengo mucho respeto por parecerme moralmente digna. Lo que no admito es quebrantar la ley vigente porque sí y no querer sufrir la sanción correspondiente, burlarla, defraudarla y pretender impunidad. No me gustan los trágalas ni las políticas de hechos consumados. Si eso le parecen sandeces al ilustrado comentarista, con su pan se lo coma. Así que si el TEDH ampara a Batasuna y declara que hubo violación de los derechos proclamados en los artículos 10 y 11 del Convenio, cosa que está por ver, quizá sea una buena ocasión para revisar esa malhadada ley, si no para derogarla sin más, habida cuenta de que, para proceder contra Batasuna, basta con el Código Penal.

Termino: aseguro al anónimo comentarista que no tengo el menor interés en ganarme el respeto de insultador alguno. Al contrario: si así fuera me preguntaría qué haya hecho mal.

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