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viernes, 27 de noviembre de 2009

El editorial.

Las reacciones en la España no catalana al editorial de doce periódicos del Principado en defensa del Estatuto de autonomía frente a una posible sentencia del Tribunal Constitucional que reduzca su alcance han oscilado entre la prudencia y la más furibunda hostilidad. Nada más. No he leído ni escuchado frases de aprobación y mucho menos de admiración. La prudencia estuvo a cargo del señor Rodríguez Zapatero, muy en su función de presidente del Gobierno, al decir que había leído con "mucho interés" el editorial. La furibunda hostilidad al de la derecha más recalcitrante encabezada por el diario El Mundo que en su editorial sostiene que es imposible acumular más falacias en menos espacio faltando notablemente a la verdad porque sí es posible dado que es lo que hace él.

Lo primero que me parece digno de reseñar en el editorial es el envidiable espíritu cívico que trasluce. ¿Alguien cree que los periódicos de Madrid puedan alguna vez con algún motivo publicar un editorial conjunto? Nadie reflexiona sobre este hecho, sin embargo. ¿Por qué? A mi entender porque pone de relieve que la conciencia cívica catalana es muy superior a la española.

Parte importante de los críticos del editorial lo acusan de amenazar al Tribunal Constitucional y de pretender coaccionarlo. No hace falta tomarse mucho trabajo escarbando en lo que se ha venido escribiendo sobre este tribunal desde que comenzó a funcionar para ver que quienes hoy más acusan a los críticos de amenazas son los que recurrieron a todo tipo de descalificaciones e insultos en otros momentos pasados críticos en que el Tribunal hubo de pronunciarse sobre asuntos candentes, desde la expropiación de Rumasa hasta el posible procesamiento señor Felipe González con motivo de los GAL. Amenazas, coacciones e insultos que llenaban páginas de periódicos y horas en las ondas.

Asimismo el partido que en los últimos años más he hecho por instrumentalizar al Tribunal Constitucional al servicio de sus intereses bloqueando su renovación y hostigando a los magistrados que suponía no fieles a sus directrices es el que ahora pide no sólo acatamiento a sus decisiones -cosa que no esta en discusión- sino aceptación silenciosa y acrítica, cosa a la que nadie está obligado.

Por más que se quiera revestir el debate del Estatuto y la decisión del Tribunal de un ropaje jurídico para sustraerlos a las posibles objeciones, resulta obvio que el Tribunal Constitucional, por su naturaleza, composición y funciones, es un órgano político, jurisdiccional pero no judicial y sus decisiones son eminentemente políticas. Que por fiat constitucionl éstas hayan de acatarse cosa, insisto, que no está en cuestión pues nadie dice que no lo hará, no quiere decir que el trabajo del citado tribunal haya de estar exento de la crítica razonada tanto respecto a sus decisiones como a sus condiciones actuales para llegar a ellas. En cuanto a las últimas no sé cómo pueda pasarse por alto que, de los doce magistrados que componen el organismo, sólo pueden pronunciarse diez y, de esos diez, cuatro debieran haber sido sustituidos ya por haber vencido su mandato, cosa que no ha sido posible por las maniobras obstaculizadoras del PP. Es obvio que no es la composición más adecuada, que es lo que señala el editorial de marras.

En cuanto al fondo del asunto y por encima de las triquiñuelas formales está el espíritu de concordia que debe presidir las relaciones entre los distintos entes territoriales que componen España. Para bien o para mal, en esta sentencia esperada (desde hace tres años) sobre el Estatuto han venido a concentrarse todos los agravios de un entendimiento torcido y una convivencia problemática. Lo último que España necesita es que los catalanes y la derecha española más rabiosamente anticatalana puedan leer la sentencia como un escarmiento.

domingo, 22 de noviembre de 2009

El estatuto de Pandora.

Hablar sobre rumores es poco avisado; hacerlo sobre rumores judiciales, cosa de orates. Porque ello es que todavía no hay decisión firme alguna del Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto de Cataluña. Todo lo que sabe al respecto son las habladurías que publica hoy El País y cuya arista más cortante es que el alto tribunal suprime el término nación del preámbulo del Estatuto. Asimismo cuestiona la constitucionalidad de cuarenta artículos de los 126 que impugnó en su día el PP. Mantiene la adjudicacion de competencias y, según parece, la práctica de la bilateralidad.

Dada la alacridad con la que la clase política catalana responde en frente amplio que va desde CiU hasta el gobernante PSC cada vez que hay rumores sobre el TC, tampoco sería extraño que este órgano recurriera a la socorrida práctica de los "globos sondas": "a ver, López, filtre por ahí que vamos a fallar que Cataluña no es una nación, y veamos cómo respiran esos mancebos". Sería antijurídico que procediera así pero humano y comprensible. Recuérdese que algunas de las reacciones de la clase política catalana son verdaderos ex-abruptos, por ejemplo el del señor Saura pidiendo la dimisión de tots els magistrats.

Veamos el asunto de corrido: en el fondo el problema es que es el TC quien viene a decidir que Cataluña no es una nación. Y ¿desde cuándo son los tribunales los que determinan quién es y quién no una nación? El concepto de nación no es, no puede ser, un concepto jurídico porque no es objetivo sino que es un concepto puramente político ya que es subjetivo. Estamos hartos de saber que la nación es un sentimiento y sobre los sentimientos, ¿qué diantres tienen que decir los tribunales, aunque sea uno Constitucional, que no es un verdadero órgano judicial?

El error, el fracaso es que la clase política española (no la catalana sólo) haya sido incapaz de consensuar un acuerdo acerca del contencioso nacional que hay dentro de España y le haya pasado la patata caliente al TC. En el momento en que un tribunal tiene que decidir si alguien es o no una nación está claro que la política ha fracasado. Y cuando la política fracasa ya puede esperarse cualquier cosa, por ejemplo que también fracase el propio TC y hasta el Estado. El fracaso del TC es cosa cantada por cuanto si, por un lado, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, por el otro no le queda más remedio que hacerlo. Al final, Cataluña, una vez más afrentada, planteará un problema institucional con el respaldo de todas sus fuerzas políticas (quizá con inclusion del PPC) que pondrá el debate sobre la soberanía catalana en la mesa del desayuno del país. Un país en el que cada dos por tres están celebrándose consultas independentistas que el gobierno español no sabe cómo parar y hasta es problemático que pueda hacerlo.

Por Dios que el problema ha acabado siendo el que ya se planteó al inicio mismo del primer mandato del señor Zapatero cuando, preguntado al respecto, dijo éste algo muy sensato: que el concepto de Nación es discutido y discutible. El señor Rajoy sacó la espada de Covadonga y empezó a decir que Bambi era un fementido traidor a la patria. Todo, es de entender, porque en su opinión el concepto de patria es indiscutible. No me digan cómo es posible que funcione nada cuando el dirigente de primer partido de la oposición y próximo candidato en La Moncloa cree que hay cosas indiscutibles. Pero esa es la fuerza del discurso demagógico: todos tienen que adaptarse a él si quieren sobrevivir. El señor Zapatero no ha vuelto a decir nada tan inteligente sobre la nación. En realidad no ha vuelto a hablar del asunto porque se lo come Santiago Matamoros. Que es parte del secular drama de España, país en que es imposible resolver contencioso alguno porque una de las partes sostiene que ya sólo hablar de contencioso es i-nad-mi-si-ble.

Dejo de lado el problema que se plantea por el hecho de que, según El País el TC reconozca la bilateralidad pero no la nación catalana. Si hay relaciones bilaterales serán de igual a igual en dignidad, esto es, aeque principaliter, pero no nación a nación sino, al parecer, nación a región/nacionalidad, cosa que no resulta creíble. Si Cataluña no es nación, tampoco debe haber negociaciones bilaterales porque el Estado no puede negociar consigo mismo ni con un inferior sino sólo con un igual.

Es claro que el TC niega la condición nacional a Cataluña con ánimo de que la tal no sirva en el futuro para substanciar una petición con efectos jurídicos: pues soy una nación, me corresponde tener un Estado propio. Pero si ello es así, el TC comete un error garrafal. El tribunal no puede decidir si los catalanes son o no una nación porque ésta es una cuestión eminentemente política y hacerlo sería ir claramente ultra vires. Sí puede decir si el término "nación" entra o no en el preámbulo del Estatuto: lo que sucede es que esta doble vía es una triquiñuela inútil e irritante. Es más justo, acorde con la naturaleza de la cuestión, dejar la nación del preámbulo porque luego es mucho más sencillo y claro denegar la cuestión planteada en un terreno objetivo: el hecho de ser nación, ¿te lleva al derecho a un Estado propio? La respuesta puede ser sí o no. Pero mientras que el sí te deja en el terreno subjetivo, programático, desiderativo de lo político, el "no" te lleva al sólido terreno jurídico de los hechos, la realidad comparada y el sentido común. Lo que sucede es que el TC tampoco puede decir esto porque la Constitución Española sostiene que en España sólo hay una nación: la española.

He aquí por qué el TC no tiene más remedio que pronunciarse sobre lo que no puede pronunciarse, en una situación absurda en la que el fracaso de la política ha llevado al sistema en su conjunto a uno de los puntos más críticos de los últimos años y del que me temo que sólo podremos salir a base de esperar que los catalanistas no se pongan intransigentes, que muestren el tradicional seny, que, como viene a decir el M.H. Pujol, sigan tragando quina.

Pero no sé si está el horno para bollos.

(La imagen es un detalle del Retablo de San Jorge (h. 1400) de Marçal de Sax, que, se supone, representa a Jaime I el Conquistador en la batalla de El Puig de Santa Maria; ayudando al Rey aragonés y Conde de Barcelona, cómo no, San Jorge, patrón de Cataluña. La pieza se encuentra en el Victoria and Albert Museum, Londres).

domingo, 23 de agosto de 2009

Choque de legitimidades.

Los escalofríos que recorren los espinazos de los políticos ante la posibilidad de una sentencia del Tribunal Constitucional contraria en algún aspecto esencial al Estatuto de Cataluña es una muestra palmaria más de uno de los principales defectos de la política española, consistente en su incapacidad para resolver los conflictos y su costumbre de derivarlos a los tribunales que, al intervenir, suelen eliminar todo acuerdo por consenso y dejan el sabor amargo de unos vencedores y unos vencidos en cualquier pleito. Así sucedió desde el principio con la articulación del Estado de las Autonomías del Título VIII de la Constitución Española que hubo de hacerse -y ésta del Estatuto es una prueba más de ello- a golpe de decisión del Tribunal Constitucional que, al tener que decidir en contenciosos típicamente políticos (como qué sea una "nación") se ve arrastrado al terreno de la confrontación con la consiguiente merma de su prestigio. Y así sucede también con la vida política ordinaria, que tiene un alto nivel de judicialización. No es raro que los enfrentamientos y conflictos entre partidos acaben en sede judicial civil o penal. Precisamente en algunos casos se prevé la intervención del Tribunal Constitucional cuando se haya agotado la vía judicial de forma que aquel funciona de hecho como una especie de Tribunal Supremo bis, lo que también da origen a frecuentes choques y enfrentamientos.

En el caso del Estatuto de Cataluña el conflicto político se ha exacerbado a extremos peligrosos para el normal funcionamiento de las instituciones. Cuando el señor Carod Rovira, con ese estilo directo suyo tan escasamente convencional, habla de convocar una manifestación el once de septiembre en favor del Estatuto catalán, el Gobierno, por boca de su vicepresidente, señor Chaves, ve "intolerable" la manifestación que promueve Carod Rovira para presionar al Constitucional, lo cual estaría muy bien y sería ejemplar de no ser porque, acto seguido, el mismo señor Chaves asegura que respetará la decisión del TC, pero que espera que el Tribunal dicte una sentencia "que declare la constitucionalidad del Estatuto" que, recordó, fue aprobado por el Parlamento de Cataluña y mayoritariamente por la Cortes en un acto de no menor presión hacia el Constitucional que el que pueda realizar el señor Carod.

Se presione o no, en la fórmula que utiliza el señor Chaves, como en los argumentos de muchos partidarios de la constitucionalidad del Estatuto, se perfila el choque de legitimidades que habita siempre en el alma del Estado democrático de derecho entre la legitimidad de la voluntad popular (especificada aquí por las decisiones de dos parlamentos y un referéndum) y la que emana de los tribunales incluido a estos efectos el Constitucional. Esta contradicción entre soberanía popular (principio democrático) y primacía de la Constitución en cuanto ley de leyes (principio de Estado de derecho) no tiene una solución única sino que su encaje depende de la dinámica del sistema político en concreto. En los Estados Unidos ha funcionado siempre ejemplarmente, pero no ha sido así en otras partes. En España, por ejemplo, es de esperar una reacción deslegitimatoria del Tribunal Constitucional de parte de las fuerzas nacionalistas catalanas en el caso de una sentencia contraria a algún punto clave del Estatuto. Ojalá que esa reacción, de darse, no lleve al cuestionamiento directo de las normas básicas de convivencia en el sistema político español.

(La imagen es una foto de Saül Gordillo, bajo licencia de Creative Commons).

lunes, 11 de agosto de 2008

Se quedan sin vacaciones.

Me refiero al Gobierno y más en concreto a los Ministerios relacionados directamente con el de Economía. El señor Rodríguez Zapatero ha tomado la insólita decisión de convocar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para el miércoles. Y eso que no hay crisis, que es solamente un "frenazo". Ha pedido a los asistentes que lleven informes sobre cómo impactan las medidas del Gobierno referidas a esa no-crisis cuyo nombre acabará siendo como la falsa monea, que de mano en mano va pero nadie se la quea. Es decir los tiene trabajando desde la semana pasada porque los informes, supongo, no se improvisan; aunque no sé yo qué hará el señor Sebatián que ha ido a Pekín a fomentar las relaciones comerciales con China y no, claro que no, a ver los juegos olímpicos. Mucho tiempo no le queda para el informe.

En todo caso tampoco es tan importante porque el problema real que tiene el Gobierno no es la crisis que se niega a nombrar en una actitud que da risa cuando en casi todos los países europeos importantes se detiene el crecimiento del PIB y se acerca una recesión. Esa crisis que ya está aquí, que ya estaba aquí hace un año porque el sistema capitalista es el que es, no va a verse grandemente afectada por las medidas gubernativas. El problema real que tiene el Gobierno de España no es sólo la crisis; es principalmente Cataluña.

La señora vicepresidenta dice que el señor Montilla ha incurrido en un "exceso" de palabra, es decir, el señor Montilla ha hablado ex abundantia cordis y por lo tanto no hay que hacerle mucho caso. ¿Y qué le sucede al señor Montilla? Que está muy irritado porque pasó el nueve de agosto fecha en que, según el estatuto (tengo entendido), la negociación sobre financiación de la Comunidad Autónoma de Cataluña tendría que estar concluida y no estaba ni iniciada. Cualquiera se irritaría, me atrevo a pensar, con permiso de la señora De la Vega.

Pero lo que fastidia por estos pagos no es que el señor Montilla incurra en demasías verbales, si lo son, sino que los políticos catalanes hayan cerrado filas tras la reivindicación de financiación, tripartito con CiU, frente cerrado de izquierda y nacionalista contra el Gobierno del Estado. ¡El Partido del Gobierno del Estado contra el Partido del Gobierno del Estado! Lo nunca visto. Queda fuera el Partido Popular, aunque no es por falta de ganas sino porque los frentistas no lo quieren. El frente ha dado a entender (o así lo han interpretado los medios) que condiciona la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a la solución de la cuestion pendiente de la pela. Si esto es cierto hay que esperar que, de no haber acuerdo de financiación en el Principado, los veinticinco diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya voten en contra de los presupuestos, en contra de su Partido y de su Gobierno. Castañas.

Los ministros que llevan una semana redactando el informe del impacto económico (menos el señor Sebastián, evidentemente) han perdido el tiempo. Porque el problema más acuciante es el catalán. Es decir, van a seguir sin vacaciones porque tendrán que hacer otro informe sobre cómo ven ellos la cuestión catalana. Los informantes son los mismos; al tratarse de financiación está bien que estén los ministerios con competencias económicas.

La cuestión catalana, además de la vertiente económica tiene la política. El PSOE deberá decidir si acepta que el PSC sea un partido independiente que puede romper la disciplina de voto cuando lo estime oportuno. Y si no lo acepta será interesante ver qué propone para resolver esa muy evidente escisión cataláunica en el partido que se precia de "vertebrar a España". Filosóficamente hablando esto no es muy grave ya que quien vertebra desvertebra, pero políticamente es básico porque significa cruzar la raya que separa al amigo del enemigo, cisura decisiva en el campo político, como nos enseña Carl Schmitt.

Y este problema no es solamente una manía más del PP, al estilo de "España se rompe" y "España se hunde" de hace unos meses y días, como sostiene el diario Público cuando titula El PP cambia de lema: ahora es el PSOE el que se rompe. Es mucho más, es un problema real y acuciante que afecta a la base de apoyo parlamentario de un gobierno en minoría. Sobre todo cuando el mismo diario se ve obligado a rotular horas después que El PSC abre un frente con las comunidades socialistas. Es muy posible que la queja catalana esté fundamentada, esto es, que el Gobierno no cumple el Estatuto aprobado hace ya dos años. No voy a ponerme a comprobarlo, aunque quizá no lo cumpla porque, estando recurrido ante el Tribunal Constitucional, piensa que es como si estuviera en suspenso. La razón o sinrazón del problema es aquí lo de menos; lo que se solventa es si el PSOE forma un único grupo parlamentario o no y a quién elige cada cual porque imagino que habrá ciudadanos en Cataluña que se quedarán a cuadros cuando vean a sus representantes votando en contra del PSOE que es el partido al que ellos han votado.

Así que supongo que la tal Comisión Delegada y es posible que el Gobierno en pleno se queden sin vacaciones. No está el horno para bollos.

Los nacionalismos son un mundo tupido en Europa y causa de mucha, muchísima agitación. Esa insistencia vasca y catalana por tirar en sentido centrífugo en España y esa tendencia española a tensar en sentido centrípeto en un tira y afloja perpetuo no tendrá solución mientras los españoles no reconozcan el derecho de autodeterminación de catalanes, vascos, gallegos y todos cuantos lo pidan, en el entendimiento de que lo pedirán entes viables. (Personalmente no tengo nada contra la idea de reconocerselo también a los entes "inviables", pero no quiero entretenerme ahora con razonamientos laterales). Es más entiendo que, de reconocerse y ejercerse tal derecho, tanto el País Vasco como Cataluña optarían por quedarse en España. Es la obstinada negativa a reconocerlo la que está haciendo aumentar la cantidad de independentistas.

En todo caso no se trata de una defensa pragmática del derecho de autodeterminación en el sentido de que se apoye porque se piense que se va a ganar. Ese derecho debe reconocerse con independencia de cual haya de ser el resultado de una hipotética consulta. Sólo así podría acometerse legítimamente una reforma del sistema electoral que atenúe o suprima la capacidad de presión de los partidos nacionalistas.

(La imagen es una foto de Jordi Gomara (itaca2000), bajo licencia de Creative Commons).

lunes, 2 de junio de 2008

Paralelismos España-Bolivia.

En los dos referéndums autonómicos que se celebraron ayer en los departamentos rebeldes de Beni y Pando en Bolivia se esperan resultados de más del 80% de síes a los estatutos de autonomía que el Gobierno central del señor Evo Morales considera ilegales. Con estos y el de Santa Cruz, que celebró su referendum el pasado cuatro de mayo también con mayoría abrumadora a favor del sí, y el que celebre el departamento de Tarija el próximo 21 de junio ya seráuna parte importante del país, la más rica y la que tiene menor presencia indígena, la que emprenderá una senda de desvinculación del Gobierno central en defensa de sus intereses que son, en lo esencial, los de las oligarquías terratenientes amenazados por la posible aprobación en referéndum del proyecto de Constitución indigenista que ampara la nacionalización de los recursos naturales y la reforma agraria en favor de los campesinos más pobres, esto es, el programa político del Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente Morales.

Los paralelismos con la situación del País Vasco saltan a la vista. Los departamentos rebeldes han tomado explícitamente el modelo español de los estatutos de autonomía con el ánimo de ir más allá de la mera autonomía. Igual que el señor Ibarretxe ha tomado el ejemplo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el ánimo de ir más allá del Estado Libre Asociado. Los departamentos bolivianos rebeldes son la zona más rica del país; igual que el País Vasco es una de las zonas más ricas de España. Las consultas autonómicas bolivianas son ilegales, al decir del Gobierno central; lo mismo sucede con la propuesta de consulta del señor Ibarretxe. Las consultas deSanta Cruz, Beni y Pando dejan mucho que desear por el indiscriminado uso de la violencia que en ellas se ha hecho; igual que el señorIbarretxe pretende celebrar su consulta en plena actividad de la organización terrorista ETA tras haber dicho que no lo haría así .

Las diferencias residen en los respectivos gobiernos centrales. El de España tiene la auctoritas y, llegado el caso, la potestas para impedir la consulta ilegal del señor Ibarretxe mientras que en el caso de Bolivia no están claras la una ni la otra. En principio debía de tener la auctoritas dado que es un Gobierno legítimo pero el modo de aprobar el proyecto de constitución indigenista el pasado 30 de noviembre en Oruro por 164 votos a favor de 255 diputados constituyentes (menos de los 2/3 requeridos) y un sinfín de irregularidades le han restado mucha lagitimidad. En cuanto a la potestas del Gobierno central, ello se verá si la situación llega al extremo de que el Estado haya de emplear el weberiano "monopolio legítimo de laviolencia".

Digresión oportuna. En el preámbulo de la norma que convoca a consulta a la ciudadanía vasca (y de cuyas preguntas ya nos ocupamos aquí en un post titulado El parto de los montes) se pretende soslayar el problema de legalidad afirmando que la "consulta" no está sometida a la Constitución ni a la ley del (detestable) Estado español porque no es un referéndum sino eso, una "consulta". Pasmoso ¿verdad? Esto no es un atraco aunque pueda parecerlo, sino un préstamo acelerado y ejecutivo, podría decir con la misma razón el que asalta un banco. Y el mal nacido que tira a su esposa por la ventana podrá decir que le daba clases de vuelo sin motor. El descubrimiento de Ibarretxe pasará a los manuales del derecho penal y consiste en permitir que el presunto delincuente sea el que determine si su acto se ajusta o no a un tipo delictivo. Cada vez está más claro que esto del nacionalismo es cosa de meninges, ¿verdad?

(La imagen es una foto de Galería de Jessie Reeder, bajo licencia de Creative Commons).

lunes, 19 de mayo de 2008

Animando la fiesta.

Hasta los mejores momentos tienen un lado oscuro. Estábamos todos felicitándonos por el éxito del segundo acto de homenaje a las víctimas del terrorismo convocado por el Parlamento de Vitoria en el Kursaal de San Sebastián en el que tomaron la palabra algunas víctimas, entre ellas un guardia civil, para reclamar a la sociedad una deslegitimación activa del terrorismo cuando, a la media noche, previo aviso al DYA, ETA hizo explosionar una bomba en Getxo, en pleno corazón de esparcimiento de la patronal vasca.

Parecía que Euskadi fuera humanizándose algo más al rendir tributo a las personas asesinadas por el fanatismo nacionalista vasco (y también a las asesinadas por el terrorismo parapolicial español), al hacer que las víctimas, tantos años olvidadas, menospreciadas, cuando no vituperadas, ocuparan el primer plano de la noticia, cuando los pistoleros habituales decidieron arrebatárselo de nuevo para ponerse ellos en su lugar. La estupidez carga contra el dolor y pretende infligir una segunda muerte a las víctimas.

Faltaron los de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, siempre tan beligerantes con todo lo que no se les ocurra a ellos y su rama vasca, Covite y faltó asimismo el PP, en ruptura lamentable de la unidad democrática. Pero quienes no faltaron en su peculiar estilo, al amparo de la nocturnidad, fueron los terroristas a dar el zambombazo que pusiera digno colofón al acto en comentario.

Algunos oradores en el emotivo acto hicieron contundente balance de lo que la sociedad vasca ha avanzado en los últimos tres, cinco, diez años cuando, según dijo una oradora, aquella ceremonia se hubiera tildado de "provocación". Efectivamente, ¿quién dijo que así como hay un progreso material de la especia no lo hay moral? Bien claro está en este acto de homenaje que hace años no hubiera podido celebrarse y ahora se hace con solemnidad y a la luz pública. Pero como en todas partes hay excepciones, los terroristas se encargaron de mostrar que, además de progreso, hay también regreso moral. Regreso a la barbarie de la intimidación.

La bomba no fue solamente un epílogo al acto de homenaje a las víctimas (en especial al guardia civil Juan Manuel Piñuel, asesinado en Legutiano hace tres días) sino también un prólogo a la entrevista que mañana celebrarán en La Moncloa el lehendakari señor Ibarretxe y el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero. Porque, aunque el señor Ibarretxe insista cuanto puede en que no acepta que sea ETA quien nos dé permiso a Zapatero y a mí para negociar, lo cierto es que se presenta en La Moncloa propulsado por la onda expansiva de la bomba de Getxo.

Y se presenta ¿a qué? Mucho me temo que a dejar constancia una vez más de que "Madrid" hace oídos sordos al sentir mayoritario de "este pueblo". Él afirma en la entrevista que trae hoy Público (citada también unos renglones más arriba) que viene abierto a todas las posibilidades. Pero eso es un decir. No hay más posibilidad que una consulta referendaria en los términos que él propone... En principio, como señaló hace unos días el señor Urkullu, un Choque de locomotoras, que ya es hipérbole comparar a los señores Rodríguez Zapatero e Ibarretxe con sendas locomotoras.

Y, sin embargo, si los dos mandatorios quisieran, podría conseguirse una vía de fácil consenso perfectamente ordinaria, normal y a la catalana: reforma del Estatuto de Gernika y consulta posterior en referéndum a la sociedad vasca. Se hace la consulta para que los vascos decidan, como quiere el señor Ibarretxe, y se hace en el marco de la Constitución.

Pero me temo que una solución así produciría un sarpullido al señor Egibar y sus amigos soberanistas.

(La imagen (el Parlamento vasco en el momento de aprobar el llamado "Plan Ibarretxe" en septiembre de 2007) es una foto de Digital Owl, bajo licencia de Creative Commons).