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jueves, 21 de julio de 2016

Las fosas de la ignominia

Otro vídeo del programa de TeleSur dedicado al franquismo. Son como cinco minutos dedicados a los 114.000 asesinados por los fascistas y enterrados en fosas comunes en todo el país. Mi aparición en él es brevísima, pero lo dejo por la importancia del tema en sí y para que quede constancia de quién es quién aquí y ahora. Veamos:

Hay 114.000 asesinados en fosas comunes. España es el segundo país en este macabro record, detrás de Camboya, otra dictadura asesina, esta vez comunista que, seguramente, tendrá defensores hoy día, como también hay gente en España que defiende, protege y admira a Franco.

Entre ellos, el presidente de los Sobresueldos. Hay un claro mandato de la ONU de que España haga justicia con esta barbarie. Hay una Ley de la Memoria Histórica aprobada por el gobierno Zapatero que prevé el desenterramiento de esta víctimas. Pero el Sobresueldos retiró la aportación financiera del Estado. El mismo Sobresueldos que, preguntado en un programa de Jordi Évole, por estos enterramientos delictivos de compatriotas suyos dijo que a él "no le constaba" que hubiera miles de asesinados en fosas comunes. Eso, tras haber suprimido la subvención oficial para desenterrarlos. Tal cosa da la medida de la calaña moral del presidente que, sin embargo, no tiene inconveniente en mantener a su padre, dependiente, con cargo a unos fondos públicos que niega a los demás dependientes. Es difícil imaginar un comportamiento más repugnante.

Difícil, pero no imposible. Este sinvergüenza se queda corto al lado de su portavoz, Rafael Hernando, para quien los familiares de los asesinados por la gente a la que Hernando sigue, solo se acuerda de ellos cuando hay subvenciones. Una afirmación no solo odiosa en su miseria moral sino también cruel, típica de un sicario porque, precisamente son los compinches de estos tipos quienes han suprimido dichas subvenciones.

En efecto, que cada cual responda de sus actos y sus palabras.

sábado, 19 de marzo de 2016

Rita Maestre y la hierocracia

El caso de Rita Maestre, condenada a una multa por ofender los sentimientos religiosos de terceros, trasciende la anécdota personal y entra en el campo del interés general sobre asuntos espinosos como los derechos, sus límites, los delitos, sus tipificaciones, etc. 

Dice la alcaldesa de Madrid, jueza de profesión, que la condena a Maestre "limita su libertad de expresión". Es una formulación ambigua porque, en principio, para que limitar la libertad de expresión de alguien fuera, a su vez, condenable, habría que especificar por qué el limite establecido no es aceptable. Como jueza, Carmena sabe que no existen derechos absolutos y la libertad de expresión también tiene limites. De hecho, la misma Carmena trata de dar cuerpo a su posición hablando de que vivimos una involución democrática (con lo que habría que entender que la condena a Maestre es injusta por encontrarse en esa  reprobable tendencia) y aduciendo además criterios jurídico-formales en el sentido de que la sentencia va a recurrirse y que podría quedar sin efecto por una decisión de un órgano superior. Son cosas distintas pero, en el fondo, apuntan al mismo problema: el de justificar el límite impuesto al ejercicio de un derecho. Ese límite está claro: ofender los sentimientos religiosos de terceros, hacer público escarnio de sus dogmas, según dice el Código Penal. 

La cuestión, por tanto, no es si la libertad de expresión tiene o no límites, que los tiene. Tampoco si la sentencia es ajustada a los límites que el código penal señala que probablemente lo es, incluso cabe decir que es benevolente. La cuestión es si el tal delito está bien tipificado y qué quiere decir "ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa", una cuestión bastante vagarosa que aparece relacionada con otra mucho más problemática como es la de la blasfemia. La cuestión, en definitiva, es la de una protesta pública (perfectamente amparada en la libertad de expresión) en contra de la existencia de un lugar de culto pagado con el dinero de todos en un espacio público de una Estado no confesional. La cuestión es si esa protesta puede reprimirse invocando los sentimientos religiosos de quienes se arrogan el privilegio de atender a sus creencias religiosas en lugares en que estas no debieran estar y financiándolas, además, con el dinero de todos, incluso el de aquellos que no están de acuerdo con la existencia de esos lugares de culto en espacios públicos.

Este asunto, evidentemente, trasciende el caso concreto de la persona condenada y de la jueza que condena para ponerlo en el ámbito en que debiera estar, el del legislador y su obligación de impedir que unos ciudadanos abusen de otros en el ejercicio de sus derechos. Esto es, es el legislador el que debiera impedir que unos ciudadanos obliguen a otros a financiar sus supersticiones y respetarlas allí en donde su ejercicio no debiera ser lícito. Y, claro, acabamos topando con la Iglesia, como siempre en España y con el hecho de que este país, en realidad, es una hierocracia en la que siguen mandando los curas que imponen sus criterios a través de la confesión religiosa de la mayoría de los legisladores.

Por supuesto que Rita Maestre debiera ser condenada si hubiere ofendido los sentimientos religiosos de unas gentes que estuvieran cultivándolos en el ámbito privado, que es el propio de toda religión. Pero no es el caso. Ha sido condenada por protestar por el hecho de que unas gentes privaticen indebidamente un espacio público para el cultivo de sus ceremonias privadas.  Por eso es injusta esa condena, porque es injusta la norma legal que la ampara ya que esta, por la sinuosa influencia de los curas, no distingue entre el ejercicio público y el privado de un culto. 

Si alguien, por muy sensible que sea, se vale de la vía pública para organizar sus ceremonias y supersticiones estará expuesto a que otro -yo mismo que en esto apoyo a Rita Maestre- haga cuchufletas y se ría de su culto a mandíbula batiente. Los espacios públicos son tan míos como de los seguidores de cualquier secta y el mismo código penal que castiga a quien ofende los sentimientos religiosos de alguien sin importarle en dónde se exhiban castiga en el siguiente apartado del propio artículo a los que ofendan a quienes no tienen sentimientos religiosos y están en su derecho de no querer prácticas supersticiosas privadas en ámbitos públicos. Sí, exactamente ese delito que estaban cometiendo quienes rezaban en la capilla cuando Rita Maestre y sus gentes fueron a manifestar en público su desagrado con el mismo derecho que los otros hacían pública ostentación de sus creencias.

¿Lo ven? Un problema de interpretación. ¿Por qué he de considerar menos delito arrodillarse en público en la universidad que protestar con el torso desnudo?

Pero en ese asunto nadie quiere entrar por miedo a los curas.

martes, 8 de marzo de 2016

Alegato sobre las pensiones

He aquí un conflicto que puede parecer gremial, sectorial y que, sin embargo, interesa al conjunto de la sociedad. El ministerio de Empleo obliga a los escritores, pintores, dibujantes, músicos, etc, a todos los creadores y otros profesionales a devolver sus pensiones porque, según la ley vigente, la percepción de estas es incompatible con la realización de actividades creativas remuneradas cuando su cuantía supere el SMI, de 9.172,80 euros al año.

Esto es un disparate que no hay por donde cogerlo porque, si se entorpece la labor creativa, no solo pierden los autores (a algunos de los cuales quieren multarlos con cientos de miles de euros), que no pueden escribir, ni pintar, sino que pierde la sociedad en su conjunto. Y no solo porque se la prive de unos productos que enriquecen el espíritu sino que pierde en un sentido mucho más material y prosaico, como se verá de inmediato.

Toda la cuestión de la jubilación y las pensiones es un conjunto de injusticias y atropellos. Para empezar la misma institución de la jubilación forzosa, en donde se dé, básicamente los funcionarios y empleados públicos, pero no solo ellos, debe desaparecer. Lo lógico, lo razonable, es que la jubilación sea voluntaria. Esto es, que haya un tope de edad (el que se fije, 65, 67 años) a partir del cual nadie pueda impedir que si alguien quiere jubilarse lo haga, pero nadie tampoco pueda obligar a otro a jubilarse si no quiere y sigue siendo válido para el trabajo.

Por si no lo habían pensado ustedes, la jubilación obligatoria es una discriminación. Denle las vueltas que quieran: es una discriminación tan odiosa como la de género, raza, religión etc., y tanto más indignante cuanto que en unas actividades se da y en otras, no. Es una discriminación porque supone hacer víctima a una persona de algo de lo que no es responsable: su edad. Y, como toda discriminación debiera estar prohibida. El día que los jubilados tomen conciencia de este hecho y se organicen, conseguirán la abolición de esta vergüenza. Por eso hay ya por ahí salvajes de la cepa neoliberal que pretenden suprimir el derecho de sufragio de las clases pasivas. El fascismo está siempre al acecho.

Pero hay más. El trato que dispensa el Estado, el ministerio de Empleo, a los jubilados es indignante y probablemente ilegal. Aparte de la evidente injusticia de que la pensión sea incompatible con el rendimiento del trabajo personal pero no con el cobro de mil tipos de rentas como bonos, dividendos, alquileres, etc., se da la circunstancia de que el Estado carece de título para establecer estos limites y regulaciones porque la pensión no es una gracia que los poderes otorgan porque sí, ni siquiera es un salario sujeto a normativas de incompatibilidades. La pensión es un derecho subjetivo de la persona que lo deriva del hecho de haber estado cotizando durante su vida laboral. Nadie puede negarle a un jubilado el derecho a cobrar lo que es suyo ni ponerle condiciones que le sean lesivas.

Y todavía más. Este cúmulo de injusticias y arbitrariedades no solamente perjudica a los jubilados sino al conjunto de la sociedad y directamente en su bolsillo. Échese una ojeada a la pirámide de población en España en el año en curso. Puede verse que, con los índices de natalidad prevalentes hace 25/30 años y dado el sistema de pensiones a base de cotizaciones, en otros 25/30 años no podrán pagarse las pensiones de las clases pasivas que, de hecho, ya está costando mucho pagar hoy y sin contar con el latrocinio a que el gobierno de Mr. Sobresueldos ha sometido la hucha de las pensiones, vaciándolas para sufragar gastos diversos, entre ellos, según parece, los cuidados a su padre dependiente. 

A la vista de la situación, el puro sentido común manda suprimir el carácter forzoso de la jubilación y, en todo caso, permitir que el cobro de esta sea compatible con cualquier actividad lícita remunerada sin límite. Cuanta más riqueza se genere en los grupos más altos de edad, más alivio habrá para los bolsillos de los castigados cotizantes actuales. Y ello sin contar con el hecho, aun más dramático de que, con el desarrollo de la crisis, crece la cantidad de población activa pero parada que sobrevive gracias a las pensiones de los abuelos. Si ahora se las quitan o se las reducen, la situación puede llegar a ser desesperada. 

He aquí una de las diversas tareas de urgencia que el Parlamento de mayoría demócrata y con sensibilidad social (no de los de "que se jodan") tiene que acometer. Es una de las prioridades. Evitadnos la vergüenza de que gentes como Landero o Javier Reverte o Forges tengan que pagar cientos de miles de euros de multa por deleitarnos la vida.

lunes, 17 de agosto de 2015

Los franquistas no dimiten.

Pedro Sánchez está desolado porque el santero Fernández no dimite después del esperpento que protagonizó en sede parlamentaria, contando un par de patrañas y riéndose de sus colegas diputados de la Cámara. Es verdad, en cualquier país de Europa, este hombre ya no sería ministro. Sospecho que, en realidad, en ningún país de Europa hubiera sido ministro ya en un primer momento. Pero eso es otro asunto. En ningún país de Europa tampoco llegaría a presidente del gobierno alguien como Rajoy. Efectivamente, es otro asunto.
 
Volviendo al nuestro. Sánchez echa mano de la retórica. De sobra sabe él, o debiera saber, que el santero no iba a dimitir. Precisamente por eso se postuló enseguida para comparecer en el Congreso. En España, cuando un ministro pide ir al Congreso es porque tiene algo que mentir. Y allí fue el santero a contar las mentiras de los tuits, metiéndose de paso en veinte charcos porque Rato no tiene cuenta de twitter, las amenazas tuiteras son cotidianas, precisamente muchas de ellas vienen de su partido, de los militantes y cargos de su partido. Además, es dudoso que el hombre sepa de lo que está hablando.
 
Pero sí de lo que no va a hablar, esto es, de su dimisión. La dimisión no entra en los cálculos de los neofranquistas, en el poder desde 2011. Muchos, entre ellos Pedro Sánchez, según se ve, se asombran de lo coriáceos que son los cargos de la derecha a la hora de asumir reponsabilidades políticas por sus innumerables meteduras de pata. Asombro injustificado. A Franco no le dimitió nadie en cuarenta años de gobierno, con más de un centenar de ministros. Solo al final de su dictadura lo hizo un alto cargo que no era ministro, en solidaridad con un ministro depuesto. Los franquistas no dimitían. Estos tampoco. Y bastante es que den explicaciones, aunque sean un conjunto de patrañas que echan como pasto a la chusma y a la canallesca. 

viernes, 31 de julio de 2015

El poder y los jueces.

Para que haya justicia, como sabe todo el mundo, debe ser impartida por jueces libres, independientes e imparciales que, como decía un militar del ejército español, "nada tengan que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad". Esos tres requisitos son de distinto calado. En cuanto seres humanos dotados de raciocinio, autonomía y libre albedrío, la libertad se les presupone. Nadie atendería a un juez que estuviera encadenado. Eso es obvio y vale también para el otro tipo de libertad, el moral. Los seres humanos somos libres. Lo somos incluso cuando decimos o hacemos el mal, pretextando que estábamos coaccionados. Fuimos libres y elegimos ceder a la coacción. Salvo los reducidos a cautiverio físico, los jueces son siempre libres. Libres de hacer justicia o hacer injusticia. Es cosa de su conciencia.

Los otros requisitos son más tornasolados. Dos de los jueces que, gracias a los equilibrios y normas de distribución y reparto de tareas, entenderán de los casos de la Gürtel y los papeles de Bárcenas, que afectan directamente al partido del gobierno, esto es, Enrique López y Concepción Espejel ofrecen motivos fundados para poner en cuestión su imparcialidad. Dos de las acusaciones particulares, el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) están elaborando los escritos de recusación. Tanto López como Espejel han dado suficientes muestras de familiaridad y hasta intimidad con los gobernantes. No es solamente que el PP los propusiera en su día para vocalías del Consejo General del Poder Judicial, pues eso en sí mismo no es significativo. Es lógico que estas designaciones que la ley reserva a los partidos se hagan con criterios de proximidad ideológica, pero eso no tiene por qué afectar a la imparcialidad de los nombrados. Y, sin embargo, en los dos casos, dicha imparcialidad es muy cuestionable porque los dos han dado sobradas muestras de cercanía, frecuencia de trato y simpatía con los gobernantes de la derecha. Espejel no se ha recatado en admitir su gran amistad con Cospedal, quien la condecoró. En cuanto a López, sería un desagradecido si no reconociera los esfuerzos ciclópeos que estuvo haciendo el PP para favorecerlo con un puesto en el Tribunal Constitucional incluso cuando no reunía los requisitos. Sería muy desleal por su parte no ser agradecido.

Podría decirse que, habiendo sido como hayan sido las previas relaciones entre los magistrados en cuestión y los gobernantes, llegado el momento de hacer justicia, a los jueces les ocurre lo que a a Thomas Beckett frente a Enrique II: muy amigos y compadres, pero, cuando se trata de la dignidad de la Iglesia y el interés de la Corona, ya no hay amistad ni compadreo que valgan. Y, llegado el momento, Beckett paga con su vida por su independencia. Siendo los nuestros tiempos más suaves, es poco probable que los magistrados pagaran con sus cabezas por sus actos, así que no hay razón para que estos no sean intachables. Y, si la hay, tendrán efecto las recusaciones de las partes.

A decir verdad, la turbulenta historia del juez López despierta preocupación no ya solo debido a su imparcialidad sino también a su independencia. Su intensa actividad de colaboración con la Fundación FAES, el think tank de la extrema derecha neoliberal, que posiblemente haya sido remunerada, plantea, efectivamente, una seria objeción al comportamiento de un juez que no solamente mantiene relaciones de amistad con el príncipe sino que se ha encomendado a su magnificencia.

Este es igualmente el problema que se plantea con ese presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que cobra un plus de 1.300 euros al mes directamente del gobierno andaluz en concepto de dietas o viáticos o algo así. En principio, no es absurdo que un funcionario del Estado reciba un complemento de ese Estado del cual, por lo demás, también recibe el sueldo. Y no se olvide que la Junta de Andalucía es, a todos los efectos, el Estado en Andalucía. Por supuesto, tampoco es lo mismo que el magistrado cobre del Estado que de un partido vía Fundación, si cobró. Pero aun así no parece bien y precisamente porque no parece bien, la medida se tomó mediante acuerdo secreto. Por algo sería.

Los jueces son uno de los estamentos peor valorados por la opinión pública, escasamente por encima de los políticos, que ya es decir. Y con casos como los considerados es poco probable que mejoren su posición. Sobre todo frente a una opinión pública que contempla desmoralizada cómo los jueces que se atienen a su deber en conciencia y se enfrentan al príncipe, acaban expulsados de la carrera.

Y sin jueces justos no hay democracia.

miércoles, 17 de junio de 2015

Jueces y delincuentes.


Todo el mundo conoce la teoría del Estado de derecho. Nadie está por encima de la ley que impera suprema, y hay una estricta separación de poderes. Todo el mundo conoce también la práctica del Estado de derecho hoy en España. Hay gente por encima de la ley y, si es necesario, se cambia esta a capricho del gobernante. Porque no existe separación sino fusión de poderes. El gobierno controla el Parlamento por el simple mecanismo de la mayoría absoluta. Controla igualmente gran parte del poder judicial si bien no con un mecanismo tan simple sino con uno más complicado que articula muy diversas piezas: la tendencia conservadora mayoritaria en la judicatura es la esencial. La perpetuación de las pautas manipuladoras heredadas del franquismo y que no se depuraron durante la transición viene a continuación. El uso partidista de los mecanismos institucionales de la administración de Justicia, práctica compartida en parte con el PSOE, pero en la que el PP es consumado maestro. España no es un Estado de derecho porque los poderes no están separados ni se respeta el imperio de la ley. El gobierno tiene el Parlamento a sus órdenes y buena parte del Poder Judicial a su servicio.

Pero si lo primero puede enmendarse cambiando la mayoría parlamentaria mediante unas elecciones, lo segundo es mucho más difícil porque los jueces no son electos, tienen regímenes especiales que suelen incluir la inamovilidad y sus renovaciones dependen de plazos muy diversos que controlan los partidos políticos, cosa que, al menos el PP, hace siempre que puede y le interesa. Basta recordar cómo consiguió bloquear durante tres años la renovación del Tribunal Constitucional para perpetuar una mayoría conservadora que no reflejaba la correlación real de fuerzas políticas. Esto es, si los yerros legislativos pueden remediarse con relativa facilidad, no así los judiciales, los de la administración de Justicia.

Y, sin embargo, esta, la Justicia, es el punto central, el meollo del Estado de derecho y de la democracia. Si el meollo, el núcleo, está podrido, todo lo estará. Y es el caso.

La noticia de que dos de los tres magistrados que juzgarán el caso Gürtel, el caso del PP, son personas estrechamente vinculadas por todo tipo de lazos al partido no debiera ni llegar a los periódicos porque los afectados tendrían que haber anunciado ipso facto su voluntad de inhibirse si les correspondía actuar en ese caso concreto. Las pruebas de que Enrique López está tan contaminado como si le hubiera caído un bidón de chapapote las desgrana El Plural Enrique López: de ariete del PP contra leyes socialistas y ‘enchufado’ en el Poder Judicial a juez en el caso Gürtel. Es imposible entender cómo alguien con un átomo de sentido común pueda admitir que una persona así pueda juzgar la Gürtel. Y hasta cabe sostener que ningún otro asunto: un individuo multado por conducir ebrio y sin casco es un peligro público. No un juez. En cuanto a la otra magistrada, Concepción Espejel, aparece adornada por similares atributos de cercanía, simpatía, empatía e intimidad con los jefes del partido cuyos supuestos delitos deberá juzgar. Algo increíble, ciertamente.

Pero, se dirá, el caso ha correspondido a estos magistrados por razón del azar, siempre imparcial, del reparto de trabajo. Ignacio Escolar explica, sin embargo, cómo fue la propia Espejel la que, al parecer, manipuló dicho reparto para asegurarse de que correspondiera donde a ella le interesara. Lo hace en un artículo titulado Humor negro en la Audiencia Nacional en el que asimismo completa el cuadro de las razones por las que Enrique Martínez es más militante del PP que verdaderamente un magistrado.

Es obvia la absoluta falta de respeto a las formas en el funcionamiento de la justicia. Esa Fiscalía que no vio delito en la Infanta ni en media docena más de presuntos delincuentes, lo ha visto a la velocidad del rayo ahora como consecuencia de un hecho acaecido en 2011 en una capilla de la Complutense. Como si hubiera actuado la máquina del tiempo. Si el proceso de instrumentalización de la administración de justicia ha llegado a este extremo, no arriendo la ganancia a Artur Mas, que puede encontrarse inhabilitado en un par de semanas o quizá algo peor.

Pero lo de los dos magistrados chapapoteados por su presunta proximidad personal y material a quienes deben juzgar es, sin duda, lo más grave y lo más inaceptable. Bárcenas recusará a la presidenta Espejel por manifiesta amistad con Cospedal. Algo absolutamente lógico. Nadie en su sano juicio puede permitir que lo juzgue un amigo íntimo (Concha) de la parte contraria.

A su vez, el PSOE también anuncia que recusará a los dos magistrados presuntamente vinculados al PP, como parte en el proceso que es. Obvio también. Esta farsa no puede ni comenzar. Y no basta con recurrir. El PSOE debe anunciar que no aceptará desestimación alguna, sino que seguirá recurriendo y, si la vía se agotara, llevará el asunto a dónde haga falta, a Europa o a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, porque esta intención es un atentado contra el fundamento mismo del Estado de derecho, la independencia judicial. Ningún Estado puede llamarse civilizado si los jueces están sometidos a la arbitrariedad del poder político y le sirven de escudo y tapadera.

Algunos piensan que soy un pesado con la petición de una moción de censura al gobierno. Tengo mis razones. Sánchez ya es el candidato indiscutido a la presidencia del gobierno. Tiene el poder y tiene la autoridad. Pero también tiene la responsabilidad. Y esta lo obliga a considerar que los seis meses hasta las generales de noviembre van a ser un infierno. La derecha, como siempre, no acepta el resultado adverso de las elecciones y, desalojada del poder, ahora no tiene nada que hacer (ni expoliar) salvo entorpecer todo lo posible los gobiernos de izquierda, azuzando la malsana pasión de estos por las broncas internas. Escándalos reales, inventados, retorcidos, manipulados, puras invenciones, insultos en los medios, agresiones en la calle. Tiempo libre para incordiar.

El gobierno y su partido tampoco tienen nada que hacer, pues no hay tiempo material para ello, pero sí para incordiar y encizañar. La manipulación de los procedimientos judiciales, las malas prácticas procesales, las trampas, van a caer en cascada para torcer cuanto se pueda el curso de la justicia. El recurso a la represión va a intensificarse y el uso de la vía penal para enfrentarse a cuestiones puramente políticas, como el proceso soberanista catalán, también.

Tienen mucho tiempo libre, infinidad de medios y no necesitan cuidarse del frente parlamentario en donde reina el rodillo de la mayoría absoluta. Por eso, lo más oportuno que puede hacer Sánchez es abrir ese frente al gobierno para obligarlo a atenderlo, lo que mermará sus fuerzas en los otros. Es su obligación, además, oponerse. La moción se perderá, por supuesto, en la votación parlamentaria, pero se ganará en la calle, en términos de conocimiento y popularidad de un candidato que recién se estrena pero trae un programa alternativo. La moción de censura le da tiempo ilimitado para exponerlo. Y eso es lo que la gente está esperando: un programa alternativo, viable y claro que todo el mundo entienda frente a las magias potagias y el hocus pocus de una imaginaria recuperación que Rajoy se saca de la chistera entre corrupción y corrupción.

Es la ocasión de dar un relieve particular al programa electoral, género francamente desprestigiado. La solemnidad del lugar de la exposición debiera ser el símbolo del propósito de cumplirlo. Un conjunto de medidas de derogación de todo lo injustamente legislado por decreto y rodillo, de devolución a la gente de los derechos recortados o suprimidos, de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática con un plan de reactivación económica con aumento de la productividad sin merma de rentas salariales o servicios públicos.

Tener al gobierno del Estado y la oposición parlamentaria debatiendo sobre asuntos de interés general a cinco meses de unas elecciones legislativas que pueden resultar en un cambio de mayorías no es una ocurrencia ni una aventura de inexperto, sino algo que cualquier colectividad haría para prepararse en caso de un hipotético cambio. Ello sin contar con que, en realidad, tal debate no se ha hecho nunca en la legislatura, pues los del Estado de la nación se han dedicado a otros asuntos.

La moción de censura es una obligación democrática. La única razón para no plantearla, cabe intuir, es que, en el curso del debate sea preciso hablar de la cuestión catalana, cosa nada del gusto de los partidos españoles cuando otean elecciones. No haya cuidado. Mas señaló una vía en esa entrevista de Iñaki Gabilondo que Palinuro comentó ayer en Mas se explica. Me atrevería a sugerir a los socialistas que siguieran su ejemplo: aguarden a ver qué resultado dan las elecciones del 27 de septiembre y, en función de esos resultados, hagan ustedes sus propuestas. Mientras tanto, piénsenlas porque todos nos jugamos mucho.

En fin, hagan lo que quieran pero no es absurdo elevar un tanto el nivel del debate a las cuestiones de interés general. No seamos solo objeto de la atención y pasmo de Europa por el hecho de que dos magistrados presuntamente afines a un partido se apresten a juzgar a dicho partido en un procedimiento penal.

La justicia del príncipe nunca será Justicia.

jueves, 8 de enero de 2015

El derecho a la Justicia.


El gobierno ha encargado a un grupo de expertos un informe acerca de cómo adecuar la legislación española a las insistentes recomendaciones de los organismos internacionales, en especial la ONU, sobre el tratamiento de los derechos humanos en España. Los expertos lo han redactado y entregado pero, al parecer, el gobierno lo ha censurado o secuestrado. Ahora los autores anuncian que lo publican en la editorial valenciana Tirant Lo Blanch, mi editorial. Aplausos entusiastas. Y pitos a un gobierno que tiene miedo a todos los papeles, los de Bárcenas, los de los jueces, los de los expertos y académicos, aunque por razones distintas.

Dicen los expertos que el gobierno está obligado a adaptar el ordenamiento español a los mandatos internacionales en la materia citada, la universalidad de la justicia penal, la imprescriptibilidad del delitos de genocidio y otros aspectos más concretos y también decisivos como la tipificación del delito de secuestro de niños, la aplicación de la pacata ley socialista de la Memoria Histórica, la derogación o inaplicación de la Ley de Amnistía de 1977, algunos de los cuales condujeron a la injusta exclusión del juez Garzón.

En definitiva, dicen al gobierno que está obligado a hacer justicia a las víctimas del franquismo. A hacer lo que mis colegas llaman justicia postransicional (Paloma Aguilar).

Y el gobierno, obviamente, no quiere. Si se le presiona seguirá tratando de evadirse con formalidades, como la Ley de Amnistía. No siendo eso, echará mano de excusas morales, sentimentales, falsas, del tipo de que "no hay que reabrir heridas". En el fondo, esta es la cuestión. Una cuestión de lenguaje sobre la que hay que ponerse de acuerdo. Este gobierno, tan presto a reconocer la condición de víctimas de las del terrorismo, de Melitón Manzanas o Carrero Blanco, ¿reconoce asimismo la de los asesinados y enterrados por decenas de miles en fosas anónimas en toda España?

Hasta la saciedad se ha dicho: España es el segundo país del mundo después de Camboya con más asesinados en las cunetas. ¿Cree el gobierno que son víctimas y debe hacérseles justicia, desenterrarlos, devolvérselos a sus familiares, buscar y castigar o, cuando menos, identificar a los responsables?  ¿Sí o no?

No habrá respuesta. Si acaso, la melopea de que en la guerra ambos bandos cometieron crímenes. ¿Y los de la posguerra? Esos le importan una higa, como demostró recientemente el diputado Hernando, hoy portavoz del grupo parlamentario del PP al decir que algunos solo se acuerdan de su padre cuando hay subvenciones para buscarlo, una monstruosidad agravada por el hecho de que justamente su gobierno ha suprimido las subvenciones. O menos que una higa. Quizá hasta se merecían que los asesinaran, según el alcalde del PP de Baralla.

¿Hacemos las cosas bien por una vez en la vida? Se condena el franquismo, se ilegalizan todas las asociaciones franquistas, sus fundaciones y hermandades, se suprimen todos los reconocimientos honoríficos al dictador, se hace justicia a las víctimas, se desentierra a los muertos, se devuelven a sus familiares, se identifica a los responsables, se busca a los niños secuestrados y se notifica a sus progenitores.

O sea, se reconoce el derecho de la gente a la justicia.

Mientras tal cosa no se haga, llamar "gran nación" a esto es de risa.

lunes, 15 de diciembre de 2014

Ministro: reprimir no sirve de nada.

Usted la llama Ley de Seguridad Ciudadana, o algo así de falso, cuando se trata de una Ley mordaza, una norma intimidatoria, arbitraria, desmesurada y probablemente inconstitucional, cosa que apreciaría un tribunal constitucional que no estuviera presidido por uno de su partido. Una norma para sofocar protestas, silenciar discrepancias, suprimir las libertades. Una norma autoritaria y represiva que trata de amedrentar a la población.
 
Ese catolicismo del que tanto alardea usted debiera hacerle reflexionar que reprimir no sirve de nada a largo plazo. Los de su religión, hoy millones, se precian de haber salido de los mártires, cuando los romanos se decidieron por la represión. Luego, esos mismos cristianos se obstinaron en reprimir la expresión del libre pensamiento y, aunque le fastidie, el pensamiento es libre. Durante siglos se reprimió a los esclavos y la esclavitud está abolida (con reservas). La represión de las mujeres cuenta también siglos y, ya ve usted, las mujeres son libres e iguales (aunque con más reservas). Desde el siglo XVIII, los Estados se obstinan en reprimir las manifestaciones populares en pro del sufragio universal, mayor justicia, más igualdad, más dignidad y, con dificultades, retrocesos y hasta barbaries, poco a poco va consiguiéndose.
 
A largo plazo, reprimir no sirve de nada. Al contrario, así se alienta lo que se quiere sofocar. Y además, se causa un sufrimiento indecible, inicuo que, como Dios, visitará en los hijos los pecados de los padres, según dice ese Libro en cuya verdad asegura usted creer (Deut., 5, 9).
 
¡Ah! Pero sirve y mucho a corto plazo. Evidencia el principio de autoridad. Determina la frontera entre lo lícito y lo ilícito, lo legal y lo delictivo según las convicciones ideológicas de un puñado de personas pertenecientes a un partido al que un juez imputa comportamiento ilícito en su conjunto. Uno que ganó las elecciones con un programa falso, incumplido en todos sus extremos, y que, por tanto, carece de legitimidad jurídica y política para dictar normas, y menos las que cercenan los derechos y libertades de la gente.

Porque lo que su ley ni ninguna ley represiva del mundo conseguirá será delimitar a su antojo la raya entre lo moral y lo inmoral, el bien y el mal, lo justo y lo injusto. A fuer de injusta, su ley provocará desobediencia por razón de conciencia. A la cual responderá usted con más represión, más violencia. Hasta hacer realidad el fin al que tiende una norma que garantiza la impunidad de las fuerzas de represión, esto es, el Estado policial.
 
El corto plazo es lo único que les importa. Llegar incólumes a las elecciones de 2015, en el caso de que no quepa aplazarlas y, por supuesto, estar en situación de repartir estopa si, aplazándose estas, hay protestas.

(La imagen es una foto de Wikimedia Commons, con licencia Creative Commons).

miércoles, 10 de diciembre de 2014

El gobierno, contra los jueces.

Y van tres. Primero fue Garzón, condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial por su forma de instruir el caso Gürtel. Luego fue el turno del juez Silva, igualmente inhabilitado por su forma de instruir el caso Bankia. Ahora le toca al juez Ruz por el caso Gürtel de nuevo y el de Bárcenas. No se le reprocha ilicitud alguna, pero se le aparta de hecho del caso con un pretexto puramente formal, legalista, contra todo sentido de funcionamiento racional de la administración de justicia y envuelto en explicaciones torticeras y engañosas. Mañana puede ser el juez Castro, instructor del caso Urdangarin y según lo que decida en cuanto a la infanta Cristina.
Ocuparse de los casos en los que el gobierno y su partido tienen un interés directo es una línea de peligro para los jueces. Aunque no para todos sino solamente para los independientes que proceden según criterio propio y no según órdenes de arriba o intereses extrajudiciales. Aquellos otros que exoneran a acusados a quienes tienen que volver a encausar, los que tratan a los corruptos con miramientos y privilegios, dan carpetazo a las causas o favorecen los indultos de los condenados, no padecen problema ni persecución ninguna.

La injerencia del poder político en la justicia es escandalosa. No solamente visible en el modo en que el gobierno y su partido ha poblado de militantes y simpatizantes puestos claves de la magistratura, del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial sino en la forma beligerante en que arremeten contra los jueces incómodos e independientes. Se les busca las vueltas como sea, aprovechando las circunstancias que sean y, entre tanto, se los vapulea en los medios a cargo de tertulianos afines o también militantes, generalmente pagados con dineros públicos.

Todo el mundo sabe que no se respeta la independencia judicial y que el gobierno y su partido presionan a los jueces y los persiguen cuando no se doblegan. De los fiscales no es preciso ni hablar. Es lógico que se sepa porque es exactamente el fin deseado por el gobierno: que se sepa. Si un juez se pone escrupuloso, investiga en serio la corrupción y señala a los responsables en el gobierno y en el partido y al partido mismo como tal, se sabe que, probablemente, tenga los días contados como juez. Los escarmientos tienen un efecto paralizador sobre la voluntad del resto de la judicatura de cumplir con su deber de independencia. Para ello deben ser públicos y debe saberse, cuando menos intuirse, quién los ha impuesto. Basta con la sospecha: si te enfrentas al Príncipe, este, como Herodías, pedirá tu cabeza, juececillo.
Al mismo tiempo, el gobierno, su partido y su aparato de propaganda hablan sin parar de respeto a la ley, a la labor judicial, a la exquisita separación de poderes, a la legalidad escrupulosa de la acción del gobierno, a la transparencia, al principio de inocencia y al resto de piezas que componen ese delicado equilibrio del Estado democrático de derecho. Lo de social, que incluye la aclamada Constitución vigente, lo dejo fuera por pertenecer al reino de la fábula.

La conversión de la justicia en justicia del Príncipe, al servicio del poderoso, y en contra del débil destruye el fundamento mismo del Estado de derecho y la democracia que los gobernantes  dicen defender. Lo dicen y también sin mucha convicción porque no les hace falta. Que Cospedal salga por la televisión afirmando que el PP es el partido que más ha hecho contra la corrupción no puede refutarse en el terreno empírico de los hechos porque la buena señora se  obstina en asegurar que son lo contrario de ellos mismos con la misma cómica seguridad con que el Sombrerero Loco explica a Alicia que allí no se celebra una fiesta de cumpleaños sino de no-cumpleaños.

Paralizar el proceso de la Gürtel hasta después de las elecciones, como interesa al gobierno y su partido, presupone la idea de que, de aquí al día de la votación, la gente se olvidará de la corrupción y del hecho verdaderamente escandaloso de que sean sus responsables quienes le soliciten el voto. Suena absurdo, ¿verdad? Pero también suena absurdo que alguna vez haya podido oírse el grito de ¡vivan las caenas! Y se oyó. Él y alguna variante todavía más aleccionadora sobre la mentalidad del pueblo español como el de ¡Vivan las caenas y muera la Nación!

viernes, 3 de enero de 2014

Defensa frente a la Ley contra las mujeres.


Sobre el aborto está ya todo dicho. Seguir machacando los argumentos carece de sentido, vista la nula voluntad de escuchar del ministro, dispuesto a imponer sus convicciones personales (así calificadas por él mismo) como ley de obligado cumplimiento para todos los demás. Ese firme propósito de proceder al trágala nacionalcatólico se reafirma cuando el mismo ministro asegura que el texto no se modificará en la tramitación parlamentaria. En otros términos, el Parlamento está para aplaudir al ministro y para nada más. Es exactamente la idea que tenía Franco de las Cortes. Si gobernar consiste en convertir en ley las convicciones personales del ministro por decisión exclusiva del mismo ministro podíamos ahorrarnos los salarios, pluses, complementos y otras bicocas de los diputados. Con la vuelta a la dictadura del adorado caudillo de su suegro bastaría.

Lo que demuestra un grado de alucinación rayano en la demencia es el intento del ministro de colocar su ley contra las mujeres como un hito en el camino de estas hacia la emancipación. Sublime asimismo el de degradar a las mujeres a seres no responsables de sus actos y presentarlo como una conquista. Semejante majadería solo puede entenderse en el supuesto de que este genio legiferante crea que los españoles somos todos imbéciles incurables. Convertir a mujeres adultas, responsables de sus actos, sin distinción, en víctimas y coronar la operación declarándolas penalmente irresponsables solo es posible si uno es un fascista sin fisuras y, además, un imbécil integral.
 
Detrás del ministro está la jerarquía eclesiástica, especialmente ese Rouco Varela, otro fascista esta vez purpurado, y todo el aparato de la derecha española eterna, la de los cortijos, los señoritos, los toros, las caenas, la sumisión, el nacionalcatolicismo, la chulería, la ignorancia, la zafiedad, el machismo, el militarismo, la picaresca, el centralismo, el abuso, la mentira, en fin, la España eterna. La de siempre.
 
O las mujeres -en cuya contra va dirigida esta ley- se defienden, o se verán arrastradas a la condición de ciudadanas de segunda, perseguidas, de nuevo sometidas. Y, con ellas, todos los hombres que sabemos que la justicia y la libertad solo son posibles si las mujeres son libres.
 
Con todos mis respetos a la urgencia y necesidad de las demás reivindicaciones democráticas y populares frente a este gobierno de mangantes, corruptos y fachas, las plataformas antidesahucios, las distintas mareas, la defensa de la justicia, de las pensiones, de los salarios, etc., considero que la lucha contra esta monstruosidad de ley tiene absoluta prioridad: nos afecta a todos y lo hace en aquello que es innegociable: nuestra dignidad y nuestra autonomía como individuos. Eso quiere decir que la lucha debe estar dirigida a que este hipócrita monaguillo de los curas retire el proyecto y, a ser posible, se vaya a su casa.
 
Dadas las circunstancias en España, con un gobierno pertrechado hasta los dientes con policías convertidos en mercenarios, con un aparato de propaganda incondicional -también pagado con los dineros de todos-, corrupto, sin escrúpulos, me parece que la correlación de fuerzas no nos es favorable.
 
Por ello sugiero internacionalizar, cuando menos europeizar el conflicto. Denunciar este atropello clerical y fascista en todos los rincones de Europa y pedir a todas las feministas del continente que monten campañas de información para hacer fracasar este ataque.
 
Ignoro si existe una internacional feminista. Me parece que no. Sería una ocasión óptima para intentar crear una. Podría convocarse una conferencia urgente de organizaciones feministas europeas en contra de esta ley feminicida.
 
Si la teoría no ilumina la práctica, no sirve de nada.
 
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

jueves, 12 de diciembre de 2013

El despotismo de la derecha.

La cosa es ya tan patente, tan manifiesta y descarada, que hasta la oposión socialista, habitualmente en babia, se ha dado cuenta. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, advertía a su tocaya y vicepresidenta del gobierno que no subestimen la fuerza de la ciudadanía que tiene derecho a manifestarse. Lo decía a propósito de esa Ley Mordaza preparada por los psicópatas del ministerio del Interior y del nuevo dislate de entregar el orden público a unos vigilantes jurados que bien pueden ser matones a sueldo de las mafias que se organicen como empresas. Pero, de haber tenido un poco más de perspectiva histórica, la socialista habría podido exponer su advertencia con mayor fuerza. En efecto, el delirio apandador,  expoliador, de esta asociación  con ánimo de delinquir que pasa por partido político (¡y de gobierno!) está tensando irresponsablemente la cuerda en una situación ya de por sí muy peligrosa.

Las dos revoluciones más importantes de la Edad Moderna, la estadounidense de 1776 y la francesa de 1789 comenzaron a causa de la tiranía y el despotismo del poder político en materia de impuestos. En los Estados Unidos, fue una sublevación contra la arrogancia del Parlamento británico que se creía legitimado para imponer gravámenes a las colonias sin consultarlas. En Francia fue una sublevación del Tercer Estado, la burguesía, los campesinos, los únicos que pagaban impuestos mientras que tanto la nobleza como la iglesia estaban exentas de ellos.

Lo mismo que sucede en España: un gobierno despótico y tiránico carga arbitrariamente todas las exacciones fiscales sobre las clases medias y los trabajadores de modo unilateral, sin debate alguno, por decreto, en una especie de frenesí confiscatorio. Entre tanto, la Iglesia no solamente no tributa sino que vive parasitariamente de los impuestos que pagan los sectores trabajadores. Igual que los ricos, quienes no solo no pagan (esa vergüenza de las SICAV ya clama al cielo), sino que defraudan sistemáticamente a Hacienda, evaden capitales a paraísos fiscales, se benefician de las amnistías otorgadas por un gobierno de mangantes y, encima, consumen los servicios públicos que pagamos los demás.

La impresión de injusticia, de despotismo y tiranía, empieza a ser insoportable. Por eso tiene razón la Soraya socialista, aunque ni ella misma sepa hasta qué punto: esta arbitrariedad, esta sensación de robo impune, de expolio, está alimentando una rabia y un odio que, como la presión en las marmitas, pueden estallar en algún momento. Se añade a ello una pública complicidad de los gobernantes con los delincuentes, cosa por lo demás natural porque son los mismos. Si un cargo público del PP defrauda, roba, cosa que pasa con frecuencia, su partido y gobierno obstaculizan la acción de la justicia, destruyen pruebas, si necesario es persiguen al juez y, si, a pesar de todo, no consiguen evitar que el ladrón sea condenado, lo indultan. Como se aprestan a hacer con el delincuente Matas y el delincuente Hernández Mateo, ex-alcalde del PP de Torrevieja.

Cuando la presunción de delincuencia se cierne sobre alguna persona del entorno real, como la infanta Cristina, ya es todo el Estado, desde la Fiscalía hasta el ministerio de Hacienda y la abogacía del Estado, el que se moviliza para impedir la acción de la justicia y que las fechorías de las personas reales queden impunes, como lo están las de los ricos (¿hay algún banquero, de esos que han robado cientos de millones con las preferentes y otros timos trileros, en la cárcel?) o las de los curas.

Conscientes estos gobernantes ilegítimos, ellos mismos sospechosos de ser tan corruptos como los corruptos a los que persigue la justicia, de que la situación está poniéndose peligrosa, tratan de promulgar normas restrictivas, autoritarias, arbitrarias, como la mencionada Ley Mordaza para  aterrorizar a la población confiscando sus bienes si se le ocurre ejercer sus derechos constitucionales y permitiendo que estas arbitrariedades las cometa la policía, sin ningún tipo de garantía ni protección de los tribunales pues ya el hipócrita ministro del Interior se ha ocupado de poner las tasas judiciales fuera del alcance de los posibles recurrentes. Vía libre a la policía para que actúe a su antojo en la calle, hostigando, amedrentando a los ciudadanos, crujiéndolos a palos y a multas, actuando como bandas de matones con absoluta impunidad.

Y como esto les parece poco, ahora privatizan estas tareas autorizando a los vigilantes privados a las órdenes de ciudadanos particulares a identificar y detener viandantes en espacios públicos. En estas condiciones ¿quién puede estar seguro? ¿Qué impide al amigo Mayor Oreja, propietario, al parecer, de una empresa de seguridad y directo beneficiario de esta nueva atrocidad, ordenar a sus asalariados que vayan por la calle deteniendo a todos aquellos a quienes tenga ojeriza? 

Y lo que me extraña es que el gobierno se limite a esta nueva provocación y, ya puestos, no faculte a los seguratas para imponer asimismo multas de 600.000 euros. Al fin y al cabo un paso más en el objetivo obvio de este gobierno consistente en oprimir a la población, amedrentarla y confiscarle sus medios de vida. 

No se extrañen estos sujetos, incluidos los socialistas, que no se enteran gran cosa, si en algún momento pasa algo gordo.

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).