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lunes, 27 de febrero de 2017

Por la tremenda

Periodismo de trinchera el de El País. El diario está tan ofuscado con lo que suele llamar el desafío independentista y tiene tanta tirria a quienes lo protagonizan (a los que sigue culpando personalmente, como si fuera un capricho de media docena de personas), que se le va la pinza de colgar titulares. Hace decir a Homs, y lo entrecomilla, que, si hay sentencias por el 9N, eso será "el fin del Estado español".

El lector que haya deglutido con el café tamaño sórdido vaticinio y siga leyendo la crónica, verá que hay algo de exageración y lo que Homs dijo, y El País sigue entrecomillando, es que será "el fin del Estado de derecho en España".

No es lo mismo, ¿verdad? A El País se le ha ido la pinza por el tremendismo. Había que añadir algún elemento dramático a la comparecencia de hoy de Homs ante el Supremo. Nada menos que la supervivencia del Estado.

Profetizar el fin del español por una sentencia es un absurdo; profetizar el del Estado de derecho es redundante, innecesario. Probablemente Homs piensa que el mero hecho de verse encausado por el 9N es una muestra de que ya no hay Estado de derecho en España. 

Y algo de eso sucede en la medida en que el el poder responde a un conflicto político judicializándolo pero a su vez utiliza la justicia políticamente.

viernes, 24 de febrero de 2017

Estado de corrupción

La portada de El País es monopolio de la sección de tribunales. La política española es de tribunales. El ramillete expuesto trae tres de los cuatro asuntos escandalosos. El cuarto pertenece al ámbito que el periódico suele censurar y prefiere ocultar: Cataluña. Vayamos por partes, incluida la ausente catalana:

Los ladrones de guante blanco y tarjetas negras. Una metáfora del proceso por el que la clase política en su conjunto (los tres partidos estatales, los sindicatos y la patronal) saqueó durante años Caja Madrid, Bankia y la condujo al desastre con enorme quebranto público. Cincuenta y tantos o sesenta y tantos mendas que pillaban una pasta para todo tipo de caprichos a cuenta de los impositores a los que, por otro lado, al parecer, se estafaba mediante las llamadas "preferentes" y, en último término, los contribuyentes. De estos "tarjetistas", Blesa y Rato so los cabecillas. No sé gran cosa de Blesa salvo que fue compañero de pupitre de Aznar, lo cual es suficiente para que no extrañe viéndolo de safari, con trofeos de caza mayor, muy orgulloso, como si fuera Teddy Roosevelt. De Rato, ex-ministro de Economía, que estuvo a punto de ser presidente del gobierno mientras hacía chanchullos con (contra) Hacienda, sé decir que le viene de casta, porque ya su padre, banquero, estuvo en la cárcel en tiempos de Franco y no por política. Y para que Franco metiera a un banquero en la cárcel tuvo que ser gorda la del banquero.

El cuñadísimo En España siempre hay un cuñadísimo. En tiempos de Franco, Ramón Serrano Suñer, casado con una hermana de Carmen Polo de Franco. En los actuales, Urdangarin. Es continuidad, sin duda, pero hay sus diferencias. Serrano Suñer era un figurín fascista, admiraba a los nazis y se vestía como ellos siempre que podía. Tenía cuentas personales pendientes con los republicanos y persiguió a los exilidos en Francia, haciéndolos detener y traer a España, a la tortura y la muerte. Era un tipo siniestro, malvado, pro no era tonto. Este sí, aunque no menos malvado. Un vividor, lo que antes se llamaba un play boy, que se ha puesto a hacer lo que sin duda veía que estaba haciéndose. Debió llegar a creerse eso que los medios repiten hoy como loros de que todos somos iguales ante la ley. Y se equivocó. Por ser miembro de la Casa Real, creyó ser también de sangre real y estar cubierto por el manto de la inviolabilidad. Y no fue así, sino lo que reza la famosa consigna de Rebelión en la granja: "todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros". Esa desigualdad es la que media entre la absolución de la infanta (esa sí, de sangre real) y los seis años que han caído a su cónyuge. Una pena mínima, casi simbólica, para quien ha estado lucrándose con el dinero de los contribuyentes y por medios tan odiosos como instrumentalizar una organización benéfica de niños discapacitados. Recuerda en su miseria de cuñadísimo a aquel otro personaje, muy parecido a este, aunque menos afortunado en lo físico, Roldán, que llegó a apropiarse de los fondos de un colegio de huérfanos de la Guardia Civil.

El fiscal del príncipe. El escandalazo de la fiscalía ha sido un terremoto. Un relevo masivo para poner el ministerio fiscal al servicio del ministro de Justicia y del gobierno, de los que recibe las órdenes al dictado. Todo un espectáculo que estalló en Murcia con un fiscal denunciando presiones políticas y una presunta injerencia del poder político para que no se impute al presidente de la Comunidad. Preguntado al respecto Rajoy ha respondido la habitual sinsorgada de que a él las decisiones del Fiscal General siempre le parecerán bien. Justo en ese momento, la jueza Alaya denunciaba que hay una justicia para los poderosos y otra para los que no lo son, que hay presiones políticas sobre la judicatura, una interferencia continua y un continuo ataque a la independencia del poder judicial, lo cual es evidente.

Donec Perficiam. Y más evidente aun en Cataluña, en donde se ha dado el cuarto escándalo de la jornada que El País ha preferido ignorar. La fiscalía del TSJC ha comunicado su querella a la mesa del Parlamento catalan por desobediencia, por haber votado la convocatoria del referéndum. En el caso de la presidenta, Carme Forcadell, se le abre un segundo procedimiento. Tan político como el primero. Más, incluso, porque, en esta ocasión, el fiscal excluye de la acusación al vocal Juan Jose Nuet que votó con el conjunto de la mesa, presumiendo que no lo hizo con la misma intención que los otros tres miembros. Es decir, el fiscal acusa por la intención. Nuet ha tenido la lealtad de advertir que él debe estar comprendido en esa querella porque lo es por la votación de la mesa y no por si cada uno de los miembros es o dejar de ser una cosa. Sí, eso es lo correcto. Pero la fiscalía lo ha excluido y lo ha hecho aduciendo la razón que aduce. Con lo cual, ella misma, la fiscalía, ha convertido el proceso en un proceso político contra el independentismo.

Y así, el Estado no va a ninguna parte.

jueves, 23 de febrero de 2017

La corrupción como forma de gobierno

Que España es uno de los paises más corruptos de Europa y uno bastante corrupto en el mundo no lo dice Palinuro. Lo dice Transparency International, una organización internacional dedicada al estudio de la corrupción que en su informe de 2016 situaba a España en el lugar 41 de un conjunto de 194 países. No estamos descubriendo nada.

Es una opinión compartida por la opinión pública. Según el último barómetro del CIS, la población considera la corrupción el segundo problema después del paro. Así es para más del 17% de los encuestados. Al desglosar los baremos se descubre que hay diferencias notables: los votantes del PP no son tan sensibles a la corrupción como los de los otros partidos. Lógico, normal, teniendo en cuenta que el partido del gobierno (ese que, según Aznar, era "incompatible con la corrupción") es tan corrupto que parece una maquinaria de delincuencia organizada para expoliar el país. Algunos jueces lo consideran una asociación con ánimo de delinquir y por eso lo tienen sentado en el banquillo. En realidad, esta atmófera general y atosigante de corrupción sin límites viene propiciada por el partido del gobierno y el gobierno mismo. La corrupción es hoy la forma de gobierno de España. Y lo es desde el primer gobierno de Aznar. Pero, desde el triunfo electoral de la derecha por mayoría absoluta en noviembre de 2011, se ha extendido a todas las instituciones del Estado.

El Parlamento fue sistemáticamente ignorado por el gobierno del PP con su mayoría absoluta. El país se regía autoritariamente por decreto-ley. El Tribunal Constitucional está sometido a los dictados del gobierno desde el momento en que el último presidente y el que puede serlo a continuación, son militantes del PP. La intervención del gobierno en la administración de justicia es permanente y no solo por sus habituales martingalas para obstruir la acción de la justicia, sino empleándose directamente a fondo a través del ministerio fiscal u otros medios, para conseguir su fin que normalmente es proteger a los ladrones y delincuentes si son de su partido. El uso de la fiscalía para impulsar los procesos políticos contra los independentistas es tan escandaloso como el que se ha hecho en Murcia para tratar de salvar al presidente de la región, por supuesto, del PP.

El caso más patente de la corrupción hoy mismo es el del proceso Noos. A los ojos de todo el mundo, la justicia ha favorecido a los delincuentes o presuntos delincuentes, que prácticamente se han ido de rositas. La hermana del Rey simulando una estupidez casi catatónica (otra burla a la justicia) y su marido por ser quien es, a pesar de haber apandado millones de dinero público. Entre tanto, y para que la gente tenga idea clara de una justicia al servicio de los poderosos, le han caido tres años y medio a un rapero por una canción.

Por supuesto, todos los aparatos de propaganda del gobierno y la derecha, los medios y los publicistas, han coincidido en entender la sentencia del caso Noos como una muestra de la independencia de la justicia y de la igualdad de todos ante ella cuando es patente que es al revés. Tiene que ver con el hecho de que los medios en muy buena medida (siempre hay excepciones) son tan corruptos como el resto de las instituciones en el sentido de que ostentan el record de ser los menos creíbles de Europa y unos de los menos creíbles del mundo. Y tampoco lo dice Palinuro, sino un estudio del año pasado de la Universidad de Oxford.

A una pregunta parlamentaria de Pablo Iglesias en la que se relacionaban algunos casos de corrupción, el preguntado, Mariano Rajoy, contestaba en su habitual tono de cuchufleta que cree muy gracioso que "menos mal que no es usted Robespierre porque tendríamos un problema". No, Iglesias no es Robespierre, pero el país tiene un problema de corrupción y lo tiene el PP y lo tiene muy especialmente el señor Rajoy. ¿Cómo no va a tener un problema de corrupción un país cuyo presidente del gobierno -el que se supone debiera dar ejemplo- está bajo sospecha de haber cobrado sobresueldos procedente de una ilegal caja B? ¿Cuál es la diferencia entre estos cobros -en los que también mojaban muchos dirigentes del PP- y las comisiones, pastuquis y mordidas que han salido a la luz en los procesos en curso y los que vendrán? ¿Cómo no si ese mismo presidente lleva años avalando y apoyando a cuanto dirigente de su partido se ha visto acusado y/o condenado por corrupción, a Matas, Fabra, Mato, Bárcenas, Camps, Barberá y ahora ese tal Sánchez de Murcia?

El problema es que, con un personaje corrupto al frente de un gobierno corrupto, el resultado solo puede ser el que es: uno de los países más corruptos de Europa. Y eso, además, gracias a la abstención del PSOE, único responsable de que se prolongue esta insufrible situación.

domingo, 19 de febrero de 2017

Eso de la igualdad. Apostilla al caso Noos

Alguna perspicaz lectora calificó mi post de ayer (Allá van leyes do quieren reyes) de "benévolo" con la sentencia. Mi intención no era serlo y tampoco ser "malévolo" sino simplemente realista y distanciado. Excluí todo pronunciamiento sobre el contenido porque doctores tiene la Iglesia que ya dictaminarán. Me limité a considerarla una sentencia política no porque su intención fuera esa, sino porque esa ha sido la consecuencia o los resultados. Es absurdo decir que una sentencia que absuelve a una infanta real y condena a su marido no es política en cuanto a sus consecuencias.

Y no solamente es política. La levedad de las penas ha suscitado un sentimiento generalizado de injusticia por mor de la desigualdad de trato que evidencia. De inmediato han abierto fuego todas las baterías ideológicas dinásticas (los políticos, incluidos los socialistas, los medios, los comentaristas) afirmando que la sentencia prueba incontestablemente a) la independencia de la judicatura; b) la igualdad de todos ante la justicia.

No hablaremos aquí de la independencia de la judicatura porque ya habla ella sola. Hablamos de la consigna de la igualdad de todos ante la justicia. Es una mentira que tiene raíces muy largas y por eso omití su relato en el post de ayer. La sentencia no es en sí misma prueba de la desigualdad ante la justicia. Es la consagración judicial de una desigualdad que nace con sus titulares y los acompaña toda su vida. Es la radical desigualdad de oportunidades por motivo del nacimiento. Si Cristina de Borbón no fuera infanta, su destino hubiera sido muy otro, no hubiera tenido un puesto directivo en una institución de crédito ni su comparecenccia judicial hubiera pasado por los avatares por los que ha pasado. Igualmente, si Urdangarin no fuera yerno del rey, no habría tenido acceso a los medios y relaciones que posibilitaron sus estafas. Hasta entre los delincuentes hay clases. Cuántos butroneros darían una fortuna por poder delinquir en las altas esferas entre banquete y banquete.

La sentencia no puede demostrar la igualdad de todos ante la justicia (que, recuérdese, es algo más que la ley escrita porque incorpora la equidad), porque no es verdad. Los justiciables son desiguales cuando entran en el templo de la justicia y salen como entraron o más desiguales.

Dicho lo cual, la declaración de Roca Junyent es de risa. El juicio paralelo o la sentencia paralela, vienen ahora. Y con razón. Lea el señor Roca los comentarios de las feministas sobre la infanta. A lo mejor entiende por qué fue fácil defenderla.

miércoles, 15 de febrero de 2017

Gobernados por delincuentes

Ayer ingresaron en prisión los primeros delincuentes de la Gürtel, Correa, el Bigotes, Crespo, etc. En ella se encuentran otros peperos no menos sinvergüenzas, como Matas o Fabra. Y en el próximo futuro se unirán bastantes más, según vayan viéndose los casos pendientes en los que el PP, una supuesta asociación de malhechores, tendrá que ir respondiendo de sus tropelías y latrocinios a lo largo de los últimos años. Años en que España ha estado gobernada en todos sus niveles por presuntos delincuentes que poco a poco van dejando de ser "presuntos" para convertirse en ladrones sin más. Una situación de escándalo permanente a la que se ha llegado porque, a base de financiarse ilegalmente, el PP ha ganado elecciones que, en realidad, habría que considerar nulas. Sin embargo Mariano Rajoy, representante de esta cuadrilla de facinerosos y a su vez acusado de llevar años cobrando sobresueldos ilegales de la caja B del partido, afirma que la corrupción quedó atrás, cuando la lleva él pegada a sus zapatos, y que es su gobierno el que más ha luchado contra ella, cuando es el que la ha amparado y protegido. 

Contra la corrupción lucha y sigue luchando ejemplarmente el pueblo rumano que ha obligado al gobierno a retirar el decreto que pretendía poner en la calle a cientos de corruptos encarcelados. Ha sido el resultado de manifestaciones multitudinarias y permanentes que ahora tratan de conseguir también la dimisión del gobierno socialdemócrata por su complicidad con la corrupción.

¿Podría pasar algo similar en esta país, gobernado por un partido corrupto con multitud de dirigentes bajo sospecha, acusados o condenados por corrupción? Seguro que no por el grado de resignación apática de la población y la complicidad de los partidos de la oposición según sosteníamos en otro post, cómo hemos llegado a esto. Al contrario, lo que cabe esperar de un gobierno del PP es que en poco tiempo indulte a los delincuentes condenados, como tiene por costumbre. Forma parte de su modus operandi, para dar seguridad a los malhechores en sus filas: "vosotros robad que luego os indultamos". La mafia es siempre solidaria y el partido gobernante en España es lo más parecido a la mafia.

Precisamente para evitar esta práctica, el Congreso estudiará una proposición de ley del grupo socialista que prohibirá los indultos a los delincuentes por corrupción y violencia machista. Todos los grupos parlamentarios apoyan la idea con la que, sin duda, simpatiza la gente en general. Luego llega la letra pequeña: para que se note bien la voluntad regeneracionista de los gobernantes peperos ayer mismo el gobierno indultaba a seis funcionarios del ayuntamiento de Rota condenados por prevaricación. Innecesario decir nada más.

En realidad, lo que el PP ha establecido en España, ya desde los tiempos de Aznar, es un gobierno de rapiña y expolio por partida doble que también ha tocado al PSOE: a) en el orden colectivo, la política neoliberal ha consistido en privatizar todas las empresas que se ha podido (energéticas, telecomunicaciones, etc.) para entregárselas a los amigos quienes, a su vez, supieron recompensar a los políticos privatizadores con suculentos salarios, como el propio Aznar, González y una recua de aprovechados que se han forrado a costa de los contribuyentes y los clientes de las empresas. También han descapitalizado y destruido los servicios públicos no privatizados (singularmente sanidad y educación) para que se lucren otros amigos o ellos mismos; b) en el orden individual, barra libre para que los cargos, militantes y allegados del PP (o del PSOE en Andalucía) roben a manos llenas, malversen, prevariquen y se enriquezcan también a cuenta del contribuyente.

A veces ambos órdenes están entremezclados. Algo de eso hay en la imputación de la cúpula del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿O no eran estos, especialmente el ínclito MAFO, los que remachaban de continuo la doctrina neoliberal de congelar o recortar salarios, subvenciones y vetajas del Estado del bienestar; los que con salarios estratosféricos pedían que no se aumentara el salario mínimo? En qué medida también se beneficiaron de los presuntos delitos de Bankia personalmente es algo que ahora tendremos ocasión de averiguar, gracias a la reapertura de un proceso que otras instancias judiciales, más afines al PP, intentaron bloquear.

Dos imputaciones más esperan en puertas, aparte, por supuesto, de las que seguirán cayendo porque, con el PP, España es un país gobernado por delincuentes presuntos o sin presumir. Un país en el que un hombre como Rato pudo ser vicepresidente del gobierno y, mientras se enriquecía al parecer ilegalmente, cultivaba el mito de ser "el milagro español" es, literalmente, un país gobernado por ladrones. Las dos imputaciones que aguardan son las del presidente del PP de Murcia y la del alcalde también del PP de Brunete. Pero vendrán más, muchas más. Y eso que todavía no hemos hablado de la parte que toca a la Iglesia católica en este desbarajuste.

Pero aquí no dimite nadie, empezando por el presidente del gobierno, principal responsable y presunto beneficiario y cómplice de esta realidad de robo, saqueo y corrupción que es hoy España. 

sábado, 11 de febrero de 2017

Los años de la inocencia

Justo al conocerse las penas recaídas sobre los acusados en el primer juicio de la serie Gürtel, estaba Cospedal arengando a los delegados de su partido reunidos en congreso. Debe reconocerse a esta señora un valor, un arrojo, casi se diría un atrevimiento superior a lo habitual. Daría para una posible imaginaria y elegante contestación a la famosa línea de Macbeth: "Me atrevo a todo lo que hace a un hombre; quien se atreva a más, no lo es." Efectivamente, es una mujer. La poderosa dueña manchega, a quien toca siempre bregar con las peores fieras adversarias de la tranquilidad y la prosperidad conservadoras, poner la cara en las circunstancias más difíciles y acuñar genialidades que dan para una chirigota pública en diferido.

Desde luego, el valor es innegable. Hacer un elogio público (aunque sea a un auditorio entregado) del principio de presunción de inocencia en el momento en que los delegados veían en Twitter que estaban cayéndoles trece años a Correa, doce al Bigotes, nueve a una exconsejera de Camps, denota temple y valor. Según se acumulaban los años de condena a gentes de su partido, otrora respetados personajes invitados a la boda escurialense de la hija de Aznar, elevaba la voz la secretaria general afirmando una y otra vez su fe en la presunción de inocencia. Algún malage podría insinuar la sabiduría del "dime de qué presumes y te diré de qué careces". Pero no es necesario. Presunción viene de presumir que tiene tres significados en castellano. El segundo y el tercero se refieren a la intención de atribuirse dotes, habilidades, virtudes, que no se poseen. Seguramente los que aquí correspondan. 

La imagen de un partido de gobierno con unos dirigentes administrando el Estado y otros cumpliendo condena o a punto de hacerlo por haberlo administrado en su propio provecho deja atónito a cualquiera. Y más habrá en el próximo futuro, cuando se juzguen las otras partes de la Gürtel, o la Púnica o la caja B del partido, causa reabierta por decisión judicial, en la que quizá haya de comparecer el presidente Rajoy debido a los sobresueldos. El mismo al que Cospedal peloteaba ayer atribuyéndole el solo mérito de haber llevado al PP al triunfo contra todo pronóstico y al gobierno después gracias a la abstención del PSOE, partido penetrado del sentido de la responsabilidad dinástica. 

Por cierto, es curioso eso de llamar Bigotes al Bigotes. Tengo curiosidad por saber si, al informar sobre la Gürtel madrileña, los medios también llamarán Albondiguilla al Albondiguilla

El Congreso se clausura, sin duda con un peán de victoria, el domingo. El lunes siguiente comparece a declarar como acusada la exministra Ana Mato, la que no veía el Jaguar estacionado en el garaje de su casa, que debe de ser como los campos elíseos, ni sabía cómo se pagaban los viajes de la familia entera. En todo caso, no hay problema, va moralmente sostenida por la presunción de inocencia.

martes, 7 de febrero de 2017

¿Quién prevalecerá?

"Fracaso de la Política" titula hoy El País su editorial, muy preocupado porque las cosas hayan llegado a este extremo de que los cargos políticos representativos y democráticos afronten un proceso penal no por delitos comunes sino por causas políticas. Es una de sus habituales manipulaciones. La Política no ha fracasado. La Política no puede fracasar ni no fracasar, como no puede la química o la contabilidad. Quienes han fracasado han sido los políticos. Y muy especialmente los unionistas españoles, que son lo que tienen mayor margen de maniobra y, por ende, más responsabilidad. Empezando por el presidente del gobierno, Rajoy el de los sobresueldos, cuya incompetencia en esto, como en todo, es pavorosa y seguido de su vicepresidenta, la Ratita Hacendosa que, fuera de enchufar a sus amigas, no sabe hacer la o con un canuto y, por supuesto, los don pelayos de El País.

Corre una apuesta entre los unionistas, especialmente los más fachas, según la cual, todo es cuestión de aplicar la ley sin mayores miramientos y se verá cómo las amenazas de que si se enjuicia y condena a los independentistas catalanes habrá sublevación, se quedan en agua de borrajas. Cuando se ilegalizó Batasuna y se encarceló a Otegi también se dijo que ardería el País Vasco... y no pasó nada. Pues lo mismo ahora: se aplica la ley, los tribunales hacen su trabajo, los cargos que hayan transgredido la legalidad sufren la condigna pena y aquí paz y después, gloria, y en Cataluña no pasa nada.

Vale. Es una apuesta a partir de hoy. El gobierno no tiene intención alguna de dialogar o negociar nada con los independentistas, sino que aplicará le ley vigente. Más concretamente, tratándose de un gobierno tan corrupto, su ley, la que sienta en el banquillo a un presidente autonómico, pero no a un ministro responsable político de 62 muertes, no a otro que se vanagloria de haber realizado actividades ilegales y destrozado el sistema sanitario catalán.

Después de la delirante recogida de cuatro millones de firmas "contra los catalanes", es lo más estúpido que ha hecho el presidente de los sobresueldos. 

lunes, 6 de febrero de 2017

La prensa servil

El titular de El País es un ejemplo de manipulación, falta de objetividad y hasta un acto de inmoralidad. Acusa el periódico a Mas de usar su juicio para impulsar el independentismo como si ese juicio fuera un capricho, una triquiñuela para conseguir inconfesos fines. Como si no fuera una imposición y un paso más de las autoridades españolas para reprimir el movimiento independentista. Encuentro francamente ruin acusar al acusado de protervas intenciones cuando se ha limitado a comparecer ante la justicia ejerciendo su innegable derecho a interpretar el proceso en la clave indudablemente política, de represión política, en el que está concebido.

¿Qué pasaría si el periódico titulara also así como "el gobierno español trata de intimidar al movimiento independentista reprimiendo a sus dirigentes principales para sembrar el miedo"? Pues que probablemente se acercara más a la verdad que con ese titular falaz en el que no se informa de nada, sino que se formula un juicio de intenciones. Por cierto, hablando de intenciones, merece la pena detenerse a considerar algunos aspectos muy interesantes. Los nacionalistas españoles más agresivos (muchos de los cuales están en El País) instan vivamente al gobierno a proceder con mano dura contra el independentismo, aplicando legislación de excepción y metiendo en la cárcel a quien le discuta. Suele advertirse que ir judicialmente contra Mas, Rigau y Ortega (y, por supuesto, Forcadell), supone pisar terreno peligroso por el valor simbólico de los interesados y arriesgarse a una respuesta encendida de la sociedad y las fuerzas políticas catalanas que agudice el enfrentamiento. Pero, dicen esos mismos guerreros nacionalistas, nada de eso pasará. Si los tribunales condenan a Mas, Cataluña callará, como calló el País Vasco cuando se ilegalizó a Batasuna y eso que se decía que ardería Troya. Es una interesante apuesta. En el País Vasco se ilegalizaba por acusaciones de violencia y terrorismo; en Cataluña no hay nada de eso. Se procesa y, si acaso, condena, por poner las urnas. Los publicistas vendidos al poder, los seudointelectuales  mesetarios tratan de confundir a la gente, insinuando que la comparecencia de Mas se debe al asunto del 3% y no al hecho de posibilitar que la población pueda votar libremente. Doble contra sencillo a que las respuesta social va a ser potente.

Y hay más en ese ejercicio de titular tendencioso y embustero. Viene a incidirse en la obstinada pretensión de El País de ignorar los datos objetivos de un movimiento de amplia base social, con un apoyo substancial de la población que va del 48% a la independencia al 80% al referéndum. Su interés es dejarlo reducido a una obstinación personal de Mas y sus íntimos colaboradores. Por eso los plumillas del panfleto aplauden el empleo de los tribunales contra los dirigentes independentistas. Creen, como todos los reaccionarios, que, atacando el símbolo se destruye lo simbolizado. Para más absurdo, las personas que hoy comparecerán ante los jueces, no ejercen ningún cargo político de responsabilidad, por lo tanto, su probable condena no causará ningún daño específico a las estructuras de poder de la Generalitat sino que se limitará a crear tres mártires, que servirán de inspiración a sus seguidores.

Mas, Rigau y Ortega simbolizan hoy el espíritu de libertad e independencia vivo en la sociedad catalana y no tengo duda de que la gente y las instituciones los apoyarán como merecen.

Porque lo merecen.

martes, 17 de enero de 2017

Ese hombre del que usted me habla no habla

Todo el mundo interpreta la declaración de Bárcenas como una estrategia procesal pactada con el PP por la que aquel retira sus acusaciones anteriores, exonera todo lo que puede y hasta desiste de una acción procesal propia (los discos duros famosos) a cambio de indeterminados favores y garantías del PP en especial en pro de su esposa.

Todo humano y comprensible pero en la sala quedó claro que en el PP había caja B y que con ella se hicieron mangas capirotes con conocimiento (y presunto lucro) de muchos dirigentes. Bárcenas se niega a llamarla caja B y la califica de contabilidad extracontable que sería algo así como el ser que estuviera fuera de sí mismo, una pesadilla que se la habrá ocurrido a alguno de aquellos gnósticos retorcidos. Lo de la financiación ilegal va por otro lado. El resto de la cháchara es un confuso ajetreo de cantidades, millones, pagos, viajes que, desde luego, dibujan una existencia poco común y darán para incontables tertulias, pero no resta un ápice al nudo de la cuestión: el partido del gobierno bajo la dirección del que hoy es su líder estuvo funcionando durante años con una contabilidad extracontable. Algo por lo que en el mundo por ahí fuera se dimite a raudales. Tan bochornosa es la situación que el partido se ha visto obligado a defender en público la honorabilidad de sí mismo y de su presidente frente a Bárcenas.

Frente a Bárcenas.

viernes, 13 de enero de 2017

Mil trescientos setenta y ocho

El pueblo es sabio, dice la convención. Ya hace un tiempo que en los barómetros de opinión la corrupción figura en lugar destacado. Bueno, ha sido necesario llegar a estas cifras para que la preocupación se manifieste. A lo mejor el pueblo no somos tan sabios y nos la dan con queso continuamente.

De tan generalizada, la corrupción resulta estructural. Afecta prácticamente a todas las administraciones públicas, si bien las autonómicas y municipales parecen ir muy por delante. Su condena jurídica avanza, aunque con una lentitud exasperante. La política vacila mucho más. La corrupción del propio partido no es tan grave como la del partido adversario. En cuanto a la económica viene envuelta en brumas. Se escuchan cantidades muy variables pero fuera de contexto y no se les da el valor que tienen. Pero puede hacerse una aproximación muy sencilla: en conjunto, es posible que la corrupción alcance cientos, incluso miles de millones de euros. La cuestión, obviamente, es que, si no hubieran sido defraudados, los niños no tendrían que ir a escuelas hechas en barracones y comerían todos los días, los dependientes podrían recibir una ayuda a la que tienen derecho, etc. 

La corrupción, en buena medida crimen organizado con asociaciones de malhechores que se constituyen en partidos políticos, causa un gran perjuicio objetivo, directo al interés público. Tanto más destructor cuanto que se lleva a cabo en el ámbito político, el de las instituciones, el del Estado.

martes, 20 de diciembre de 2016

El liberalismo chorizo y cañí

Parece que el presunto Granados ha pedido declarar voluntariamentene para cooperar más intensamente con la justicia. Lo hará mañana, miércoles y se supone que su declaración versará sobre los aspectos aún oscuros de la tupida trama de corrupción del PP de Madrid y que afecta a todos los niveles de gobierno de la capital, los dirigentes autonómicos del PP y algunos nacionales así como un puñado de empresarios, de esos que van predicando las ventajas del libre mercado pero viven de estafar los dineros públicos mediante políticos corruptos.

A pesar de todas las campechanías de aristócrata populachera de Aguirre, por lo que se lleva sabido, el gobierno de Madrid ha sido un gatuperio de latrocinio sin parar. La increíble operación "Púnica", que acabó llevándose por delante a la consejera de educación, Lucía Figar, una besacirios encargada de favorecer la enseñanza privada más reaccionaria con fondos públicos y de desmantelar la educación público. La "Gürtel", el epítome de las redes de corrupción, con delincuentes trajinando dineros, cargos públicos enriqueciéndose con comisiones y mordidas, apaños. licencias, chanchullos.

Tal era el desbarajuste de este expolio voraz y generalizado que los responsables acabaron espiándose unos a otros pues quizá desconfiaban de cuáles fueran las fuentes de la estafa de la otra parte. Organizaron así un episodio de corte berlanguiano, como con delincuentes de tercera, bautizado como la "gestapillo", en la que se vigilaban, seguían y se fotografiaban unos a otros llevando bolsas de plástico. Y uno de los puntos fuertes de esta actividad presuntamente delictiva era la posible financiación ilegal del PP, que lleva veinte años ganando elecciones con tongo. Algunos de los episodios que constan en los papeles producen verdadero sonrojo, como esa declaración de Bárcenas según la cual, Rajoy tuvo palabras mayores con otro cargo del PP a causa de una partida de estos fondos ilegales de una empresa.

Los datos sobre la financiación ilegal del PP son vitales porque en el exhaustivo registro de ocho horas que la policía realizó en su día en la sede de Génova (eso que el PP llama "colaborar con la justicia", cuando el juez manda a la policía porque el partido no responde a sus requerimientos), la única planta en que aquella no entró fue precisamente en donde se guardaba la documentación sobre la financiación supuestamente ilegal. Era lo que cabía esperar. Pertenece al estilo de la casa.

Esta nueva declaración huele en parte al famoso "arrepentido" de la época del narcotráfico y la mafia, en parte a lo que abreviadmente se conoce como "tirar de la manta" (cosa que está todo el mundo esperando por cuanto esta pieza del sumario sigue siendo secreta) o, en terminología más apropiadamente carcelaria, "negarse a comerse solo el marrón". Sin duda Granados, mano derecha de Aguirre largo tiempo, el hombre que controlaba una especie de mercadillo del presunto delito, podrá aportar información que acabará de dibujar la acción de esa especie de club de corruptos, estafadores, malversadores, etc, de juerga en juerga, malversación en malversación, cohecho en cohecho, a la mayor gloria de la desregulación, la privatización y las ventajas del libre mercado que predicaban en sus ratos libres entre mordida y mordida.

Lo más curioso es que Aguirre, la responsable política última de este aquelarre de presuntos delincuentes, no supiera nada de nada. Nunca. Jamás. No supiera lo que hacía su mano izquierda y tampoco la derecha, no viera, no escuchara nada, no tuviera la mínima información. Como aquella ministra que no veía los coches que había en el garaje de su casa. El suyo era un gobierno sordo, mudo y ciego y profundamente tonto. Eso sigue siendo así, a juzgar por los dislates que la señora continúa profiriendo en público. Pero ahora vamos a ver, gracias a la declaración de su mano derecha, si tenía o no conocimiento del expolio sistemático que fue su gobierno.

sábado, 17 de diciembre de 2016

La flecha ya está en el aire

Dos mujeres fueron ayer las protagonistas de la jornada pública, política; una en el Noreste, Carme Forcadell, y la otra en el Sur, Susana Díaz; una por un motivo, la otra por otro. Pero las dos se encuentran en el centro de sendos muy apasionados debates, con detractores y enemigos acérrimos y seguidores y partidarios incondicionales.

Carme Forcadell convirtió su comparecencia ante el TSJC en un acto político de afirmación de los derechos del Parlamento. Acompañada por la plana mayor del independentismo gobernante, solo respondió a las preguntas de su abogado e hizo afirmaciones de calado que pretenden romper el estrecho marco de unas diligencias judiciales para plantear un conflicto de legitimidades, soberanía parlamentaria, libertad de expresión, inmunidades de los representantes populares, etc. Quizá no esté muy bien ordenado conceptualmente pero sirve para articular un mensaje de carácter simbólico: la nación catalana agredida por el Estado a través de un Tribunal Constitucional cuya legitimidad  no reconocen las autoridades de la Generalitat.

Es una situación de crisis institucional con elementos de desobediencia que remite a un orden de ideas con muy buena prensa en la conciencia occidental: la lucha por la emancipación nacional. Le hacía falta una imagen, un símbolo icónico. Ya la tiene. Así como Mas llegó a tomar visos mosaicos cuando condujo a su pueblo al 9N, primera parada en el camino a la tierra prometida, Forcadell es una especie de Marianne actualizada y, como la francesa, una alegoría de la República, en este caso, la República Catalana.

Cualquiera sabe que llevar los conflictos al terreno de lo simbólico y sentimental y fomentar la creación de mártires, héroes, heroínas, en el bando contrario no es muy avisado. La potencia mediática de las imágenes de símbolos agredidos, representantes procesados, supera las más refinadas técnicas de comunicación política a la que pueda recurrir la otra parte. La historia de David y Goliat mantiene toda su fuerza; aunque quizá aquí fuera más de aplicación la de Judith y Holofernes, en sentido simbólico, por supuesto.

La bravura en el comportamiento de Forcadell, el apoyo social e institucional que tuvo, permiten augurar una etapa de creciente conflicto por vía de acción reacción que no se ve cómo podrá sortear el gobierno con su huera oferta de diálogo.

En todo caso, lo dicho, "la flecha ya está en el aire". No en el sentido del libro de Ismael Grasa (La flecha en el aire), que viene de Zenón, sino en el de Atahualpa Yupanqui: "La flecha ya está en el aire/para llenarse de sol".

miércoles, 5 de octubre de 2016

De mal en peor

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La legitimació de l'adversari versa sobre la petición de la fiscalía de 10 años de inhabilitación para Mas y nueve para las consejeras Ortega y Rigau. Todas por poner las urnas el 9 de noviembre de 2014 para consultar a la ciudadanía catalana acerca de su futuro por cuanto el Estado español se negaba -y se niega- a permitir un referéndum. La idea es sencilla: considero que en el conjunto de dislates que ha sido la política del Estado en relación con Cataluña, ya desde los tiempos de Zapatero pero muy acusadamente en los de Rajoy, el recurso a la vía represiva, sea administrativa, judicial civil o penal, es mayor desatino si cabe por dos razones: 1ª) porque da por agotada la vía del diálogo y la negociación cuando ni siquiera se ha iniciado; 2ª) legitima la figura de Mas, le presta la aureola simbólica del sacrificio por la Patria catalana. Como sabemos desde siempre, lo peor que puede hacer quien pretende sofocar un movimiento popular es proporcionarle un mito, un héroe que contribuya a crear un relato justificativo. Exactamente lo que hace el gobierno español instigando a la fiscalía a pedir el procesamiento del más significado independentista, y su condena. Desde los ámbitos gubernativos se nos dirá que en España la justicia es independiente y el gobierno no instiga en absoluto al ministerio fiscal. No es necesario siquiera tomarse en serio la enésima patraña de este gobierno de embusteros redomados. De sobra sabemos que, según su ministro del Interior, la Fiscalía afina por su cuenta lo que interesa al poder,

A continuación, la versión castellana:

La legitimación del adversario

La petición fiscal de diez y de nueve años de inhabilitación para Mas y Ortega y Rigau respectivamente es coherente con la actitud que el gobierno español ha adoptado frente al proceso independentista catalán. Invocado desde el principio el principio de que la soberanía nacional no se negocia, obviamente, no hay negociación posible. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español, compuesto este por españoles iguales. Otro principio que tampoco se negocia, el de la igualdad hispánica. No hay nada que negociar Y, ante la porfía de los soberanistas catalanes solo queda la vía de la represión administrativa, judicial y penal si a ello ha de llegarse.
Eso en el ámbito de la legalidad. En el de la alegalidad y hasta la ilegalidad, la vía represiva toma tintes aun más sombríos. Las supuestas conversaciones grabadas al ministro del Interior con un hombre de su confianza en Barcelona con el objetivo de jugar sucio con los adversarios políticos, fabricando escándalos van en el mismo sentido. Como lo hacen las demás actividades, conocidas o por conocer de las cloacas del Estado, desde las cuales se puede destrozar el sistema sanitario del prójimo.

El proceso, a su vez, sigue su curso. Conseguida la confianza de la cámara, Puigdemont se ha comprometido a un calendario que se corona, más o menos en un año, en una República Catalana, Estado nuevo en Europa. Se estará o no de acuerdo con la razón de ser o la oportunidad del proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que se plantea como una transición de la legalidad a la legalidad. Pero no cabe duda de que es algo nuevo, que carece de precedentes y plantea el debate en términos políticos, esgrimiendo la legitimidad frente a la legalidad vigente.

Habiéndose perdido la opción de un gobierno de izquierdas en España, merced al golpe de mano de los barones del socialismo nacionalista español, solo se prevé el gobierno de la derecha. En el habitual contexto de rigidez y negativa a negociar nada, esto es, la confrontación con Cataluña. La idea, siempre la misma: mover al resto de España en contra de los catalanes. La dialéctica de la hostilidad que no soporta ni la conllevancia orteguiana. Un comportamiento que da réditos electorales al que se apoya en proclamas de amor a Cataluña mientras se aviva la catalanofobia por cualquier motivo, desde una reforma del Estatuto hasta el ejercicio de su derecho de autodeterminación.

Ahora ya no es solamente cuestión de la rígida negativa de la derecha, sino de la no menos rígida del nacionalismo español, porque se ha sumado el PSOE. El fin último del golpe de los diecisiete en Ferraz, es ajustar el paso del PSOE al del PP al abordar la cuestión catalana, cuyo punto de confrontación abierta se vislumbra en el horizonte. No es posible llegar a un gobierno de gran coalición como siempre había propuesto la derecha porque el PSOE se oponía. Los tiempos y las necesidades han cambiado. Ya no ha lugar a una gran coalición, pero sí a encontrar un terreno compartido de acción parlamentaria en lo que se refiere a Cataluña. Mostrar un punto de unión y acción común del nacionalismo español, sea de derechas o de izquierdas. El apoyo a distancia del PSOE permitiría al PP actuar como un gobierno de salvación nacional, dándole legitimidad a los ojos de los españoles.

El precio de todo ello está siendo la destrucción, la fragmentación del sistema político español: el PP, con su mayoría absoluta en Galicia y muy grande en Castilla y León, Murcia, MadridLa Rioja, etc, s prácticamnte extraparlamentario en Cataluña o País Vasco y es muy difícil que remonte en Andalucía. El PSOE, prácticamente extraparlamentario en Cataluña y Euskadi conserva mayorías substanciales, aunque mermantes, en el Dur peninsular. C’s solo puede tener presencia allí en donde el discurso anticatalanista tiene algún eco, esto es, Cataluña (curiosamente) y Madrid. El caso de Podemos aún no está claro. Si el PSOE termina de suicidarse, es posible que este otro se consolide. Si no, pasará a un segundo plano menos que discreto y los que iban a asaltar los cielos se quedarán en el purgatorio y los más infelices, en el limbo.

En Cataluña el proceso, además de la vertiente parlamentaria e institucional, tiene otra de carácter simbólico, emotivo. La movilización transversal de la sociedad ha aportado muchos elementos sentimentales para fortalecer el movimiento. La petición fiscal de inhabilitación de Mas es un paso decisivo en la construcción de un relato simbólico del nacimiento de la República Catalana. Es claro que el procesamiento del expresidente lo saca del segundo plano en que él mismo se había situado y lo empuja ya abiertamente hacia lo legendario. Al perseguirlo, el Estado español ha dado a Artur Mas la legitimidad que necesitaba para cambiar su figura mosaica de cuando era presidente que dirigía a su pueblo hacia la independencia por otra prometeica al encontrarse procesado, quizá condenado por haber dado la palabra a la gente, que es como quitar el fuego a los dioses.

El apoyo de que goce Artur Mas debiera dar al Estado una pista de en qué medida ha calado entre la población catalana el propósito de desobedecer al ordenamiento jurídico español. Porque el problema para este nacionalismo no está en los actos de los dirigentes sino en el respaldo que les dé la población.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Homs en el Tribunal Supremo

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat sobre la justicia del Rey. El asunto va de que la justicia en España se imparte en nombre del Rey, pero este no parece interesarse en absoluto por la justicia que se imparte en su nombre. En el caso del procesamiento del diputado Françesc Homs y los de Mas, Ortega, Rigau y quizá Carme Forcadell, parece claro que se trata de la judicialización de un problema político. El Estado comienza a enseñar los dientes a los independentistas. Los dientes, no las razones. Y, detrás de los tribunales, quizá vengan las cárceles.

Está claro que tienen perdida la partida y que lo único que se les ocurre es reprimir y generar un contexto de violencia, a ver si la gente se amilana. Y no será el caso.

Aquí la versión castellana:

La justicia del Rey

En España, la justicia se administra en nombre del Rey. Esto es más que una mera fórmula protocolaria. Responde a una realidad. Donde hay un conflicto básico de legitimidad, que cuestiona el ordenamiento fundamental de la convivencia entre dos comunidades, ambas sometidas al mismo monarca, el nombre del Rey sirve para zanjarlo.

Pero zanjarlo ¿cómo? ¿Buscando un equilibrio, un entendimiento una fórmula entre las dos comunidades o imponiendo los intereses de una de ellas sobre la otra? Si es de la primera forma, el Rey serviría para arbitrar y mediar en los conflictos entre quienes están sometidos a su soberanía. Si es de la segunda, lo único que se hace es disfrazar una justicia de parte en nombre del Rey. Y, en el peor de los casos, identificar la justicia del Rey con los intereses de una de las partes.

El proceso que se sigue contra Francesc Homs por la consulta del 9N cae de lleno en el segundo supuesto. Homs, como Mas, Rigau y Ortega están imputados por presuntos delitos anejos a su propósito de consultar la voluntad popular el 9N de 2014 a la vista de que el gobierno español no autorizaba, ni autoriza, un referéndum ni siquiera consultivo.

Los hechos y resultados son conocidos. La consideración del acto en sí tiene dos facetas, una política, que es como la entendió la Generalitat catalana y otra jurídica, como la entendió el gobierno español. Para la Generalitat, la consulta fue un acto de soberanía en la que se pudo saber la voluntad del pueblo catalán. Votaron más de dos millones de personas y el porcentaje a favor de la independencia fue altísimo. Sus consecuencias políticas son necesariamente de largo alcance pues legitima la prosecución del proceso. Para el gobierno español, la consulta fue poco más que una verbena, sin consecuencia jurídica alguna, pues se hizo con menosprecio de la ley.

El hecho, sin embargo, es que desde el punto de vista político, la consulta del 9N tiene un valor simbólico, pues abre el camino al proceso independentista pero necesita una debida realización de un referéndum, mientras que los efectos jurídicos, los que no iban a tener más que un valor simbólico, lo tendrán muy real pues son los de carácter represivo que se materializan en el proceso de Homs y los subsiguientes a los otros encausados.

Para Homs y quienes lo han acompañado a las puertas del Tribunal Supremo, el proceso es un simulacro jurídico de un propósito político: los fiscales catalanes en su momento y por unanimidad no vieron razón alguna para procesar a las autoridades de Cataluña, pero su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado, revocó esa decisión unánime y obligó a abrir causa contra las personas citadas. Dado que el Fiscal General del Estado es de nombramiento directo del Gobierno no es absurdo pensar que este presionó para imponer la decisión de procesar. Semanas más tarde se producía la dimisión de ese Fiscal General. De forma que el de ahora hereda la situación ante el TS que, en poco tiempo, tendrá que conocer seguramente de los otros procesamientos y que es quien debe dilucidar en sede jurídica actos y pronunciamientos de carácter estrictamente político.

Para el gobierno y sus innumerables terminales mediáticas, el proceso de Homs et al. es un asunto estrictamente jurídico que debe resolverse en sede judicial. Es más, alguno de sus representantes no se recata en comparar el caso de la imputación a doña Rita Barberá por un presunto delito común con el de Françesc Homs por otro supuesto delito pero de conciencia. La comparación solo puede mantenerse en el campo del más rabioso positivismo que renuncia a valorar la motivación de las personas. Las dichas terminales mediáticas no dudan en calificar de “desafío total a la justicia” la actitud de Homs quien ha comparecido en tiempo y hora a la citación del Tribunal y, en uso de sus derechos procesales, ha contestado a las preguntas del juez y de la defensa, pero no a las de la acusación. Ningún desafío ven los medios del nacionalismo español (entre ellos, los catalanes) al hecho de que la señora Barberá haya decidido burlar, aunque sea transitoriamente, la acción de la justicia mediante un uso torticero y presuntamente prevaricador de la institución del aforamiento, cosa que ha hecho con el apoyo directo del presidente del Gobierno. El mismo que probablemente presionó al Fiscal General para que revocara la decisión unánime de los fiscales catalanes y procesaran a Homs.

Esta desviación de un problema político a sede judicial por la absoluta incapacidad de los políticos españoles de enfrentarse al contencioso catalán, puede acabar con el escaso prestigio que queda a la justicia en España y con generar una situación de acción reacción de consecuencias que nadie en su sano juicio puede desear.

Sí, la justicia en España se administra en nombre del Rey. Pero no se administra por igual para todos. Para los catalanes, especialmente los republicanos, la justicia del Rey es justicia de parte. Y de parte contraria.

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Vidas paralelas

Reconozco habérmelo puesto fácil hoy. El género vidas paralelas fue frecuente en épocas pasadas. Siempre con ánimo moralizante y ejemplificador. Basta con encontrar biografías que tengan puntos en común. Son composiciones contrapuntísticas. Dan muy buen resultado porque se aprende mucho sobre las gentes y sus actos cuando se pueden comparar unas con otras. Aunque ya dice el saber popular, siempre algo timorato, que las comparaciones son odiosas.

Aquí tenemos a Rita y Carme, punto contra punto. Con muchos elementos en común: las dos son mujeres, más o menos de la misma generación (se llevan cinco años). Ambas con formación universitaria más de letras. Las dos periodistas, entre otras actividades. Ambas son políticas, habiendo ejercido diversos cargos institucionales. Las dos con cierta proyección mediática.

Las dos pueden acabar ante los tribunales.

Como se ve, vidas paralelas. Lo interesante viene cuando se analizan esos puntos en común. Las dos son mujeres y han abierto caminos en un mundo que era aun más patriarcal que el de hoy. Una, Forcadell, es hija de un camionero; la otra, de un periodista y jerarca del Movimiento Nacional. Es decir, son más o menos de la misma generación, pero no del mismo ambiente ni de la misma clase y casi ni del mismo país. Su orientación periodística ha sido muy divergente. En política, una (Barberá) es de derechas de toda la vida, pues fue fundadora de Alianza Popular en Valencia, mientras que la otra es de izquierdas y republicana ya que milita en ERC. Comparten el ser oriundas del ámbito cultural catalán pero, mientras una (Forcadell) es independentista, la otra es nacionalista española. Los cargos institucionales fueron muy distintos y ejercidos de muy distinta forma. Al principio, los importantes eran los de Barberá; al final lo es del Forcadell. Porque ambas son parlamentarias, pero mientras Forcadell preside el Parlamento catalán, Barberá está prácticamente asilada o refugiada en el Senado para protegerse de la acción de la justicia. Su proyección mediática ha sido asimismo muy distinta. Donde Barberá proyectaba una imagen digamos folklórica con manifestaciones de ridícula chabacanería, Forcadell daba una de severidad y determinación, con elementos mesiánicos.

Las dos, en efecto, pueden acabar ante los tribunales. Una (Barberá) por supuestos delitos de derecho común, la otra por razones políticas, de conciencia.

No hace falta decir nada más.

(Las imágenes son sendas fotos de Partit Popular Comunitat Valenciana y Judesba, con licencia Creative Commons).

domingo, 21 de agosto de 2016

En defensa de los conductores

Hay un saber convencional de las izquierdas, especialmente las municipales: la culpa de la contaminación, el tráfico y el ruido insoportables en nuestras ciudades es de los coches, de la sobreabundancia de coches. Nadie discute esta verdad que pasa por axiomática. No hay ayuntamiento progre que no excogite algún plan para salvar las ciudades de esta plaga automovilística. Es más, por malos que sean esos planes, serán éxito seguro porque van en contra de un sector de la población estigmatizado por todo el mundo: los conductores.

Todo el mundo, en efecto, de acuerdo, incluidos muchos conductores de buena fe: la culpa de que nos ahoguemos en las ciudades, de que no se pueda caminar por ellas, de que todo sea ruido y malos olores la tienen los coches y, por ende, los conductores, seres semisalvajes, egoístas, incapaces de hacer nada por los demás.

Hay algo de verdad en esto. Pero también hay algo de mentira y de exageración y, sobre todo, de injusticia. Veamos algunas precisiones que debieran obligar a los ayuntamientos progres a reconsiderar sus políticas de circulación.

1.- El coche ya no es un artículo de lujo, como en tiempos del franquismo, sino un medio de trabajo. Nuestro modo de producción está basado en la movilidad de la mano de obra dentro y fuera de las ciudades, gracias a los coches. Si se pierde esa movilidad, habrá problemas.

2.- La industria automovilística es uno de los sectores que más aporta al PIB. El porcentaje de población activa directa o indirectamente dependiente de ella es enorme. Todo el modelo está basado en la publicidad de los automóviles, de forma que esta consiste en fomentar en la gente el consumo de un medio que luego le prohíben utilizar.

3.- En buena medida, las haciendas locales se nutren del impuesto de circulación de vehículos que todos los conductores pagamos religiosamente. Sin embargo, los ayuntamientos prosiguen su política de excluir la circulación de superficies urbanas cada vez más extensas. Es decir, se nos obliga a pagar por un bien pero se nos impide acceder a él. En la medida en que los ayuntamientos eliminen la circulación automovilística de las ciudades debieran dejar de cobrar el impuesto de circulación.

4.- Y no solo por exclusión, sino también por un sistema de privilegios para unos cuantos y un trato injusto para los conductores ordinarios. El ejemplo más sangrante es el del gremio del taxi: entre otros injustificables privilegios a costa del contribuyente, los taxistas circulan por las vías reservadas a los servicios públicos y tienen zonas de estacionamiento prohibidas a los conductores normales. O sea, prohibidas a quienes pagamos los impuestos para conservar esos privilegios para que los disfruten quienes no los pagan. Suele decirse que el del taxi es un servicio público, pero eso no es verdad: es un servicio público de empleo singular, privado y costoso. Solo es público de nombre, pero no de contenido. Suele decirse, asimismo, que los taxistas necesitan los privilegios citados porque el taxi es su trabajo. Pero es que esa es la circunstancia de más del 70% de los coches que circulan por nuestras ciudades: trabajo. Los coches se usan para ir al trabajo y volver de él, para hacer gestiones, chapuzas, encargos. Casi siempre que vamos en coche por las ciudades, estamos trabajando. Ni más ni menos que los taxistas. Lo que los conductores no tenemos es un lobby, una asociación, un grupo de interés para presionar a las autoridades, amenazarlas con huelgas, etc., para lograr los privilegios.

Privilegios que tenemos que pagar los conductores, el sector estigmatizado por excelencia.

Tomen el último ejemplo: una empresa privada de alquiler de bicicletas convence al Ayuntamiento madrileño de lo progre y ecológico que es fomentar el uso de esos aparatos. Dicho y hecho: se reservan unos espacios (que se restan a las escasas y muy caras plazas de estacionamiento de los automovilistas) para las bicis y, por supuesto, se permite que los ciudadanos las usen sin el preceptivo casco ya que ello haría mermar los beneficios de la empresa. Si usted va pedaleando por su pueblo sin casco, le puede caer una multa; si va usted sin casco por Madrid no le cae nada porque el Ayuntamiento de Madrid, muy ecológico y progre, está al servicio de las empresas privadas y no de los ciudadanos, especialmente si son conductores.

Palinuro está de acuerdo, por supuesto, en que son necesarias políticas municipales medioambientales y que es preciso poner coto a la invasión automovilista. Pero no por el procedimiento fácil, demagógico e injusto de cargar todas las culpas sobre los conductores a los que se pretende expulsar de las ciudades al tiempo que se les siguen cobrando los impuestos de circulación. Y ello para que los taxistas, los ciclistas (que, por cierto, no suelen respetar las reglas de tráfico) y otros privilegiados (por ejemplo, los repartidores de géneros en comercios o bares, que interrumpen sistemáticamente la circulación) puedan seguir disfrutándolos sin pagar.

lunes, 15 de agosto de 2016

España es diferente

Pablo Casado, el petimetre que ha sustituido a Carlos Floriano, reclama de Sánchez "sentido de Estado". Albert Rivera invoca el superior "interés de España". Felipe González pretexta la estabilidad para dejar gobernar a Rajoy "aunque no lo merezca". El País, con un ojo en sus finanzas, pide responsabilidad a Sánchez para que España tenga un gobierno, su gobierno.

Responsabilidad, estabilidad, interés de España, sentido de Estado. Palabras altisonantes. Graves conceptos. Nobles ideales. ¿Referidos a qué?

A un partido procesado por los jueces por llevar años repartiendo entre sus dirigentes sobresueldos con cargo a una contabilidad ilegal, opaca. A una organización muchos de cuyos miembros están también procesados o condenados en firme por saquear sistemáticamente las arcas públicas a base de todo tipo de presuntos delitos. A un presidente, sistemático cobrador de esos sobresueldos, cosa que llegó a admitir en una sonada comparecencia parlamentaria a cuenta de Bárcenas y cuando aún decía estar convencido de que cobrar esos sobresueldos era lo lógico porque es lo que se hace en las empresas. Pues, para estas gentes, el partido y el gobierno son eso, empresas, cuya finalidad es ganar dinero. Cómo se reparta ese dinero lo decide el empresario, quien empieza por quedarse más que su congrua parte. 

El interés de España, el del Estado, la responsabilidad y la estabilidad ¿exigen que el partido imputado, con sus dirigentes en varios momentos procesales, gobierne el país que ha destrozado? ¿Hasta ese punto llega la abyección de tan amplios sectores de la opinión? ¿Hasta ese punto llega su claudicación ante el obvio chantaje del presidente de los sobresueldos? ¿Es tal su sumisión que aceptan hacer presidente del gobierno a quien no tiene apoyos voluntarios, no tiene programa y no tiene palabra?

Pues claro que España es diferente. En cualquier otro país democrático ya se hubiera obligado educadamente al de los sobresueldos a retirarse y se estaría organizando un gobierno alternativo, con las izquierdas y los nacionalistas, cuya función sería sacar al país del hoyo y regenerar su democracia, cosa nada fácil a la vista del grado de corrupción. Pero si España es diferente, también lo son las izquierdas, a fuer de muy y mucho españolas. Y es posible que no pueda constituirse ese gobierno alternativo porque ambas izquierdas se detestan profundamente. En tal caso, en cualquier otro país se procedería a las terceras elecciones. Malo es, pero mucho peor permitir el gobierno de quien no lo merece.

Contra las terceras elecciones suele aducirse la previsión de que darán mayoría absoluta al PP, el de los juicios. Es posible. También lo es que den esa mayoría absoluta a la izquierda o permitan alguna otra combinación. Y, en todo caso, saldremos de dudas y cada cual podrá actuar con mayor seguridad.

Lo más llamativo y más aumenta esa sensación de ridículo de las terceras que Rajoy atiza sin piedad es que vayan a ellas justo los mismos líderes que perdieron las dos anteriores. Sí, en efecto, es ridículo. Tanto que podrían trasmitir sus declaraciones de campaña en play back, ahorrándoles voz y poniendo lo mejor de sus arengas anteriores. Es muy ridículo, en efecto. Sin embargo, piensen ustedes en el espectáculo que darían sus respectivos sustitut@s si consiguen identificar algun@.  

domingo, 27 de marzo de 2016

Su único recurso es la represión

Mi artículo en elMón.cat de hoy, diumenge. El gobierno español no parece tener ya otro propósito que frenar como sea al catalán. Iba a decir que incluso recurriendo al juego sucio, como si esto fuera algo extraño cuando el juego sucio ha sido el habitual en este gobierno de neofranquistas apoyado por un partido corrupto más banda de presuntos ladrones que otra cosa.

Juego sucio el que intentó hacer con Puigdemont, tratando de que no fuera a recibir a Renzi, el primer ministro italiano cuando vino a Reus con motivo del accidente de Freginals. Y juego sucio el que intenta la fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cuando imputa un presunto delito de sedición a un concejal de la CUP de Vic por unas afirmaciones en el consistorio (y por tanto, en ejercicio de sus competencias), apoyando la declaración de independencia del Parlamento catalán del 11 de noviembre de 2015 y llamando a no obedecer las órdenes de las autoridades españolas. Es un movimiento represivo típico de la derecha más reaccionaria que busca siempre golpear en la parte que cree más débil, en las personas individuales, su libertad o su economía. Basta recordar las bestiales cantidades con que los psicópatas del ministerio del Interior criminalizan las protestas callejeras a través de la infame Ley Mordaza para darse cuenta de que es lo mismo.

Si tan valientes son los fiscales y los tribunales españoles, que imputen y procesen al Parlamento catalán o, cuando menos, a los diputados que votaron a favor de la declaración de independencia. Pero no será el caso: seguirán con las personas y una vez más, fracasarán y harán el ridículo, como siempre, cuando el ejemplo de ese concejal de Vic se extienda a todos los electos de la CUP y a todos los cargos representativos independentistas catalanes.

Va a tener que procesar por sediciosa a la mitad de Cataluña. 

Hace falta ser estúpido,

El artículo en castellano:

Un pueblo de sedicios@s                                                                                       

Un incidente diplomático esta semana revela la idea que el gobierno central se hace de sus relaciones con el de la Generalitat, sus verdaderas intenciones y su indisimulada hostilidad hacia él. El episodio, como siempre, deja en ridículo al gobierno de España, su ministerio de Exteriores, en manos de un verdadero incompetente y la representación del Estado en Cataluña. Con motivo del accidente de Freginals, el primer ministro italiano, Renzi, aterrizó en viaje privado en Reus. Vaya por delante que, con ello, ya hizo más de lo que suelen hacer los políticos del PP cuando ocurre este tipo de desgracias que no solamente no acuden al lugar de los hechos, sino que pueden irse a un spa.

Y no solamente no van ellos, sino que tratan de impedir que vayan los demás. El gobierno avisó a su delegada en Cataluña para que recibiera a Renzi en Reus, pero no hizo lo propio con el presidente de la Generalitat. Como quiera que este fuera informado a tiempo, acudió al aeropuerto, en contra del deseo de La Moncloa. Esta dijo después que Puigdemont había hecho un “uso político” de la visita de Renzi. Al margen de la estupidez que implica calificar de “políticos” los usos de un político, como si fueran algo vergonzoso o impropio, el hecho es que, si la visita era privada en sentido estricto, la primera que no pintaba nada allí era la delegada del gobierno.

Y la prueba es que, al darse cuenta de que la presencia de Puigdemont la eclipsaba, se esfumó rezongando su disconformidad. El ridículo quedaba servido: el gobierno del Estado no manda en Cataluña y, cuando manda algo, se desmanda y tiene que remandarse a sí mismo. Pero su intención es obvia: imponerse sobre el de la Generalitat, arrinconarlo, no dejarle tomar decisiones en su propio ámbito de competencias. Porque si la visita de Renzi era privada y no de Estado, la reacción ante ella no es cosa que al gobierno central sino al de la Generalitat.

Este episodio ilustra una clara tendencia de acción/reacción muy curiosa. En este momento tienen que interaccionar un gobierno catalán legítimo, en pleno uso de sus competencias y recién estrenado con mayoría parlamentaria absoluta y un gobierno central en funciones, sin mayoría parlamentaria ni expectativa de conseguirla, deslegitimado, incapaz y que, a mayor abundamiento, se ha declarado fuera de la ley al negarse a acatar las decisiones del Parlamento. Un gobierno que no sirve para nada salvo para poner palos en las ruedas del catalán y tampoco con mucho éxito.

Uno de estos palos ya lo ha puesto, con su habitual inepcia, la fiscalía del Estado y la judicatura española que, en sospechosa coincidencia con las orientaciones políticas del gobierno, ha imputado un presunto delito de sedición a un concejal de la CUP de Vic. La acusación es que el concejal apoyó la declaración de independencia del Parlament catalán del 11 de noviembre de 2015 y llamó a desobedecer las decisiones de las autoridades españolas.

Es de suponer que tanto el fiscal como el juez de la Audiencia Nacional actuarán con profesionalidad y con suficiente base jurídica. Les ampara el principio de presunción de legalidad en sus actuaciones. Lo que no les ampara es el principio de la lógica y, cuando las actuaciones jurídicas no coinciden con las reglas de la lógica la que suele salir mal parada es la justicia. Porque, a todos los efectos, si apoyar una declaración de independencia del Parlamento es un acto de sedición, a quien correspondería imputar y procesar sería a ese mismo Parlamento o, cuando menos, a los diputados que votaron a su favor. Esto sería lo lógico y lo que haría –y siempre se muestra favorable a hacerlo- el diputado Albiol. A su juicio, el Parlamento y el gobierno de la Generalitat han ido más allá de sus atribuciones y han incurrido en un abuso de poder. Por ello, suele aconsejar el combativo exalcalde de Badalona, habrá que suspender la autonomía catalana.

Pero eso, obviamente, son palabras mayores que no corresponde pronunciar al fiscal ni a un juez de la Audiencia Nacional, sino que ya intervienen instancias más altas, como el Tribunal Constitucional, el gobierno del Estado o, incluso, el propio Congreso de los Diputados. Palabras mayores que no se atreven a pronunciar porque saben que eso llevaría el proceso a un peligroso punto de ruptura de consecuencias imprevisibles.

Por ello actúan más pegados a la tierra y, siguiendo una inveterada tendencia a la represión de la derecha militante, tratan de sofocar actitudes colectivas, movimientos de opinión, tendencias sociales compartidas atemorizando a las personas concretas, denunciándolas, llevándolas ante los tribunales. Así pretenden siempre yugular los movimientos reivindicativos, aunque para ello tengan que ignorar derechos como la libertad de expresión y convertir en delitos las opiniones políticas, como en tiempos del franquismo. Al juez de la Audiencia Nacional que ha imputado al concejal, antiguo policía, le sonará esta melodía. 

El problema, por supuesto, es si los comportamientos investigados se generalizan y los actos (o no actos) individuales, objeto de acusación como presunta sedición se repiten en situaciones parecidas. Si los cientos de cargos electos de la CUP hacen suyas las palabras del regidor de Vic, los tribunales ¿van a procesarlos a todos? Y si, como es fácil de barruntar, el presunto comportamiento sedicioso y el apoyo a la declaración de independencia se extienden a miles de concejales y cargos electos de ERC y CDC ¿qué harán las autoridades? ¿Una causa general contra el independentismo catalán? Si la gente de la calle también se solidariza y firma y apoya la declaración de independencia, ¿también van a procesarla? ¿Van a tratar de sediciosa a la mitad de la población? 

Hay un conocido y viejo dicho que reza “hágase la justicia y perezca el mundo” pero la verdad es que cuando verdaderamente perece el mundo es cuando se hace la injusticia.