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miércoles, 3 de febrero de 2016

Para luego es tarde

España es un sistema parlamentario. En este sistema, el Parlamento es la más alta instancia de poder del Estado. Depositario de la soberanía popular. Con monopolio legislativo supremo. Conviene recordarlo porque el sainete que ha montado el de los sobresueldos con su no-candidatura a la presidencia del gobierno, además de ser propia de Alicia en el país de las maravillas, es un anacronismo.

El Rey aquí no pinta nada (en opinión de Palinuro, tampoco lo hace en ningún otro punto del planeta... como Rey) y la investidura del presidente del gobierno debiera hacerse sin contar con él. Que el Rey proponga un candidato es una reliquia de los tiempos de liberalismo doctrinario, cuando los gobiernos tenían que tener la doble confianza, del Rey y del Parlamento porque ambos compartían la soberanía. Pero eso se acabó. La soberanía reside solo en el Parlamento y debiera ser este quien, a través de su presidente, que ya está ejerciendo, propusiera un candidato a la presidencia del gobierno. Así se visualizaría el carácter "civil" de la investidura y el Rey podría dedicarse a dar de comer a los patos de la Casa de Campo.

Si no pasa así es porque la clase política española es un manojo de pusilánimes que no se atreve a poner la dignidad del legislativo por encima de los demás poderes del Estado, como le corresponde.

Sin embargo, con esta medida que el Congreso anuncia de iniciar la derogación de las leyes más arbitrarias, injustas, antipopulares y estúpidas de Rajoy, en especial, la Ley Mordaza, la LOMCE, la reforma laboral, aunténticos atropellos basados en el abuso de poder de los últimos cuatro años, puede estar recuperando algo de la autoridad y el prestigio perdidos. Y eso no es más que el comienzo. Conviene, sin embargo, que la labor derogatoria sea rauda pues, si se retrasa, se corre el peligro de que en las próximas elecciones gane lo más retrógrado y nacionalcatólico que enseguida pondrá de nuevo en vigor estas barbaridades.

Por cierto, aprovecho la situación para apoyar una reivindicación gremial que considero justa. Según la normativa vigente (sin duda impuesta por la banda de presuntos malhechores que ha desgobernado este país) los escritores, los intelectuales, los artistas jubilados no pueden compatibilizar sus magras pensiones con sus ingresos por derechos de autor. Dos consideraciones al respecto y una petición urgente al Congreso:

1ª consideración: Hacienda persigue, como siempre, a los trabajadores y gente menuda, pero tolera y ampara la corrupción general, con políticos con pensiones increíbles, que compatibilizan con todo.

2ª consideración: los carcundas del PP no solo han desmochado la investigación científica en España, descapitalizándola, sino que también impiden la labor creativa. Que la gente no pueda disfrutar de una novela o una composición musical o una pieza de teatro porque, al estar realizadas por jubilados, lo prohiben los inspectores de Hacienda.

Petición urgente al Congreso: incluyan en la obligada derogación las normas que contribuyen a esta barbaridad autoritaria, muy propia del páramo intelectual del presidente de los sobresueldos, lector del Marca
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