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jueves, 29 de diciembre de 2016

Emergencia

Tenía que pasar. La falta de previsión y de intervención adelantada para evitar colapsos ha llevado a la adopción precipitada de medidas drásticas que van a causar un montón de quebraderos de cabeza. Sabiendo que esto iba a pasar han transcurrido plácidos los años sin que se adoptaran medidas de infraestructura en materia de cercanías, conexiones, redes de transportes, estacionamientos en el extrarradio, etc. Si alguna vez alguien se acordaba de los índices de contaminación era para que la alcaldesa Botella, de infausta memoria, hiciera cambiar de lugar los aparatos de medición. En cambio, el Gobierno y la Comunidad permitían construir autopistas radiales que no han llevado a parte alguna salvo a la ruina.

Por supuesto, el Ayuntamiento hace bien en tomar medidas contundentes. Pero eso no le exime de estar atento a sus efectos, de paliar las consecuencias injustas que van a darse, de remediar los abusos que también van a producirse. Y mucho menos le exime de elaborar un plan de sostenibilidad viaria de la capital que no consista en cargar todo el peso de la culpa y el remedio al último eslabón de la cadena, el conductor privado para el que el coche es un instrumento vital para llegar a su lugar de trabajo. La inmensa mayoría de la gente no va en coche para fastidiar, sino para trabajar. Pero, al mismo tiempo, no tiene la ventaja de pertenecer a alguna de esas colectividades que, por una u otra razón, gozan de privilegios como los taxistas, los repartidores de comercios, los propios comercios, etc.

El modesto conductor privado que paga sus impuestos pero está excluido de algunos servicios por muy poderosas razones; al que todo del mundo demoniza como culpable por placer maligno de hacer el ambiente irrespirable; y al que se arrincona y priva de plazas de estacionamiento; al que se fuerza a dejar el coche, ofreciéndole luego unos servicios paupérrimos. El mismo al que se bombardea después con publicidad de todos los colores sobre la delicia de conducir un nuevo modelo que traga millas por paisajes de ensueño. Algo necesario para mantener una industria, la automovilística, cuya aportación al PIB es muy alta y sin la cual el país no sobreviviría.

Son tres extremos: sostenbilidad viaria urbana, derechos de todos los usuarios y estabilidad de una industria esencial. Conjugarlos sabiamente es el deber del gobierno municipal en estrecha colaboración con el autonómico y con el del país, ya que el plan toca asuntos que exceden las competencias del primero.

lunes, 16 de junio de 2008

Los matones de la carretera.

Hoy se verá si los transportistas han cumplido sus abundantes amenazas de ayer de bloquear Madrid o si, al contrario, el ministerio del Interior ha conseguido dominar la situación y obligar a los camioneros a respetar los derechos de los demás, cosa a la que al parecer no son aficionados. Porque en efecto la jornada de ayer fue de nervios, tensión e intercambio de bravatas. La asociación convocante de la marcha carece de representatividad oficial, agrupa a no más del 15% del sector y ni siquiera estuvo presente en las negociaciones de la semana que sin embargo rechaza.

Por formación, tradición y devoción, siempre que hay un conflicto laboral tomo partido por los trabajadores porque me parece que es lo suyo. Pero estas acciones de los transportistas no acaban de encajarme en el modelo, especialmente esta segunda ronda, después del acuerdo mayoritario firmado la semana pasada. Y no me encajan por el tipo de gente, el carácter de sus reivindicaciones y los métodos a que recurren.

La gente: son autónomos. Ciertamente, los autónomos son trabajadores, pero trabajadores especiales porque son también patronos; sus propios patronos. Así que su medida de presión no es una huelga en el sentido ordinario del término, sino un cierre patronal o, mejor dicho, una mezcla de ambos.

Las reivindicaciones no acaban de entenderse del todo, especialmente después de que el 80% del sector aceptara la solución negociada con el Gobierno la semana pasada. Hay una insistencia especial en dos aspectos: una tarifa mínima y la congelación del precio del gasóleo durante seis meses. Son reivindicaciones típicamente corporativas que nada tienen que ver con aspiraciones de los trabajadores ni con el mercado libre. En concreto, la congelación del precio del gasóleo durante seis meses viene a ser una especie de externalización de un coste y que se pueda plantear sin más revela hasta qué punto tenemos interiorizada la mentalidad corporativa en nuestra sociedad. Es lo que sucede con los taxistas, sobre lo cual trataré en un próximo post, cuando también ellos pasen a la carga con el gasóleo, que se acaban por admitir como normales tratamientos de favor y privilegio. Yo también conduzco un vehículo de gasóleo, también a mí me ha subido el precio del carburante y asimismo empleo el vehículo para trabajar y no para darme paseos por la Costa Azul. ¿Por qué entonces he de pagar el gasóleo al precio del mercado y los transportistas no? Por cierto obsérvese que no he dicho ni pío acerca de la muy extendida práctica corrupta de revender gasóleo subvencionado a precios superiores pero inferiores a los que rigen en las gasolineras.

Los métodos empleados hasta ahora y los que estos de ayer amenazaban con emplear son inadmisibles pues consisten en atentar contra los derechos de todos los demás, de todos: de los empleados y trabajadores que quieren entrar en las ciudades a trabajar, de los que quieren salir, de las gentes que tienen que comprar en mercados desabastecidos y aguantar aumentos de precios disparados por los bloqueos, de los trabajadores de las empresas que quedan sin suministros y van al paro de la mano de unos expedientes de regulación de empleos (EREs) que las direcciones aprovechan para poner en marcha. Estos métodos de forzar al Gobierno a claudicar haciendo daño a la economía del país, saboteándola y perjudicando los intereses de la inmensa mayoría de la población puestos en marcha por la fuerza bruta son indignantes.

Así que no siento la menor simpatía por estos transportistas y espero que el Gobierno se emplee a fondo, con diligencia y contundencia para respetar el derecho de los caminoneros a manifestarse pacíficamente cuantas veces quieran y para garantizar asimismo la vida normal de la población y sus derechos amenazados por el comportamiento incivil de una exigua minoría que abusa de su poder.

(La imagen es una foto de km6xo, bajo licencia de Creative Commons).