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miércoles, 21 de septiembre de 2011

Una digna respuesta.

La educación, la sanidad, la vivienda, el seguro de desempleo y las pensiones son los pilares del Estado del bienestar, la conquista democrática del siglo XX en Europa basada en la idea de que esos servicios constituyen derechos de los ciudadanos. Como tales deben tener igual reconocimiento y garantía que los derechos clásicos civiles y políticos y los derechos fundamentales. Porque son derechos fundamentales, no mercedes graciables del poder ni actos de beneficencia de organizaciones privadas. Mucho menos negocios.

Esa conquista democrática es la que la derecha neoliberal quiere desmantelar y lleva camino de hacerlo si las sociedades bajo ataque no se defienden. Las pensiones están congeladas; el seguro de desempleo, reducido y acortado; el acceso a la vivienda es una quimera. Ahora el ataque es contra la educación y la sanidad que, privatizadas, son suculentos negocios. La novedad de la situación es que el neoliberalismo no niega ya (como sí lo hacía antes) que la educación y la sanidad sean derechos. Lo que dice ahora es que, por desgracia, no hay dinero para financiarlas y que, en época de crisis, hay que recortar. Pero esto es una excusa.

En primer lugar, no hay dinero porque hace años que está descapitalizándose el Estado a base de reducir los impuestos y renunciar a ingresos bajo la engañosa consigna de que "en donde mejor está el dinero es el bolsillo de los contribuyentes", sin especificar de qué bolsillos se habla. En segundo lugar si, con todo, hay que reducir partidas, habrá que pensárselo mucho, ser muy transparentes y justificar que no hay otro lugar del que reducir que no sean la educación o la sanidad. Si las exenciones fiscales y privilegios que la Comunidad Autónoma de Madrid concede a la enseñanza privada concertada alcanzan los ochenta millones de euros y esa es la cantidad que se ahorra con los recortes de la enseñanza pública, será preciso demostrar por qué es más justo privilegiar a la privada en detrimento de la pública. No blandir el hacha y asestar el tajo sin más explicaciones.

Esa es la política de la Comunidad de Madrid, la de los hechos consumados y las confrontaciones. Porque a Esperanza Aguirre no le interesa conservar la enseñanza pública sino desmantelarla en beneficio de la privada. Por eso no razona, sino que insulta. La historia de su mandato es de hostilidad a los servicios públicos. No da razones sino que va por la vía de hecho y, en lugar de, cuando menos, explicar las medidas tomadas, pues no las ha consensuado con nadie, trata de desprestigiar a los docentes (como intentó hacer en la legislatura anterior con la sanidad pública y las calumnias al doctor Montes) mintiendo sobre su jornada laboral, descalificando su labor y agrediendo a los sindicatos. Eso no es política democrática, de diálogo, sino política autocrática, de imposición. Y no es casual ni repentino sino algo calculado, planeado y ejecutado fríamente, es el desmantelamiento del Estado del bienestar.

La colectividad de enseñantes, padres y alumnos respondió ayer ejemplarmente por segundo día en la calle con una manifa multitudinaria que es en realidad una enmienda a la totalidad de la política educativa de Aguirre y de su consejera, Lucía Figar, esa pía dama que según ella misma dice, piensa entregar suelo público gratuito para que las sectas ultracatólicas que son de su agrado pueden adoctrinar a los niños de la región. Visto lo visto imagino que estas sectas edificarán en los terrenos públicos unos colegios de excelencia para los hijos de los ricos y, al lado, unas chabolas para enseñar el catecismo a los hijos de los pobres que, bien pensado, es lo único que necesitan aprender.

Y no acaba ahí el alcance político de la combatividad de Aguirre. No solamente desprestigia a los docentes y miente sobre su jornada sino que ataca la legitimidad de la huelga atribuyéndosela a los sindicatos, el PSOE, los indignados y "los de la ceja" y, en definitiva, al gobierno central. Es decir, todo el conflicto está provocado y planeado por la Comunidad de Madrid con el fin de plantear un problema más al gobierno central y como eso es absurdo porque éste carece de competencias en la enseñanza en Madrid, se lleva por el lado de la demagogia, asegurando que está alentando a los huelguistas y poco menos que sosteniendo que la huelga está organizada por Rubalcaba y que el ministro de Educación dimita por ello. Una actitud de tan disparatada frivolidad en un asunto de tal importancia muestra que a Esperanza Aguirre la enseñanza pública y los docentes le importan un comino. Y los alumnos, menos.

martes, 21 de abril de 2009

Abajo el ruido.

Por fin la señora Beatriz Corredor hace algo en pro del bien común y no de los tiburones de las inmobiliarias. Le ha constado un año entender que, si es ministra de una Gobierno socialista, no es para engañar a la gente ordinaria a fin de que se entrampe con hipotecas leoninas ni para sacar las castañas del fuego a la mafia del ladrillo.

Como Palinuro tiene muy claro su orden de preferencias, en esta ocasión aplaude a la señora ministra por la nueva y hasta ahora aplazada normativa que obligará a los constructores a levantar casas más aisladas acústicamente. Eso de que, cuando estornuda el vecino del tercero, todo el inmueble lo jesusee es una de las muchas vergüenzas que demuestran hasta qué punto la población española ha estado en manos de una manga de sinvergüenzas cuyo único objetivo ha sido lucrarse a costa del bolsillo y la salud física y psíquica de la gente.

(La imagen es una foto de 20 Minutos, bajo licencia de Creative Commons).

viernes, 16 de enero de 2009

Para salir de la crisis.

Lo más maravilloso de esta crisis (como de todas) es la rotunda ignorancia que sobre los mecanismos del mercado tienen los que más voces dan diciendo que hay que fiarse de ellos. No sé si es voluntaria o involuntaria pero en todo caso, clama al cielo. Ayer, el gobernador del Banco Central Europeo, señor Jean Claude Trichet, bajaba al dos por ciento el precio del dinero en la eurozona. El mismo señor Trichet que hace seis meses lo tenía en un asombroso 4,25 por ciento, el más alto en años, argumentando que había que combatir la inflación. Una inflación que era obviamente pasajera y estaba movida por el errático comportamiento de los precios del petroleo, algo que debiera saber este pavo, aunque sólo sea por el cargo que ocupa, en lugar de estrangular la actividad económica europea por su estúpido dogmatismo. No seré yo quien pida que dimita el dicho pavo, aunque no estaría mal sólo por no seguir escuchando como cocea el inglés con esas insufribles "eges" francesas, entre otras cosas porque siempre podrá decir (y seguro que lo dice) que baja ahora los tipos porque, al subirlos antes, venció a la inflación. En todo caso éste entiende tanto el mercado como yo el misterio de la Santísima Trinidad.

Por otro lado, ayer mismo el ministerio de la Vivienda, que dirige esa lumbrera de doña Beatriz Corredor, decía que el precio del objeto de sus desvelos descendió un 2,8 por ciento de media en 2008 y esperaba que siguiera cayendo más en 2009. Bueno, los organismos independientes, mucho más de fiar que el ministerio, hablan de un descenso del ocho y pico por ciento, y sigue bajando. Pero ¿se acuerdan Vds. de la señora Corredor incitando hace seis meses a los españoles a comprar sosteniendo que era el momento adecuado para comprar vivienda? Yo sí. Incluso hice una entrada sobre ello en el mes de julio, titulada El Gobierno al servicio de la mafia del ladrillo en la que, entre otras cosas decía que había que tener caradura porque la ministra sabía que los precios no habían bajado aún y, por lo tanto, estaba intentando engañar a la gente. Tuve que insistir el mes de noviembre con otra entrada titulada La insoportable ministra de la vivienda que comenzaba diciendo: "La señora Beatriz Corredor, ministra de la Vivienda, sigue haciendo el trabajo sucio a la mafia del ladrillo, a cuyo obvio servicio está, y en contra de los intereses de los ciudadanos a los que pretende confundir de modo sistemático." Ahora resulta que el precio de la vivienda está bajando y va a seguir haciéndolo. Por supuesto, tampoco hay que pedir la dimisión de este talento. Total, si se queda el señor Trichet, qué más da.

¿Recuerdan asimismo a aquel señor, Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España diciendo en octubre del año pasado que nadie esperara descensos en los precios del 30 por ciento y que antes de bajar los precios estaban dispuestos a regalar las casas a los bancos? ¿Otro profundo conocedor del mercado o uno que amenazaba a ver si entre la ministra y él conseguían colocar a la gente el stock de viviendas sobrevaloradas en un cuarenta por ciento con márgenes de beneficios que llegaban a veces al setenta por ciento? Elijan lo que prefieran pero la situación al día de hoy es: a) que los precios han bajado ya entre un ocho y un diez por ciento; b) que los bancos están quedándose con las viviendas porque los constructores no las venden y no pueden devolver los créditos le guste al señor Chicote o no; c) que los precios de las viviendas seguirán bajando este año al menos otro diez por ciento o más, hasta volver al precio normal del mercado, de nuevo le guste al señor Chicote o no.

Con estos gobernadores de bancos, ministras de la Vivienda y constructores, ¿cómo no va a haber crisis? Pues a pesar de los denodados esfuerzos de estos genios que no saben por dónde sopla el viento, el mercado está marcando claramente la dirección para salir de ella: baja el precio del dinero, baja el euribor, se abaratan las hipotecas y el Estado debe facilitar por todos los medios la contratación de éstas. Si ahora los empresarios del ladrillo venden el stock con una rebaja entre el treinta y el cuarenta por ciento (que siempre será mejor que no vender nada, dejar que se deprecie y, al final, endosárselo a los bancos) el ahorro que ha aumentado mucho en el último año iría a la adquisición de vivienda, lo que permitiría que el sector arrancara de nuevo y tornara a ser la locomotora de la economía española.

Pero, claro, para eso hace falta tener reflejos, perspicacia y flexibilidad. Y no es el caso.

Lo curioso es que, al final, será el mercado solo el que imponga esta solución en contra, como se ve, del parecer de los señores Trichet y las señoras Corredor que no están ganándose el sueldo en modo alguno. El caso del señor Chicote es distinto por ser empresario privado. Él, probablemente, sí conoce las tendencias del mercado y si dice lo que dice es por salvaguardar sus intereses y por si cuela.

Pero no cuela. Los precios bajan y seguirán bajando hasta que se crucen con la demanda, lo cual es el abc de la economía.

(La imagen es una foto de looking4poetry, con licencia de Creative Commons).

martes, 9 de diciembre de 2008

La mafia del ladrillo al descubierto.

La noticia de El País era bien clara: Martinsa se apuntó revalorizaciones de terrenos hasta del 19.000%, es decir, solares que valían trescientos mil euros pasaban a valer sesenta y cinco millones. Aquella fabulosa burbuja inmobiliaria que nadie se explicaba, con unos precios que no hacían si no subir y subir y subir, a pesar de las continuas advertencias de organismos internacionales de que estaban sobrevalorados, tenía un origen ordinario, casi de cajón: unos sinvergüenzas robando a todo trapo; unos tipos, magos de la "ingenieria financiera" que sacaban millones de donde no había nada. Y lo hacían con el concurso y la complicidad directa de las entidades financieras. Al parecer, la (presunta; aquí es siempre todo presunto) estafa de Martinsa venía avalada por no sé qué tasadora que estaba participada al ciento por ciento por Cajamadrid que luego daba los créditos hipotecarios para comprar unas propiedades que ella misma había ayudado a sobrevalorar. Y las agencias de calificación de riesgo haciendo la vista gorda.

Y tan gorda. Como para no ver delitos y estafas en donde probablemente los había. Porque si esto es lo que hacía Martinsa, habrá que ver qué hicieron Mortinsa, Partensa, Putensa y todos los demás para conseguir que los precios de las viviendas en España se dispararan e hipotecar así de por vida a generaciones enteras en uno de los mayores actos de despojo que hayan visto los tiempos. Porque eso fue un delito y una estafa. Una estafa como el famoso "toco mocho", cuando pringaba a los compradores en hipotecas para adquirir bienes sobrevalorados, concedidas alegremente, sin avales, sin garantías o con avales cruzados por los mismos que las habían sobrevalorado. Toda esa gente que ahora se encuentra con que sus viviendas valen aproximadamente la mitad de la hipoteca que ha suscrito y que la tiene ahogada...en época de penuria y sin empleo.

Además del toco mocho, esta presunta estafa se incardina en la mecánica de la ingeniería financiera de "futuro", como la de Afinsa: imposiciones con rentabilidad fabulosa, créditos a go go, basados en la creencia de que la espiral de la estafa seguirá funcionando en el futuro, que cada vez se reclutarán más ingenuos para pagar los intereses comprometidos, que los precios de las viviendas no bajarán ni la demanda caerá.

Pues la demanda ha caído, el futuro se ha cerrado, las inmobiliarias están todas en concurso de acreedores, las hipotecas en impago y los precios inflados por los codiciosos y sinvergüenzas de turno tienen que bajar. En este contexto se entiende el perfil moral de la ministra de la Vivienda, doña Beatriz Corredor, que lleva meses tratando de impedir que esto suceda, que bajen los precios, y empujando a la gente a seguir comprando a precios inflados. Habrá gente que pague el pato, todos los entrampados en hipotecas basura (se calculan en unos 60.000) para los que el Estado habrá de encontrar una solución. Pero los precios tienen que bajar porque es la única forma de salir de la crisis. Aunque la mafia del ladrillo acabe toda en la cárcel que es en donde debiera estar por haberse enriquecido a base de imposibilitar que la gente acceda a un derecho reconocido con la boca chica por esta celebrada Constitución cuyo trigésimo aniversario acabamos de celebrar.

(La imagen es una foto de sicoactiva, bajo licencia de Creative Commons).

martes, 11 de noviembre de 2008

La insoportable ministra de la Vivienda.

La señora Beatriz Corredor, ministra de la Vivienda, sigue haciendo el trabajo sucio a la mafia del ladrillo, a cuyo obvio servicio está y en contra de los intereses de los ciudadanos a los que pretende confundir de modo sistemático. Ya desde que tomó posesión viene haciendo activa propaganda, animando a la gente a comprar vivienda aun sabiendo que los precios están inflados en torno a un cuarenta por ciento y que la gente se entrampa en condiciones muy difíciles. Ayer volvió a hacerlo y sirviéndose también de una invención, una fábula: asegura que los precios han bajado un quince por ciento y que, por tanto es un buen momento para comprar cuando su propio Ministerio sostiene que los precios han subido un 3,6 por ciento. ¿No es esto suficiente para pedir la comparecencia parlamentaria de esta señora para que explique qué intereses está defendiendo en su labor como ministra? No se le pide a la ministra ya que diga la verdad; pero, por lo menos, que no trate de confundir a los ciudadanos en beneficio de las inmobiliarias.

(La imagen es una foto de 20 Minutos, bajo licencia de Creative Commons).

jueves, 30 de octubre de 2008

La vivienda, de derecho a estafa.

La señora ministra de la Vivienda, doña Beatriz Corredor, registradora de la propiedad de profesión, comenzó su mandato tratando de favorecer a los empresarios del ladrillo y las grandes inmobiliarias que son quienes han organizado en buena medida el desbarajuste que hay hoy en la construcción en España a base inflar los precios hasta extremos en que, por su codicia sin límites, han matado a la gallina de los huevos de oro y ahora los amenaza la quiebra. Y como todo lo que sea favorecer a los tipos del ladrillo es ir en contra de los intereses de la gente es claro que la señora Corredor empezó haciendo todo lo posible para ayudar a estafarla. En el mes de junio pasado la señora Corredor decía, contra toda evidencia en contrario, que era un buen momento para comprar una vivienda con los precios inflados en más de un cuarenta por ciento. ¿Qué quería con estas declaraciones? Obviamente engañar a la gente para que se entrampara a los precios astronómicos que pedían los tiburones empresariales. Es decir, no recomendaba a estos tiburones que bajaran los precios para que la gente pudiera comprar, sino que trataba de engatusarla para que las empresas no perdieran beneficios. Todavía hace poco y sabiendo que los precios de las viviendas no han bajado lo que debieran la señora ministra volvió a tratar de empujar al personal asegurando que es un buen momento para comprar una vivienda lo que es obviamente otra mentira destinada a favorecer a los empresarios. Y su tendencia no acaba aquí. Si no llega a ser por el señor Solbes, esta registradora de la propiedad que parece a sueldo del ladrillo, hubiera asignado miles de millones para salvar del hundimiento a las constructoras.

Enemiga jurada del derecho a una vivienda digna esta señora vuelve a sacar ahora la idea socialista de los pisos de treinta metros cuadrados que es un verdadero insulto. También ha conseguido la señora ministra que le aprueben el plan de prolongación de las cuentas viviendas por dos años más. Se trata de una medida que puede venir bien a quien la experimente pero sobre todo a quien beneficia es a los constructores que así tendrán dos años más en los que esperan poder quedarse con los ahorros de la gente vendiéndoles los pisos de sesenta metros como si fueran Buckingham Palace.

Por fin sin embargo la señora Corredor se ha caído del caballo, como Saulo en el camino de Damasco y empieza ya a decir que no es un drama que los constructores vendan las casas por lo que ahora valen en el mercado. Parece que la luz se ha hecho en sus cortas entendederas o bien ya se ha dado cuenta de lo impopulares que son sus propuestas. Ahora sólo falta que haga verdad sus palabras y que, como decía ayer no está dispuesta a ayudar a los promotores con el dinero que tiene para ayudar a los ciudadanos. En fin, no se le está pidiendo que actúe como una ministra socialista y mire antes que nada por los intereses de los que no tienen nada; se le está diciendo que no favorezca a los estafadores y sinvergüenzas que se han enriquecido negando a la gente el derecho a una vivienda digna, que se comporte como una persona decente y una demócrata. Seguramente los empresarios no la tratarán igual cuando deje su cargo, pero habrá cumplido con su deber que consiste en ayudar a los entrampados, hipotecados, medio asfixiados y no a los estafadores del ladrillo.

(La imagen es una foto de Sublibrarian of the year, bajo licencia de Creative Commons).

viernes, 10 de octubre de 2008

Los del ladrillo amenazan de nuevo.

Si Vd. es fabricante de un producto cualquiera, acude Vd. al mercado con intención de venderlo y pide Vd. por él un precio tan disparatado que los posibles clientes no pueden comprarlo entiende Vd. de inmediato que, si quiere seguir con la idea de vender, deberá bajar el precio hasta donde a los compradores les interese comprar. Tendrá que hacerlo... salvo que pertenezca Vd. al sector comúnmente llamado "del ladrillo". En nombre de éste el señor Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España dice que nadie espere descensos del treinta por ciento en los precios de las viviendas y que antes de bajar los precios se las dan a los bancos. Sostiene el señor Chicote que el sector inmobiliario ya había bajado los precios un quince por ciento y que no hay margen para más. Nadie ha visto ese descenso del quince por ciento y, aunque fuera verdad, si el precio es excesivo no hay otro remedio que bajarlo. Todos los analistas extranjeros que estudiaron el mercado inmobiliario español en los años del ladrillo gordo coincidían en que estaba sobrevalorado entre un veinte y un cuarenta por ciento. El señor Chicote dice que no hay margen porque éste es del veinte por ciento ya que el ochenta por ciento restante es pago de hipoteca.

Aunque estos datos fueran verdaderos, lo que se perfila es un impago inmenso del ladrillo a la banca valorado en más de trescientos mil millones. La construcción no puede pagar su deuda. Por tanto, antes de que las entidades financieras se hundan, devoradas por los impagos, tendrán qye renegociar la deuda con las inmobiliarias, lo que permitirá a éstas vender el stock de vivienda que tienen acumulado, siempre que lo hagan rebajando el precio lo que el mercado demande y no ordenando que la gente pague lo que a ellas se les pone en las narices. Nadie rebaja gozoso y es claro que quien se ve obligado a hacerlo se lleva un disgusto y jura que no lo hará y que antes, eso, le regalará los pisos a los bancos que es justo lo que los bancos tratan de evitar a toda costa. Pero la otra opción es perecer.

Los de la ACPE también amenazan con un aumento grande del paro si se sigue sin construir. Igualmente lamentan comunicar que tampoco se podrán construir viviendas protegidas porque no hay dinero. Como si antes las construyeran siendo así que había que obligarlos por ley. Es todo puro chantaje que se reduce a la propuesta de "dadnos lo que pedimos o las consecuencias pueden ser peores para todos".

En todo caso está claro que todo el mundo tiene la culpa de la crisis actual menos los del ladrillo: la tiene la gente que se obstina en no comprar; los bancos que siguen sin dar crédito ni hipotecas; el Gobierno que debiera estar administrando las subvenciones para que los bancos tengan dinero y, sobre todo, que les llegue a ellos que antes que bajar los precios de las casas en un treinta por ciento se las dan a los bancos. Algo así como cuando los hortelanos tiran los tomates o los lecheros vierten la leche porque no alcanzan por ellos los precios que demandan; sólo que en estos casos suelen tener razón, a diferencia de las inmobiliarias, que pretenden imponer precios abusivos y recabar la ayuda del Estado, o sea de los contribuyentes, para seguir enriqueciéndose a costa de estos.

Y uno entiende qué mala gente es esta del ladrillo porque, si dan las viviendas, esto es no reciben nada a cambio, ¿por qué no se las dan a la gente para que pueda ejercitar ese derecho a la vivienda digna que los precios de las inmobiliarias le impide ejercer?

(La imagen es una foto de Fernando Arconada, bajo licencia de Creative Commons).

miércoles, 6 de agosto de 2008

Gracias Ministra.

La señora ministra de la Vivienda, doña Beatriz Corredor, lleva tres meses haciendo declaraciones y anunciando medidas sobre la crisis inmobiliaria. En todas ellas se daba a entender que el Gobierno está muy preocupado por el desastre del mercado de la construcción residencial y que piensa intervenir pero nunca quedaba claro quién pagaría los platos rotos del desaguisado. Hay pocas dudas de que, en lo esencial, éste proviene de la irrefrenable codicia de las empresas del ladrillo que, muy inteligentemente, han puesto los precios fuera del alcance de los bolsillos de la gente y ahora se encuentran con un stock de viviendas sin vender que están ahogándolas. A tenor de lo que la Ministra decía se colegía que el Gobierno pretendía acudir en auxilio de los empresarios para que no tuvieran que bajar los precios mediante dos mecanismos. Uno consistía en sacar al mercado las viviendas no vendidas como viviendas de protección oficial (VPOs) pero sin explicar quién abonaría la diferencia entre el precio que los ladrilleros pedían y los de las VPOs y sugiriendo que serían los poderes públicos. El otro era aprontar trescientos millones de euros para comprar suelo a las inmobiliarias para afectarlo luego a construir VPOs y siempre sin aclarar a qué precio se compraría dicho suelo.

Ayer la citada ministra tuvo el detalle de publicar un artículo en El País titulado Con el suelo público no basta en el que pretende aclarar ambos extremos. Muchas gracias, señora Corredor.

¿Lo ha conseguido? Veamos: en lo que respecta a la primera ambigüedad parece que sí por cuanto propone acometer la crisis permitiendo que las viviendas no vendidas "se califiquen como de protección oficial si llevan un año terminadas. Y, siempre, naturalmente, dentro de los precios máximos determinados por el módulo de la vivienda protegida. Porque la obligación del Estado es ayudar a los que tienen más dificultades para acceder a la vivienda, pero no garantizar con dinero público los beneficios privados. Éste es, a juicio del Gobierno, el límite al que el Estado puede llegar. Ir más allá, utilizando el dinero público para intervenir en el mercado, ayudando a que los promotores vendan su stock a precios superiores a los de la vivienda protegida, sería destinar el dinero de todos a garantizar el beneficio de unos pocos. Los ciudadanos no lo entenderían." Me parece que está claro: quiere decir que los ladrilleros pueden vender el stock bajando los precios, que es de lo que se trata sin que los poderes públicos (o sea, todos nosotros) tengamos que pechar con el lucro cesante. Le tomo la palabra.

En el segundo asunto la Ministra también aclara pero subsiste una duda. Es verdad que, como ha señalado mucha gente, incluido el vicepresidente señor Solbes, trescientos millones de euros es una cantidad casi simbólica en comparación con la deuda de las inmobiliarias pero, aun así, los ciudadanos no tenemos por qué pagar los abusos de los ladrilleros ni simbólicamente. Dice la señora Ministra que con el suelo público no basta. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Se trata de un cálculo a plazo y, visto lo visto, nada obliga a creer que los cálculos del Gobierno sean ciertos. ¿Por qué no esperar a ver si las VPOs que de verdad se construyan sobrepasan las disponibilidades del suelo público? De todas formas, otro párrafo del artículo también tranquiliza al respecto puesto que la Ministra asegura que los poderes públicos comprarán el suelo que más se ajuste a sus planes "y además, adquiriéndolo a precio de vivienda protegida", es decir, a precio inferior al del mercado fijado por los especuladores del ladrillo. Siendo esto así, tampoco hay gran cosa que objetar, sino agradecer a la Ministra que haya dado las explicaciones pertinentes para aclarar las intenciones de un Gobierno de izquierda que parecía de derecha y de derecha ladrillera.

(La ilustración es un dibujo de Odilon Redon, "La armadura", de 1891).

jueves, 31 de julio de 2008

El todopoderoso lobby del ladrillo.

Todavía hay ecos de la maniobra de la ministra de la Vivienda de acudir en defensa de los empresarios del ladrillo con trescientos millones de euros. Con ese dinero, la señora Corredor, digna discípula del señor Sebastián (que acaba de presentar un "plan" de ahorro energético de mucha risa) pretende comprar suelo a las inmobiliarias y evitar así que se vean obligadas a bajar los precios a causa del exceso de oferta en el mercado y a reducir sus márgenes de beneficio. Que esto del mercado libre y el libre juego de la oferta y la demanda sólo funciona en época vacas gordas y beneficios. Cuando no hay beneficios corresponde a los trabajadores pechar con las reducciones, gracias a la decidida intervención de unos poderes públicos que el resto del año predican el abstencionismo de la administración en los mercados. Y aquí sí que no hay diferencias entre derechas e izquierdas: todos van en contra de la gente.

Aún no se han apagado los ecos de la controversia que esta decisión ha suscitado cuando leo otra noticia en 20 minutos que tiene más o menos la misma pinta: la comunidad de Madrid firma un convenio con las constructoras para sacar pisos al mercado con una rebaja del 20%. He aquí otro ejemplo del poder de las inmobiliarias, capaces de conseguir lo que no consigue nadie: que las administraciones públicas absorban sus pérdidas; es decir y dado que las "administraciones públicas" son en el fondo los ciudadanos, que seamos los ciudadanos quienes las compensemos por sus pérdidas, queramos o no. Hasta aquí llega el liberalismo de la señora Aguirre, hasta salir en auxilio de los empresarios del ladrillo a costa de los ciudadanos de la comunidad, como si fuera una bolchevique intervencionista.

Por supuesto la noticia es ambigua y como información deja que desear, lo que es también un indicio de su procedencia pues la citada Comunidad de Madrid ha demostrado ser inigualable en mezclar información y propaganda. Deja que desear porque no aclara quién pagará ese veinte por ciento de rebaja en el precio con que los pisos saldrán al mercado. Sin embargo, no debe haber duda alguna: los empresarios cobrarán el ciento por ciento de sus abusivos precios actuales, desglosado del modo siguiente: ochenta por ciento lo abonarán los compradores en el mercado y el veinte por ciento restante la Comunidad de Madrid, es decir, todos los ciudadanos, nos guste o no. Porque si los empresarios fueran a sacar al mercado las viviendas que no venden por ser excesivamente caras con una rebaja del veinte por ciento ¿para qué necesitan un convenio con la Comunidad de Madrid? Les bastaría con ir al mercado directamente y ofertar su stock con ese descuento, que tampoco les funcionará dado que, como se sabe, la vivienda está sobrevalorada en un cuarenta por ciento.

Si tienen un convenio es porque la Comunidad absorbe el lucro cesante de los empresarios a base del truco ese de reconvertir vivienda libre en vivienda de protección oficial (VPO). Como se ve, los del ladrillo están siempre "reconvirtiendo" para llenarse los bolsillos. Porque esto de las VPOs es una historia llena también de enseñanzas sobre lo sinvergüenza que es la gente, el abuso de los empresarios del ladrillo y la complicidad de los dirigentes políticos, aunque se digan socialistas, como la señora ministra Corredor. Cuando los precios de las casas crecían sin parar en un mercado que no parecía tener límites, los empresarios no construían VPOs porque los márgenes de beneficios eran menores. Es ahora cuando se acuerdan de ese tipo de viviendas para hacer una trampa: la viviendas en régimen de mercado libre a sus precios exorbitantes pueden reconvertirse en VPOs con la consiguiente rebaja para los compradores, pero que no es tal para el conjunto de la sociedad ya que la diferencia es abonada por los organismos públicos en una acción que los hace cómplices de este abuso de los ladrilleros que no solamente siguen forrándose a costa de la gente sino que ahora pueden presumir de su aportación "social" a las VPOs.

¿Y no habrá nadie que detenga este saqueo de las arcas públicas en época de crisis económica?

(La imagen es una foto de Joriel "Joz" Jiménez, bajo licencia de Creative Commons).

lunes, 28 de julio de 2008

El Gobierno al servicio de la mafia del ladrillo.

Hace días que vengo posteando sobre la ya más que evidente coyunda entre el Gobierno dizque socialista y las empresas inmobiliarias. El veinticinco de este mes, el post se titulaba El Gobierno financia a la mafia del ladrillo, a propósito de la decisión de la ministra de la Vivienda, señora Corredor, de destinar trescientos millones de euros (y no de su bolsillo, claro) a comprar suelo a las constructoras con el pretexto de edificar luego viviendas de protección oficial (VPOs) pero con la intención clara de acudir en auxilio de aquellas para que no se vean obligadas a bajar los precios, sobrevalorados en un 40%, esos precios que impiden que la gente pueda acceder a la vivienda. Esta decisión mereció un editorial muy crítico de El País al día siguiente, veintiséis de julio, titulado Una receta equivocada en el que se ponía en solfa la decisión de la ministra, por entender que trataba de evitar que bajaran los precios.

La ministra (y su mentor espiritual, el señor Sebastián, ministro de Industria que, para desgracia de la gente, parece manda mucho en La Moncloa) debe de ser un peón del lobby del ladrillo en el Gobierno, pues sólo vela por sus intereses, al punto de intentar engañar a la buena gente hace un par de meses, incitándola a comprar vivienda con el cuento de que Es el momento adecuado para comprar una vivienda, que hace falta tener caradura, cuando sabe que los precios no han bajado todavía y, si de ella depende, no bajarán pues, como se ve, está dispuesta a emplear recursos públicos que faltan en otros ámbitos de acción del Gobierno, especialmente en la legislación de dependencia y otras políticas sociales.

Es decir, este Gobierno de "izquierda" está muy interesado en "facilitar el asalto al poder de los amigos ladrilleros" del ministro señor Sebastián. Véase al respecto el interesante artículo de Carlos Sánchez en El Confidencial, titulado ¿En qué se parecen Miguel Sebastián y el profesor Franz de Copenhague? y que contiene el siguiente demoledor párrafo: "Sostiene Sebastián ahora que la solución a los problemas inmobiliarios de este país es que los poderes públicos compren suelo y se dediquen a construir viviendas. Sin duda que estamos ante la formulación más brillante de su larga y fructífera carrera como economista profesional. Resulta que en un país en el que el 16,2% del parque de viviendas está desocupado (datos del Censo de 2001), en el que el número de viviendas por hogar es de 1,55 (datos del Banco de España) y en el que hay entre 800.000 y un millón de pisos sin vender, la solución es seguir construyendo más y más. Y lo dice quien se quita la corbata y viaja en metro para ahorrar energía. Ni al mismísimo profesor Franz de Copenhague se le hubiera ocurrido una solución tan ‘imaginativa’."

Y el asunto es peor de lo que parece. En principio podría pensarse que se trata de un caso de mera incompetencia, pero lo que se va sabiendo tiene mucha peor pinta. Según informa hoy El País, el señor David Taguas, amigo y colaborador del señor Sebastián y exdirector de l Oficina Económica de La Moncloa estuvo intrigando desde su puesto ante bancos y cajas y con los ministros del Gobierno para tratar de salvar con dinero público a la empresa Martinsa que, como se sabe, está hoy en concurso de acreedores. El señor Taguas dejó su puesto hace cosa de mes y medio para presidir la patronal de las grandes constructoras (SEOPAN), una especie de alto estado mayor del ladrillo, provocando un problema de posible incompatibilidad que el Gobierno resolvió de modo poco elegante, cerrando el paso a una investigación parlamentaria con ayuda de los catalanistas. Es decir, mientras era asesor del presidente del Gobierno, el señor Taguas defendía los intereses de las inmobiliarias y su salto al sector privado es un pago diferido. Nos entendemos ¿verdad?

O sea, el asunto no es tan cándido como parece a primera vista; no se trata solamente de que un par de ministros no sepan de la misa la media y, digamos, propugnen soluciones erróneas por desconocimiento. Nada de eso. Todo parece indicar que se trata de una operación deliberada del lobby del ladrillo para entrar a saco en las finanzas del Estado con el apoyo de los gobernantes, cuando menos de los ministros señores Sebastián y Corredor, para evitar el ajuste natural del mercado después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria a través del descenso de los precios que será la única forma en que la gente, especialmente los jóvenes que llevan años en las casas de los padres, pueda acceder a una vivienda. Es más que ignorancia o estupidez y, en consecuencia, es de esperar haya una interpelación parlamentaria de la oposición que lleve a investigar qué relaciones hay entre los señores Sebastián y Corredor y los empresarios del ladrillo. Antes de que alguno de ellos, o los dos, den un salto parecido al del señor Taguas.

(La imagen es una foto de Daquella manera, bajo licencia de Creative Commons).

viernes, 25 de julio de 2008

El Gobierno financia a la mafia del ladrillo.

Al final resultó que había crisis como sabía y señalaba todo el mundo y el Gobierno se obstinaba en negar con la misma verosimilitud con que el del PP lo hizo en su día a propósito del Irak. Es obligado repetir aquí la celebérrima sentencia del presidente Abe Lincoln: se puede engañar a toda la gente parte del tiempo y a parte de la gente todo el tiempo; pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo." Eso fue lo que intentó hacer el gobierno del PP en marzo de 2004 y lo que lleva meses intentando hacer éste al afirmar que no hay crisis económica contra toda evidencia y sentido común. Y mira que debe de haber pocas cosas más irritantes que unos gobernantes tratando de hacer creer a la gente que las cosas no son como son.

Por fin, la enésima oleada de malos datos económicos, con el paro en un 10,4%, la inflación acercándose al 5%, el déficit del Estado en el 0,5%, el euríbor en un 5,3%, ha obligado al Presidente y sus Ministros más recalcitrantes a reconocer lo obvio, esto es, que hay una crisis y que no se puede seguir engañando todo el tiempo a todo el mundo. Lo que ya no se recuperará será la confianza. La confianza es como el vidrio: una vez rota, se va para siempre. A mí, el señor Rodríguez Zapatero y sus amigos pueden contarme ya lo que quieran que no los creeré, tras verlos mes tras mes tratando de engañarme de forma tan estúpida como el señor Aznar con sus armas de destrucción masiva.

Pero es que hay más y más grueso aun. Con la crisis encima y aunque tanto el señor Rodríguez Zapatero como el señor Solbes o la señora De la Vega (ninguno de los cuales tiene crédito) han afirmado que el Gobierno cumplirá sus compromisos sociales, está claro que eso va a ser muy difícil cuando no imposible. Ya ha empezado a vacilar la ministra de Educación, señora Cabrera, admitiendo que no hay dinero para cumplir la Ley de la Dependencia. La Ley de la Dependencia ni la Ley de Violencia de Género, ni las políticas de igualdad ni nada. Todas esas bellas normas de las que tan orgullosos nos sentíamos no se aplican o lo hacen a trancas y barrancas por falta de medios materiales, de juzgados, de instalaciones..., de fondos. Sin embargo, este Gobierno "socialista" ya ha comprometido 300 millones de euros para ayudar a las empresas inmobiliarias a salir de la crisis comprándoles terreno para viviendas de protección oficial.

Estoy tan indignado que no sé si conseguiré acabar el post. Veamos: las empresas que llevan diez años inflando los precios de las viviendas, poniéndolas fuera del alcance de los jóvenes que llevan tres haciendo manifestaciones por su derecho a la vivienda, hipotecando al resto de la población de por vida con pagos mensuales equivalentes al cuarenta, el cincuenta, el sesenta por ciento de sus salarios, vendiendo chamizos de cincuenta metros cuadrados por trescientos mil euros, esas empresas, que comercian con bienes de precio inflado hasta un cuarenta por cien y forrándose a costa de la gente, ahora que la burbuja ha pinchado y hay crisis, acuden al Estado y el Gobierno (el Gobierno "socialista") les regala trescientos millones de euros para que no tengan que bajar los precios y puedan seguir abusando de la gente.

La responsable de esa granujería es la ministra de la vivienda, señora Corredor, que lleva meses tratando de favorecer a la mafia del ladrillo. Detrás de ella, el ministro de Industria, señor Sebastián, el que se presentó a alcalde de Madrid sin tener ni idea del cargo y pensando que la gente es idiota. Y detrás de ellos dos, el presidente, señor Rodríguez Zapatero que, tras mentir sobre la crisis, dice ahora que habrá dinero para políticas sociales pero se lo entrega a los especuladores del ladrillo. Dice la señora Corredor que esos millones no tratan de ayudar a las empresas inmobilirias. Sobre la befa la mofa porque, entonces, ¿qué tratan de hacer?

Y sobre todo, ¿cómo llaman Vds. a un Gobierno socialista que favorece a los especuladores como Martinsa en contra de los intereses de la gente corriente y moliente?

(La imagen es una foto de Martin, bajo licencia de Creative Commons).

jueves, 24 de julio de 2008

Por la senda de la normalidad.

Más de cuatro años han sido precisos para que el partido de la derecha acepte los resultados electorales del catorce de marzo de 2004 y el nueve del mismo mes de 2008 (dos derrotas para él) y substituya su actitud de enfrentamiento radical, de intransigencia, sin concesión alguna, por otra de entendimiento con el Gobierno en los asuntos de Estado y oposición constructiva en los demás. O sea, el abc de los sistemas democráticos, la idea de la leal oposición que presupone un territorio común de acuerdo entre los principales partidos, ganen o pierdan las elecciones, sin el cual la política se hace imposible, sustituida para la confrontación civil sistemática que sólo puede acabar en crisis institucional y quién sabe si algo peor.

De la mano de los señores Acebes y Zaplana y con el beneplácito de un Rajoy dolido por el resultado electoral de marzo de 2004, el PP arrancó la legislatura anterior en la creencia de que podía conseguir la disolución de las Cortes y elecciones anticipadas. Con ese ánimo no escatimó esfuerzos en todos los campos por desestabilizar cuando no paralizar el sistema político, organizó frecuentes manifestaciones con los más diversos motivos, instrumentalizó o trató de instrumentalizar las instituciones en su beneficio, en especial el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) y jugó a la bronca parlamentaria permanente. Cuando se vio que no habría elecciones anticipadas, el PP llevaba ya mucha velocidad, arrastrado por sus medios de comunicación, El Mundo y la COPE y no alcanzó a frenar antes de estamparse contra las urnas.

El resultado del nueve de marzo de 2008 ha sido un shock para la derecha. El PSOE sigue gobernando en minoría parlamentaria pero el PP ha girado 180º, pasando de la confrontación irreductible a la política de acuerdos. El cambio ha sido bastante traumático y conflictivo. Rajoy acaudilló el giro al centro y el sector más ultramontano del partido se le echó al monte, empezando por la señora Aguirre y terminando con la señora San Gil. La escena de los señores Rodríguez Zapatero y Rajoy sonrientes aprietamanos a las puertas de La Moncloa no ha sentado bien en Libertad Digital donde temen que se imponga ese espíritu de conciliación en La COPE. Para coadyuvar al entendimiento, siempre en su elegante estilo, el señor Aznar sale diciendo que el del señor Zapatero es el único Gobierno radical y sectario que sigue en pie en Europa.¡Dios mío! ¿Qué hará el infeliz de Rajoy pactando con radicales y sectarios? Por cierto, tómese nota de los epítetos: "radical" y "sectario". Radical no en el sentido de profundo, sino de extremista, válgame el Señor. Extremista Rodríguez Zapatero.

Es el caso que, con gran tino por ambas partes, han pactado recomponer la unidad democrática frente a ETA, cosa que jamás debió romper el PP, y renovar el CGPJ y el TC. Enhorabuena a los dos. Es verdad que en su exposición, el señor Rajoy dejó caer la habitual insidia de que el PP apoya al Gobierno porque la política antiterrorista de éste le convence, dejando así abierta la posibilidad de enfrentarse de nuevo si dicha política antiterrorista deja de convencerle, cosa que sucederá seguramente cuando se acerquen elecciones. Pero esto son menudencias. Esencial es la renovación del CGPJ y del TC.

En el resto, en concreto en Economía, no ha habido acuerdo. Y no me extraña: tampoco yo estoy de acuerdo con las políticas enuncidas por el Gobierno para combatir la crisis aunque no quiera decir que haya coincidencia entre los dos rechazos fuera del muy obvio de que no es de recibo aprestar dinero público para ayudar a empresas en dificultades, que es lo que ha hecho la ministra de Vivienda, señora Corredor a instancias del ministro de Industria, señor Sebastián, dos pájaros empeñados en favorecer a los empresarios del ladrillo, los que llevan diez años amasando fortunas a costa de que la gente no pueda acceder a una vivienda. Además de inmoral, desde el punto de vista de la izquierda, la medida es absurda porque carece de impacto verdadero. La señora Corredor, registradora de la propiedad, como el señor Rajoy, ya recomendaba hace poco a la gente que comprara viviendas porque era un "buen momento" para ello cuando la realidad era la contraria: había y hay que seguir sin comprar hasta que los vendedores bajen unos precios que, según dictámenes de diversos organismos, están sobrevalorados hasta un cuarenta por cien. La señora ministra de las inmobiliarias interviene precisamente para que eso no se dé, esto es, el descenso de los precios, al que ella llama "ajuste". Nadie que no sea empresario del ladrillo o esté al servicio de uno de ellos puede pensar que sea oportuno o conveniente comprar antes de que las empresas que quieren vender hayan bajado el precio Ese misma ministra asigna trescientos millones de euros de dineros públicos a comprar terrenos a las inmobiliarias; trescientos millones para salvar empresas privadas en dificultades que podrían ir a financiar la Ley de Dependencia, que no se aplica por falta de medios materiales.

Insisto, además de inmoral la medida me parece estúpida pues aunque a la señora Corredor trescientos millones de euros le parezcan mucho y sin duda lo sea, no es nada tratándose de empresas cuyas deudas se mueven en miles de millones. Bueno, sí sirve: sirve para que se vea que, diga lo que diga el señor Rodríguez Zapatero, las medidas siempre "chocan contra los mismos". Con él como con los demás.

Y lo más irritante de todo es con qué astucia presenta el Gobierno una medida de descarnado apoyo a los empresarios del ladrillo al tiempo que se invoca el gasto social. Trescientos millones de euros para acudir en socorro de las inmobiliarias no es gasto social; es lo contrario.

(La imagen es una foto de Visentico/Sento, bajo licencia de Creative Commons).

lunes, 21 de julio de 2008

Por la justicia

Pillo en el blog Viramundeando una campaña por la justicia y la libertad de las personas a la que me sumo de mil amores. Ignoro por qué la juez titular de Illescas ha impuesto una fianza de 133.333 € al alcalde de Izquierda Unida de Seseña, señor Manuel Fuentes, fruto de la querella que ha interpuesto contra él el señor Francisco Hernando (a) "el Pocero". Todo hace suponer que, a diferencia del anterior alcalde del lugar, el socialista José Luis Martín, procesado por prevaricación y que, al parecer, no ha sabido explicar el origen de su repentina fortuna, este otro es honrado y no se pliega a presiones ni chantajes, razón por la cual está ya ante los tribunales. Llevamos tanto tiempo pensando que la administración local está corrompida que si encontramos un alcalde honrado no nos lo creemos. Pero, además de sorprendernos, hay veces en que es necesario actuar y ésta es una de ellas si queremos que el alcalde honrado Manuel Fuentes pueda seguir gobernando ese municipio.

2105-0036-11-1242029983.

Es el número de cuenta que Izquierda Unida ha abierto en Caja Castilla-La Mancha para hacer frente a la citada fianza de 133.333 euros impuesta por la titular del juzgado nº4 de Illescas. Se nos pide solidaridad y se nos dice que, cuando se celebre la vista, se nos devolverán los cuartos que ahora entreguemos. Incluyo el número por si alguien decide hacer una aportación. Todo ayuda, Fuenteovejuna. Yo ya la he hecho y por eso animo a ello.

(La imagen es una foto de Samu73, llamada "colmenas humanas" bajo licencia de Creative Commons).

lunes, 9 de junio de 2008

Más sobre el timo del ladrillo.

El sedicente gobierno socialista tiene en pie de guerra a los autónomos y al transporte en general, así como a la pesca de bajura, es decir a dos sectores del trabajo, pero ha salido en defensa de las inmobiliarias y las empresas de construcción, dispuesto a salvarlas invirtiendo dinero público para mantener artificialmente altos los precios de la vivienda en consonancia con los intereses de los especuladores del ladrillo. El mismo dinero que regatea a los autónomos del transporte. Me gustaría creer que es puro atolondramiento y no que esté haciéndose una política deliberada de proteger al capital que esquilma a la gente y dejar que esa misma gente se las componga como pueda. Pero cada vez es más difícil porque cada vez está más clara la línea gubernativa. Las declaraciones de la ministra de la Vivienda, señora Corredor, ya comentadas aquí en un post del seis de junio titulado La no crisis incitando a la gente a comprar vivienda ahora porque es el mejor momento son muestra evidente de la supeditación del Gobierno a los intereses de las inmobiliarias.

¿Por qué? Muy sencillo. La Ministra no puede desconocer, pues llevan años diciéndolo todos los organismos de analisis económico independientes y todos los servicios de estudios de bancos y entidades financieras, que la vivienda en España está sobrevalorada entre un 20 y un 40%. Y años quiere decir años. En el año 2005 el Banco de España decía que la vivienda en España está sobrevalorada en un 20%. En el año 2006 era el Banco Central Europeo el que advertía de que había síntomas de que el precio de la vivienda estaba sobrevalorado en la zona euro y por lo tanto también en España. En el año 2007, según un informe del Instituto Juan de Mariana, publicado en El economista la vivienda en España tenía una sobrevaloración del 40%. Es obvio que los precios no han bajado un 40%; es más, simplemente no han bajado, sino que, como dice la misma señora Corredor, aumentan ahora según el IPC. Entonces, ¿por qué dice la tal ministra que es el momento adecuado de comprar una vivienda? ¿Es que no lee los informes de los bancos ni siquiera la prensa? ¿No se ha enterado de que esa vivienda que quiere que compremos está sobrevalorada en un 4o%? Es claro que tiene que saberlo y que incita a comprar para favorecer a las inmobiliarias, para que éstas sigan vendiendo a precios inflados y se consolide la brutal sobrevaloración del 40% en detrimento de los intereses de la gente. Si además tenemos en cuenta que el euríbor está ya en un 5,5% y con tendencia al alza, lo que quiere decir que las hipotecas se han encarecido en una media de mil euros anuales y esperan aun tiempos más difíciles, es imposible no ver que esta señora ministra y el gobierno del que forma parte están al servicio de los especuladores del ladrillo, una especie de mafia que ha explotado y sigue explotando a cientos de miles de españoles.

Los tribunales acaban de dictaminar que no es posible declarar al Estado responsable civil subsidiario en el caso de la presunta estafa de Afinsa, es decir que los españoles (ya que el Estado al margen de la gente que pagamos impuestos, es como la "cosa en sí" kantiana, algo incomprensible) no tenemos por qué pagar las pérdidas de quienes metieron el dinero en aquella aventura. Resulta, sin embargo, que sí vamos a tener que pagar las casas de los especuladores del ladrillo, con el precio inflado del 4o% por decisión unilateral de la administración.

Y conste que no creo que esta sinvergonzonería sea directamente obra de ese asesor del señor Rodríguez Zapatero que ha dado el salto a un consorcio o algo así de empresas constructoras, el señor Taguas. No por nada sino porque no le ha dado tiempo a hacerlo (ya se encargará de hacer cosas peores) y porque, según se ve, al Gobierno no le hace falta que le orienten en su comportamiento; va él gustoso a favorecer a los empresarios en contra de los ciudadanos, habiendo comprado el especioso argumento de aquellos de que hay que parar la "caída" del sector para evitar el aumento del paro cuando está claro que el paro en la construcción ya se ha producido en buena medida y el que haya de producirse no lo va a evitar este tipo de medidas. Es decir, al final, como dice Carlos Slim (el segundo hombre más rico del planeta y por algo será) en una entrevista ayer en El País todas las crisis son oportunidades sobre todo para quien sabe verlas y puede aprovecharlas. Los especuladores del ladrillo venden a las administraciones públicas los pisos sobrevalorados que no pueden colocar en el mercado y reducen costes por otra parte despidiendo a los trabajadores que pasan a cobrar el subsidio de desempleo. ¿Quién paga ambas cosas? El conjunto de los ciudadanos, gracias al empeño del sedicente Gobierno socialista. Desde luego, una oportunidad de oro.

(Las imágenes son sendas fotos de Rante y de quapan, ambas bajo licencia de Creative Commons).

sábado, 7 de junio de 2008

Cuando los periodistas son la noticia.

Leo en Libertad Digital que el señor Chaves, presidente de la Junta de Andalucia está invirtiendo dinero público, dinero de todos los contribuyentes, en salvar del naufragio a los promotores andaluces, y me llevan todos los diablos. Pero ¿qué clase de socialistas son estos que ayudan a los empresarios que están esquilmando a la gente hace años y tienen a cientos de miles agobiados con las hipotecas por causa de sus precios abusivos? Esto sí que es un engaño y una estafa y algo por lo que estoy seguro de que no votaron los electores del PSOE.

¿Qué quieren estos gobernantes? ¿Que los jóvenes sigan sin poder emanciparse? ¿Que nadie pueda comprar un piso? ¿Que la gente siga entrampada hasta las cejas? ¿No quedábamos en que la situación del mercado inmobiliario español era el resultado de las políticas neoliberales de la derecha? ¿Y qué es lo que quiere hacer ahora la sedicente izquierda? Pues obviamente, salvar de la crisis a las inmobiliarias que han estado forrándose a costa de los españoles y hacerlo con el dinero de esos mismos españoles.

"ZP, no nos falles" gritaban los jóvenes al presidente del Gobierno quien durante la primera legislatura no hizo literalmente nada por ellos en el asunto de la vivienda, mientras que en la segunda, bien claro está, anda engañándolos y con ellos a todos los españoles, a base de obligarlos a pagar para que los empresarios del ladrillo no tengan que bajar los precios. Bastaba con escuchar ayer a la ministra de la Vivienda, señora Corredor, tratando de incitar a la gente a la compra de pisos ahora que el euríbor está al alza desbocada y los bancos no conceden créditos si no es con sacacorchos, como si fuera la agente de las inmobiliarias.

¿Qué diablos tiene esto que ver con la izquierda o con el socialismo? Es una sinvergonzonería que ni la derecha se atreve a practicar. Espero que la gente no lo olvide cuando haya que votar de nuevo. Y que no me digan que saco la noticia de Libertad Digital y que, por lo tanto, puede ser falsa. Ni hablar: está claro que la política del señor Rodríguez Zapatero está a favor de los empresarios del ladrillo y en contra de la gente, esto es, está defraudando a sus votantes.

Es tanta mi indignación que prefiero hablar de otra cosa. En concreto de unas declaraciones de doña Cristina Schlichting, recogidas en El Plural. La locutora, que tiene un programa de la COPE, afirma que hay periodistas que están haciendo política, no información. Eso se llama morro. Porque la señora López Schlichting sabe de sobra quetal cosa es lo que hacen los periodistas de su cadena, empezando por ella, que llevan años sosteniendo al PP y haciendo lo posible por atacar a sus rivales y que aquel gane las elecciones, con tanto denuedo incluso como el que ponen los "socialistas" por proteger los intereses del capital inmobiliario, de naturaleza fundamentalmente especulativa. Ningún periodista de la COPE hace algo distinto que política y en una medida superior a la suma de todos los demás periodistas de todos los demás medios, excluida Telemadrid, que es una emisora a la mayor gloria de doña Esperanza Aguirre, agujero de despilfarro y nido de manipulación contumaz. Es más, precisamente la COPE es la única emisora desde la que un significado periodista, don Luis Herrero, ha dado el salto a la política práctica como eurodiputado del PP.

Precisamente porque los periodistas de la Cope no paran de hacer política a favor de la derecha, en especial sus dos locutores astros, han acabado siendo ellos la noticia, especialmente el señor Jiménez Losantos que va de juzgado en juzgado por su irrefrenable tendencia al insulto y la injuria. Y siempre que un periodista es noticia no por asuntos personales sino por su forma de hacer periodismo, de "encuadrar" las informaciones, ya sabemos que se trata de un periodista más o menos sectario. En este caso concreto, además del sectarismo, opera que el periodista en cuestión interviene directamente en los asuntos del partido, a favor de unos en contra de otros, trata y conspira con unos dirigentes para descabalgar a otros; en definitiva, es más que un periodista orgánico, es por así decirlo, el aparato mediático del partido (y de la Iglesia católica que, en sí misma, es un partido, el de Dios), aceptado por todo el mundo. Así que ¿de qué está hablando la señora López Schlichting? Debe de pensar que la gente es tonta.

(La imagen es una foto de contra-terrorismo mediático, bajo licencia de Creative Commons).

viernes, 6 de junio de 2008

La no-crisis.

El Confidencial Digital publicaba ayer un análisis titulado Diez datos a vuela pluma de en qué se nota que hay crisis económica a pesar de que lo sigan negando Zapatero y Solbes en el que se decía que los síntomas de la crisis eran los precios de los alimentos, la ruina de las inmobiliarias, las subidas de los carburantes, las movilizaciones inminentes, los cierres de establecimientos, el hundimiento de ventas en grandes superficies, los cierres de empresas, los pisos que se desocupan, el paro imparable y el descenso drastico en el consumo de las familias. Parece evidente, ¿no? Pues no, señor. De inmediato sale el muy competente señor Solbes y aclara que de crisis, cero; aquí lo que hay es un frenazo más brusco de lo esperado; nada más; el mismo señor Solbes cuyos cálculos y profecías quedan desmentidos no bien acaba de enunciarlos. Y el señor Rodríguez Zapatero, probablemente muy bien asesorado, insinúa que quienes hablan de crisis son poco patriotas; derrotistas, que se diría en la República; antiespañoles, como los calificaría Franco. El gobernador del Banco Central Europeo, señor JeanClaude Trichet, tan competente como el señor Solbes, supongo, dice que la cosa está muy fea, que se va a poner peor y deja entrever que para el verano todavía piensa subir más los tipos interés, lo cual ahogará aun más a las familias con hipotecas en España, que van a pagar la crisis quieran o no. A su vez, la UBS, una de las firmas financieras mundiales más importantes, a rebosar de competentes analistas económicos, sostiene que España entrará en recesión en el tercer trimestre de este año. ¿Cómo es posible que se puedan hacer juicios tan disímiles, diagnósticos tan dispares acerca del mismo fenómeno y sostener que se hacen en función de una supuesta competencia?

Y eso es en Europa. Si comparamos los dos lados del Atlántico, el asunto es de chiste: mientras los europeos suben los tipos de interés, los estadounidenses los bajan. Y que ambos piensan que están enfrentándose a un mismo fenómeno se observa en que de vez en cuando coordinan sus medidas, por ejemplo, para inyectar liquidez en los mercados y salvar de apuros a los bancos, que esos sí que no deben sufrir, vive el cielo. O sea que no solamente no se ponen de acuerdo en el diagnóstico del fenómeno que reconocen ser el mismo, sino que adoptan terapias contrarias en según qué casos. Eso sí, sobre la base de una gran experiencia, mucha competencia y conocimiento científico.

Ayer, la ministra española de la Vivienda, sin duda también muy competente, decía que es el momento adecuado para comprar una vivienda. Lo que me faltaba por ver era a una ministra socialista actuando como agente de las inmobiliarias. Espero que no lleve comisión. Porque hasta al más lerdo se le alcanza que no es el momento más adecuado de comprar vivienda alguna salvo para las inmobiliarias; a la gente normal le interesa seguir esperando hasta que los precios bajen de verdad, que no lo han hecho todavía ni lo harán mientras las grandes empresas sigan teniendo ministros como vendedores. Eso lo ve cualquiera. No hace falta ser economista, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensar de la ministra? ¿Quiere engañar a la pobre gente para que se entrampe con hipotecas en un horizonte de subidas de tipos o simplemente no sabe lo que dice?

También ayer un amable lector me perdonaba la vida y me recomendaba ocuparme de mis zapatos por haber opinado que la economía, la doctrina económica, está tan afectada por la subjetividad como la poesía. Es decir, me mandaba callar. Callar para que hable ¿quién? ¿La experta señora Corredor? ¿El experto señor Solbes de quien el no menos experto señor Montoro dice que no sabe por dónde le viene el viento? Y conste que no creo que el señor Montoro sepa más que el señor Solbes. Creo que ninguno de los dos sabe nada, entre otras cosas porque probablemente no se puede saber.

Veamos: hace diez meses que vivimos en una situación de sobresalto, crítica, sin que en ese tiempo nadie en todo el mundo haya sabido explicar las razones del fenómeno.Todo lo más que se ha llegado a decir es que es una "crisis de confianza", que es algo así como cuando Rubén Darío hablaba del "trueno azul", porque es una explicación (la de las socorridas subprimes) que sólo afecta a una minúscula parte de un complejísimo y globalizado conglomerado de causas y efectos de los que nadie tiene las claves explicativas; ni puede tenerlas porque la crisis, recesión, frenazo o lo que sea cambia de día en día por los motivos más insólitos. Típica consecuencia de la "sociedad del riesgo globalizada" de Ulrich Beck. Y, por no saber, los sedicentes expertos no solo no saben cómo interactúan las causas, ni cuántas ni cuáles son, tampoco saben cuánto va a durar el fenómeno, qué dirección tomará, a quiénes afectará y qué medidas son las más adecuadas para corregirlo. En esas condiciones, mandar callar a los demás, callarlos respecto a aquello que los afecta más directamente en sus vidas, las hipotecas, el paro, el bienestar de sus familias, la perspectiva de tener que volver a sus países, es una muestra tan evidente de soberbia injustificada que tiene otro nombre que no digo por educación pero que está relacionado con la pretensión tecnocrática de tratar a la gente como menor de edad cuando los únicos menores de edad son los que tales cosas pretenden.

Es una actitud de falta de respeto muy frecuente entre quienes pretenden imponer sus criterios en materias esencialmente opinables. Cuando menos, otros científicos sociales, reconociendo la esencial contingencia de los fenómenos que estudian, son más relativistas, más humildes y admiten que la gente normal tenga algo que decir sobre los asuntos que le afectan directamente en sus vidas, aunque sea a golpe de intuición, de sentimiento, de subjetividad. No se trata de que los economistas alcancen el nivel de comprensión de un Gramsci cuando decía que "todos somos filósofos", pero sí que ajusten sus pretensiones a su eficacia verdadera a la hora de comprender la realidad en la que pretenden actuar. Algún economista hay por ahí que tiene una columna de periódico destinada a calificar de "tonterías" las ideas económicas de los demás que no le gustan. Pero las suyas no parecen ser mejores, dado que no se ha hecho rico todavía (prueba es que ha de escribir esas columnitas) ni ha aportado nada para resolver la lamentable situación en que se encuentra la economía de su país.

Por supuesto, en estas condiciones de incompetencia e ignorancia generalizadas, al lado de la economía, la poesía es una ciencia exacta.

(La imagen es una foto de Torchondo, bajo licencia de Creative Commons).

jueves, 5 de junio de 2008

La subjetividad de la crisis económica.

Como todas las ciencias sociales, la economía tiene un problema muy serio a la hora justificarse como "ciencia" en el sentido en que lo son las matemáticas o la física, y es el carácter imprevisible e impredecible de su objeto de conocimiento: el comportamiento de los seres humanos. Seres humanos que no lo son menos cuando se dedican a la producción y compraventa de bienes que cuando se ocupan de matar a sus semejantes ("ciencia" de la guerra), de gobernarlos ("ciencia" de la política) o de enamorarse de ellos. Seres que actúan en el ámbito de la libertad al tiempo que en el de la necesidad; a diferencia de las cosas, que sólo lo hacen en el de la necesidad. Seres que están dotados de eso tan resbaladizo y peligroso que llamamos "subjetividad" y que también es algo muy socorrido para que los científicos sociales, entre ellos los economistas, disimulen sus fracasos exonerándose de toda culpa y echándosela a quienes los padecen.

El otro día tuve ocasión de escuchar a uno de esos doctinecios que no paran de hablar por los medios explicándonos que la "grave desaceleración" (vulgo crisis) económica que se nos viene encima es un ejemplo de manual de la llamada "profecía autocumplida". El conocido cuanto brillante razonamiento del engolado pavo era: "como la gente tiene la percepción de que las cosas van mal, restringe el gasto; al restringirse el gasto, las empresas reducen la producción y despiden gente; al ir la gente al paro, hay menos dinero y las cosas van peor; al ir peor las cosas, la gente aun restringe más el gasto; al restringirse..., etc". ¿Qué les parece? Menudo científico, ¿eh? Todo empieza con la "percepción de la gente" de que las cosas van mal. Sobre si las cosas van mal objetivamente y, sobre todo, por qué, ni una palabra del científico.

Bueno va que hacer ciencia teniendo que dar cuenta de la subjetividad de la gente es tarea imposible y nadie tiene la culpa de ello. ¿Por qué? Pues porque, aunque extraño, no sería descartable que, con la misma percepción original ("las cosas van mal") el comportamiento del personal fuera diametralmente opuesto: la irresponsabilidad en el consumo, frenesí en el gasto, claro que sí. Los seres humanos somos tan impredecibles como los dioses que decimos que nos hicieron. Pero de ahí a echarnos la culpa de la crisis gracias a la estúpida triquiñuela de la "profecía autocumplida" media un abismo. ¿Me explico?

El doctitonto farfulló algo acerca del factor de subjetividad del sujeto económico, la pantalla fundió en negro y yo me quedé pensando que había algo en aquel discurso que tenía que aclarar. Y, de repente, me acordé. Me acordé de una noticia que había leído el día anterior y que, inexplicablemente, no me había suscitado reacción alguna, nueva prueba de qué subjetivos somos. La noticia era que, preguntado el presidente del Gobierno por su hipoteca en una entrevista en directo en la SER, resultó que no sabía si ésta era a interés fijo o variable y se lo tuvo que recordar su esposa con un SMS: "Te has equivocado: nuestra hipoteca es a interés variable". Así como suena. Quien quiera puede oír al señor Rodríguez Zapatero diciendo que su hipoteca es a interés fijo.

Dejemos de lado el hecho perfectamente normal en los matrimonios españoles del más puro machismo de que sea la mujer quien se ocupa de la casa mientras el marido larga discursos por la radio. Supongo que el adalid de la igualdad de género explicará ese detalle sin importancia a sus numerosas ministras quienes, sin duda, le exigirán las correspondientes aclaraciones. Eso es peccata minuta.

Lo increíble aquí es que haya un español que ignore si la hipoteca que tiene que pagar todos los meses por su vivienda ordinaria es a tipo fijo o variable. Hechas las pertinentes averiguaciones y a reserva de datos mejor fundados viene a resultar que el señor Rodríguez Zapatero tiene una hipoteca en condiciones moderadamente ventajosas con el Banco Santander del señor Botín por un inmueble que supuso un desembolso de 440.000 euros quedando, imagino, adeudado el resto en una urbanización de Las Rozas, El mirador de Vera, en la que el precio mínimo de venta es de 600.000 euros, lo que permite inferir que la hipoteca irá desde 160.000 € hasta el precio real del inmueble, 200.000, 300.000, 400.000 euros; los que sean.

Las condiciones en España, con el euríbor al alza sin parar desde hace dos años son francamente malas para los hipotecados. Hay miles de familias ahogadas por el pago de las cuotas de las hipotecas, el índice de morosidad en enero de este año estaba en el 0,8% el más alto en cinco años, lo que quiere decir que son cientos los hogares pendientes de embargos y de perder sus viviendas. En esas circunstancias, ¿cuántos españoles pueden permitirse el lujo de ignorar si la hipoteca por su vivienda es de tipo fijo o variable? Y si alguien se lo puede permitir es, obviamente, porque su boyante situación económica no le produce quebradero alguno de cabeza. En tiempos de Felipe González se llamaba beautiful people a la pandilla de majaderos (algunos muy sabihondos) que rodeaban al entonces presidente asesorándolo en los arcanos de la economía. A los de hoy habrá que llamarlos los happy few e, incluso, podrá hablarse del happy one

Efectivamente, la economía es una disciplina tan invadida de subjetividad como la poesía y, como en la poesía, hay subjetividad trágica y subjetividad festiva. La del presidente del Gobierno es festiva, muy festiva. Como la subjetividad tiene mucho que ver con la sensibilidad, mi preocupación es hasta qué punto puede ser sensible a la angustiosa situación de sus compatriotas una persona que ignora todo sobre el centro de gravedad de la economía de aquellos.

Lo digo en serio: ¿qué confianza merece alguien que no sabe qué tipo de interés paga por la hipoteca de su casa?

(La imagen es una foto de Katy Lindeman, bajo licencia de Creative Commons).

miércoles, 4 de junio de 2008

Vicios nacionales. El parasitismo o nuevo episodio de la estafa del ladrillo.

Sabido es que a partir del siglo XVII el destino al que la mayoría de españoles aspiraba era el de funcionario. Todos a trabajar para el Estado o a holgazanear a su cuenta. La mala fama que recaía sobre los empleados públicos en todas partes se decuplicaba en el país del "vuelva Vd. mañana". Y así fueron marchando las cosas hasta que en el último tercio del siglo XX la derecha, que era la que de modo más completo había patrimonializado el Estado, lo había usufructuado y esquilmado como si fuera un cortijo, se había beneficiado de la venalidad de los cargos públicos hasta hacerlos hereditarios en muchos casos, decidió convertirse al neoliberalismo.

Aquí comenzamos entonces a escuchar la nueva (nueva en estos pagos) doctrina acerca de la maldad intrínseca del Estado, su sistemática corrupción, su incompetencia, su imparable tendencia al despilfarro. Frente a ello se alzaban las ventajas del mercado libre, de la empresa privada frente a la pública, de la libre competencia. Cualquiera podía ver la necesidad de privatizar todo lo oficial en beneficio de la colectividad, la de poner coto a la voracidad fiscal de las autoridades, de entender que, como decía aquel gran estadista que dejó su país endeudado hasta las cejas, Mr.Ronald Reagan, el Estado no es la solución sino el problema.

Empresarios, patronos, banqueros, especuladores y sus portavoces entre los políticos, los periodistas, los curas, los intelectuales, a través de partidos, fundaciones, grupos de presión, periódicos, emisoras, púlpitos, editoriales, cátedras universitarias, másters de todo tipo y escuelas de negocios expandieron la nueva doctrina hasta que acabó calando en el conjunto de este país, antaño minado por la incuria administrativa y hogaño bullente con las genialidades de la iniciativa privada; la que dio la vuelta a la moral dominante, desde la del perezoso funcionario sin horizontes vitales a la del impetuoso ejecutivo dispuesto a enriquecerse antes de que su hijo hiciera la primera comunión.

No hace falta decir que todo esto no es más que un conjunto de patrañas. La experiencia de los últimos treinta años en que el neoliberalismo ha intentado desmantelar el Estado del bienestar para implantar el reinado indiscutible del mercado libre, muestra que, cuando las cosas vienen mal dadas para el capital, los empresarios recurren al Estado y que en el fondo son tan partidarios de la socialización estatal como los más correosos socialistas, sólo que con un matiz: estos pretenden socializar los beneficios mientras que los capitalistas quieren privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Bien claro está quedando en el curso de los actuales sobresaltos financieros: cada vez que un banco entra en dificultades a causa de sus desafortunadas operaciones especulativas es la autoridad monetaria la que acude en su auxilio con el dinero de todos los contribuyentes.

Viene esto a cuento de que es lo que los empresarios de la construcción en España quieren hacer. Como se ven con el agua al cuello porque no consiguen vender el stock acumulado de viviendas a los exorbitantes precios a que estaban acostumbrados, piden la intervención de los poderes públicos para mantener sus beneficios. ¿Y por qué no venden las viviendas? Porque están a precios estratosféricos que nadie puede permitirse. Pongo un ejemplo: una pareja de mileuristas que quiera comprar un pisito en Madrid (un pisito minúsculo, no el Palacio de Buckingham) se enfrenta a precios que son doce veces su salario anual completo, mientras que en otros países ese precio viene a ser cuatro veces dicho salario. ¿En dónde reside la diferencia? Básicamente en los increíbles márgenes de beneficios de los constructores españoles, que les han permitido enriquecerse en pocos años, conjuntamente con una tira de especuladores, funcionarios corruptos, intermediarios y sinvergüenzas.

En tales condiciones ¿qué tendrían que hacer unos empresarios que funcionaran según la ley de la demanda y la oferta en el mercado que tanto predican? Bajar los precios, o sea reducir sus beneficios. Pero en lugar de ello y con todo el morro del mundo, recurren a los poderes públicos para tratar de colocarles el stock de viviendas llorando a causa de la crisis y amenazando con el paro que inevitablemente va a producirse. Leo que diez Comunidades Autónomas van a convertir pisos libres en viviendas de protección oficial (VPO), obviamente para salvar el pellejo a los empresarios del ladrillo. Este asunto es tan indignante, tan escandaloso, que este mes he subido dos posts sobre él, uno el diez de mayo titulado La estafa del ladrillo y el otro el doce de mayo titulado El keynesianismo sinvergüenza.

Aquí viene el tercero. La noticia de 20 minutos sobre la conversión de pisos libres en VPOs es confusa sin duda a propósito, no del periódico, sino de quienes la producen. Hay una pregunta inmediata: ¿a qué precio van a comprar las CCAA esos pisos libres? Porque el asunto no está nada claro. Si los compran a precios protegidos (que es a los que tienen que venderlos después) ya estarán comprando por encima del valor real del mercado y haciendo un favor a los empresarios del ladrillo con el dinero de los futuros adquirentes de las viviendas. Pero si, como es de sospechar, los compran a los precios que los constructores han fijado, entonces están malversando el dinero de todos los contribuyentes (sean o no compradores de esos VPOs), pues compran muy por encima del valor del mercado para seguir enriqueciendo a los constructores. Para estos, el negocio es de ensueño: tienen venta segura, no han de gastarse un euro en promociones ni publicidad y, como el paro en el sector de la construcción ya ha aumentado en un 64%, todo serán benefios pues los salarios de los trabajadores ya los estamos pagando también todos con cargo al subsidio de desempleo.

Que esto lo hagan los gobernantes de las CCAA de la derecha, bajo cuya legislación y mandato se produjo esta burbuja inmobiliaria, está en la lógica de las cosas. Que lo hagan los gobernantes de la izquierda es lo que resulta incomprensible e indignante. Estoy seguro de que los electores socialistas no votaron al PSOE para rascarse a continuación el bolsillo y hacer una transferencia neta de cientos, de miles de millones de euros a los de los empresarios; de los pobres a los ricos. Sí, esos ricos que en los años pasados no construían VPOs porque no eran rentables para ellos y que ahora quieren colocárnoslas a la fuerza y a precio de mercado libre socializando las pérdidas en que han incurrido por su codicia.

(La imagen es una foto de Crouching Donkey, bajo licencia de Creative Commons).

lunes, 12 de mayo de 2008

El keynesianismo sinvergüenza.

Imagine que es Vd. un fabricante de zapatos; imagine que gracias a diversas artes como ponerse de acuerdo con otros fabricantes, etc hace dos años consiguió Vd. vender 300.000 pares a un precio decuplicado como si en vez de zapatos fueran diamantes; imagine que animado por el éxito el año pasado decidió Vd. fabricar 600.000 pares y al tratar de venderlos en el mercado se ha encontrado Vd. que no se los compra nadie. Así que ahí está Vd. sentado sobre 600.000 pares de zapatos a precio de diamante tallado y sin vender ni uno. ¿Qué hace Vd.? De acuerdo con la teoría económica clásica basada en la ley de la oferta y la demanda si quiere Vd. vender un género que la gente no le compra por su excesivo precio tendrá Vd. que bajarlo hasta que las curvas de la demanda y la oferta vuelvan a cruzarse y si no quiere Vd. bajar los precios puede Vd. cerrar su negocio.

Pero eso es lo que pasa en teoría pues, a lo que se ve, la teoría económica es tan teoría como la de la novela ya que si reside Vd. en España puede Vd. echar mano de un recurso mucho más expeditivo: llama Vd. a la puerta del gobernante de turno y, pintándole el negro panorama que se avecina si su fábrica de zapatos/diamantes quiebra, si aumenta el paro y sobrevienen otras calamidades, puede Vd. conseguir que la autoridad intervenga en su favor comprándole el stock que tiene acumulado a los precios que Vd. ha fijado con la intención de revendérselos después a otro más bajo a los agradecidos ciudadanos que por fin podrán ir calzados a un precio asequible a sus bolsillos.

Cámbiense los zapatos por viviendas y se verá que eso es exactamente lo que pretenden conseguir los empresarios inmobiliarios que se encuentran con un stock de pisos no vendidos de más de 600.000 a precios astronómicos que ya nadie puede adquirir: que las administraciones públicas se los compren a esos precios con intención de ponerlos en el mercado como si fueran viviendas de protección oficial (VPO). Ya sé que es el tercer post que escribo sobre el mismo tema en breves días pero es que la indignación me sale por las orejas al ver este atropello que, según mis noticias, se aprestan a perpetrar las Comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia (de momento), que en esto de la granujería no hay mucha diferencia entre partidos.

En principio se trata de medidas keynesianas ¿No amenaza la crisis económica? Pues lo que hay que hacer es recurrir al gasto público para mantener alta la demanda y además garantizar el derecho a la vivienda digna de los más desfavorecidos. ¿Acaso no es una solución brillantísima, digna de los privilegiados cerebros de los señores Chaves, Barreda y Valcárcel y los que se apunten? Los empresarios no van a la ruina, la gente accede a la vivienda y la economía se recupera. ¿Por qué se titula este post El keynesianismo sinvergüenza?

Está bien claro. Cualquiera que no sea estrictamente bobo se da cuenta de que el hecho de que los mismos empresarios que llevan diez años forrándose con el ladrillo y negándose cuando pueden a construir VPO sean los que propugnan esta medida es suficientemente revelador. Que quienes pagan a analistas y comentaristas neoliberales para que prediquen a los cuatro vientos la necesidad de que el Estado no intervenga en el mercado pidan ahora la intervención de ese mismo Estado deja el asunto claro como el agua clara. Como no quieren bajar unos precios inflados en más de un 40% y ya no consiguen compradores para sus viviendas pretenden endosárselas al Estado o las Comunidades Autónomas para no perder beneficios.

¿Y quién paga este atropello? Todos los demás, el conjunto de la población, a través de los impuestos. Tanto quienes necesitan como quienes no necesitan vivienda están costeando a la fuerza el sobreprecio que los empresarios del ladrillo se embolsan y, de prosperar estas medidas, sin ningún esfuerzo y sin tener que gastar un euro en publicidad para animar al mercado. Un negocio redondo y una estafa al conjunto de la ciudadanía. Como decía servidor en un post pasado y repetía un comentarista aquí ayer eso es lo mismo que pretendían (e imagino siguen pretendiendo) los damnificados de Afinsa y Forum Filatélico: que el conjunto de los ciudadanos pechemos con las pérdidas en que han incurrido por un mal cálculo económico del que por cierto algunos nos abstuvimos en su momento. Tendría gracia que quienes no hicimos las "lucrativas" inversiones de Afinsa y el tal Forum por no verlas claras tuviéramos ahora que compensar las pérdidas de quienes pensaban estar haciendo fabulosos negocios mientras los demás no nos enterábamos.

Pues lo mismo con el ladrillo. Si los inmobiliarios quieren vender sus pisos que bajen los precios hasta donde la gente pueda permitírselos. O que cierren. Lo demás es keynesianismo sinvergüenza.

(La imagen es una foto de La Niña Graphics, bajo licencia de Creative Commons).

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sábado, 10 de mayo de 2008

Más sobre la estafa del ladrillo.

En un comentario al post de ayer titulado La estafa del ladrillo Pedro Robledo sostenía que lo que en él se relataba no era algo extraordinario sino relativamente frecuente e incluía un enlace de Periodista digital en el que se daba cuenta de que el Gobierno "socialista" de Castilla-La Mancha pretende comprar a El Pocero los miles de viviendas que éste ha construido en Seseña, para que el pobre no pierda dinero. El asunto es tan indignante que supera los límites de los debates sobre políticas públicas para entrar de lleno en el terreno de la arbitrariedad, el abuso y, probablemente, la estupidez de unos gobernantes a los que se engaña con diez de pipas. Hay que decir al señor Barreda, presidente de la Junta de Comunidades, lo mismo que al señor Chaves: que si quieren resolver los problemas de estos constructores por razones que ellos tendrán, que lo hagan con el dinero de su bolsillo, no con el de todos los españoles.

Porque ahora resulta que si la demanda cae (esto es, la gente no compra un bien), el Gobierno interviene no animándola con medidas indirectas, sino obligándola a comprar por persona interpuesta empleando para ello el dinero de los impuestos con lo cual la gente compra (pues es su dinero el que se gasta) en contra de su voluntad, a los precios que quieren los señores del ladrillo y, además, no recibe nada a cambio. Es un keynesianismo de sinvergüenzas, un irritante expolio.

Entre tanto, las asociaciones que representan los intereses de los constructores ya han respondido al señor Solbes (el único socialista que ha hablado como un hombre de izquierda) del modo más agrio posible, descalificando su actitud, consistente en dejar que el sector se ajuste solo, como hace cada hijo de vecino, amenazándolo con acusarlo de ser responsable de la crisis, tratando de chantajearlo con el aumento del paro y argumentando de una forma totalmente inaceptable. El señor Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), dice que "han generado una cantidad de impuestos a corporaciones locales, Estado central y autonomías de no te menees. Algo extraordinario. Entonces nadie lloraba." ¿No es increíble? Es tal la prepotencia y la codicia de estos sujetos del ladrillo que pretenden que se les reconozca como mérito el haber cumplido con su obligación de pagar impuestos, como hacemos todos; y si ellos han pagado más (que habría que verlo) es porque han ganado más. Mucho más.

El dinero que administran los gobiernos socialistas no está para resolver problemas de empresarios, bancos, etc y salvarlos de la suspensión de pagos, sino para atender a los objetivos redistributivos y desarrollar políticas sociales que favorezcan a los más desprotegidos.

(La imagen es una foto de Herr Böb, bajo licencia de Creative Commons).