diumenge, 15 d’octubre del 2017

El control de la realidad

El "mandato" de que habla El confidencial parece claro. Coincide con el espíritu de la calle, con la posición de la CUP y otras organizaciones. Y coincide asimismo con el ánimo del que hasta la fecha ha dado pruebas Puigdemont. El autoritario ultimátum del gobierno tendrá la única respuesta posible: Cataluña se declara República independiente y avisa a Rajoy de que sus requerimientos no tienen efecto en un país extranjero.

Esto es lo que los teóricos de las revoluciones llaman “quemar etapas”. En definitiva, una rebelión institucional que sus más enconados adversarios consideran un “golpe de Estado”, al frente de una sociedad catalana en generalizada actitud de desobediencia. Obviamente, quienes ven en el conflicto un puro asunto de orden público y de necesidad de imponer la ley coactivamente se reafirman en sus posiciones de intransigencia. Se dice incluso que no es preciso esperar al agotamiento del segundo plazo. Con la proclamación de la República ya hay base suficiente para proceder contra la Generalitat por todos los medios, empezando por la suspensión de la autonomía.

Al menos, en lo que cree el fiscal Maza, para quien el 155 faculta para sustituir las instituciones de autogobierno de la Generalitat. Se entiende que, de ser necesario, por la fuerza. ¿Cuánta? La que haga falta. Si la ocupación del Principado por la policía y la fuerza militar de la Guardia Civil no fuera suficiente, en reserva se encuentra el ejercito. Que Cospedal informe de que “casi seguro” no se emplearán las Fuerzas Armadas en Cataluña ya pone sobre aviso de que piensan en lo contrario. Trátase de un ejército que no ha ganado una sola guerra internacional en más de 300 años pero sí ha intervenido sistemáticamente en la política del país siempre en auxilio de los mismos y contra su propio pueblo, al que ha llegado a masacrar en alguna ocasión. Cosa de seguir con la tradición aunque ahora, muy probablemente, no pueda. La pertenencia a la UE y a la OTAN tiene sus contrapartidas.

Quizá sea llegado el momento de pedir al PSOE que recapacite en dónde está metiéndose al apoyar una política de represión policial y militar de una reivindicación política con un enorme apoyo social en Cataluña. O puede que aún sea temprano y este partido esté dispuesto a justificar ante el mundo un estado de excepción en el Principado, la supresión del Parlament y el encarcelamiento del gobierno.

Porque esta es la fuerza, la violencia que será preciso desplegar para atajar el funcionamiento de la República Catalana, para hacer realidad el juicio del gobierno de que la DI carece de efectos jurídicos y, por lo tanto, la República Catalana no existe. Nada nuevo. Corresponde con la actitud mágica y supersticiosa de negar la existencia de lo que incomoda. Es el mismo gobierno que negó que fuera a celebrarse un referéndum y niega hoy que se haya celebrado porque tiene un grave problema de percepción de la realidad. Que fuera preciso un brutal asalto policial a Cataluña, con 900 heridos y la aplicación de hecho del estado de excepción no es asunto que preocupe a los gobernantes. El referéndum no ha existido; los policías, tampoco; los heridos, menos. Negar la realidad es no poder  controlarla

Para muchos –probablemente casi todos- los analistas, la proclamación de la República es un acto sin consecuencias por ser ultra vires ya que, al no ser Cataluña soberana, no puede cambiar su estatus jurídico-político por su cuenta. Por lo tanto, no es preciso negar la existencia de la República Catalana. La Republica Catalana no existe, por mucho que insista en su soberanía que el Estado niega. Salvo que, por ejemplo, la reconozca algún otro Estado con el que España probablemente romperá las relaciones diplomáticas.

La inexistente República Catalana solemnemente proclamada en condiciones revolucionarias será fuente de todo tipo de disgustos para el Estado español, que está obligado a suprimirla. Aquí cabe plantear la cuestión de que, si para borrar de la realidad de un referéndum de 2.220.000 votantes (y sin conseguirlo) han sido necesarios 10.000 policías y guardias civiles, unos barcos, 900 heridos y cuantiosos daños materiales en escuelas, centros deportivos, etc., ¿qué será preciso para ocultar, suprimir, la República Catalana? 

Podemos dejar rienda suelta a la fantasía e imaginarnos escenarios de toque de queda en Barcelona, pero lo cierto es que, llegados a este punto de confrontación, la situación ya no es sostenible para el gobierno y mucho menos lo será si incrementa su actividad represiva en una sociedad que se ha declarado en desobediencia no solo frente al gobierno sino frente al Estado.

Porque es una revolución.